En medio de la creciente preocupación por la propagación del COVID-19 en Ciudad Juárez, una madre angustiada compartió su preocupación, luego de que su hijo resultó positivo, pero también se enteró de por lo menos otros cinco casos de maestros y familiares.
La madre, cuya identidad se mantiene anónima, expresó su preocupación por la salud de sus hijos y describió los desafíos que enfrentaron desde el inicio de los síntomas.
La madre relató que su hijo presentó síntomas de gripa por lo que acudió con un médico particular, el cual le diagnosticó gastroenteritis. Sin embargo, los síntomas persistieron, por lo que tras realizarle una prueba rápida de COVID-19 arrojó resultados positivos.
El niño también mencionó que varios de sus compañeros de escuela habían estado enfermos, dijo que después de realizarse una prueba de laboratorio, obtuvieron resultados positivos.
Dijo que para recibir atención médica acudió al ISSSTE, en donde había otras cinco personas con síntomas similares y quienes resultaron ser maestros e hijos de maestros.
Sin embargo, cuestionó que en la escuela no le permitieron faltar a su hijo, ya que debía presentar forzosamente una prueba de laboratorio para justificar la ausencia.
Madre de familia preocupada por casos de Covid-19
Debido a esta situación, Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación en la Zona Norte, quien refirió hasta el momento no han recibido ninguna instrucción por parte de las autoridades de salud.
Incluso dijo que no habían recibido notificaciones de casos de COVID-19 en las escuelas, por lo que las acciones que están tomando se basan en las invitaciones y pautas proporcionadas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
Cuando se le preguntó si habían detectado casos de alumnos enfermos, señaló no habían recibido informes que indicaran un aumento significativo de casos en las escuelas.
Así como subrayó la dificultad de revisar las 972 escuelas en su jurisdicción, por lo que se basan en los reportes proporcionados por los supervisores y directores.
En tanto que el doctor Rogelio Covarrubias Madrid, Director Médico de la Zona Norte, consideró que esta situación no debe estigmatizar a ningún plantel en particular.
Además, afirmó que el virus sigue presente y que, aunque las consecuencias graves no son tan frecuentes como en años anteriores, es fundamental mantener precauciones.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Entre Nuevo León y Yucatán hay más de dos mil kilómetros de distancia, aun así ambas entidades comparten un problema: Infancias en riesgo bajo la tutela del estado. Sobresalen las fugas, violencia y muerte de menores dentro de los Centros de Asistencia Social (CAS), hechos que constan en los datos proporcionados por las autoridades y obtenidos vía transparencia.
En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta el 2020, más de 60 mil niñas, niños y adolescentes fueron usuarios de los centros de alojamientos. Llegaron víctimas de delitos, por el desamparo o en un intento por cruzar la frontera con Estados Unidos.
Para cuidarlos, los gobiernos de estos dos estados dispusieron de más de 186.9 millones de pesos en el 2022. Recurso que no se reflejó en mejorar la calidad de vida de los menores, pues durante ese mismo año ocurrieron fugas, reportes de agresiones y muerte de menores en los centros.
Mediante más de 100 solicitudes de información, esta investigación buscó transparentar el uso de los recursos que recibieron estas dos entidades que, parecen muy alejadas territorialmente, pero que comparten las fallas del sistema y mantienen en la opacidad casos de presunta negligencia.
En Yucatán, por ejemplo, hubo inconsistencias por 12.9 millones de pesos en el presupuesto asignado en 2022 al único centro para menores que existe en la entidad, al mismo tiempo que las autoridades reportaban la fuga de menores del albergue.
Lo anterior debido a que el DIF de Yucatán contestó en una primera solicitud de información con fecha del 4 de septiembre del 2022 que el presupuesto asignado para ese año al albergue fue de 15 millones 763 mil 225 pesos, pero en una segunda respuesta con fecha del 23 de enero de 2023, indicó que el presupuesto había sido de 2 millones 791 mil 115 pesos para el 2022, una diferencia de 12.9 millones que no explicaron.
En Nuevo León, el albergue Fabriles -uno de los centros con mayor población en el estado-, contó con 28 millones 964 mil pesos en 2022 para la atención de las niñas, niños y adolescentes. Se trató de un incrementó del 112.9 por ciento en comparación con el 2021. Ese mismo año, el área de comunicación social informó de la muerte de Ángel y aseguró que la causa fue un dolor estomacal.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expresó que estos centros no cumplen con su objetivo principal, que es unificar a las familias, tal como marca el artículo 27 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino por el contrario, las separan.
Tal es el caso de Ana y José, unos hermanos que fueron enviados a dos hogares de acogida diferentes en Yucatán, mientras su abuela lleva más de una década luchando por su guarda y custodia.
Yucatán. Ana y José, separados sin un proceso legal
Del 2018 a 2022, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay, antes Prodemefa) atendió 880 expedientes relacionados con procesos de guarda y custodia, incluidos delitos cometidos contra menores.
Existen dos formas para resolver la situación jurídica de los menores bajo la tutela pública: que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán determine el no ejercicio de la acción penal en contra de los tutores denunciados; o el otro camino es que el Estado obtenga la sentencia del juicio de pérdida de patria potestad. Sin embargo, pocos casos llegan a un siguiente paso, que es cerrar la carpeta de investigación.
Del 2018 a 2022, la Prodennay presentó 43 denuncias que fueron judicializadas contra madres y padres de familia acusados de ejercer maltrato, y representó 47 juicios de pérdida de patria potestad, pero no detalló el estatus legal de los otros 790 expedientes, de acuerdo con los datos entregados vía transparencia.
Una consecuencia es la demora para resolver los procesos. Por ejemplo, el DIF de Yucatán, también reveló en una respuesta obtenida por transparencia, que el menor que lleva más años viviendo en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) tiene 16 años e ingresó al mes de su nacimiento.
Ana y José ingresaron en el 2011 al Caimede, después de que sus padres fueron arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, al no tener familia en Yucatán, terminaron siendo un expediente más.
Ese mismo año fueron entregados a su tía -concuña de su madre-, pero reingresaron al albergue del estado porque presuntamente los descuidaba. Tres años después, en 2014, los dos hermanos fueron separados y entregados a familias diferentes.
Durante todo ese proceso su abuela materna, Bertha Maribel Noh Montejo, estuvo peleando por recuperar a sus nietos. Asegura que por muchos años cumplió con los requisitos para obtener su custodia, pero la entonces Prodemefa se lo negó.
“Mis nietos van a crecer y algún día, si Dios me presta vida, van a crecer y se van a enterar por mi boca que nunca dejé de buscarlos, de escatimar porque el dinero viene y va. Nunca los abandoné. Viven en mi mente y corazón. En Mérida, Yucatán, están lucrando con los niños, porque eso hicieron con mis nietos. Se los entregaron al mejor postor”, dijo Bertha, quien lleva 12 años luchando por la guardia y custodia de sus nietos.
El caso de estos hermanos es uno entre tantos que muestra la realidad burocrática de las familias que intentan recuperar a los menores. “En el 2012 presenté una demanda en mi estado (Campeche) para poder ver a mis nietos y el juez le solicitó al DIF de Yucatán que trasladaran a mis nietos a Campeche en lo que terminaba el juicio y dijeron que no porque las leyes de cada estado son distintas. Al niño ya le cambiaron el apellido y dijeron que no podían hacerlo, pero lo hicieron”, declaró en entrevista.
Bertha interpuso un amparo en contra del juicio familiar de pérdida de patria potestad 4/2014, que promovió la procuradora de ese momento, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido. La autoridad judicial resolvió en 2021, que sus nietos permanecerán en los hogares de acogida y que conservarán el vínculo con la familia biológica, es decir, su madre y abuela, pero seguirán bajo la tutela pública del estado.
Sentencia en el que Ana y José quedan bajo la tutela del DIF Yucatán, posteriormente son separados, pese a que su abuela materna aún luchaba para que regresaran a casa. Crédito: cortesía.
A pesar de que José y Ana sí tenían una red familiar fueron separados y enviados a dos familias de acogida aunque el artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su inciso IX, señala que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado debe impulsar el fortalecimiento familiar y evitar la separación de sus padres o las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Por otro lado, Prodennay especificó que concluyeron 362 procesos de adopción del 2015 al 2022 por lo que el resto fueron adopciones directas, que es lo mismo que arreglos entre particulares.
En Yucatán de 2010 a 2022 se realizaron 333 juicios de pérdida de patria potestad y 362 adopciones concluidas. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Del 2018 a septiembre del 2022 había en proceso 200 adopciones. Del total, únicamente 50 fueron niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del estado. El resto fue un arreglo entre ambas partes.
De 2018 a 2022, se iniciaron 200 adopciones, 150 fueron directas entre las familias. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Caimede, ¿lugar seguro para los menores?
Manuel tenía cuatro años cuando ingresó al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) en Yucatán. Cinco años después, en diciembre de 2019 lo adoptaron. En casa, con su nueva familia empezó a manifestar comportamiento agresivo, tenía ataques de ira y ansiedad. Sus padres lo llevaron con especialistas y el diagnóstico resultó en secuelas de la violencia que vivió en el albergue del estado.
Su madre adoptiva, cuyo nombre se mantendrá bajo reserva por seguridad, explicó que él no ingresó al Caimede por violencia familiar o por ser víctima de un delito, sino que su familia lo entregó voluntariamente. No tenían recursos económicos para mantenerlo.
“Le hicieron pruebas externas neurológicas, no había problema. Lo atendió el psiquiatra y determinó que todo era conductual. Tenía crisis de ansiedad derivado de todo lo que vivió en el Caimede. Él no tiene recuerdos de pequeño. No fue un niño maltratado en sus primeros años y se supone que por no poder atenderlo lo llevaron ahí. Lo que sufrió fue adentro, y tú dices que es un lugar en donde, en teoría, los llevan o canalizan para que sean protegidos ¿Por qué le hicieron esto?”, expresó con tristeza la madre adoptiva de Manuel.
El proceso de adopción de Manuel inició en el 2013 y tardó seis años. Su madre relató que en ese lapso, el personal de la Prodennay perdió los expedientes en dos ocasiones. En diciembre del 2019, le prometieron que Manuel al fin se iría con ellos a casa, pero al final no fue así.
“Llegamos un día y dijeron que no se va, que haríamos como que sí, es decir, harían una simulación, sólo querían la foto. Yo dije que no podría hacerle esto a Manuel y que si no nos lo entregaban, saldría a decirlo. Pedí una cita con la procuradora Teresa Anguas Zapata, pero no me la dio”, relató la madre de Manuel, quien finalmente logró adoptarlo.
Ana salió del sistema DIF Yucatán hasta los 22 años
Ana ingresó a los cinco años de edad al Caideme y vivió bajo el sistema DIF hasta los 22 años sin que exista algún diagnóstico médico que justificara su permanencia. Al cumplir los nueve años, la entonces titular de la Prodemefa (Prodennay), Celia María Rivas Rodríguez solicitó el ingreso de la menor a Amor y Vida.
El DIF Yucatán solicitó el ingreso de Ana cuando aún era menor de edad al albergue Amor, de donde no la dejaban irse, pese a ser adulta. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Al cumplir 18 años, ya con mayoría de edad, Ana pidió regresar a su casa con su mamá, pero no se lo permitieron.
“La mamá se acercó para pedir que la dejen salir y la discriminaron porque es una señora con rezago económico, social y académico. La Prodennay le pedía carta de antecedentes no penales, comprobantes de ingreso, un estudio socioeconómico, psicológico, y cuando Ana ya era mayor de edad no había razón para estar privada de su libertad porque ya podía valerse por sí misma”, relató Moises Velázquez Cuevas, abogado que llevó el caso de Ana.
En julio de 2022 Ana le pidió ayuda a una persona que visitó Amor y Vida, así fue que llegó con el abogado Moisés Velásquez, quien logró liberarla el 2 de agosto de ese año. Él reiteró que no había argumento para tenerla retenida, ni un juicio de interdicción o la resolución judicial que la prive de sus derechos.
Carta de puño y letra de Ana, una mujer a la que no le permitían salir del sistema DIF Yucatán, pese a que ya era adulta. No había argumento legal para retenerla. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
“La interdicción total (privación judicial de los derechos) es inconstitucional, es violatoria de derechos fundamentales, porque cuando es total se les priva de tomar cualquier tipo de resolución”, apuntó Moisés, quien determinó que Ana estaba privada de su libertad ilegalmente.
¿Quiénes cuidan a las infancias de los albergues de Yucatán?
Para cuidar de las infancias, el Caimede tiene una plantilla de 302 trabajadores, de los cuáles 144 son niñeras, 14 vigilantes, siete médicos generales, 29 enfermeras, tres odontólogos, un puericulturista, un nutriólogo y 12 psicólogos; el resto son intendentes, personal administrativo o de limpieza.
El presupuesto que el gobierno de Yucatán invirtió en el Caimede disminuyó a partir del 2018, según se constató a través de solicitudes de información. Documentos que, a la par, señalan una inconsistencia de 12.9 millones de pesos en los recursos asignados en el 2022, como ya se mencionó anteriormente.
Se intentó conocer la postura de las autoridades en este tema y de los menores que vivieron violencia en el CAS y no hubo respuesta.
Presupuesto del único albergue del DIF Yucatán para menores del 2018 a 2022 e inconsistencia presupuestal del 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.Fabriles y Capullos: Los albergues con mayor presupuesto en NL
Fachada del Centro de Atención Social para NNA Fabriles en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Dos de los 10 albergues para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) atendidos por el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) son los que reciben el mayor presupuesto. Los ocho restantes no superan los dos millones y medio al año, según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia.
Se trata del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes «Capullos” y el Centro de Atención a Migrantes No Acompañados «Fabriles”, este último tenía un presupuesto de 4 millones 976 mil pesos en 2018 y aumentó a 28 millones 964 mil pesos en 2022, esto es 482 por ciento más.
Capullos también ha incrementado sus ingresos para operación. En 2018 recibió 87 millones 541 mil pesos; en 2019 fueron 95 millones 571 mil pesos; en 2020 fueron 108 millones 32 mil pesos; en 2021 le fueron asignados 102 millones 850 mil pesos y ya en el 2022 le autorizaron 120 millones 254 mil pesos de presupuesto, es decir 37.3 por ciento más en cuatro años.
A través de Transparencia, el DIF dio a conocer que la Procuraduría de Protección de NNA cuenta con los registros de 4 mil 362 NNA que han estado albergados en Capullos de 2018 a septiembre 2022; mientras que Fabriles ha tenido 3 mil 178 menores en los últimos cinco años; en 2021 fue el año que albergó a más NNA, un total de mil 332 vivieron en sus instalaciones. De los demás Centros de Asistencia Social no proporcionaron los datos.
Número total de niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo la tutela del DIF Nuevo León del 2018 a 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Número total de niñas, niños y adolescentes que fueron reintegrados con sus familias o familiares del 2018 a 2022 en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Con el presupuesto que reciben y la población promedio que llega cada año, Capullos y Fabriles podrían invertir 630 mil y 34 mil pesos, respectivamente, en cada uno de los menores que están bajo su cuidado. Esto contando que el presupuesto sólo se dedicara al cuidado de los infantes.
Presupuesto correspondiente al 2022 de los 12 Centros de Atención Social (CAS) que hay en Nuevo León. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Videonota de la muerte del menor Ángel dentro de Fabriles. Crédito: Captura de pantalla de noticiero de Telediario.
A finales de 2021, justo en el año que el albergue Fabriles contaba con su población más alta en los últimos cuatro años, llegó Ángel, un menor que llevaba toda su vida bajo el cuidado del Estado. Su estancia duró poco menos de tres meses, en febrero de 2022 se dio a conocer que el menor, de entonces 14 años, murió en el albergue tras presentar diversos malestares estomacales, de acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter del departamento de Comunicación Social del Gobierno de Nuevo León.
Comunicado oficial del DIF NL de la muerte del menor de nombre Ángel en Fabriles. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Después de la muerte de Ángel, el Congreso de Nuevo León conformó una Comisión Especial para que investigara los casos que se habían dado de maltrato infantil en la Casa Fabriles del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia.
Jessica Elodia Martínez Martínez, diputada local sin partido y química de profesión, fue la elegida para asumir la presidencia de esta Comisión. Ahí pudo estudiar el expediente de Ángel, su estado de salud y la medicación indicada, encontrando falta de registro de los medicamentos suministrados al menor durante los últimos días antes de su fallecimiento, además de la cremación acelerada de sus restos.
“En el expediente venía desde que llegó Ángel, todo lo que le habían estado dando de medicamentos o si tuviera una crisis de ansiedad; lo que había comido, todo venía ahí en ese expediente, pero a mí lo que me llamó la atención es que ese expediente terminaba el día 6 y el fallecimiento era o el 8 o el 9”, aseguró Martínez Martínez.
“Yo señalé eso en frente de la Comisión de Derechos Humanos, de que faltaban los últimos dos, tres días y me decía Miguel Ángel (entonces director del DIF): ‘¿Para qué quieren saber eso?’”, describió en entrevista telefónica la legisladora local.
Recordó que el ex director del DIF argumentó que la documentación faltante había sido llevada a Capullos y después le aseguró que fue entregada a la Fiscalía para ser integrada en la investigación.
Otra de las trabas que se encontraron en el caso fue la ausencia de la cámara del cuarto en el que estaba Ángel, “todos los cuartos tienen cámaras, eran tres cuartos y todos tenían su cámara, pero en el de Ángel ya no estaba y nada más dijeron que no estaba desde enero”, relató la diputada.
Estos puntos no fueron las únicas inconsistencias que Martínez encontró en el caso de Ángel, un niño al que habían señalado como alguien con problemas psiquiátricos, pero a pesar de eso lo enviaron a un albergue en el que no hay un solo médico psiquiatra.
“A veces cuando tenía alguna crisis le llamaban por teléfono al doctor en Capullos y él ya les decía qué tenía que tomar o qué no, o sea, su medicamento se lo controlaban desde Capullos”, narró.
Parte de los informes recabados por la diputada indicaron que Ángel estaba a punto de ser trasladado a un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México.
El caso, que en su inicio fue catalogado como una muerte natural, dio un giro en el 2023. En una ficha informativa publicada el 18 de mayo del 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que un Juez de Control vinculó a proceso penal a dos ex funcionarios por el caso de la muerte de Ángel, calificando el hecho como homicidio por el Ministerio Público.
El comunicado detalla que la imputación fue hacía Miguel Ángel ‘N’, Mauricio Miguel ‘N’ y Raymundo Francisco ‘N’. Las autoridades detallaron que Miguel Ángel ‘N’, quien desde febrero de este año ocupa la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, no pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo.
“Sin embargo, a Raymundo Francisco ‘N’ se le vinculó a proceso por el delito de homicidio, pero hasta el momento se encuentra prófugo y Mauricio Miguel ‘N’ fue vinculado por el delito de encubrimiento, ya que ordenó eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución, la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito cerrado de la misma institución.
Las nuevas declaraciones del Ministerio Público señalan que Raymundo Francisco ‘N’ fue quien presuntamente quitó la vida al menor dentro de las instalaciones de Fabriles.
“Ángel se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado, Raymundo Francisco ‘N’ golpeó su cara con puño cerrado, cayendo el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal, síntomas a los que durante las horas siguientes se sumaron los de debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes”, describe la información oficial.
En las solicitudes de información 191841722000791 y 191841722000794, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León negó proporcionar información del caso argumentando que se trata de información reservada y tampoco concedieron una entrevista. El departamento de Comunicación del DIF dijo que ni esa institución ni la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes podían hablar de una investigación en proceso y públicamente tampoco se ha abordado alguna resolución del caso en medios de comunicación hasta la fecha de publicación de esta investigación. Existe un velo por completo sobre el desarrollo de los casos que ocurren dentro de las instalaciones de estos albergues.
Faltan especialistas en los albergues
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León de 2020 a la fecha. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León (CEDH) declaró en entrevista, que tras la supuesta riña en Capullos, que llevó a Ángel a Fabriles, conversó con los menores, quienes se quejaron de malos tratos por parte de un guardia. Debido a todo esto, la CEDH emitió una serie de medidas precautorias al DIF y tomó la queja de oficio.
Posteriormente abrió una segunda queja por la muerte de Ángel, quien fue cremado en menos de 48 horas.
“Sobre todo por si la cremación se había hecho de acuerdo a lo que marcan, tanto los protocolos internos, determinar si tenían o no protocolos, si el medicamento que le proporcionaron era el adecuado, pero sobre todo, cómo se atendió la urgencia”, explicó Méndez Arellano.
La titular de la CEDH resaltó también el hecho de que en la entidad existe una carencia de médicos psiquiatras infantiles.
El directorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia tiene registrado únicamente un psiquiatra para la atención a los menores del albergue Capullos
Según el registro, el paidopsiquiatra Luis Carlos Rodríguez Briones, adscrito a la Subdirección de Centros de Atención a Menores, de octubre a diciembre de 2021 no prestaba sus servicios en Capullos y en 2022 sólo aparece en el listado de empleados durante el mes de enero y de mayo a diciembre.
En esa relación de especialistas de la institución aparece también la psiquiatra Daniela Sainid Alejandra Campos González, sin embargo, está adscrita al Programa de Atención a la Discapacidad, no a los albergues del Estado.Y
Yucatán vive la misma realidad, no cuenta con ningún especialista en psiquiatría y, conforme a los datos proporcionados por la dependencia, hay 17 menores de 13 a 17 años diagnosticados como pacientes psiquiátricos. Ninguno con la atención médica adecuada.
En el CAIMEDE también cometen delitos contra las infancias
Dentro del CAIMEDE del DIF Yucatán se registraron los delitos de violencia psicológica, familiar y sexual. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
En un periodo de cuatro años (2018-2022), dos niños del sexo masculino fallecieron. Uno tenía dos años y fue por cardiopatía, y otro de nueve años, quien murió por una enfermedad degenerativa, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades vía transparencia.
Del 2018 a 2022 se fugaron 16 menores de edad, nueve hombres y siete mujeres cuyas edades van de los 12 a los 17 años. Sólo uno fue encontrado y reintegrado con su familia.
Número de menores que han desaparecido bajo la tutela del DIF Yucatán de 2018 a 2022. Crédito: Claudia Victoria Arriaga Durán y Melva Frutos.
En enero de 2023 se reportó que dos mujeres adolescentes huyeron del Centro; durante la elaboración de este reportaje se contactó a los familiares de una de las jóvenes que escapó, y aseguraron que la menor contó que la mantenían sedada y tenía golpes en los brazos. Por temor a represalias pidieron mantener sus nombres en anonimato.
En los albergues de Nuevo León también se han reportado fugas. Según el DIF estatal, de 2018 a octubre de 2020 se han escapado nueve menores de Capullos, mientras que Fabriles ha presentado 43 fugas, destacando el 2021, año en que se registró la fuga masiva de 40 NNA.
Redim reconoce la existencia de castigos extremos en albergues
Tania Ramírez Hernández, Directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), confirmó que algunos centros en donde albergan a las infancias aplican castigos extremos y la justificación del personal es que la disciplina violenta los mantiene callados.
A ello se suma la constante medicación de los menores, “es parte de lo conflictivo en estas instituciones, que para mantenerlos quietos, a niñas y niños, pues a menudo existen dictámenes de trastornos del comportamiento, ante cosas que pueden ser más bien, discapacidades psicosociales originadas por el propio encierro, por el abandono familiar, etcétera”, explicó la directora de Redim.
En ambos extremos del territorio mexicano las infancias son las más vulneradas y cuando se encuentran al cuidado del Estado sus representantes colocan una malla que cubre la información para no poder acceder a la rendición de cuentas y sus procesos. Todo bajo el argumento de la protección de los derechos de los menores, esos mismos derechos que los datos revelan que ellos no respetan.
Lo anterior, luego de una reunión con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les presentaron un reporte del flujo migratorio de los últimos días y de las acciones prioritarias.
El funcionario comentó que actualmente la crisis migratoria también se está convirtiendo en un problema económico, toda vez que no se tiene fecha contemplada para la apertura del puente Córdova-Américas.
ESCUCHA NUESTRA COLABORACIÓN EN PLATAFORMA INFORMATIVA
En tanto que Roberto Juárez Granados, director del Centro de Salud «Todos Somos Mexicanos», el cual se encarga de dar servicio médico a la población migrante por parte de Gobierno del Estado, dio a conocer que han atendido al menos cinco personas migrantes con tuberculosis.
No obstante, el médico señaló que estos pacientes ya cruzaron a Estados Unidos, que los casos no fueron al mismo tiempo, sino que se han dado en diferentes etapas a lo largo del año.
Este lugar forma parte de una red de 23 unidades de salud en la zona Norte, en las que se ofrece atención de nivel primario, gratuito, para personas que no cuentan con derechohabiencia.
Respecto al tema de migración en las líneas fronterizas, autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) informaron que el Alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Troy A. Miller, se reunió el viernes pasado con funcionarios del Gobierno de México y de la industria ferroviaria en Ciudad Juárez, para discutir las medidas para hacer frente a las operaciones mejoradas de seguridad fronteriza en respuesta al aumento de los encuentros.
Miller agradeció la atención que se sigue prestando a los peligrosos desplazamientos de migrantes en vagones de ferrocarril, así como se refirió a la repercusión que el aumento de los recursos necesarios para procesar a los no ciudadanos inadmisibles tiene en la misión de aplicación de la CBP y en las operaciones en los puertos de entrada.
Aunque el sábado, se realizó la reanudación de las operaciones en el puente del cruce ferroviario internacional en Eagle Pass, Texas.
Cabe resaltar que durante el fin de semana, la Policía Municipal y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo por el bordo fronterizo, tras el arribo de personas migrantes a la frontera.
Your decaying clothes are evidence of the lack of care to which you are constantly exposed.
Even if you say nothing, you are a mute witness to all the omissions that are made against you and under your name.
Your longevity is also synonymous with resilience. For, without being in a war zone, you see how much of your armor is falling apart. You are lacking in functional framework
But «you don’t break,» as the saying goes.
It is not uncommon to walk among your arteries, your asphalt skin and see your scars or how your skin falls off; we pass over the damaged pavement and you don’t say a word.
You only see how drivers try to «dodge» the holes that have formed on you to avoid damaging their vehicles.
This is how you cry, Ciudad Juárez. You, who take in thousands of migrants in your space, thousands of compatriots and foreigners because of your humanitarian quality.
Your territory is large and so is your population, you represent the largest municipality in the state, but justice has not been done to you, because as the years go by and the rulers change, you see how the resources you generate escape to the capital, as if it were a handkerchief blown away by the wind.
Your borderland-born and adopted children only complain, but none of them have started a rebellion movement to demand what you deserve.
Everything is politics they say… but even punks and rebels do politics. An act of rebellion against the system is also politics, so you need more fighting sons.
Although you used to be known as a land of the fierce, the barbarians of the north, only the name remained, because sadly you see how they became a people of squatters, while you continue to lose part of your body without being healed.
Mexican filmmaker Arturo Ripstein will visit this border, where he will receive a tribute and will be part of a conversation, as part of the celebrations that the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez is celebrating for its 50 years of existence.
The first event to kick off the festivities will be a conversation with film director Arturo Ripstein, in which his wife and screenwriter, Paz Alicia Garciadiego, will also participate.
The discussion will take place on Friday, August 26 at the Gracia Pasquel Theater at 7 p.m. and another will take place on Saturday at 6 p.m. at the UACJ’s University Cinema Hall, where a tribute to the Mexican director will be held.
This tribute will also include the renaming of the UACJ’s movie theater after Mexican filmmaker Arturo Ripstein, which will be the first national and international theater to be named after this renowned Mexican filmmaker.
In addition, the UACJ will screen several of his works at the Cinito Universitario, such as El castillo de la pureza (Wednesday, August 23); El lugar sin límites (August 24); and on Sunday, August 27, they end with his most recent work, made in 2019, El diablo entre las piernas.
Renowned Mexican filmmaker Arturo Ripstein has undoubtedly left an indelible mark on the film industry with his distinctive approach and style. Throughout his career, Ripstein has directed a series of acclaimed films that explore human and social complexities with a unique touch. Here are some of his works:
Filmography:
Time to Die (1966): One of the first films directed by Ripstein, co-written by renowned writer Gabriel García Márquez, which deals with themes of revenge and fatality in a rural Mexican context.
El castillo de la pureza (1973): A masterpiece of Mexican cinema that follows the story of an obsessive man who keeps his family locked up at home to protect them from the «contamination» of the outside world.
La viuda negra (1977): Based on a real case, this film tells the life story of a woman who murdered several people out of inheritance. Ripstein addresses human nature and the dark side of desires.
Beginning and End (1993): An adaptation of Naguib Mahfouz’s novel of the same name that follows the life of a family over several decades in the midst of Mexico’s political and social changes.
Deep Crimson (1996): Inspired by a real murder case in Mexico City in the 1940s, this film follows the relationship between two men and a woman, exploring passion and violence.
El lugar sin límites (1977): Based on the novel by José Donoso, the film deals with life in a brothel in a small town, exploring themes of gender identity and personal struggles.
La perdición de los hombres (2000): An adaptation of a story by Juan Rulfo, this film follows a man confronting his inner demons and the violence that surrounds him.
The Reasons of the Heart (2011): A story of love and desire that explores human relationships and emotional motivations.
Bleak Street (2015): Inspired by a real case, this film tells the story of two elderly masked wrestlers who become involved in a tragic incident.
The Devil Between the Legs (2019): A film that deals with jealousy and sexual obsession, focusing on the relationship of a mature couple.
Arturo Ripstein has left an indelible mark on world cinema through his unique and provocative storytelling. His films have been acclaimed for their profound and critical approach to the human condition, which has established him as one of the most influential filmmakers in Mexico and beyond.
Trailer «El Diablo entre las piernas» (The Devil between the Legs)
As part of the UACJ’s 50th Anniversary celebrations, the ballet play «La fille mal gardeé» (The spoiled girl), a romantic comedy set in France, will also be presented this weekend, which they pointed out is a classic even older than The Nutcracker.
This staging will feature the participation of more than 40 dancers in action, and they pointed out that it is a completely new production, from the scenery to the costumes.
La fille mal gardeé will be presented on Saturday, August 26, at 7 p.m. and on Sunday, August 27, at 6 p.m., at the Gracia Pasquel Theater.
Tickets for this play will have a general cost of $100, which can be purchased at Sounds, DonBoletón or at the box office on the day of the event.
Settling in the United States for a «better life» is a recurring idea for people from Latin American countries in recent years. However, despite the «migrant waves», the Mexican population tops the list of people who tried to cross into the United States to obtain a «green card».
Compared to other Latin American countries, from 2020 to 2022, the number of Mexican migrants exceeded three times the number of encounters/deportations from Honduras and Guatemala, seven times those from El Salvador and eight times those from Venezuela, according to information from the U.S. Bureau of Customs and Border Protection (CBP).
National migrants rescued by INM personnel / Photo: Courtesy
This has meant for migrants who have tried to cross into the United States and settle, in addition to a tedious journey, making the same trip up to two or three times, due to the massive deportations or repatriations carried out by the U.S. government every year.
An example of this is that, from 2020 to 2022, the United States documented one million 801 thousand 26 «encounters» (deportations) of Mexicans, including men, women and children.
Although this does not necessarily correspond to the number of people deported, as the same person can be detained in these encounters on several occasions.
Title 8 and Title 42
In accordance with U.S. immigration law, deportations of migrants are carried out under Title 8 and Title 42 restrictions, the latter of which began to be implemented after the pandemic, as part of U.S. health measures to prevent the entry of foreign nationals.
Title 8 is a measure of the Immigration and Nationality Act (INA) enacted in 1952.
This restriction establishes that the Border Patrol detain and process migrants who cross the border irregularly, since the legal way to settle in the United States is through an asylum application, for various reasons.
It also states that if a person is removed under Title 8, they will be barred from entering the country for five years. In addition, these individuals will be detained in the U.S. until the U.S. can process their removal.
Two Mexican migrants were stranded for two days on a small island of the Rio Bravo in Ejido San Ramón/ Photo: Courtesy of INM
In the case of this measure, people who are expelled from the United States will no longer be able to process an asylum application to legally enter that country.
While Title 42 was a sanitary measure implemented as of March 21, 2020, for the expulsion of foreign persons, due to the Covid-19 alert worldwide.
Under this measure, migrants are immediately sent to Mexico, while through Title 8, people are temporarily detained in the United States until they can be sent to their countries of origin.
We are human and they call us Mexicans
According to information gathered by Circuito Frontera, the total number of deportations/encounters carried out by the United States in the last three years was 5 million 369,923, of people from Mexico, Honduras, Guatemala, El Salvador and Venezuela.
Of this total, Mexicans accounted for 33.5 percent, with 1,801,262 encounters in the same period of time.
During 2022, registered encounters of Mexicans by U.S. authorities were 823,57 with March, April and May registering the highest number of deportations. In those months, 82,361; 76,414 and 70,395 encounters were reported, respectively.
In addition, of this total, 751,559 correspond to single adult men and women; 40,820 to family groups; 28,31 to unaccompanied minors and 2,674 to accompanied minors.
This means that during the past year, U.S. authorities registered a total of 30,705 encounters of minors, which corresponds to 3.73 percent of the total deportations of Mexicans in 2022.
It is worth noting that the number of unaccompanied minors has been increasing since 2020, as 34,126 encounters were reported in that year; 147,945 in 2021 and 152,880 in 2022.
Tijuana is the preferred place for Mexicans to cross into Mexico
Circuito Frontera interviewed Jesús Peña, PhD researcher at the Department of Social Studies of the Colegio de la Frontera Norte based in Ciudad Juarez, who reported that, according to the Mexican Border Migration Survey (EMIF) in the northern region, neither Ciudad Juarez nor the state of Chihuahua in general were among the main crossings used by Mexicans to enter the United States.
Said that the survey represents the deported Mexican population over 18 years of age who were captured at 12 INM border repatriation points, including the Guadalajara and CDMX airports.
He explained that, according to this survey, from July to December of last year, the U.S. government deported 87,340 Mexican adults between the ages of 18 and 45 to Mexico through the northern border.
Study also showed that of the people who crossed into the United States during 2022, was a total of 67,520 entered the country the same year.
The specialist mentioned that the main cities were Tijuana with 28 percent; Mexicali and Tamaulipas with 9 percent, as well as Nogales and Río Colorado with 5 percent
He explained that 7 out of 10 of the Mexican returnees interviewed indicated that they tried to settle in the United States to work.
One of the questions asked in the survey was how they chose the city where they would cross into the United States, and the first reason was the ease of crossing, with 35 percent, and the second reason was the destination, with 19 percent.
He also mentioned that according to the EMIF, during the past year a phenomenon that had not been recorded for decades was observed: the increase in the number of Mexican women migrants.
The specialist emphasized that this phenomenon had not been observed since 1995.
According to the survey, 16 percent of the crossings of deported Mexican nationals corresponded to women, while in other decades this figure did not even reach 8 percent.
In addition, the survey revealed that 25 percent of the people surveyed said they would attempt to cross into the United States in the next 7 days; 7 percent in three months; 63 percent answered that they would not cross in at least 3 and 6 months, while 2 percent said they did not know.
Also, only 4.3 percent said they tried to apply for asylum in the United States. Of this total, 20 percent said that after applying for asylum they were afraid to return to Mexico.
Of those 20 percent, 64 percent said they were afraid of returning to Mexico because of the climate of insecurity and violence in the country.
Mexicans sought to settle in the United States with tourist visas
Due to the problems faced by migrants who decide to pay for a «coyote» to enter the United States, in addition to the restrictions imposed by that country, the Mexican population in mobility sought other options such as «entering» through a tourist visa.
This was announced by Jesús Peña, PhD researcher at the Department of Social Studies of the Colegio de la Frontera Norte (COLEF) based in Ciudad Juárez.
The specialist indicated that this information was gathered through the Mexican Border Migration Survey (EMIF).
He also explained that Chihuahua was one of the states where there were fewer crossings of the Mexican migrant population. However, this does not necessarily mean that migration decreased, but rather that they sought alternatives such as the processing of tourist visas.
This was due to a series of factors such as avoiding a payment of at least 5 thousand dollars to organized crime by those involved in human trafficking, as well as the risks involved in this trip.
In this regard, it should be recalled that the United States maintains two modalities for the expulsion of foreigners from the country: Title 8 and Title 42.
Title 8 has been in force since 1952 and establishes that the Border Patrol may detain and process foreign nationals who enter the country in an irregular manner, and they will remain in detention until their removal from the country is processed.
The Title 42 measure is a sanitary restriction implemented as of March 21, 2020, for the removal of foreign nationals, due to the worldwide Covid-19 alert.
The researcher explained that, after the increase in restrictions, the Mexican population sought other alternatives, such as the use of tourist visas, which was also documented through the EMIF survey.
Also, the use of tourist visas to enter the United States was more notorious during the administration of the then president of that country, Donald Trump.
