En el Foro Nacional México, los migrantes en el siglo XXI; Voces que cruzan fronteras, el artista Carlos Villanueva Serrano plasma en su obra la esperanza y la incertidumbre de quienes cruzan fronteras.
En el vestíbulo del Centro Cultural Universitario de la UACJ, donde el murmullo académico se mezcla con la emoción de un foro dedicado a las voces migrantes, una exposición se convierte en un susurro poderoso: Caminos Imaginarios, del maestro Carlos Villanueva Serrano.
La muestra, integrada en el contexto del Foro Nacional México, los migrantes en el siglo XXI; Voces que cruzan fronteras, no sólo presenta obras, sino fragmentos de vida.
Villanueva Serrano. diseñador, ingeniero y maestro en diseño y desarrollo de productos, egresado del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ, ha dedicado esta exposición al tema del desplazamiento humano, un fenómeno que para muchos significa caminar hacia lo desconocido.
“Los migrantes transitan hacia lugares que no conocen. A veces sólo tienen referencias de lo que han visto en la televisión. No saben qué clima enfrentarán, cómo será la gente que encontrarán”, explica el artista, con la sensibilidad de quien no observa desde la distancia, sino desde la empatía viva.
El contacto con la realidad migrante no es una idea abstracta para Villanueva. En sus recorridos en bicicleta por el bordo del Río Bravo, ha conversado directamente con migrantes, les ha ofrecido ayuda, indicaciones para llegar a los puentes internacionales o simplemente ha compartido un momento de humanidad en medio de la incertidumbre.
“Me ha tocado verlos, hablar con ellos… preguntarles sobre su trayecto, sobre sus dudas. Me conmueve verlos batallando en condiciones tan difíciles y, aún así, recibir el juicio de otros. Esa repelencia se siente, se ve”.
Carlos no sólo se solidariza como observador: también es migrante. Desde niño, sus padres lo trajeron desde Sonora a Ciudad Juárez en busca de una mejor vida, una experiencia que, aunque distinta, le permitió entender en carne propia lo que significa dejar atrás un hogar en busca de un futuro incierto.
Caminos Imaginarios no es sólo una exposición de arte. Es un puente sensorial hacia esas travesías anónimas y silenciosas que cruzan ríos, desiertos y ciudades. Una invitación a ver, sentir y recordar que detrás de cada migrante hay un ser humano que, como todos, busca un lugar para vivir con dignidad.
El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez informó que rechazarán las solicitudes de visa de turismo si detectan que el propósito principal es dar a luz en su territorio, para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.
A través de su página oficial, el Departamento de Estado señaló que es inaceptable que extranjeros busquen beneficiarse del sistema migratorio mediante el llamado «turismo de parto», una práctica que consideran un abuso de la ley de inmigración.
«Los oficiales consulares de Estados Unidos están deteniendo a los visitantes extranjeros que utilizan una visa de turista con el objetivo principal de tener un hijo en Estados Unidos y, de esta forma, obtener la ciudadanía para el recién nacido», advirtió la dependencia en su comunicado.
Comunicado de la página oficial del Consulado de Estados Unidos en México / Foto: Tomada de Facebook
De acuerdo con las autoridades, quienes soliciten una visa de turismo deberán demostrar que su viaje tiene motivos legítimos, como turismo recreativo o visitas familiares, y no con la finalidad de dar a luz.
En caso de que los oficiales consulares detecten esta intención, la visa será automáticamente rechazada.
El Departamento de Estado enfatizó que cualquier intento de utilizar una visa de visitante de manera fraudulenta puede acarrear consecuencias, no sólo en la negación de la visa solicitada, sino también en futuras solicitudes migratorias.
Puente Internacional Paso del Norte / Foto: Eva Ramírez
Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense por proteger la integridad de su sistema de inmigración y evitar abusos que pudieran otorgar beneficios migratorios de manera indebida.
Autoridades reiteraron que seguirán aplicando de manera estricta la ley de inmigración en todos los procesos consulares.
La decisión del CED de aplicar el artículo 34, por considerar que en el país la desaparición forzada ocurre de “manera generalizada o sistemática”, ha enfrentado el rechazo del Gobierno. El resultado de esta medida inédita dependerá de las necesidades del Estado mexicano
La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de activar el artículo 34 ofrece al Estado mexicano la oportunidad de reconocer y enfrentar la crisis de desapariciones, y recibir asistencia internacional para impedir que este delito continúe, señalan exintegrantes del órgano, especialistas y familiares de víctimas.
“La aplicación del artículo 34 en México siempre estuvo presente como una posibilidad en el comité. No es que sea un capricho de alguien ahora, de los últimos días o semanas”, asegura Rainer Huhle, exintegrante del CED, un grupo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, el Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha calificado la decisión de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de dicha convención, que llevaría el caso de México con “carácter urgente” a la Asamblea General de Naciones Unidas, con términos que van desde “unilateral” e “irresponsable”, hasta “descontextualizada” y “sin fundamento”. El Senado anunció incluso que presentará un “recurso legal” para que el presidente del CED, Olivier Frouville, sea sancionado.
El 4 de abril, durante el cierre del 28 periodo de sesiones del CED en Ginebra, Frouville anunció que el comité había recibido información fundada de que la desaparición forzada en México “se lleva a cabo de manera generalizada o sistemática”. La aplicación del artículo 34, aclaró, no significa que, en automático, el caso sea puesto a consideración de la Asamblea General. El Estado mexicano tiene la oportunidad de entregar al comité toda la información que considere relevante, incluidas las acciones que esté llevando a cabo para atender una crisis que suma 127,000 personas desaparecidas.
No existen precedentes de la activación del artículo 34, insisten Huhle y Santiago Corcuera, presidente del CED en 2016 y 2017. El resultado dependerá de las necesidades del Estado mexicano.
Si se trata de atender la crisis forense, que suma más de 72,000 cuerpos sin identificar, entonces será necesaria la creación, en el marco de la Asamblea General, de un mecanismo internacional de identificación humana; si lo que se busca atender es el ámbito de la procuración y administración de justicia, podría diseñarse una instancia parecida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala; o si el asunto más urgente es encontrar a las personas desaparecidas, se podría implementar un mecanismo similar al creado para Siria en 2023, donde existen alrededor de 100,000 desaparecidos como resultado de la guerra civil que comenzó en 2011.
Aunque Siria no ha firmado ni ratificado la convención internacional, el caso fue abordado en la Asamblea General de la ONU, que aprobó la creación de la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas, encabezada por Karla Quintana, ex comisionada nacional de búsqueda. Tiene dos objetivos principales: esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y proveer apoyo adecuado a las víctimas, sobrevivientes y familiares.
El CED supervisa uno de los nueve “tratados principales” sobre derechos humanos adoptados en el marco de Naciones Unidas. Existen otros órganos que vigilan la implementación de sus respectivas convenciones o pactos, como el Comité contra la Tortura (CAT) o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Todos estos mecanismos están formados por expertos de “gran integridad moral”, de reconocida competencia, independientes, y que actúan con “total imparcialidad” y a título personal.
El CED, que se reúne dos veces al año, tiene como mandato examinar los informes periódicos que presenten los Estados miembros de la convención internacional, así como denuncias individuales. Si la situación lo requiere, puede investigar en el terreno, como lo hizo en México en 2021, e incluso escalar el caso hasta la Asamblea General.
Un conflicto de largo aliento
Este no es el primer conflicto entre el CED y México, explica Huhle, quien formó parte del órgano entre 2011 y 2019. Recuerda que, ya en febrero de 2015, funcionarios mexicanos exigieron al comité que no incluyera en su informe que le preocupaba la existencia de “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio […], muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“Lo que hoy es motivo de escándalo para el gobierno no es ninguna novedad. El comité dijo algo muy parecido hace más de 10 años; entonces, no vio ninguna razón para ceder ante esas presiones”, agrega.
Corcuera cuenta que, para el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que se utilizara en un informe de la ONU la palabra “generalizada” para calificar las desapariciones en México, que aumentaron exponencialmente desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”, implicaba que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad, delitos que afectan a la población civil y pueden ser juzgados por tribunales internacionales.
En sus informes de noviembre de 2018, abril de 2022 y septiembre de 2023, el CED expresó nuevamente su preocupación por el carácter generalizado de las desapariciones en México, y la falta de acciones concretas para detenerlas.
“La última función que le quedaba al comité para ejercer, respecto de México, era la prevista en el artículo 34”, sostiene Corcuera, para quien es importante subrayar que la información que llevó al CED a tomar esta decisión proviene principalmente de las víctimas, de organizaciones acompañantes y de la sociedad civil, y del propio Estado mexicano.
Un Estado, apunta María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que aceptó someterse a la competencia del CED en el momento en que firmó y ratificó la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada.
“La respuesta ha sido muy lamentable, penosa e incluso condenable”, considera. El Estado no solo está rechazando una decisión colegiada tomada por un grupo de expertos independientes con base en información verificable, explica, sino que está negando una oportunidad única a las víctimas de recibir mayor colaboración y asistencia técnica internacional, al tiempo que niega la dimensión real de la crisis de desapariciones.
Desde 2012 hasta febrero de 2025, el CED ha solicitado 728 acciones urgentes a México para que responda sobre casos de personas desaparecidas. Es el Estado miembro de la convención que más acciones urgentes acumula, por encima de Iraq (612), un país que todavía lidia con las consecuencias de dos guerras (2003-2011, 2014-2017).
La responsabilidad del Estado mexicano
El rechazo del Gobierno mexicano a la decisión del CED se ha centrado, esencialmente, en tres aspectos: negar que en el país se cometan desapariciones forzadas, es decir, cometidas por funcionarios públicos, sobre todo de orden federal; que las desapariciones tengan un carácter generalizado o sistemático, a gran escala y de manera organizada, y que obedezcan a una política de Estado, como ocurrió durante la llamada“guerra sucia” (1965-1990).
Sheinbaum, en la Mañanera del 8 de abril, aseguró: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos [como oposición] contra eso […]. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, […] pero no es desaparición perpetrada desde el Estado”.
Manifestación en la Ciudad de México para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Brigette Reyes/ObturadorMX)
La Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, explica Huhle, distingue dos modalidades de un mismo crimen: las desapariciones en las que existe algún grado de involucramiento de representantes del Estado, de forma directa o a través de cómplices que cuentan con su apoyo, y aquellas en que la participación del Estado ocurre de forma indirecta, con su aquiescencia o consentimiento, al aceptar implícitamente que la desaparición se cometa, a pesar de tener el conocimiento suficiente para prevenirla.
En su informe de 2022, el CED advirtió sobre un “discurso prevalente en los círculos oficiales” mexicanos que tendía a “negar o diluir la responsabilidad del Estado” en las desapariciones, y señaló que, de acuerdo con la convención internacional, los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por funcionarios, así como de las cometidas por personas vinculadas a la delincuencia organizada o a grupos armados que actúan “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, ya sea que se encuentren bajo el control de una autoridad, que reciban cualquier tipo de colaboración de esta —dinero, adiestramiento, equipo o armamento—, o que sus actividades configuren patrones conocidos de desaparición y el Estado no tome las medidas necesarias para investigar y sancionar a los autores, y prevenir nuevas desapariciones.
Para Corcuera, el concepto de aquiescencia es central para entender la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas. “Sobre todo cuando la Guardia Nacional, el Ejército, un policía estatal, un presidente municipal o un gobernador acepta, tolera o consiente la situación.
O cuando el Estado crea las condiciones que permiten la comisión [de las desapariciones], como [con] una fallida estrategia de seguridad que fomenta ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado interno y reclutamiento forzado”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) —que aglutina a cerca de cien colectivos de familiares de personas desaparecidas— documentó, en un informe enviado al CED en agosto de 2023, que las fiscalías estatales reportaron 4,020 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición forzada entre 2015 y 2022, y que judicializaron 400 casos en 2021, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Hasta agosto de 2022, se habían emitido 79 sentencias por desaparición forzada.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 722 víctimas de desaparición forzada desde 2006 a la fecha.
Muchas desapariciones forzadas han sido documentadas por colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y periodistas, como sucede con el caso Ayotzinapa, considerado un crimen de Estado, tanto por la complicidad de policías y militares en los hechos, como por la intervención de funcionarios en la construcción de la llamada “verdad histórica”, encaminada a ocultar la realidad sobre lo sucedido.
En este espacio se han publicado casos recientes como los de Irma Galindo, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez, defensoras oaxaqueñas desaparecidas entre 2021 y 2024, en los que se ha acreditado o se presume la participación o involucramiento de autoridades.
Protesta de familiares de personas desaparecidas durante la “guerra sucia” realizada en el Zócalo capitalino. Fotografía de Carlos Piedra. (Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!)
Una práctica histórica
Las desapariciones forzadas en México, asegura el historiador Camilo Vicente Ovalle, tienen antecedentes previos a la llamada “guerra sucia”, que comenzó a mediados de los años 60. Antes de convertirse en una política de Estado que tenía como objetivo eliminar las disidencias políticas —incluidas guerrillas y organizaciones político-militares—, la desaparición ya era una práctica común en las dependencias de seguridad, principalmente en el Ejército, la Policía Federal y las policías estatales, precisa.
Esto significa, dice Ovalle, que las prácticas constitutivas de violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada, no están necesariamente ligadas a la definición tradicional de una estrategia “tomada desde el más alto pináculo del poder”. De ahí que los esfuerzos para evitar que se sigan cometiendo estas violaciones, explica, pasen por una transformación institucional permanente, independientemente del gobierno en turno.
“Se reacciona como si lo que se estuviera diciendo [desde el CED] es que la presidenta Claudia Sheinbaum es la que está ordenando desaparecer. Nadie está diciendo eso”, señala el historiador, quien advierte que apostar por un discurso negacionista de las desapariciones forzadas, como se ha hecho en los últimos días, solo fortalece y legitima la impunidad, al tiempo que estigmatiza los esfuerzos de los colectivos de búsqueda y de familiares de personas desaparecidas, quienes señalan lo contrario.
“Están diciendo lo mismo que dijo el Comité contra la Desaparición Forzada, desde hace años, y básicamente son ahora asimilados como traidores a la patria. Eso me parece extremadamente peligroso”, asegura, en un país donde 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, y tres más están desaparecidas.
El Gobierno mexicano ha negado que en el país se cometan desapariciones forzadas, que tengan un carácter generalizado, y que obedezcan a una política de Estado. / Foto: Brigette Reyes / ObturadorMX
El historiador señala que las desapariciones forzadas cometidas durante la “guerra sucia” también son responsabilidad del Estado mexicano. “El gobierno actual tiene la obligación de responder ante esos crímenes. Es un delito que se sigue cometiendo [en tanto la persona desaparecida no aparezca, con o sin vida]. La obligación del Estado mexicano el día de hoy, 2025, es investigar esos crímenes, castigar a los responsables y darle a las familias y a la sociedad una respuesta convincente de qué fue lo que pasó”.
En agosto de 2024, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) documentó 517 casos de desaparición forzada entre 1965 y 1990, además de 649 desapariciones forzadas transitorias (casos en los que la víctima, después de un tiempo, es puesta a disposición de una autoridad judicial o liberada). La mayoría de estas desapariciones, afirma el sociólogo David Fernández Dávalos, nunca fueron esclarecidas ni se castigó a los responsables.
Para el excomisionado del MEH, el rechazo del actual gobierno a reconocer que en México se cometen desapariciones forzadas tiene un antecedente en la pasada administración. El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en distintas ocasiones, que en su gobierno no se permitían actos de tortura, desapariciones o masacres, y la Secretaría de Gobernación desconoció dos de los apartados más importantes contenidos en el informe final Fue el Estado (1965-1990) —coordinado por Fernández Dávalos, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart—, relativos a la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos desde la “guerra sucia” hasta la actualidad, y a una serie de recomendaciones para prevenir que siguieran ocurriendo.
“Esta reacción de ahora, de distintas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, en contra del Comité contra la Desaparición Forzada, la veo perfectamente en continuidad con la actitud que nosotros tuvimos que enfrentar en el mecanismo”, sostiene Fernández Dávalos.
Invitación al cambio
Para el MNDM, explica su vocero Martín Villalobos, la activación del artículo 34 supone una oportunidad, pero también un riesgo para las familias de personas desaparecidas en el país, pues de llegar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, seguiría una ruta política, de negociación y consenso, en lugar de una meramente técnica, científica o de investigación.
Sin embargo, reconoce que el hecho de que se haya invocado este procedimiento también refleja el trabajo que desde las organizaciones civiles y colectivos de familiares se ha hecho para visibilizar la crisis de desapariciones. “Creemos que esto va a permitir que se fortalezca y se mantenga la mirada sobre el tema”, asegura.
Gerardo Miguel Ramírez Rivera, padre de Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, desaparecido junto con sus compañeros Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez el 29 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México, espera que el procedimiento iniciado por el CED se ejecute “de la mejor manera”, pero reconoce que, para que eso suceda, será necesario que el Estado mexicano deje de negar su responsabilidad. “Omitir y negar son formas también de desaparecer”, asegura el integrante del colectivo de familiares de la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Activar el artículo 34, explica Huhle, no significa que el comité juzgue la situación en México como “el peor caso de todos”. También es una manera de expresar su confianza en que las acciones que, de ahora en adelante, tome el Estado mexicano pueden contribuir a un cambio.
“Yo invito a que lo tomen como es, una invitación y una señal de alarma de que ahora hay que iniciar políticas que conduzcan a un cambio, a una reducción de las desapariciones y a mejores resultados en la búsqueda y en la lucha contra la impunidad”.
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Marcos Nucamendi es periodista e investigador. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de A dónde van los desaparecidos.
El Gobierno mexicano ha negado que en el país se cometan desapariciones forzadas, que tengan un carácter generalizado, y que obedezcan a una política de Estado. (Brigette Reyes/ObturadorMX)
En Ciudad Juárez está demostrado que la separación entre lo público y lo privado, sólo puede suceder obligada por la ciudadanía.
Después de la última batalla que ganaron una vez más las y los ciudadanos a la alianza entre gobiernos municipal y estatal y empresarios promoventes del centro de convenciones en el Parque Central, es necesario recordar la historia de lo que es la disputa por la ciudad.
La disputa por la ciudad nació por primera vez cuando la ciudadanía enfrentó, disputó y ganó la lucha por la ciudad a la mancuerna entre empresarios y gobiernos locales.
Entre los años 1990-1991, hace 35 años, de común acuerdo los gobiernos locales y una parte del sector privado querían derrumbar la entonces Sala de Convenciones del INBA del PRONAF para construir un centro comercial: Lo que ahora es plaza de las Américas.
La Sala de Convenciones era lo que hoy es el Teatro Ochoa Guillemard. Cuando sucedió aquella primera disputa por la ciudad, este era un espacio al que la gente de Ciudad Juárez le tenía aprecio. Se identificaba con ese lugar, por eso lo defendió. Igual que con el Parque Central.
Los empresarios –ya aclaramos que no todos- perdieron aquella batalla. La ciudadanía les enfrentó disputándoles la ciudad: Unos defendían su derecho a un espacio público, los otros querían una vez más mercantilizarlo.
Hasta la fecha se pueden ver las consecuencias de lo que pasó en aquel tiempo. El aspecto arquitectónico embarrado quedó desde entonces como muestra de la necedad empresarial y política en esta ciudad. De todos modos construyeron y ahogaron un espacio que creyeron era suyo.
Pero justo en ese sentido es lo que debe aprender la ciudadanía. Las intenciones empresariales no funcionan por sí solas, requieren del poder político que controlan las instituciones y el gobierno.
Los empresarios quienes recibían el apoyo del entonces alcalde emanado del partido político PRI no lograron su propósito porque artistas e intelectuales y sociedad civil se opusieron.
Hay algo que es importante también rescatar de aquella lucha. En algún momento incluso se sumaron algunas personas integrantes del Partido Acción Nacional. Ciudadanas sobre todo que en aquel momento se colocaron del lado de la sociedad civil o simplemente eran ciudadanos y ciudadanas que creían en lo justo.
Era la década de 1990 y hasta entonces, en los años pasados, la ciudad se la repartían a placer los empresarios. Lo que sucedía con el PRONAF era el más vivo ejemplo. Actualmente puede verse en qué quedó lo que se suponía debía ser una ciudad ideal a futuro.
Los grupos empresariales apoyaban decididamente a quien iba a ser el gobierno municipal o el gobierno estatal. Esto es algo que hasta la fecha así es y la ciudadanía debería pensar seriamente lo que sucede cuando se imponen esas lógicas.
En aquella época, como ahora aun sucede, la ciudadanía sólo era parte de las reyertas electorales. A la mayor parte de la gente se le había hecho creer que unos y otros eran diferentes: Demócratas azules los del PAN, contra los corruptos del PRI.
Había pasado poco más de una década en la que claramente se había afianzado la idea de que la ciudad se la peleaban entre quienes pertenecían a los partidos políticos del PRI o el PAN. Sin embargo, la verdad de antes como ahora, es que los empresarios habían instrumentalizado al Municipio para servir a sus intereses.
La historia es amplia pero el resumen es que la ciudad la convirtieron en una pelea por la tierra entre ellos: Los empresarios, ayudados por el gobierno en turno.
Se salvaron aquellas partes en las que la ciudadanía empujó su defensa y protección, o en las que de plano, se le cerró la puerta a la mercantilización cuando años después instituciones como la UACJ y gobierno federal invirtieron: Un ejemplo es el caso del Centro Cultural de las Fronteras.
Esto último es importante comprender. Hay una diferencia notable entre los gobiernos federal, estatal y local en su relación con Ciudad Juárez.
Se sabe que el poder sin conciencia hace daño. Por eso la ciudadanía nunca debe olvidar que en Ciudad Juárez está comprobada la persistencia del poder de los empresarios sin conciencia de los derechos ciudadanos, y que desde hace muchos años dañan a la sociedad juarense.
La disputa por la ciudad ahora significa que se lucha por el derecho a la ciudad. Por una ciudad donde prevalecen los derechos. Por una ciudad donde no se mercantiliza lo que es público.
La alianza entre empresarios, el alcalde Cruz Pérez Cuellar y la gobernadora María Eugenia Campos Galván para proponer construir el Centro de Convenciones en el Parque Central aunque tiene como única explicación la práctica de apropiarse de la ciudad asociados gobiernos e iniciativa privada, en realidad desvela también, las afinidades políticas.
Tal y como sucedió cuando nació la disputa por la ciudad.
Por eso quienes ahora defienden el Parque Central nunca deben olvidar que la alianza entre el alcalde, la gobernadora e iniciativa privada sólo es posible porque comparten los mismos intereses. Las mismas ideas en contra de la ciudadanía.
No les importa el derecho que la gente tiene a un parque. No les importa el derecho a la ciudad que tiene la ciudadanía.
Lo que hacen empresarios y los gobiernos aliados, cada quien en su propósito, solo puede pasar porque están acostumbrados a mercantilizar la ciudad en su propio beneficio. Basta ver el desastre que es Ciudad Juárez: eso es lo que han provocado los empresarios y gobiernos a modo.
Detrás de ello, o en el fondo, la alianza no sólo es verbal. La construcción de la lealtad política tiene como sustento el mantenerse en el poder. No importa la filiación partidaria. El poder de gobernar. El poder de tomar las decisiones dentro de la institución.
Por eso a los días de fallar una vez más en su acometida, el alcalde Cruz Pérez Cuellar declara que sí estará en la contienda electoral para el año 2027, cuando se tenga que elegir al próximo gobierno del estado de Chihuahua. Por eso la gobernadora dice que seguirá en pláticas con el alcalde.
Lo que parece que es para bien tiene en sus dichos el veneno del enojo. Léase como denuesta el alcalde a la ciudadanía que se atrevió a enfrentarles. Entiéndase como trata de separar la actuación ciudadana con adjetivos como “grupúsculos”, o grupos “genuinos”.
Véase como él hace recuento de los hechos de las batallas que ha perdido: La hiel lo intoxica.
En Ciudad Juárez la disputa por la ciudad es una expresión que explica cómo se rebela la ciudadanía y por qué es capaz de ganar cuando la relación entre el gobierno y la iniciativa privada pone en juego sus intereses particulares para imponerlos a la ciudadanía.
Precisamente por eso es necesario no olvidar. Mantener la memoria de lo que sucede cuando la ciudadanía gana. Fíjese la importancia del triunfo. Los ciudadanos y las ciudadanas que salieron a la calle a defender su derecho a la ciudad hicieron algo que no había sucedido.
Lograron que un alcalde de Ciudad Juárez reconociera que no cumplen con lo que se proponen porque quieren construir en lo que no es suyo.
La ciudadanía sentó así lo último que será sin duda un precedente en la disputa por la ciudad.
Entre la arena y el silencio del desierto, la vida lucha por sobrevivir en los Médanos de Samalayuca, una de las regiones naturales más emblemáticas del norte de México, catalogado como Área de Protección de Flora y Fauna.
En este lugar habitan especies que enfrentan un riesgo real de desaparecer, tales como coyotes, pumas, gatos monteses, puercoespines, serpientes de cascabel, águilas reales, tortugas terrestres y reptiles adaptados al árido paisaje forman parte de este ecosistema único.
Dunas Samalayuca / Foto: WIKIMEDIA
Muchas de estas especies están catalogadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059 como amenazadas o en peligro de extinción, lo que convierte a Samalayuca en un refugio de biodiversidad vital.
La flora no se queda atrás: cactus y otras plantas endémicas también aparecen en los listados de especies en riesgo, creciendo en un entorno que parece inhóspito, pero que alberga vida invaluable.
Laura Heredia, técnica operativa y guardaparque de la reserva, explicó que el desierto esconde una riqueza biológica que pocos conocen.
“Sí hay muchas especies que proteger, muchas de ellas no se encuentran en ningún otro lugar más que aquí”, señaló en entrevista con Circuito Frontera.
Su labor implica vigilar, documentar y proteger a los habitantes de las dunas, además de fomentar la conciencia ambiental en la comunidad.
Señaló que una de las amenazas recientes es la contaminación por microplásticos, derivados de la basura que dejan los visitantes en la zona de Samalayuca.
Serpiente de cascabel / Foto: Inaturalist
Indicó que, de acuerdo con especialistas, la basura abandonada se descompone y termina mezclándose con la tierra, afectando directamente a los animales al ingerir partículas tóxicas.
Además, persiste el riesgo latente de la actividad minera cercana, pese a que actualmente está suspendida, Heredia adviertió que su reactivación podría traer impactos negativos para el equilibrio ecológico de la región.
Talleres y educación ambiental
Debido a los riesgos inminentes en esta reserva natural, este sábado 26 de abril se llevó a cabo una jornada de talleres ambientales en los Médanos de Samalayuca, impulsada por la Secretaría de Turismo y organizaciones como Ecología.
Roberta Ortega, líder organizacional de Ecología, informó que el evento incluyó la recolección de basura, donde se espera la participación de cerca de 100 voluntarios.
Además, se capacitará a senderistas y visitantes para realizar sus actividades de forma respetuosa con el entorno, minimizando el impacto en las dunas y su frágil biodiversidad.
Sin embargo, las acciones no se detendrán ahí, pues el 30 de abril, en colaboración con ECOM y el Programa de Aves Urbanas (PAU), se llevarán a cabo actividades dirigidas a niños, buscando sembrar conciencia ambiental desde temprana edad.
“Queremos que conozcan las aves, los reptiles, los mamíferos que aquí viven y que entiendan por qué es importante protegerlos”, comentó Heredia.
La reserva también utiliza redes sociales, como la página de Facebook APFF Médanos de Samalayuca, para difundir información sobre las especies locales y sus esfuerzos de conservación.
Foto: Inaturalist
El mensaje es claro: proteger lo invisible, lo que vive en silencio entre las dunas, es proteger nuestro futuro y el de las próximas generaciones.
Esta estrategia de educación ambiental no es nueva, pero se ha vuelto crucial ante las amenazas crecientes que enfrentan los ecosistemas desérticos.
Un hombre y una mujer fueron sentenciadas a 50 años de prisión, luego de resultar responsables de secuestrar a migrantes cubanos que transitaban por Ciudad Juárez, en busca de llegar a Estados Unidos.
Se trata de Francisco Manuel T. S. y Erika Janeth T. A., quienes mantuvieron privadas de la libertad a dos personas originarias de Cuba por alrededor de mes y medio.
Las víctimas fueron retenidas en una casa de seguridad ubicada en la colonia Lomas de Poleo, mientras los secuestradores exigían 12 mil dólares a sus familiares para liberarlas.
La pesadilla terminó el 18 de enero de 2023, cuando una de las víctimas logró ser liberada tras pagar tres mil dólares y alertó a las autoridades sobre el lugar donde seguía cautiva la segunda persona.
Agentes de investigación actuaron de inmediato y lograron detener a los responsables, quienes ahora cumplirán su condena en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.
Además de la prisión, el Tribunal del Distrito Judicial Bravos les impuso una multa de casi cuatrocientos mil pesos y ordenó pagar la reparación del daño a las víctimas.
Secuestro de migrantes
Cabe resaltar que durante el 2023 y 2024, el secuestro de migrantes fue uno de los delitos más frecuentes en la frontera norte del país, según informó en semanas pasadas Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas del Estado de Chihuahua.
Arturo Velazco, titular de la dependencia, dijo que en los últimos dos años se registraron 332 víctimas de secuestro, de las cuales 167 eran migrantes y 165 ciudadanos locales.
Expuso que la mayoría de estos casos se concentraron en Ciudad Juárez, donde se han realizado operativos que permitieron rescatar víctimas y detener a 164 presuntos responsables.
De las personas arrestadas, 64 están relacionadas directamente con secuestros de migrantes, evidenciando que las redes criminales aprovechan la vulnerabilidad de quienes cruzan el país en busca de un futuro mejor.
Sin embargo, refirió que este fenómeno estuvo vinculado al aumento del flujo migratorio en la región, lo cual desde agosto del año pasado cambió.
El caso de Francisco Manuel T. S. y Erika Janeth T. A. es solo un ejemplo de la violencia que enfrentan miles de migrantes en su paso por México.
