La jornada de esterilización se realizará los próximos sábado 17 y domingo 18 de mayo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Ignacio Mejía #745, de la colonia Partido Romero.
La actividad es organizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en colaboración con Frontier Veterinary Network y cuenta con el patrocinio de I’m Almost Home Animal Rescue.
Jornada de esterilización del Municipio en 2024 / Foto: Archivo
Para participar, las mascotas deben tener más de tres meses de edad, haber cumplido 12 horas de ayuno y acudir con una cobija o transportadora.
No es necesario registrarse previamente, pero se pide a los dueños permanecer en el lugar durante todo el procedimiento.
Los organizadores indicaron que la jornada busca no sólo brindar atención veterinaria gratuita, sino también generar conciencia sobre la importancia de la esterilización como medida de control humanitario de fauna doméstica.
Las personas que quieran llevar a sus mascotas pueden solicitar más información vía WhatsApp al número 915-244-4132.
¿Por qué esterilizar a tu mascota?
Esterilizar a los animales de compañía no sólo previene camadas no deseadas, sino que también reduce el riesgo de enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas y problemas de próstata.
Además, mejora su comportamiento y calidad de vida, así como contribuye a disminuir el abandono de animales en la vía pública.
Diversas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han señalado que la esterilización es una estrategia clave para el control ético de poblaciones animales.
Recomiendan esta práctica como una medida eficaz para prevenir el abandono, mejorar la salud pública y evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia.
Esta asistencia está disponible para quienes usen la aplicación móvil “CBP Home” para gestionar su regreso a su país de origen.
Aplicación CBP Home desde dispositivo celular
La medida busca reducir los costos y riesgos asociados con los procesos forzosos de deportación y que también contempla boletos de avión pagados y menor prioridad de detención si los migrantes demuestran avances en su salida del país.
El primer caso confirmado fue el de un ciudadano hondureño que viajó desde Chicago a Honduras con apoyo del programa, mientras que ya hay más vuelos programados en los próximos días.
A través de un comunicado de prensa, el DHS señaló que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona indocumentada asciende a más de 17 mil dólares.
Sin embargo, con esta alternativa, el gobierno estadounidense estima una reducción de hasta el 70 por ciento de estos gastos, además de ofrecer una opción más segura, tanto para los migrantes como para las autoridades migratorias.
“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, más segura y eficaz económicamente de salir de Estados Unidos”, declaró Kristi Noem, vocera del DHS.
La funcionaria explicó que, además del apoyo económico, este proceso podría ayudar a preservar la posibilidad de un reingreso legal en el futuro para algunos migrantes.
Foto: Edgar García
Refirió que la herramienta “CBP Home” permite registrar una “intención de salida” y monitorear el avance del proceso. Pero, una vez confirmada la salida del país, se libera el pago del estipendio económico.
Aunque el programa está en fase inicial, el gobierno federal de estados unidos espera que se convierta en una alternativa recurrente frente a las deportaciones forzadas.
Los detalles del proceso y requisitos están disponibles únicamente en inglés en el sitio oficial del DHS: www.dhs.gov/CBPhome.
La administración estadounidense aún no ha detallado cuántas personas podrían beneficiarse ni qué países están incluidos en esta primera etapa.
Aquí, la paz la vigila el narco y el tren de Ferromex pasa como un gigante sin ley que mata y no rinde cuentas. Entre dunas, petrograbados y abandono oficial, 3 mil personas resisten con cerveza, silencio y terquedad. Crónica desde la plazuela donde aún parpadea la vida.
Samalayuca es una herida abierta en el desierto. Una franja de tierra quemada por el sol y el viento, ubicada a solo 41.5 kilómetros de Ciudad Juárez.
Aquí, donde el polvo jamás se asienta, viven cerca de 3,000 personas que han aprendido a convivir con la belleza salvaje del paisaje… y también con su crudeza.
Aunque según el Censo de 2020 eran 1,350 viviendas, el crecimiento desordenado, provocado por la venta indiscriminada de terrenos —fuera del Plan de Desarrollo Parcial Municipal—, ha hecho que hoy existan más de 2,500 viviendas.
De los 1,400 habitantes registrados hace poco más de dos décadas, hoy ya son alrededor de 3,000. Y los fines de semana, con la llegada de visitantes, la cifra se dispara: entre viernes y domingo, Samalayuca llega a alojar hasta 15 mil personas, entre turistas, paseantes y residentes temporales.
En su calle principal, la Antigua Carretera Panamericana, late el corazón social del poblado: una plazuela modesta, donde las tardes de primavera se convierten en refugio de niños, viejos, comerciantes y obreros que buscan un respiro.
No hay cafés ni restaurantes formales; el parque es el punto de reunión, la pista de baile, la cantina improvisada bajo el cielo abierto.
La escena tiene algo de entrañable: niños corriendo descalzos, hombres y mujeres bebiendo cerveza desde temprano, jóvenes jugueteando entre las bancas oxidadas. Pero también hay algo más en el aire: una tensión invisible que lo envuelve todo, como una amenaza latente.
A lo lejos, el tren de carga de Ferromex anuncia su paso con un silbido que corta la tarde como un cuchillo. Aquí, su estruendo no sorprende a nadie: el tren pasa hasta diez veces al día, arrasando con lo que encuentre en su camino.
Han muerto niños, adultos mayores, familias enteras… pero Ferromex no se detiene. Ni indemniza. Al contrario: si su tren sufre algún daño, la empresa cobra, como si la culpa fuera siempre del pueblo.
—Me tocó atender varios asuntos donde la persona que había sido arrollada por el tren fue la responsable del accidente, según ellos —dice Javier Meléndez, dos veces presidente seccional—. Y hasta la víctima fue demandada por obstrucción de vías. Ferromex se niega a poner plumas o semáforos. Y lo peor: provoca que las vibraciones del tren cuarteen las casas.
En septiembre pasado, para colmo, trece carros tanque del tren se volcaron, cinco de ellos con químicos peligrosos. Nadie dio seguimiento serio al accidente. Otra arbitrariedad más de Ferromex, que sigue atravesando Samalayuca como un gigante ciego, sin rendir cuentas a nadie.
—Aquí el tren mata, mutila, destruye y nadie hace nada —comenta Jorge, de 26 años, mientras comparte una cerveza con una amiga en la plazuela—. Y cuando protestas, todavía se burlan.
Jorge no solo carga con el enojo de quien ha visto morir conocidos en las vías. También arrastra una historia personal marcada por la violencia. Su primo Pablo, un joven ejemplar, terminó convertido en sicario cuando la guerra entre cárteles alcanzó Samalayuca en los años más oscuros (2008-2012).
—Mi primo se volvió loco. Era muy sádico. Una vez mató a un cabrón con la puerta de su carro. ¡La pura puerta! Le reventó la cabeza. Quedó un charco de sangre enorme… —recuerda Jorge con la mirada perdida.
Pablo no duró mucho. La muerte llegó rápido para él y para su esposa. Aquí, cuando cruzas ciertas líneas, no hay redención posible.
Se une a la charla Inés, amiga de Jorge, quien antes de aceptar una cerveza mira de reojo a unos niños:
—Mira nada más… puros chamacos en pañal. Luego dicen que por qué se enferman con el frío de la noche.
La conversación se desarrolla entre tragos de cerveza, mientras una patrulla municipal pasa despacio, sin autoridad real.
Sólo hay una patrulla, un comandante, dos policías y tres comisarios, personal repartido entre los 4 ejidos en un territorio con más de 2,500 casas y miles de visitantes. Es desproporcionado.
El tren de carga de Ferromex anuncia su paso con un silbido
Aquí quien de verdad manda es “La Línea”, un grupo de narcotráfico que impuso un orden alterno, una paz amarga: protección a cambio de obediencia.
Prueba de ello, cuando el gobierno estatal intentó poner cámaras de vigilancia de la Plataforma Centinela, los habitantes fueron advertidos: “Aquí nadie vigila más que nosotros. Después de las 7 de la tarde, dispararemos a esas cámaras”. Y cumplieron.
—Yo supe que sí les dieron balazos a las cámaras —confirma Meléndez—. Me lo contaron hace días. Fue algo reciente.
El miedo vive aquí, silencioso pero firme.
Mientras Jorge e Inés hablan, los buitres sobrevuelan la plaza, en círculos cada vez más bajos. Inquietante.
—Qué raro… —dice Inés, con una sonrisa nerviosa—. ¿No habrá un muertito por aquí?
Ambos ríen, pero su risa suena hueca.
Saben que no sería raro. Apenas en febrero pasado, un par de cuerpos fueron encontrados en una brecha cercana. Uno de ellos tenía señales brutales de tortura; el otro había sido mutilado. —A uno hasta le arrancaron el corazón—, dice Inés. La violencia sigue latiendo, aunque la calma la disimule.
A pesar de todo, Samalayuca lucha por no ser sólo una nota roja.
Su paisaje ofrece un espectáculo que ni el horror ha logrado apagar: los petrograbados milenarios que sus montañas guardan como tesoros, las dunas doradas que en los años ochenta sirvieron de escenario para la película Dune, de David Lynch y Conan el Destructor, donde Arnold Schwarzenegger cabalgó bajo el sol brutal del desierto.
Habitantes limpian los Médanos de Samalayuca
Ese mismo desierto que ha visto migrantes morir en su intento por alcanzar el sueño americano, también ha visto nacer sueños de otro tipo: el del turismo.
Hoy, sus dunas vuelven a atraer visitantes: carreras de cuatrimotos, excursiones a petrograbados, paseos a “El Ojo de la Casa”, cabañas rústicas y modernas en medio del desierto, balnearios —ya hay más de 15, cuando antes había solo uno—, ferias locales como la de las Hortalizas en agosto y el Festival del Globo en septiembre.
La “Rosa del Desierto”, una formación cristalina tan bella como rara, también es una joya codiciada por curiosos y coleccionistas.
Pequeñas tiendas de conveniencia empiezan a abrir en esquinas antes olvidadas.
Muchos juarenses y paseños han comprado terrenos para descansar los fines de semana. Otros, huyen del bullicio citadino y buscan aquí un refugio permanente.
Pero muchos de esos terrenos se venden fuera del marco legal: como no hay propiedad privada —todo se rige por derecho agrario—, no se puede planear ni establecer con claridad zonas habitacionales, comerciales o de esparcimiento. Esto provoca conflictos, pleitos entre locales y un crecimiento desordenado que amenaza con destruir el equilibrio del poblado.
Los vestigios del viejo edificio de la planta de sal, testigo de épocas mejores en los años cincuenta, yace hoy olvidado, cubierto de basura plastificada y escombros, como un eco de lo que fue.
Jorge mira el horizonte teñido de naranja. El tren pasa una vez más, arrastrando su rugido de hierro.
No dice nada. No hace falta.
Aquí todos entienden que, en Samalayuca, la vida sigue adelante como el desierto: terca, silenciosa y hermosa en su resistencia.
Cuando cae la noche, las pocas luces de la plaza parpadean como velas en una misa.
Y en algún rincón oscuro del desierto, tal vez, otra historia de muerte empieza a escribirse.
Pero por ahora, en la plazuela de Samalayuca, la vida se celebra: con cerveza barata, música de banda, carcajadas ásperas, con niños corriendo sin miedo… y con la esperanza, tozuda, de que algún día el tren no sea quien más mande en este pedazo de tierra.
Esta crónica dio forma gracias a testimonios de habitantes, cuyos nombres fueron alterados por motivos de seguridad. Para corroborar datos se entrevistaron a autoridades del poblado de Samalayuca y Ciudad Juárez.
**Esta información es una publicación original de Ser Visible que compartimos con su consentimiento y que puedes consultar aquí**
El cortometraje Absolución condenatoria: el caso de Marisela Escobedo, dirigido por Jorge Carreón, ofrece una mirada contundente a uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de impunidad en México.
A través de una narrativa que combina archivo judicial, testimonio e indignación, la pieza reconstruye el proceso legal fallido que enfrentó Marisela tras el feminicidio de su hija, Rubí Frayre.
Más allá de exponer el crimen, el documental evidencia cómo el recién implementado Sistema de Justicia Penal acusatorio fracasó al juzgar a Sergio Barraza, señalado como responsable del asesinato.
La obra pone en tela de juicio no solo la actuación de los jueces, sino la estructura misma de un sistema que, en lugar de proteger a las víctimas, termina revictimizándolas.
Este trabajo documental formó parte de la Gira de Ambulante 2018, en la que se abordan temas de derechos humanos y justicia social, además de contar con un enfoque crítico y profundamente humano.
Sinopsis: Marisela Escobedo lucha por poner tras las rejas a Sergio Barraza, el asesino de su hija Ruby. Pese a navegar las deficiencias del recién instaurado Sistema de Justicia Penal, el culpable sale libre tras la incompetencia de las autoridades para formar un caso.
Jorge Carreón estudió Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey, para luego especializarse en Producción y Dirección. Continuó sus estudios en la Universidad de Texas en El Paso y el American Film Institute. Ha trabajado para compañías como Más Música, el Servicio Público de Radiodifusión y Oxygen, entre otras.
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Una de las principales dificultades a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes es a lograr que sean reconocidos y tratados, ante todo, como lo que son: niñas, niños y adolescentes con derechos y necesidades específicas, lo cual se ha convertido en una gran deuda que tienen los estados y la sociedad hacia ellxs.
Así lo hizo manifiesto la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), en un informe titulado “Los desafíos en materia de protección que enfrentan niñas, niños y adolescentes migrantes que se alojan en albergues”, compartido este miércoles a propósito de que hoy se conmemora el Día del Niño y la Niña en México.
La Redodem señala que, en muchos casos, las experiencias migratorias, la condición irregular, la violencia vivida en el trayecto o la presión por resolver trámites legales y logísticos “desdibujan su identidad infantil, llevándolos a ser percibidos más como ‘personas migrantes’ que como sujetos de derechos en desarrollo”.
“Las dinámicas migratorias a menudo invisibilizan a las niñas y niños durante su tránsito migratorio. Las niñas, los niños y adolescentes se enfrentan a fenómenos como la militarización de las fronteras, la delincuencia organizada, y la falta de medidas adecuadas de atención para personas migrantes, entre otros problemas que atentan contra su condición y edad”, señala el documento.
La red destaca que, además, “las políticas migratorias que criminalizan la migración desconocen sus necesidades y derechos, especialmente en el caso de la primera infancia, y los expone fácilmente a ser víctimas de redes de trata, tráfico de migrantes, violencia de género entre otros peligros que enfrenta está población”.
En estos casos, exponen, “el Estado, que debería proteger a los niños, se convierte en su principal fuente de desprotección y sus historias a menudo también se difuminan entre los relatos de la migración de las personas adultas”.
“Al tratarse de millones de niñas, niños y adolescentes migrantes, seguir su rastro y reconocer su individualidad representa un desafío en el terreno. De acuerdo con el IDAC, en 2020, se registraron 35,5 millones de NNA migrantes internacionales en todo el mundo, la cifra más alta jamás registrada”.
La Redodem señala que esta creciente tendencia de la migración infantil se relaciona directamente con el aumento de los movimientos migratorios mixtos vistos con mayor frecuencia desde 2018, en los que es común encontrar familias migrando. Además que podría estar relacionado con un notable aumento en la migración de mujeres en la región.
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La desaparición de padres o madres transformó el entorno de las familias en su totalidad.
En el caso de quienes eran en ese momento niños, niñas y adolescentes hubo grandes vacíos y sus sueños del futuro también desaparecieron sin que haya hasta ahora un seguimiento a su situación psicológica y cobertura de sus necesidades elementales como es la salud y la educación.
Zoyla tenía 12 años de edad cuando su padre, Apolinar Mendiola López, fue desaparecido el 9 de junio del 2013.
Desde ese entonces ella y sus seis hermanos se enfrentaron a una realidad que los dejaría en condiciones económicas difíciles, al grado de que uno de ellos debió buscar en basureros tenis y zapatos para poder ir a la escuela y, principalmente, porque resulta imposible borrar las imágenes de lo que vieron.
“Andábamos en el ejido Centinela buscando una hierba para mi mamá que se había puesto mala, creo que era poleo. Nos fuimos todos y luego se acercaron unos hombres que andaban vestidos de negro.
“Luego me dijeron que eran los de élite (como se conocía al Grupo de Armas y Tácticas Especiales GATE´s o GATEM), lo golpearon y también se querían llevar a mi hermano mayor que estaba en la secundaria. Mi madre nos pidió que subiéramos al carro, pero desde ahí vimos y estábamos muy asustados”, recuerda.
Apolinar Mendiola López fue desaparecido el 9 de junio del 2013.
Ella entraba a la adolescencia y le había confiado a su padre el sueño de estudiar música. Una idea que no ha logrado concretar porque ha tenido que ver, junto con su hermano mayor, la forma de sacar a sus hermanos adelante y ayudar con los gastos a su madre.
A pesar que su padre desapareció desde el 2013, no fue que hasta el 2018 que recibió una ayuda económica por seis meses para alimentación cuando surgió el Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), una iniciativa que colectivos de búsqueda en el estado han señalado que ya resulta insuficiente por las constantes necesidades de las víctimas de desaparición.
“Nos dijeron que no nos pueden ayudar más. El Día del Niño lo vivimos muy mal desde que mi padre desapareció. Lo pasamos viendo que los otros niños tenían y nosotros no; que ellos festejaban y nosotros no; que ellos tenían a sus padres y nosotros no.
“Mi mamá nos compraba, si podía, algún dulce pero siempre nos va hacer falta nuestro papá y si lo tuviera enfrente lo abrazaba y le diría que lo hemos necesitado y que la hemos pasado muy mal sin él y que nunca se fuera a ir lejos de nosotros”, comparte Zoyla.
Antes de la desaparición de su padre, Zoyla recuerda que festejaba el 30 de abril o los cumpleaños con un pastel o una comida o cena sencilla.
“Me regalaba muñecas. Me compraba lo que pedía, aun y con sacrificios, sobre todo cuando sacaba buenas notas pero ya nada fue igual. Nos compraba un pastel. Mi mamá ya no podía y ya no es igual, pero mi papá nos compraba un pollo o algo”.
Zoyla asegura que si su padre estuviera con ella se hubiera cumplido su sueño de estudiar música porque él le prometió que incluso podrían cambiarse a Saltillo para que acudiera a la escuela que existe en la capital del estado.
“Desafortunadamente pasó que me arrebataran a mi papá y ya no se pudo ni siquiera continuar con la preparatoria y voy a empezar a ver si ahora puedo seguir y luego tener una carrera.
“Vamos a seguir con la búsqueda de mi papá y no vamos a parar hasta que Dios nos preste vida y salud. Hoy que soy madre, sé de las necesidades y espero que puedan ayudar a mi mamá que todavía tiene a quién mantener”.
Magaly es la hermana menor de Zoyla y va en quinto año de primaria. Ella no conoció a su padre físicamente y sólo sabe de él por fotografías y lo que le cuentan sus hermanos y su madre. A sus casi 12 años sabe que hay muchas personas desaparecidas y que su padre se encuentra entre esas cifras.
“Hay personas que desaparecen y sus familias están tristes y lloran, como mi mamá. Le diría a mi papá que lo quiero mucho y que lo extraño, que no quisiera que se fuera, que estuviera para mí y para mi familia”, expresa.
La niña está consciente de que las autoridades poco han hecho para encontrar a su papá y por eso les manda el mensaje de que “no sean así y se pongan a trabajar”.
“No es solamente por mi papá sino por todas las personas para que las busquen, que no sean injustos. En la escuela me dicen que no tengo papá y me siento muy mal porque no lo pude conocer.
“No se dieron cuenta que mi mamá estaba embarazada de mí y no tuvieron corazón. Que lo busquen y a todas las demás personas, que no sean despiadados con nosotros. Es muchísima gente desaparecida y da tristeza que no hagan nada por encontrarla”, afirma la pequeña.
“NO PUDE BUSCARLO”
Mario Alberto Salazar Contreras desapareció el 24 de junio del 2010 en la ciudad de Piedras Negras y sus hijas, Stepanie y Griselda, tenían en ese entonces 16 y 13 años. La primera de ellas señala que por su edad nada pudo hacer por su padre.
Al día siguiente de que desapareció, su madre las llevó a los Estados Unidos con familiares que viven en Texas ante el temor de que algo les pasará a ellas.
“Él era taxista pero ni el carro apareció tampoco. No se supo nada. Yo ya estaba en la preparatoria, pero en ese entonces estaba muy feo aquí en Piedras Negras y por eso deciden mandarnos a Estados Unidos, donde nos dan un asilo por tres años y no podíamos regresar a México.
“Yo sentí mucha impotencia porque siento que no hice nada por buscarlo. Se puso denuncia pero no hay nada de avances”, afirma Griselda.
El regreso a México ubicó a las hermanas en una realidad muy cruda: perdieron su casa del Infonavit porque se dejó de pagar y la dependencia exigía que su padre firmara unos documentos, pese a que se le explicó la situación. Al final la casa quedó en manos del gobierno federal y la familia debió empezar de cero y rentó una vivienda, y las hermanas empezaron a buscar empleos.
“Mi padre hizo todo por nosotros, pero desde que no está ya no festejamos los cumpleaños y, aunque no éramos tan niñas, tampoco volvimos a festejar el 30 de abril. Ya nunca se celebró igual”.
Stephanie siguió estudiando en los Estados Unidos y a su regreso a Piedras Negras se inscribió en la carrera de Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de esa ciudad, pero por diversas circunstancias no logró terminar.
Mario Alberto Salazar Contreras y sus hija Stepanie y Griselda. Foto: Cortesía
“Yo les diría a las autoridades que nos hagan caso y hagan su trabajo. Cada vez que escuchamos algo del tema me entra desesperación y ansiedad de pensar que ahí pudo haber estado él y las autoridades no dan respuesta de nada y estamos con la incertidumbre, pero yo quiero pensar que está vivo y nadie nos ayuda ni nos da respuesta”, señala.
Hoy la hija de Mario Alberto está por cumplir 30 años, casi el doble de edad que tenía cuando él desapareció, y recuerda que debió estar en su adolescencia con atención psicológica por la ansiedad que le generaba la situación de saber a su padre desaparecido.
Actualmente no hay seguimiento por parte de las autoridades de Coahuila sobre la condición psicológica que enfrentaron ella y su hermana.
“Exijo justicia y que nos hagan caso porque somos muchísimas personas con casos similares. No es posible que desaparezcan las personas y ya; nadie nos da respuestas.
“Al principio no lo aceptaba, pero van pasando años y me decía que al rato va a llegar, luego empieza a pasar el tiempo… años y dices ¿qué pasó? Luego entiendes y, a lo mejor, aceptas lo que estaba pasando y ves que estamos en México en riesgo”, sostiene.
Y es que la familia vivió al segundo día de regresar a México una balacera y el miedo resurgió con la misma fuerza que sintieron el día que Mario Alberto desapareció, y su hija mayor sólo pudo calificar lo que escuchaba y veía como algo terrible.
La atención a las infancias y adolescencias víctimas por la desaparición de sus seres queridos sigue siendo una deuda.
El PROFADE existe todavía y ejerce en promedio entre 2 y 3 millones de pesos que son insuficientes, pues el Registro Estatal de Víctimas es de más de 12 mil personas, según confirmó Heridas Abiertas vía una solicitud de información a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Los colectivos de búsqueda de desaparecidos con presencia en Coahuila han manifestado por años las necesidades que existen para mejorar la calidad de vida de las familias que tienen desaparecidos.
A principios de año, luego de más de un sexenio de exigencias, fue publicado un decreto que ordena crear un programa integral que permita mejorar la calidad de vida de estas familias, sin embargo, sigue en construcción.
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