Luego de que el lunes pasado, un grupo de ciudadanos irrumpiera en la conferencia de prensa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, debido a la selección del Consejo Gobierno del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), autoridades municipales dieron a conocer que extendieron el periodo de la convocatoria.
La decisión fue dada a conocer por Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, quien anunció la apertura de un nuevo período de inscripción para los interesados en unirse al Consejo.
El funcionario indicó que el plazo para las nuevas inscripciones se ha fijado para el 26 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con el fin de ofrecer así una nueva oportunidad para quienes deseen participar en el Consejo Directivo de Cultura.
Expuso que el periodo original de inscripción se llevó a cabo del 2 al 7 de diciembre, pero la renovación del Consejo programada para el pasado lunes fue cancelada.
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento
LA INCONFORMIDAD
«Queremos entregarle un comunicado de la comunidad cultural y ciudadanos sobre la situación del Consejo de Gobierno de IPACULT. Son 82 firmas recabadas y se siguen juntando, lo que pedimos es la transparencia al proceso», dijo un joven que se aproximó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
La actriz y activista Perla De la Rosa tomó la palabra por unos momentos e hizo un llamado a la comunidad para unirse a la demanda a través de las redes sociales.
Sin embargo, terminando la conferencia de prensa, el alcalde instó a quienes cuenten con pruebas concretas sobre las acusaciones a presentarlas.
En redes sociales se hizo pública esta denuncia por varios actores de la comunidad artística, ya que consideraron que el IPACULT ha operado de manera arbitraria y favoreciendo a intereses políticos y de compadrazgo.
En este mismo tenor, Leobardo Alvarado, gestor y promotor cultural, quien es conocido por su participación en temas culturales, enfatizó la importancia crucial de la cultura en la resolución de problemas sociales en nuestra ciudad.
Resaltó el papel significativo de las bellas artes y la cultura en su capacidad para contribuir a la solución de estos problemas desde una perspectiva social y antropológica.
Alvarado señaló que para lograr esto se requieren herramientas efectivas, como las que pretendía ofrecer el Instituto para la Cultura (IPACULT) desde su creación en 2016, aunque éste no ha cumplido con su visión original.
Criticó la gestión actual de IPACULT, alegando que se ha desviado de su propósito de servir a la comunidad y ha favorecido en cambio a intereses políticos, así como se requiere de transparencia en la selección del nuevo titular del Instituto para la Cultura.
This Monday afternoon it was reported that the donkeys, bighorn sheep, goats, peacocks, among others, that were in the Parque Central were transferred to the San Jorge Recreation Center, while other species were secured by the Federal Attorney’s Office for Environmental Protection (PROFEPA).
In this regard, the Director of Ecology of the Municipality, César René Díaz Gutiérrez, made it known that the animals secured by PROFEPA cannot be moved until the conclusion of an ongoing legal proceeding.
«The donkeys and other animals currently in the Parque Central are under PROFEPA’s supervision. As municipal authorities, we are awaiting the lifting of the securing so that we can intervene directly,» he said.
Meanwhile, this afternoon, Rogelio Muñoz Sapién, in charge of the Parque Central, announced that the animals were on loan from Recreativo San Jorge, for a limited period of time.
It should be recalled that the Civil Protection Ecology Commission, headed by Councilwoman Alma Arredondo Salina, and Ecology personnel conducted several inspections during the past year, in order to evaluate the situation of the fauna in the Parque Central.
However, with the current legal process, these inspections have been temporarily suspended.
«Once the injunction is lifted, we will resume our inspections to guarantee the safety and well-being of the animals,» said Díaz Gutiérrez.
Concern for urban fauna is an increasingly relevant issue, as recently Benito the giraffe was transferred to the sanctuary «Africam Safari» in Puebla, after a nine-month struggle by activists of «Salvemos a Benito» and «Somos Su Voz» (Let’s Save Benito).
Although the situation of the rest of the animals was still latent, as these same activists documented the death of animals on several occasions, while a class action lawsuit is pending against 26 government agencies for the danger to the species and flora in the Parque Central.
Desde el 2009 comenzaron a construirse plantas tratadoras de aguas residuales en Coahuila que hoy están inconclusas, abandonadas, dañadas por su falta de uso y, en algunos casos, sin plan para reactivarlas. Se gastaron al menos 100 millones en las plantas de Matamoros, San Juan de Sabinas y Sabinas, y estas siguen sin operar.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Desde hace más de una década, tres plantas tratadoras de aguas residuales comenzaron a construirse en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros, Coahuila. En total se han firmado contratos por 176 millones de pesos, pero las plantas siguen sin operar.
Dos de estas plantas están inconclusas y en abandono, y aunque sus rehabilitaciones han aparecido en los programas de obras de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de 2022 y 2023, sus estatus siguen siendo “inactiva” o “sin operar”, de acuerdo a las respuesta oficiales a solicitudes de información hechas para este reportaje.
Desde el inicio de su construcción han pasado por tres administraciones estatales y comienzan una cuarta; sin embargo, no han pasado de elefantes blancos con costo a los erarios municipal, estatal o federal, pues aunque no hay datos precisos de cuánto se pagó a los contratistas, se estima que al menos se desembolsaron 100 millones de pesos provenientes de diversas bolsas, según los estatus de avance.
Hasta el momento no existe un deslinde de responsabilidades por haberlas dejado inconclusas. Germán Martínez Santoyo, director nacional de la Conagua, reconoció que existen plantas en Coahuila que requieren apoyos federales, pero al preguntarle por la responsabilidad de dejar obras inconclusas, respondió: “estamos trabajando en mejorar los servicios, es lo que te puedo decir”.
La planta tratadora de aguas negras de Sabinas se deterioró por su falta de uso y permanece inactiva. Fotografía: Francisco Rodríguez
Y la planta de Sabinas se concluyó, pero en 2021 y 2022 fue intervenida con recursos a través del programa de Hidrocarburos debido a afectaciones por la falta de uso. En la intervención se detectaron problemas estructurales en los muros. El gobierno del exgobernador Miguel Riquelme prometió concluirla antes de finalizar su administración, pero no lo cumplió. La planta continúa sin operar y todavía son visibles los daños en los muros, según se documentó para este reportaje en una visita hecha en septiembre de 2023.
Antonio Nerio, quien fue director del CEAS, reconoció en entrevista -antes de terminar la administración estatal anterior -que concluyó el 30 de noviembre de 2023- que se le ha inyectado muchos recursos a las plantas sin que funcionen adecuadamente.
“Desafortunadamente el último proyecto para habilitarla, se tuvieron problemas de la estructura. Más de 10 años que estuvo seca y que se cuarteó y colapsó una parte del muro”, admitió sobre el caso de la planta en Sabinas.
La alcaldesa de este municipio, la priista Diana Haro Martínez, fue abordada por este reportero al término de la toma de protesta del gobernador Manolo Jiménez el primero de diciembre; sin embargo, se limitó a declarar que apenas le estaban compartiendo información sobre adecuaciones y equipamiento.
El que habló fue el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, quien en entrevista reconoció que la obra inconclusa representó un quebranto para el municipio, el Estado y la empresa.
“Fue un esquema de perder-perder y que desafortunadamente no ha encontrado un camino de solución”, lamentó.
Inclusive, pronosticó que nunca se construirá por falta de dinero: “podrán pasar cuatro o cinco administraciones y no se construirá nunca una planta porque es demasiado cara y no se cuenta con los recursos”.
Y mientras nadie las termina y nadie paga por las obras abandonadas, las aguas negras, al menos las de Sabinas y San Juan de Sabinas llegan a desembocar y contaminar el río Sabinas: justo se han presentado 10 denuncias a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y en cinco ocasiones la Conagua ha multado al sistema de aguas de Sabinas por descargas en el río.
Planta de Matamoros: vandalizada y abandonada
Para la construcción de la planta en el municipio de Matamoros, el CEAS firmó el contrato CEAS-APAZU-001-09-AP con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V representada por Jorge Arturo Torres Emery. El costo de la construcción sería de 51 millones 694 mil pesos.
El contrato fue firmado en 2009 y la planta terminaría el 12 de mayo de 2010, según se estipula en el documento. Esta planta que debería estar tratando 120 litros por segundo, está abandonada.
Según respuesta a una solicitud de información a la Conagua, la planta se construyó con recursos del Fondo Concursable, del subprograma de tratamiento de aguas residuales, que tendría una inversión federal de 36.2 millones de pesos y una inversión estatal y municipal de 15.5 millones de pesos.
En Matamoros no existe ningún plan para rehabilitar la planta tratadora que comenzó a construirse desde 2009 y la cual ha sido vandalizada. Fotografía: Francisco Rodríguez
Al cuestionar al CEAS sobre el estatus de esta planta refirió que la obra está afectada por el vandalismo y desde el 2015 se tenía un expediente técnico para realizar un proceso de rehabilitación con 23.3 millones de pesos, pero la rehabilitación nunca se concretó. Además, entregaron un oficio del 17 de enero de 2018 donde se le pide el apoyo al alcalde de la ciudad para el resguardo de las instalaciones debido al vandalismo, y le solicita vigilancia para “evitar incidentes de pillaje que puedan generar un deterioro mayor al que se tiene”.
En otra solicitud respondió que la planta sufrió robo de equipo por lo que se presentó una denuncia penal.
Actualmente la obra está abandonada: cuartos en obra negra, tubería sin conectar, una mole de cemento y la hierba crecida alrededor.
El alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, refirió que es una obra que el Estado nunca entregó al municipio, y que no consta en actas de entrega recepción de ninguna de las cuatro administraciones anteriores a la de él.
Agregó que hay un litigio legal del Estado con la empresa por incumplimiento de contrato.
“Hemos estado esperando y siendo respetuosos de ese procedimiento, respetando nuestras competencias como municipio. Si tuviéramos la posibilidad jurídica de intervenir y hacer algún reclamo a través de una denuncia, con todo el deseo de que se pudiera recuperar el dinero que se haya invertido, que desconozco cuál sea el monto, claro que lo haríamos”, declaró el presidente municipal.
Sin embargo, el CEAS afirmó que no existe ningún litigio con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V.
Este equipo de investigación acudió a las oficinas de la empresa en Torreón a solicitar una postura con el representante, Jorge Arturo Torres Emery, sin embargo, no fue hallado en las oficinas, ni se comunicó al teléfono que se le dejó a su asistente.
Según la Conagua hay un avance de esta obra del 75%, por lo que se puede inferir que el avance financiero podría oscilar en el porcentaje equivalente, es decir, alrededor de 38.7 millones de los 51.6 millones que estipulaba el contrato.
La planta tratadora de aguas residuales de San Juan de Sabinas quedó como una mole de cemento. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Planta de San Juan de Sabinas: una mole de cemento
Por su parte, la planta tratadora de San Juan de Sabinas inició en 2010, según el contrato CEAS-FONCON-002-10 firmado con la empresa Eco Sistemas del Agua S.A de C.V por un monto 44 millones 464 mil, 410 pesos con 86 centavos. La construcción debería haber terminado el 1 de julio de 2011 y comenzar a tratar al menos 80 litros por segundo.
La empresa contratista pertenece a Ramón Merino Loo, según el acta constitutiva obtenida en el Registro Público de Comercio. El dueño de la empresa fue diputado federal por el PAN del 2009 al 2012 (periodo en que se firmó el contrato), por mayoría relativa.
Al cuestionar por transparencia al CEAS sobre el estatus de esta planta, primero refirió que existía un litigio con la empresa; entonces se pidió el estatus del litigio y en esta contestación, firmada por el director jurídico y de procedimientos del CEAS, Luis Salas Martínez, refirió que por una “imprecisión” se manifestó que había un litigio cuando no es así, y que simplemente la empresa no continuó con los trabajos “por solicitar incremento en los precios de los conceptos”.
A pesar de esta situación en la que se reconoce que la empresa no continuó con los trabajos, el CEAS respondió que no se hizo efectiva la fianza como lo marcaba la cláusula octava del contrato en caso de algún incumplimiento. Lo mismo ocurrió para el caso de la planta de Matamoros.
En ambos casos el CEAS informó que nunca hubo una rescisión de los contratos.
“Debió pedir que se hicieran valer las fianzas y llamar a los constructores para que respondieran por el quebranto al erario y, a partir de ahí, se toman medidas administrativas y legales para poder resarcir el daño y se pudiera tener en uso estas plantas”, expuso Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH).
Planta de Sabinas: un barril sin fondo
La planta tratadora de aguas de Sabinas prácticamente se terminó, pero como no se usó, comenzó a deteriorarse.
En 2010 se firmó el contrato CEAS-FONCON-001-10 de 39 millones 994 mil 46.96 pesos para la elaboración de proyectos con las empresas: Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras S.A de C.V, GG Empresarial S.A de C.V y MAQSER Construcciones S.A de C.V., donde se incluía “la operación transitoria por 59 días a partir de la terminación de los trabajos”, los cuales según el contrato serían el 19 de junio de 2011.
Sin embargo, nunca arrancó operaciones.
En 2021 se buscó reactivar su operación y se firmó un nuevo contrato (16 de julio de 2021), el CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021, con la empresa Construcciones Servicios de Edificaciones y Obra Civil COSE, S.A de C.V. por $27,943,186.98.
Esta empresa fue constituida apenas siete meses antes de ganar el contrato, según se corroboró con el acta constitutiva de la empresa originaria de San Juan de Sabinas. Además, entre sus socios se encuentra Eliezer Abisai Macías Bocanegra, persona que aparecía en el directorio de proveedores y contratistas “sancionados con impedimento para presentar nuevo trámite de inscripción a los padrones de proveedores y contratistas” del 12 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022.
El contrato consultado para este reportaje estipulaba la «Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta» para el 31 de diciembre de 2021.
No obstante, en 2022 se firmó otro contrato con la misma empresa, el CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022, de nuevo por la “Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta» por 19 millones 407 mil 973 pesos con 72 centavos; terminación que debió concluir el 9 de octubre de 2022.
La obra en Sabinas se ha deteriorado y a pesar del discurso para reactivarla, continúa como elefante blanco. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Otra vez, nunca arrancó operaciones.
De acuerdo con el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, se comenzó a rehabilitar la planta en 2022 e inclusive se le inyectaron las aguas negras de la ciudad, pero en abril de 2023 se presentó un problema estructural que derivó en la suspensión.
“Una estructura de los trabajos originales de 2010 tuvo problemas, un agrietamiento en una columna, en un muro y tuvimos que vaciar la planta para rehabilitarla. Ya terminamos el proyecto de evaluación, para rehabilitarla y se han asignado recursos para hacer los reparos correspondientes y volver a echarla a andar”, comentó el semestre pasado el exdirector del CEAs, Antonio Nerio.
Nerio mencionó que se destinarían 3 millones de pesos más para reactivarla y que el periodo de ejecución era de tres meses.
Pero concluyó la administración y no se puso en marcha.
A pesar de que esta planta se ha convertido en un barril sin fondo, es la más cercana a concluir y ponerse en operación. Aunque en caso de concretarse, más de una década después la planta ya fue rebasada y no tienen la capacidad que requiere la ciudad, pues fue concebida para tratar 80 litros por segundo, de acuerdo con el exdirector del CEAS.
Arturo Serrano, miembro del Consejo Ecológico de Participación Ciudadana (Cepaci) de Sabinas, aseguró que el municipio necesita ahora una planta que trate al menos 100 litros por segundo, consideró que quizá si desde un inicio hubiera operado, ya la hubieran ampliado para lo que se requiere en estos momentos.
“No creo que haya venido alguien a destruir esto, es el desuso, no creo que vaya a funcionar. Siempre la han hecho por pedacitos”, criticó Arturo Serrano durante un recorrido por la planta que se ha convertido en un elefante blanco.
Asimismo, el especialista señaló que el proyecto está viciado de origen, pues la colocaron en un lugar que no es el idóneo porque está en una zona plana.
“No sé cómo determinaron la localización. Nomás dicen ‘consíguete un terreno y ya’. No fue un buen lugar”.
Sin responsabilidad
Para este reportaje se obtuvo copia de los contratos firmados en 2009, 2010, 2021 y 2022 por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila para la construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales de estos tres municipios.
Sin embargo, la secretaría de Finanzas de Coahuila y el CEAS se negaron a entregar copia de los pagos realizados por estas obras a las empresas.
En una serie de solicitudes realizadas, el CEAS respondió que es la Secretaría de Finanzas la responsable de los pagos, mientras que Finanzas respondió que el responsable era el CEAS. Al realizar una tercera solicitud donde se les puso en evidencia, el CEAS ratificó que es la Secretaría de Finanzas la responsable, mientras que esta dependencia sugirió solicitar la información a la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.Por su parte, la Conagua respondió que el agente de pago de la obra del municipio de Matamoros fue el CEAS y, como tal, responsable de los pagos.
Semanario solicitó a la Conagua copia de las transferencias al gobierno de Coahuila del recurso federal que se utilizó en la construcción de la planta de Matamoros, y la instancia envío evidencia de la transferencia de 37 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), explicó que el CEAS debió haber tenido un expediente y generar los mecanismos de responsabilidad correspondientes para garantizar que se pudiera utilizar adecuada y correctamente el rec urso designado para ese objeto.
Dijo que en estos casos la Auditoría Superior de la Federación debió observar que las obras quedaron inconclusas con el recurso que se aplicó y hacer un llamado que concluyeran y, una vez que las observaciones no fueran solventadas, es decir, que no se terminaron de construir las obras, debió haber pedido que se hicieran válidas las fianzas.
A pesar de esto no hay evidencia de observaciones específicamente por los trabajos inconclusos de estas plantas.
En el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el informe de indicadores y estudios específicos de 2012, la ASE ya encontraba en el Plan Estatal de Desarrollo la necesidad de que en Matamoros se terminara y operara la planta tratadora de aguas residuales y que se completara la de San Juan de Sabinas.
En el mismo año la ASE refería la necesidad de gestionar los recursos necesarios para la instalación de una planta tratadora de aguas residuales en Sabinas.
Arturo Serrano, integrante del Cepaci en Sabinas, asegura que aunque se reactive la planta de Sabinas, ya estaría rebasada en su capacidad de tratamiento. Fotografía: Francisco Rodríguez
Coahuila, último lugar del país en número de plantas
El derecho humano al agua no puede entenderse sin el saneamiento, y el tratamiento de aguas está vinculado a un asunto de salud, dice Miguel Hernández del CIADH.
“Pone en riesgo otros derechos humanos, por eso juega un papel fundamental el tratamiento de estas aguas, porque al descargarlas en lugares que no son propicios se pone en riesgo a la población que tiene contacto con estas aguas”, comentó Hernández.
La falta de operación de las plantas tratadoras de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros abonan a que Coahuila ocupe el último lugar del país, junto con Campeche, en cuanto a la menor cantidad de plantas tratadoras de aguas residuales, de acuerdo con el Inventario nacional de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales en operación de la Conagua.
Según el inventario de la Conagua, las 27 plantas de tratamiento de aguas residuales están en 13 de 38 municipios. La ciudad de Torreón es la que más plantas tiene, siete, y después se ubica Saltillo, con 6 plantas.
Sin embargo, el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, desestimó estas cifras y argumentó que lo que importa es el porcentaje de agua que se trata y se devuelve tratada al medio ambiente. En Coahuila, dijo, se trata el 66% de las aguas residuales.
“Hay estados que pueden tener más plantas, pero solo tratan el 20% o el 40%. En Coahuila ocupábamos el lugar 17 en saneamiento, pasamos al lugar 16 con algunas pequeñas plantas que se instalaron. La cantidad de plantas tratadoras no es representativa”, aseguró.
Las 27 plantas que tiene Coahuila representan una capacidad instalada de tratamiento de 5 mil 737 litros por segundo, según el inventario de la Conagua.
Pero otra forma de ver el vaso era la de Gloria Tobón Echeverri, doctora en tratamiento de agua y activista que falleció en noviembre pasado. Tobón Echeverri explicó antes de fallecer que más allá de las capacidades, el factor clave a considerar es que en Coahuila debería de existir por lo menos una planta de tratamiento residual en los 38 municipios.
“Si 25 municipios no tienen, habría que ver a dónde conducen el agua residual esos municipios. Podría haber un problema en cuanto a contaminación del acuífero, y eso hay que estudiarlo”, comentó Tobón Echeverri, quien fuera consultora en el área de tratamiento de aguas y aguas residuales.
Las descargas de aguas residuales tienen dos caminos: en tierra o en un cuerpo de agua, explicó Vicente de Paul Álvarez Reyna, profesor investigador del departamento de Riego y Drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
“Las aguas negras las utilizan para regar cultivos. Deben de cumplir ciertos parámetros de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y tener cuidado con el cultivo que se utilice porque representa un riesgo por los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en el agua y pueden generar un problema de salud. Deben de utilizarse en forrajes”, expuso.
Las aguas negras traen mucha materia orgánica y nutrientes, y a largo o mediano plazo, los suelos se empiezan a contaminar, explicó Mario García Carrillo, profesor investigador de la Narro adscrito al departamento de Suelos.
“Así como tiene beneficios también trae todo lo que se genera en las industrias, en las casas. Ocasiona un ‘ensilatramiento’ (sales) de los terrenos, es un problema fuerte. Un incremento de suelos sódicos y suelos salinos. El agua residual así cruda tiene muchos detergentes de los hogares, mucho sodio, sales. Todo lo que usamos en las casas. Todo va al drenaje y si no se trata, con el tiempo va contaminando, degradando”, comentó.
El terreno se degrada, disminuye su capacidad productiva, y cuando es con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, cobre, son absorbidos por las plantas y después los regresan a la cadena alimenticia, detalló García Carrillo, especialista en suelos.
Por eso la doctora en tratamiento de agua, Gloria Tobón, enfatizó en la necesidad de analizar por cada municipio, examinar a dónde conducen los municipios el agua residual y qué sucede en ese punto.
Tanto Tobón Echeverri, García Carrillo y Álvarez Reyna, refirieron que un problema serio es cuando el agua residual se infiltra, contamina los acuíferos o se descarga en cuerpos de agua como arroyos y ríos.
Como el caso de Sabinas y San Juan de Sabinas, donde se descargan en el río Sabinas.
Las aguas negras de Sabinas desembocan en el arroyo Aguililla, cercano a la población de Sabinas donde juegan niños y niñas. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Daño al río Sabinas
El arroyo Aguililla cruza algunas colonias de Sabinas, municipio de 64 mil habitantes. Niños y niñas juegan cerca del arroyo, se detienen en puentes y miran el agua. En el ambiente, el olor a estiércol predomina. Se trata de las aguas negras de la ciudad que son descargadas sobre este arroyo.
“Debería de correr por un tubo y llegar a la planta de tratamiento, y no venir de este arroyo. Son aguas de drenaje y debería de llegar cerrada”, señaló Arturo Serrano, miembro de Cepaci, mientras observaba el lugar donde justamente caían las aguas negras como cascada en el arroyo.
Esta agua que corre por el arroyo Aguililla sigue desembocando en el río Sabinas, mientras la planta tratadora que comenzó a construirse hace 13 años, sigue sin operar.
“Estar soportando el olor de esto, pues está cabrón”, añadió Serrano al mismo tiempo que veía correr el agua negra sobre el arroyo y a los niños jugar cerca del cuerpo de agua.
Las descargas de aguas residuales de Sabinas y San Juan de Sabinas representan un riesgo para la población aledaña al cuerpo de agua, y un contaminante del río Sabinas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha realizado 10 denuncias por la descarga de aguas residuales en el río Sabinas y la Conagua ha multado en cinco ocasiones al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas por la descarga de aguas residuales sobre el río Sabinas, según respuestas a solicitudes de información hechas para este reportaje.
Actualmente el río Sabinas, un río intermitente de 150 kilómetros de longitud, presenta problemas de contaminación principalmente por los desechos, la actividad minera y las descargas de aguas residuales, según José Antonio Dávila Paulín, director del área natural protegida del distrito de riego 04 Don Martín de la CONANP.
Dávila Paulín dijo que han monitoreado el agua desde el 2015 y en la parte baja encuentran mayor turbidez, procesos de descomposición y disminución de la cantidad de oxígeno disuelto.
Aseguró que han detectado mortandad de peces, lo que es un indicador de la calidad del agua.
Mario García Carrillo, especialista de la Narro, mencionó que cuando las aguas residuales se vierten a los ríos, deriva en un fenómeno conocido como eutrofijación, que es la degradación de los cuerpos de agua.
“Ocurre lo que en muchas presas o cuerpos de agua, que está lleno de lirio acuático. Proliferan algas, lirio acuático, consumen el oxígeno y no permiten la vida acuática”, explicó.
Arturo Serrano añadió que se necesitan analizar los daños, porque no se conoce el tipo de minerales nocivos que tenga el agua y que afecta no solo la flora y fauna del río Sabinas, sino también a las poblaciones.
José Antonio Dávila de la CONANP, agregó que el río es un elemento vivo que es dañado por estas actividades. Dijo que han identificado además 10 sitios de descarga de aguas negras a lo largo del río, independientes de las del municipio.
El director del área natural protegida mencionó que cuando hay cambios de administraciones les preguntan sobre su trabajo, y ellos siempre les expresan dos temas prioritarios: el manejo de residuos y la descarga de aguas residuales.
El común denominador que argumentan es que no hay recursos para las plantas.
Para el caso de las plantas de San Juan de Sabinas y Matamoros no hay un presupuesto en 2024 para rehabilitarlas e inclusive, ya mejor se piensa en otras estrategias.
El exdirector del CEAS, Antonio Nerio, dijo que quizá se puede encontrar otro tipo de tecnología o convenios con empresas que puedan interesarse en el uso de agua tratada.
De hecho, el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, aseguró que ya platican con empresas para instalar y concesionar nuevas plantas de tratamiento de aguas.
“Estas plantas deberían ser privatizadas. No tienen para pagar el mantenimiento”, recalcó Arturo Serrano de Cepaci.
Pero mientras se piensa en privatizar o realizar convenios con empresas, las plantas tratadoras de aguas residuales que comenzaron a construirse desde 2009, siguen allí, como elefantes blancos.
En el Centro de Ciudad Juárez, el trabajo se mezcla con el buen humor de uno que otro chiste para alegrarle el día a los fronterizos. Los protagonistas de este espectáculo son los payasitos Nene y Henry, la payasita Tryxy y la pintacaritas Vanny.
Los cuatro artistas se instalan en la Plaza de Armas, justo enfrente de Catedral con sus pelucas de colores vibrantes, al igual que sus trajes coloridos que los caracterizan y que atraen las miradas curiosas de quienes pasan alrededor.
Nene y Henry, con sus narices rojas y zapatos grandes, hacen carcajear a la gente que va caminando y que escuchan el espectáculo.
Tryxy, la más pequeña del grupo, añade el toque de ternura durante el show. Mientras que Vanny con su pincel mágico va alegrando la cara y los corazones de niños y niñas que se forman para que les alegre su rostro.
«Para mi ser payaso es la vida misma, porque yo fui en aquellos tiempos niño de la calle pidiendo un taco, pidiendo para comer, para sobrevivir … Se burlaban mucho de mi voz y ahora esta voz es la que hace reír mucho a la gente», platica Nene.
Tryxy es payasita y Vanny pintacaritasVanny hace feliz a los niños pintandocaritas La singular voz de Nene fue lo que lo impulsó a ser payasito Junto todo el equipo: Nene, Henry, Tryxy y Vanny
El grupo de payasitos suele colocarse en la Plaza del Armas en la zona Centro / Fotos: Aimé Salinas
Para ellos ver reír a la gente es un gozo, además de la satisfacción que les da que les pidan una foto.
«Me hacen sentir en la nube. Me hacen sentir alguien importante, me hacen sentir bien», comenta.
Henry, es un payaso oriundo de Colombia, llegó a esta frontera en el mes de diciembre, pero ha encontrado una familia postiza que le ha dado una acogida cálida.
«Yo cuando llegue acá la gente no me daba trabajo, pues poco a poco, con el apoyo de ellos ya estoy saliendo adelante», dice.
La pintacaritas Vanny cuenta que estos espectáculos funcionan para pasar un rato agradable en familia y dedicarles tiempo a los niños, ya que se convertirán en recuerdos agradables para papás e hijos.
«Los invitamos a toda esa gente de Ciudad Juárez que venga, que les den tiempo a sus niños, acá vienes te ríes con la familia», agrega Henry.
Más que un simple espectáculo, el payasito Nene y sus compinches invitan a compartir y a reír juntos, con el fin de crear recuerdos que perduren en el corazón de cada familia.
Incluso en medio de la rutina, los motivan a que busquen un espacio para unirse a la magia de la risa y que los adultos, también se conviertan en pequeños otra vez.
“(Queremos) que salgan de esas cuatro paredes. Se agobian, piensan mal, yo le digo a esa ‘people’ que salgan, que se vengan un ratito aquí. No es un parque, pero es una sala de la risa. Yo le llamo así, sala de la risa porque vienen y se sientan y se ponen a reír con nosotros y ellos por amor a nosotros, pues nos regalan una moneda”, sentencia Nene.
The Texas Observer, a nonprofit investigative news outlet, originally published this article. Sign up for their weekly newsletter, or follow them on Facebook and Twitter.
Eleven-year-old Timothy Murray has many trophies displayed in a row by the wall of his room. During a video call, he shows me what he’s won from science projects, chess competitions, and coding programs, and ends with the largest one in his collection—a three-tiered, star-studded trophy he won as grand champion of the Brownsville Independent School District Elementary Science Fair in November 2022. It seems almost as tall as his 4-foot-1-inch frame. He explains that the project measured safety factors when driving over the Golden Gate Bridge by changing variables of speed, mass, and vehicle size.
It’s hard for me to keep up as Timothy speaks and gestures excitedly at his project’s colorful tri-fold board.
The project was the last one Timothy worked on with his father before his father died in April from multiple myeloma, a form of blood cancer. His dad had been sick since Timothy was two, and family outings were often trips to the hospital. As his cancer spread, Timothy’s dad never tried to hide his sickness. Rather, he demystified the disease, explaining the causes and the symptoms and preparing Timothy for his possible death.
Timothy says that because of his father, he wants to be an oncologist when he grows up, although his mom laughs about how everyone else thinks her son should be a lawyer since he likes to argue so much. His father taught him how to speak up and advocate for himself.
“My dad taught me what is wrong and right. Do this. Don’t do that. Finish projects as soon as I can. Because if I’m late, it can hurt my grades,” Timothy said. “My grades are very fragile right now: I have an 84 in spelling, the rest are in the 90s.”
Timothy and his father, also named Timothy Murray, at South Padre Island in November 2021. his father passed away in April. Courtesy Of Nadia Rincon
But Timothy’s efforts to speak out and request counseling for himself at the start of his fifth-grade school year at Palm Grove Elementary School led to what the family calls retaliation by Palm Grove Elementary School Principal Myrta Garza.
On September 8, school administrators told Timothy—who had irked the principal with requests for counseling and for clarification on school dress code policies—that another student alleged that he made threats against Garza. Timothy denied the allegation, but Garza called law enforcement, who detained him and placed him in solitary confinement for three days at the Darrell B. Hester Juvenile Detention Center in Brownsville.
Cameron County prosecutors pushed for Class C felony charges of “terroristic threat” and argued for two more weeks of detention. Instead, Judge Adela Kowalski-Garza ordered a safety risk evaluation and conditional release home until his hearing November 8.
Juvenile justice experts interviewed by the Texas Observer say the Brownsville Independent School District and police seem to have violated state laws and other rules in Timothy’s case that are intended to protect such young children from excessive law enforcement actions. These include a law that requires a school to undergo a fact-based, systemic threat assessment involving the parent to determine if there is an imminent threat warranting a referral to law enforcement and a Texas Supreme Court order that prohibits the handcuffing and shackling of young children. State law allows a minor to be placed in solitary confinement for 24 hours; staff at the detention center told Rincon her son was further isolated for COVID precautions.
“This was the choice of the school to refer to law enforcement, the choice of the law enforcement to detain the child, the choice of the prosecutor to charge him and try to trump up the charges,” said Renuka Rege, policy advisor at Texas Appleseed, a nonprofit that researches and advocates on many issues, including juvenile justice. “All of these things are failures in serving young kids.”
The Observer requested comment and information from Brownsville ISD Superintendent René Gutiérrez, district Police Chief Oscar Garcia, and Garza. We asked the district if officials had conducted a threat assessment, but the only response we received was from Director of Public Relations and Community Engagement Jason Moody, who wrote, “This case has been transferred to the Cameron County Juvenile Justice Department and is pending adjudication. Brownsville ISD cannot comment any further on this matter.”
Timothy displays awards for honor roll, academic achievement in reading and math, accelerated reading, and perfect attendance for the 2022-2023 school year. Courtesy of Nadia Rincon
Palm Grove Elementary School is a squat, tan building just five miles from the U.S.-Mexico border. There’s not much development surrounding the school in this semi-rural neighborhood of Brownsville. His mother, Nadia Rincon, moved her family there in 2020 after they could no longer afford housing in more-expensive Uvalde given growing medical expenses for Timothy’s father.
As a fourth grader at Palm Grove, Timothy came to rely on the support of a school counselor. According to Rincon, the counselor had guided him through his dad’s passing and encouraged him to continue working hard in order to get into the district’s gifted and talented program. So he was troubled when he didn’t see her, or any other counselor, as he started his fifth-grade year at the school in August.
“I didn’t know she had left. So I was kind of confused and I asked the principal where she was. She didn’t seem like she liked that. She just told me, ‘I’m in charge,’” Timothy said. He pressed the issue and told Garza that the school needed to have a counselor. “Then, she kind of pushed me aside.”
He later found out the counselor had moved to another school.
Palm Grove Elementary School Principal Myrta Garza. Credit: Palm Grove Elementary School
Timothy said that afterward, he felt like he was being picked on because Garza repeatedly admonished him. First for his haircut. And then for not wearing a school uniform—a rule that had not been enforced the prior year. There is no dress code policy posted on the school’s website and most photos show students not wearing uniforms. Timothy wrote three handwritten letters to Garza asking her to clarify if wearing the uniform was a school recommendation or policy. Garza never responded but, according to Timothy, would stand outside of his classroom or in the lunchroom to yell, “Uniform, Murray!”
“There would be kids behind me without uniforms, but they didn’t get screamed at,” Timothy said. “She would tell me, ‘Where’s your uniform? Otherwise, we’re going to kick you out of the ACE [afterschool] program, revoke your library privileges, revoke your lunch privileges.’”
Garza comes from a Brownsville education legacy. Her mother, Rachel Medina Ayala, was one of Brownsville Independent School District’s first female superintendents. Garza’s two sisters are also principals in the district.
“They all say, ‘You’re just like your mom; you’re following in her footsteps,’” Garza told the Brownsville Herald in 2021.
Patrick Hammes, organizer for the Brownsville Educators Stand Together union, was a special education teacher when Ayala served as a deputy superintendent in the district. Hammes remembers her as exacting.
“She ran things with an iron fist. She had her admirers, but there were a lot of people who were afraid of her,” he said. ”Myrta Garza is just like her mother.”
Last summer, the current superintendent, René Gutiérrez, announced a shake-up in the leadership on several campuses. Canales Elementary, where Garza was principal for four years, was targeted as needing improvement, and Garza was reassigned to Palm Grove. The former counselor and principal at Palm Grove were transferred to Canales Elementary School.
On September 3, Timothy sent an email to Gutiérrez. In the email Rincon shared with the Observer, Timothy writes that Garza “is picking on me without addressing my letters.” Timothy never received a response.
An email Timothy sent to Brownsville ISD superintendent René Gutiérrez
His ordeal began five days later. In the late morning of September 8, Timothy was pulled out of music class and ushered into a room where he found Garza, Assistant Principal Michelle Saucedo, a district police officer, and a counselor sent from the district’s central administrative office. He was told another student had just reported that Timothy said he was planning to kill the principal. Rincon said she was called and rushed to the school but was not allowed to be in the room while Timothy was being questioned.
“When the police officer had his body cam off, they were yelling and telling me, ‘We’re gonna go to the full extent. We’re gonna put you in a lockbox,’” Timothy said. “Then, when the body cam was finally on, they were so nice.”
Timothy told me he had explained to the school and district officials that the accusations were not true, that the only conversation he had that morning was with two other boys about wearing his sweater over his uniform.
Rincon has received only a school conduct referral form, on which administrators wrote that “Timothy told another student that his hair was messy because he was up all night to come up with a plan to kill Mrs. Garza (principal).” Underneath, Timothy wrote: “No I was not up all night I just forgot [to comb my hair].”
On the bottom of the form, administrators had written: “OSS [out-of-school suspension] 3 days 9/11-9/13.”
But instead of suspension, Garza summoned a police officer to arrest Timothy at school. In a video that Rincon shared with the Observer, Timothy puts his arms up on a wooden shelf and waits to be handcuffed as directed by a police officer. Wide-eyed and silent, he looks at his mom, who says, “My son wrote a letter to the school principal because she was retaliating against him, and now he is getting arrested.”
Timothy was brought to the Darrell B. Hester Juvenile Detention Center and put in solitary confinement for COVID precautions to await his hearing on Monday. Rincon said that officers refused to let her speak to her son until he started having a panic attack on Sunday.
“They allowed him to call me for five minutes because my son was having a crisis. He was crying so much. His eyes were all black. He heard somebody saying they wanted to accuse him of terroristic threat,” Rincon said.
Despite multiple requests, Rincon said she has received no further information from the school about the basis of the charges against her son.
Timothy and his Dad when he was in the 1st Grade. Courtesy Of Nadia Rincon.
Texas law does allow children as young as 10 to be arrested and charged criminally. But Texas Appleseed and other advocates have pushed the Texas legislators in recent years to embed more legal protections for students and parents to prevent arbitrary and excessive law enforcement actions, protections Rege said the school administrators, the district police, and the school district violated in Timothy’s case.
Under Senate Bill 11, passed in the 86th legislative session, all schools must involve diverse experts—including teachers, counselors, and administrators—to conduct a fact-based, systematic investigation to determine if there is an “imminent danger and safety concern” that requires law enforcement to intervene when there is a reported threat. Schools have to consider whether the reported threat is consistent with a student’s past behavior, past written or verbal communication, and whether the student has the means to carry out such a threat, among other factors. In Timothy’s case, the reported threat was not consistent with any past patterns. Rincon says her son had never received a behavioral conduct referral before this incident.
Further, HB 473, passed in the 88th legislative session, requires that school administrators notify and provide an opportunity for parents to participate and submit information in a school’s threat assessment proceedings. Thereafter, the threat assessment team must provide their findings to the parents. Rincon says none of this occurred. If the school did actually follow the threat assessment procedure, the district rejected Rincon’s request to provide her a copy of any such findings in a letter shared and reviewed by the Observer.
“The legislation says clearly that there’s supposed to be parental involvement both in the initial assessment, and then afterward the parent is supposed to be told what was the result of the assessment,” said Ellen Marrus, professor and director at the Center for Children, Law, and Policy at the University of Houston.
In addition, the Texas Supreme Court last year issued a ruling prohibiting the handcuffing or shackling of children in juvenile court proceedings unless the child presents a substantial risk of physically harming himself or others, or of flight from the courtroom. SB 133, passed in the 88th legislative session, also restricts the use of restraints on elementary school students on school campuses. Yet Timothy was handcuffed both at school and then again handcuffed and shackled by his ankles in court.
“We don’t know if Timothy even made this threat. This was based on a report by a student and really nothing to back it up. We don’t know if the school did a threat assessment. We don’t know on what basis the court could have found that Timothy presented a substantial risk of physical harm or flight at the time to handcuff him,” Rege said. “It’s not clear on what basis they could have found this to be an imminent threat warranting a referral to law enforcement. Unfortunately, that’s what they did.”
When Timothy arrived at the detention center, Rincon said Timothy was placed in solitary confinement from Friday afternoon until his hearing Monday morning. State regulations prohibit the isolation of a minor for more than 24 hours, but Rincon was told the detention center was isolating him for COVID precautions.
According to Rincon, that morning, prosecutors attempted to have Timothy charged with making a terroristic threat against a public servant, a third-degree felony, which could result in probation or possible further detention. Instead, Judge Adela Kowalski-Garza ordered a safety risk evaluation and conditional release that allowed him to attend school and remain at home until his hearing on November 8. Rincon and her son are asking a court-appointed attorney to seek that any charges be dropped. The attorney assigned to represent Timothy declined to comment.
“Timothy’s doing better. But he no longer feels safe to speak up when he needs something,” Rincon said.
When I ask Timothy how all of this has affected him, he says after a long moment of silence, “It put me under a lot of stress.”
After the incident, Rincon transferred Timothy to another elementary school where his former principal, the one whom Garza replaced, and counselor at Palm Grove Elementary now work. He says he can talk to them when he’s facing problems. He’s resumed his old routines and is dealing with more familiar stress these days—worrying about his grades, preparing for extracurricular contests, like the upcoming Battle of the Books contest, and studying to test into the gifted and talented program next year.
The Texas Observer, un medio de investigación de noticias sin fines de lucro, publicó originalmente este artículo. Suscríbase a su boletín semanal o sígalos en Facebook y Twitter
Un estudiante de quinto grado denunció haber sido intimidado por su director. Cinco días después, fue esposado y detenido.
Timothy Murray, de once años, tiene muchos trofeos colocados en fila junto a la pared de su habitación. Durante una videollamada, me muestra lo que ganó en proyectos científicos, competencias de ajedrez y programas de codificación, y termina con el más grande de su colección: un trofeo de tres niveles repleto de estrellas que ganó como gran campeón de la Feria de la Ciencia del Distrito Escolar Independiente de Brownsville en noviembre de 2022.
Parece casi tan alto como su estructura de poco más de un metro. Explica que el proyecto midió los factores de seguridad al conducir sobre el puente Golden Gate cambiando variables de velocidad, masa y tamaño de un vehículo.
Es difícil para mí seguir el ritmo mientras Timothy habla y señala con entusiasmo el tablero tríptico lleno de color de su proyecto.
El proyecto fue el último en el que Timothy trabajó con su padre antes de que éste muriera en abril a causa de mieloma múltiple, una forma de cáncer de la sangre. Su padre había estado enfermo desde que Timothy tenía dos años y las salidas familiares a menudo implicaban viajes al hospital.
A medida que su cáncer se propagaba, el padre de Timothy nunca trató de ocultar su enfermedad. Más bien, desmitificó la enfermedad, explicó las causas y los síntomas y preparó a Timoteo para su posible muerte.
Timothy dice que gracias a su padre quiere ser oncólogo cuando sea mayor, aunque su madre se ríe de que todos piensan que su hijo debería ser abogado ya que le gusta mucho discutir. Su padre le enseñó a hablar y defenderse a sí mismo.
“Mi papá me enseñó lo que está bien y mal. Haz esto. No hagas eso. Terminar los proyectos tan pronto como pueda. Porque si llego tarde, mis calificaciones pueden verse afectadas”, dijo Timothy. “Mis notas son muy frágiles en este momento: tengo un 84 en ortografía, el resto están en los 90”.
Timothy y su padre, también llamado Timothy Murray, en la Isla del Padre en noviembre de 2021. Su padre falleció en abril. Cortesía de Nadia Rincón.
Pero los esfuerzos de Timothy por hablar y solicitar asesoramiento para sí mismo al comienzo de su año escolar de quinto grado en la Escuela Primaria Palm Grove llevaron a lo que la familia llama represalias por parte de Myrta Garza, directora de la Escuela Primaria Palm Grove.
El 8 de septiembre, los administradores de la escuela le dijeron a Timothy, quien había irritado al director con solicitudes de asesoramiento y aclaraciones sobre las políticas del código de vestimenta escolar, que otro estudiante alegó que había amenazado a Garza.
Timothy negó la acusación, pero Garza llamó a la policía, quienes lo detuvieron y lo pusieron en régimen de aislamiento durante tres días en el Centro de Detención Juvenil Darrell B. Hester en Brownsville.
Los fiscales del condado de Cameron presionaron para que se presentaran cargos por delitos graves de clase C de “amenaza terrorista” y solicitaron dos semanas más de detención. En cambio, la jueza Adela Kowalski-Garza ordenó una evaluación de riesgos de seguridad y libertad condicional en su domicilio hasta su audiencia el 8 de noviembre.
Expertos en justicia juvenil entrevistados por el Observador de Texas dicen que el Distrito Escolar Independiente de Brownsville y la policía parecen haber violado las leyes estatales y otras reglas en el caso de Timothy que tienen como objetivo proteger a niños tan pequeños de acciones policiales excesivas.
Estos incluyen una ley que exige que una escuela se someta a una evaluación de amenazas sistémica basada en hechos que involucre a los padres para determinar si existe una amenaza inminente que justifique una remisión a las autoridades y una orden de la Corte Suprema de Texas que prohíbe esposar y encadenar a niños pequeños.
«Esta fue la elección de la escuela de referirse a las autoridades, la elección de las autoridades de detener al niño, la elección del fiscal de acusarlo y tratar de inventar los cargos», dijo Renuka Rege, asesora de políticas de Texas Appleseed, una organización sin fines de lucro que investiga y aboga por muchos temas, incluida la justicia juvenil.
«Todas estas cosas son fracasos en el servicio a los niños pequeños».
El Observador solicitó comentarios e información al superintendente del distrito escolar independiente de Brownsville, René Gutiérrez, al jefe de policía del distrito, Oscar García, y a Garza.
Le preguntamos al Distrito si los funcionarios habían realizado una evaluación de amenazas, pero la única respuesta que recibimos fue del Director de Relaciones Públicas y Participación Comunitaria Jason Moody, quien escribió: “Este caso ha sido transferido al Departamento de Justicia Juvenil del Condado de Cameron y está pendiente de adjudicación. El Distrito Escolar de Brownsville no puede hacer más comentarios sobre este asunto”.
Timothy muestra premios por cuadro de honor, logros académicos en lectura y matemáticas, lectura acelerada y asistencia perfecta para el año escolar 2022-2023. Cortesía de Nadia Rincón.
La Escuela Primaria Palm Grove es un edificio achaparrado y color canela a sólo cinco millas de la frontera entre Estados Unidos y México. No hay mucho desarrollo alrededor de la escuela en este vecindario semirrural de Brownsville. Su madre, Nadia Rincón, mudó a su familia allí en 2020 después de que ya no podían pagar una vivienda en Uvalde, que era más cara, debido a los crecientes gastos médicos del padre de Timothy.
Como estudiante de cuarto grado en Palm Grove, Timothy llegó a depender del apoyo de una consejera escolar. Según Rincón, la consejera lo guió durante el fallecimiento de su padre y lo animó a continuar trabajando duro para ingresar al programa de niños superdotados y talentosos del distrito. Por eso se preocupó cuando no la vio a ella ni a ningún otro consejero cuando comenzó su quinto grado en la escuela en agosto.
“No sabía que ella se había ido. Entonces estaba un poco confundido y le pregunté a la directora dónde estaba. Como que a ella no pareció gustarle eso. Ella simplemente me dijo: ‘Yo estoy a cargo’”, dijo Timothy. Insistió en el tema y le dijo a Garza que la escuela necesitaba tener un consejero. “Entonces, ella me hizo a un lado”.
Más tarde descubrió que la consejera se había mudado a otra escuela.
Myrta Garza, directora de la Escuela Primaria Palm Grove. Crédito: Escuela Primaria Palm Grove
Timothy dijo que después sintió que lo estaban molestando porque Garza lo amonestó repetidamente. Primero por su corte de pelo. Y luego por no usar uniforme escolar, una regla que no se había aplicado el año anterior.
No existe una política de código de vestimenta publicada en el sitio web de la escuela y la mayoría de fotos muestran a los estudiantes sin uniforme. Timothy le escribió a mano tres cartas a Garza pidiéndole que aclarara si usar el uniforme era una recomendación o política de la escuela. Garza nunca respondió pero, según Timothy, se paraba afuera de su salón de clases o en el comedor para gritar: «¡Uniforme, Murray!»
“Había niños detrás de mí sin uniformes, pero no les gritaban”, dijo Timothy. “Ella me decía: ‘¿Dónde está tu uniforme? De lo contrario, lo expulsaremos del programa ACE [después de la escuela], revocaremos sus privilegios de biblioteca, revocaremos sus privilegios de almuerzo’”.
Garza proviene de un legado educativo de Brownsville. Su madre, Rachel Medina Ayala, fue una de las primeras mujeres superintendentes del Distrito Escolar Independiente de Brownsville. Las dos hermanas de Garza también son directoras del distrito.
“Todos dicen: ‘Eres como tu mamá; estás siguiendo sus pasos’”, Garza dijo al Heraldo de Brownsville en 2021.
Patrick Hammes, organizador del sindicato Educators Stand Together de Brownsville, era maestro de educación especial cuando Ayala se desempeñaba como superintendente adjunto en el distrito. Hammes la recuerda como exigente.
“Ella dirigió las cosas con mano de hierro. Tenía admiradores, pero había mucha gente que le tenía miedo”, afirmó. “Myrta Garza es igual a su madre”.
El verano pasado, el actual superintendente, René Gutiérrez, anunció una reorganización en el liderazgo en varios campus. La primaria Canales, donde Garza fue directora durante cuatro años, fue considerada como un plantel que necesitada de mejoras, y Garza fue reasignada a Palm Grove. El ex consejero y director de Palm Grove fueron transferidos a la Escuela Primaria Canales.
El 3 de septiembre, Timothy envió un correo electrónico a Gutiérrez. En el correo electrónico que Rincón compartió con el Observador, Timothy escribe que Garza “se está metiendo conmigo sin consideración por mis cartas”. Timothy nunca recibió una respuesta.
Un correo electrónico que Timothy envió al superintendente de Brownsville ISD, René Gutiérrez.
Su calvario comenzó cinco días después. A última hora de la mañana del 8 de septiembre, sacaron a Timothy de su clase de música y lo llevaron a un salón donde encontró a Garza, la subdirectora Michelle Saucedo, un oficial de policía del distrito y un consejero enviado desde la oficina administrativa central del distrito.
Le dijeron que otro estudiante acababa de informar que Timothy había dicho que planeaba matar al director. Rincón dijo que la llamaron y la llevaron rápidamente a la escuela, pero no le permitieron estar en la sala mientras interrogaban a Timothy.
“Cuando el oficial de policía apagó su cámara corporal, gritaban y me decían: ‘Vamos a llegar hasta el final’. Te pondremos en una caja fuerte’”, dijo Timothy. “Luego, cuando finalmente se encendió la cámara corporal, fueron muy amables”.
Timothy me dijo que había explicado a los funcionarios de la escuela y del distrito que las acusaciones no eran ciertas, que la única conversación que tuvo esa mañana fue con otros dos niños sobre usar su suéter sobre el uniforme.
Rincón ha recibido sólo un formulario de remisión de conducta escolar, en el que los administradores escribieron que “Timothy le dijo a otro estudiante que tenía el cabello desordenado porque estuvo despierto toda la noche ideando un plan para matar a la señora Garza (directora)”. Debajo, Timothy escribió: “No, no estuve despierto en toda la noche, simplemente me olvidé [de peinarme]”.
En la parte inferior del formulario, los administradores habían escrito: “OSS [suspensión fuera de la escuela] 3 días 9/11-9/13”.
Pero en lugar de suspenderlo, Garza citó a un oficial de policía para arrestar a Timothy en la escuela. En un video que Rincón compartió con el Observador, Timothy pone los brazos en alto sobre un estante de madera y espera a que lo esposen según las indicaciones de un oficial de policía. Con los ojos muy abiertos y en silencio, mira a su madre, quien dice: “Mi hijo le escribió una carta a la directora de la escuela porque ella estaba tomando represalias contra él y ahora lo arrestarán”.
Timothy fue llevado al Centro de Detención Juvenil Darrell B. Hester y puesto en régimen de aislamiento por precauciones de COVID en espera de su audiencia el lunes. Rincón dijo que los oficiales se negaron a dejarla hablar con su hijo hasta que comenzó a tener un ataque de pánico el domingo.
“Le permitieron llamarme cinco minutos porque mi hijo estaba teniendo una crisis. Estaba llorando mucho. Sus ojos eran todos negros. Escuchó a alguien decir que querían acusarlo de amenaza terrorista”, dijo Rincón.
A pesar de múltiples solicitudes, Rincón dijo que no ha recibido más información de la escuela sobre los fundamentos de los cargos contra su hijo.
Timothy y su papá cuando estaba en 1er grado. Cortesía de Nadia Rincón.
La ley de Texas permite arrestar y acusar penalmente a niños de hasta 10 años. Pero Texas Appleseed y otros defensores han presionado a los legisladores de Texas en los últimos años para que incorporen más protecciones legales para estudiantes y padres para evitar acciones policiales arbitrarias y excesivas, protecciones que, según Rege, los administradores escolares, la policía del distrito y el distrito escolar violaron en el caso de Timothy.
Según la Iniciativa de ley 11 del Senado, aprobada en la 86.ª sesión legislativa, todas las escuelas deben involucrar a diversos expertos, incluidos maestros, consejeros y administradores, para llevar a cabo una investigación sistemática basada en hechos para determinar si existe un «peligro inminente y una preocupación de seguridad» que requiera que las autoridades policiales actúe cuando haya un reporte de amenaza.
Las escuelas deben considerar si la amenaza reportada es consistente con el comportamiento pasado del estudiante, la comunicación escrita o verbal pasada, y si el estudiante tiene los medios para llevar a cabo dicha amenaza, entre otros factores. En el caso de Timothy, la amenaza reportada no era consistente con ningún patrón pasado. Rincón dice que su hijo nunca había recibido una remisión de conducta conductual antes de este incidente.
Además, la Iniciativa HB 473, aprobada en la 88ª sesión legislativa, requiere que los administradores escolares notifiquen y brinden una oportunidad para que los padres participen y presenten información en los procedimientos de evaluación de amenazas de una escuela.
A partir de entonces, el equipo de evaluación de amenazas debe comunicar sus conclusiones a los padres. Rincón dice que nada de esto ocurrió. Si la escuela realmente siguió el procedimiento de evaluación de amenazas, el distrito rechazó la solicitud de Rincón de proporcionarle una copia de dichos hallazgos en una carta compartida y revisada por el Observador.
«La legislación dice claramente que se supone que debe haber participación de los padres tanto en la evaluación inicial como después se supone que se les debe informar cuál fue el resultado de la evaluación», dijo Ellen Marrus, profesora y directora del Centro para Niños. Derecho y Política en la Universidad de Houston.
Además, el año pasado la Corte Suprema de Texas emitió un fallo prohibir el uso de esposas o grilletes de niños en procedimientos judiciales de menores, a menos que el niño presente un riesgo sustancial de dañarse físicamente a sí mismo o a otros, o de huir de la sala del tribunal. SB 133, aprobada en la 88.ª sesión legislativa, también restringe el uso de restricciones en los estudiantes de escuela primaria en los campus escolares. Sin embargo, Timothy fue esposado en la escuela y luego nuevamente esposado y encadenado por los tobillos en el tribunal.
“No sabemos si Timothy siquiera hizo esta amenaza. Esto se basó en un informe de un estudiante y realmente no hay nada que lo respalde. No sabemos si la escuela hizo una evaluación de amenazas. No sabemos sobre qué base el tribunal pudo haber determinado que Timothy presentaba un riesgo sustancial de daño físico o de fuga en el momento de esposarlo”, dijo Rege. “No está claro sobre qué base podrían haber considerado que se trataba de una amenaza inminente que justificaba una remisión a las autoridades. Desafortunadamente, eso es lo que hicieron”.
Cuando Timothy llegó al centro de detención, Rincón dijo que Timothy fue puesto en régimen de aislamiento desde el viernes por la tarde hasta su audiencia el lunes por la mañana. Las regulaciones estatales prohíben el aislamiento. de un menor durante más de 24 horas, pero a Rincón le dijeron que el centro de detención lo estaba aislando por precauciones de COVID.
Según Rincón, esa mañana, los fiscales intentaron acusar a Timothy de realizar una amenaza terrorista contra un servidor público, un delito grave de tercer grado, que podría resultado en una pena de prisión de dos a diez años.
En cambio, la jueza Adela Kowalski-Garza ordenó una evaluación de riesgos de seguridad y libertad condicional que le permite asistir a la escuela y permanecer en casa hasta su audiencia el 8 de noviembre.
Rincón y su hijo están pidiendo a un abogado designado por el tribunal que busque que se retiren los cargos. El abogado asignado para representar a Timothy declinó hacer comentarios.
“Timothy está mejor. Pero ya no se siente seguro para hablar cuando necesita algo”, dijo Rincón.
Cuando le pregunto a Timothy cómo le ha afectado todo esto, dice después de un largo momento de silencio: “Me puso bajo mucho estrés”.
Después del incidente, Rincón transfirió a Timothy a otra escuela primaria donde ahora trabaja su ex director, a quien Garza reemplazó, y consejero de la primaria Palm Grove.
Dice que puede hablar con ellos cuando tenga problemas. Ha retomado sus viejas rutinas y está lidiando con un estrés más familiar estos días: preocuparse por sus calificaciones, prepararse para concursos extracurriculares, como el próximo concurso La Batalla de los Libros, y estudiar para examinarse en el programa de superdotados y talentosos el próximo año.
