Durante los últimos días, la ciudad ha experimentado altas temperaturas que han llevado a un aumento en las atenciones médicas por golpes de calor y deshidratación, de acuerdo con información de autoridades municipales.
Aunque, hasta el momento, no se han registrado defunciones relacionadas con este fenómeno, las autoridades de salud y representantes del gremio médico local advierten sobre la importancia de tomar precauciones.
De acuerdo con información del Pronóstico del Tiempo del Gobierno Federal, durante las últimas se han registrado temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando incluso hasta los 44.
Según informó Daphne Sanana Fernández, directora de Salud Municipal, es fundamental que la población extreme las precauciones ante las altas temperaturas.
Dijo que los golpes de calor y la deshidratación pueden tener efectos graves en la salud, especialmente en grupos vulnerables como los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.
La directora de Salud Municipal destacó que, si bien no se han reportado defunciones, se ha registrado un aumento en los casos de trabajadores municipales que han enfermado durante su jornada laboral debido al calor.
Señaló que es importante que las personas estén alertas a los síntomas que pueden indicar un golpe de calor o deshidratación, como dolor de cabeza, mareos y sensación de desmayo.
Ante estos síntomas, se recomienda buscar atención médica de inmediato y tomar medidas para refrescarse, como buscar lugares frescos, beber abundante agua y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor, agregó.
Sobre este tema Circuito Frontera platicó con el vicepresidente del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, Lorenzo Soberanes Maya, quien nos dijo, esta temporada ha sido de las más calurosas.
También que secundó que los adultos mayores y los niños son la población más vulnerable, por lo que es necesario extremar precauciones con ellos.
El médico dio a conocer una serie de recomendaciones que debería tomar en cuenta la población para evitar sufrir un golpe de calor o deshidratación.
Expuso, por ejemplo, que es importante que la comunidad no permanezca mucho tiempo dentro de los vehículos, sobre todo en las horas pico, pues si la temperatura ambiente es de 40 grados centígrados, dentro del automóvil la sensación térmica podría ser de 70.
Recomendaciones:
Beber agua con bicarbonato de sodio y una pizca de sal
Evitar el café y bebidas alcohólicas
Evitar por tiempos prolongados bajo el sol
Usar sombreros y sombrillas
Usar colores claros en la ropa
Aumentar el consumo de líquidos
Evitar estar en la calle entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
En Mexicali, Baja California, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) tiene mapeados 161 yonkes en la ciudad, pese a ello, el Ayuntamiento de Mexicali no cuenta con un padrón formal y solamente reconoce que nueve cuentan con permiso de uso de suelo; mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) del Estado tiene registrados únicamente a tres en esta ciudad y señala que un 90 por ciento de los establecimientos no cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental para operar, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de información por transparencia y entrevistas realizadas a los titulares de las dependencias responsables.
En Mexicali, Baja California, no hay un padrón oficial y completo de los yonkes que existen en esta ciudad, y las propias autoridades estatales y municipales reconocen que la mayoría de estos establecimientos operan sin contar con permisos de uso de suelo o ambientales, por lo que han iniciado con programas de regularización, de acuerdo con documentos solicitados por transparencia y entrevistas a funcionarios.
El artículo 6 de la Ley de que regula el funcionamiento y operación de yonkes establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) del estado debe elaborar un Registro Estatal de Yonkes, Recicladoras y Centros de acopio de materiales metálicos en el Estado, con la ayuda del municipio.
La dependencia estatal remitió a un Padrón Estatal de Prestadores de Servicio para el Manejo Integral de Residuos de Manejo Integral en el que incluye, no solo a los Yonkes, sino también a otros establecimientos de distintos giros como de recolección de basura y reciclaje, residuos industriales, grasas y aceites, entre otros. En este padrón la secretaría tiene registrados únicamente a tres yonkes de Mexicali, pese a que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mexicali ha identificado a 161.
Por su parte, el municipio contestó a una solicitud de información por transparencia que no cuenta con un padrón y que esto es competencia del estado.
El artículo 6 de la misma ley también establece que la secretaría estatal debe verificar e inspeccionar los yonkes, labor que le compete a la Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia, según lo informado mediante una solicitud de acceso a la información.
Sin embargo, la plantilla de personal de la secretaría indica que en esa dirección únicamente hay cinco personas que están asignadas a las tareas de auditoría, en todo el estado.
Mónica Juliana Vega Aguirre, titular de la SMADS, explicó que al iniciar la actual administración, en enero del 2022, encontraron un rezago en la inspección y auditoría de estos establecimientos.
“En los dos años previos a que nosotros arrancáramos trabajos en esta administración no había habido una sola inspección a estos sitios”, expresó.
Dijo que las inspecciones se realizan de dos maneras; ya sea mediante una denuncia ciudadana o a través de su programa de inspecciones.
“Iniciamos con un programa de regulación de los yonkes empezando por la zona costa, particularmente por Ensenada”, indicó.
La funcionaria explicó que este tipo de negocios requieren un Manifiesto de Impacto Ambiental y estar registrados ante el Padrón para el Manejo de Residuos Especiales del Estado.
Mónica Juliana Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California. Foto Juan Montes
“Para que puedan operar es indispensable que cuenten con un Manifiesto de Impacto Ambiental y con su registro de prestadores de residuos de manejo especial”, expresó la secretaria.
Vega Aguirre agregó que la Ley de Protección al Ambiente en Baja California señala en el artículo 187 que el no contar con un Manifiesto de Impacto Ambiental representa una irregularidad que puede traducirse en una sanción de casi dos millones de pesos.
La funcionaria dijo que cerca del 90 por ciento de estos negocios no cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental, aunque no precisó una cifra total pues reconoció que no tienen registro de todos en el padrón.
“Yo me atrevería a decir que el 90 por ciento de estos negocios; no puedo decirte un número porque no somos autoridad para tener un padrón de estos establecimientos derivado que nosotros únicamente contamos con el registro, particularmente en Mexicali, de cuatro yonkes”, expresó.
Pero, contrario a lo señalado por Mónica Vega Aguirre, en el padrón estatal únicamente aparecen tres empresas con registro vigente.
Vega Aguirre comentó que en 2022 iniciaron un programa de regularización de los yonkes en Baja California.
“Hasta el momento se encuentran 16 expedientes abiertos en el Estado, particularmente 10 están en Mexicali”, comentó.
La funcionaria estatal explicó que esos establecimientos ya fueron inspeccionados y están en proceso de recibir un dictamen de su situación, por lo que al momento no se encuentran regularizados.
“Tenemos, como te decía, 16 expedientes abiertos por no contar con su Manifiesto de Impacto Ambiental”, recalcó.
Ley causa confusión entre autoridades
Manuel Zamora Moreno, titular de la Dirección de Protección al Ambiente, declaró que los yonkes son considerados por el municipio como un comercio, por lo tanto, el municipio vigila el manejo de los residuos sólidos urbanos, tal y como lo establece el Reglamento de Protección al Ambiente de Mexicali.
“A veces hay una confusión de cómo funciona un yonke. Es muy importante que el dueño del yonke o el representante legal del yonke pueda describir su actividad para poder determinar exactamente la competencia”, expresó el director.
Manuel Zamora Moreno, director de Protección al Ambiente en Mexicali. Foto Juan Montes.
Agregó que debido a esa confusión no se realizaba una inspección de los yonkes y por ello no existe un padrón.
“Estamos volviendo a los inicios, solicitando a los yonkeros que saquen su licencia en específico para la comercialización de partes usadas”, indicó.
Por ello, el municipio ha realizado operativos en los que está solicitando la licencia ambiental a los propietarios de yonkes, para que puedan seguir operando. Dijo que anteriormente este documento se emitía de forma vitalicia, pero ahora tiene que revalidarse anualmente.
“Tenemos más de 20 empresas que tendrán su licencia que le llamamos definitiva, sin embargo, tenemos que estar trabajando para el tema de la revalidación, que desafortunadamente para ellos, van a tener que volver a iniciar el trámite de manera completa porque ya no operaría por el tema de que la revalidación tiene una vigencia por año ”, expresó.
En la licencia ambiental los yonkes deben especificar la actividad que realizan con el propósito de que puedan ser regularizados y empadronados.
Insistió en que la ambigüedad de la ley ha ocasionado una confusión en las responsabilidades de cada autoridad.
“Sí en una parte, se puede decir, (hay) ignorancia de cómo manejar o cómo interpretar la legislación y ahí es donde viene la confusión”, expresó.
Manuel Zamora Moreno explicó que además de la Dirección de Protección al Ambiente, otras dependencias del ayuntamiento vigilan el funcionamiento de los yonkes; por ejemplo, la Dirección de Administración Urbana, la Dirección de Bomberos, así como Protección Civil Municipal.
Mediante una solicitud de acceso a la información, la Dirección de Administración Urbana reconoció que solamente cuenta con nueve permisos de uso de suelo para estos establecimientos, pese a que, como ya se mencionó anteriormente, la Canaco tiene mapeados a 161.
Igualmente, en una solicitud de información, la Unidad Municipal de Protección Civil respondió que no realiza visitas de inspección a estos negocios.
En los yonkes es común ver todo tipo de residuos, los que según ambientalistas representa un daño al subsuelo.Foto Juan Montes.
De la misma forma, la Dirección de Bomberos reconoció en una respuesta por transparencia que entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2023 ha realizado 97 visitas, pero no ha emitido ninguna sanción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se declaró incompetente en las labores de vigilancia hacia los Yonkes, argumentando que la facultad es del Gobierno de Baja California.
Cateos de FGE confirma robo de vehículos y autopartes
Entre octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2023, la Fiscalía General del estado realizó en Mexicali al menos 83 cateos en yonkes de la ciudad, lo que derivó en 10 personas detenidas y 12 vehículos asegurados, confirmó la dependencia mediante una solicitud de acceso a la información.
Cesar Tadeo Sosa Alegría, coordinador de la Unidad de Robo a Vehículos en la FGE comentó durante una entrevista para este reportaje que han reforzado los operativos en estos establecimientos para inhibir la compra y venta de vehículos robados.
“Una cosa es llegar y pedir la autorización y la otra, a través de la investigación, poder ya ingresar de una manera autorizada por un juez y poder hacer detenciones, aseguramientos y que estos operativos trascienden más allá al ámbito judicial”, comentó.
Cesar Tadeo Sosa Alegría, coordinador de la Unidad de Robo a Vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto Juan Montes.
Sosa Alegría detalló que en caso de localizar un vehículo o una autoparte con reporte de robo realizan el aseguramiento del bien inmueble y detención al personal. Posteriormente se abre un procedimiento penal para determinar la manera en la que el yonke repara el daño.
“Derivado de esos cateos y de esos operativos, puedo mencionar que el año pasado hubo un caso de una desmanteladora aquí en el ejido Xochimilco donde se localizaron al interior alrededor de 14 vehículos que tenían reporte de robo y que habían sido robados en un lapso de una semana”, expuso.
Gustavo Lazos, propietario de un yonke en Mexicali desde hace 15 años, señaló que uno de los problemas es que se encuentran expuestos a ser relacionados con el robo de autopartes.
«De repente pecamos de confianzudos vamos a ponerlo así, de que cuando yo te vendo a ti un fierro, un motor, un arranque, para mejorarte el precio te digo: ‘Pues dame la tuya a cambio y te mejoro el precio’. Es muy común que se pida un cambio (…) para recuperar costos.
“Pero ahí es donde no sabemos de dónde viene, también los motores de dónde vienen, las piezas. Entonces yo también estoy dejando de hacer eso porque no resulta conveniente porque no sabes quién te lo está trayendo y cómo te lo están trayendo”, expresó.
El comerciante explicó que trabajan con la Fiscalía General del Estado (FGE) para buscar la manera de protegerse ante dichos inconvenientes.
Gustavo Lazos, propietario de “Yonke el tío”. Foto Juan Montes.
Dijo que han solicitado un plan de trabajo en donde se les capacite para llevar a cabo una correcta revisión de los vehículos, de manera que puedan detectar la legalidad o ilegalidad.
“Regularmente los vehículos que nosotros compramos los mandamos a revisión… Con el número de serie a través de WhatsApp envías la serie y ya te dicen si está para la venta o si no tiene problemas, si no tienen ningún problema de robo o algo así, un hecho ilícito que hayan cometido, ahí nosotros a través de Fiscalía lo revisamos”, explicó.
Daño ambiental no cuantificado
Isadora Clark Ordóñez, vicepresidenta del Colegio de Biólogos de Baja California, dio a conocer que dentro de los yonkes se encuentran tres tipos de residuos: desechos de oficina (sólido-urbano), llantas (manejo especial), y aceites (residuos peligrosos), acto que deriva en la intervención de autoridades municipales, estatales y federales, pero que genera ambigüedad en las atribuciones.
“Esta ambigüedad o esta totalidad en el manejo de los residuos ha permitido que no estén bajo la observación, la vigilancia”, expresó.
Señaló que en Mexicali existen demasiados comercios de este tipo y un alto porcentaje se encuentran en la informalidad, situación que los deja fuera de vigilancia.
Clark Ordóñez precisó que la comercialización de autopartes no es la única fuente de ingreso de los yonkes, por ejemplo, dijo, realizan acciones que representan una transgresión a la ley ambiental como la quema de llantas.
“Se queman cables para la extracción de cobre, porque el cobre pues es muy bien valorizado en términos de residuos y se quema la llanta por dos situaciones, en teoría de manera accidental, pero también porque las llantas tienen un núcleo metálico, que también puede ser valorizado”, expuso.
La bióloga agregó que la falta de regulación de yonkes ha generado que los establecimientos tengan problemas de tipo ambiental, como lo son atraer fauna nociva por situaciones de acumulación de basura y la quema de residuos a cielo abierto.
En los yonkes es común ver todo tipo de residuos, los que según ambientalistas representa un daño al subsuelo.Foto Juan Montes.
Si bien, el manejo de residuos de tipo especial como las llantas tiene consecuencias, al manejar residuos peligrosos el daño es mayor, señaló.
“Cuando desmantelan un auto hay necesidad no nada más de vaciar los tanques de gasolina, sino también de retirar las baterías, la gasolina es un residuo peligroso, es un residuo inflamable pero también el manejo de las baterías cuando éstas se van a transportar necesitan descargarse porque traen ácidos que también pueden ser inflamables”, dijo.
Clark Ordóñez reiteró que al desmantelar un auto se generan residuos peligrosos y de manejo especial, los cuales requieren inspección y vigilancia.
Gustavo Lazos, propietario de un yonke, comentó que el departamento de Bomberos realizaba una visita cada dos meses, mientras que la FGE cada dos o tres meses.
Uno de los residuos que mayor problema representa para los “yonkeros” son las llantas, por ello, se han apoyado en la Canaco y la DPA para realizar el confinamiento adecuado.
Lazos mencionó que otra de sus estrategias para el desecho de estos residuos es la colaboración con la asociación de llanteros, puesto que ellos necesitan neumáticos para demostrar el intercambio que se da en su venta.
Por otra parte, reconoció que tienen problemas con la correcta disposición del aceite de motor, puesto que el protocolo de reciclado no es claro.
Así mismo, Lazos precisó que Protección al Ambiente los obliga a que este residuo sea debidamente desechado en un lugar autorizado.
Otro problema ha sido el de las baterías, ya que son residuos peligrosos, pero regularmente estas no llegan a los yonkes.
Las llantas que proliferan en los yonkes requieren un manejo especial, de lo contrario pueden provocar accidentes. Foto Juan Montes.
El comerciante mencionó que los tres niveles de gobierno les han solicitado que la extracción del aceite se realice en un lugar adecuado para no afectar el subsuelo.
“Donde nosotros lo quitamos sí hay piso y luego ya lo trabajamos a través de un método en donde usamos aserrín que lo absorba, limpiamos y embolsamos el aserrín; se lo damos a un chavalo que se lleva el aceite residual”, expresó.
Declaró que, aunque desconocen el destino final del aceite, el servicio de recolección que tienen es gratis.
“Vienen regularmente cada mes, no saco mucho aceite”, dijo.
“Regularmente es poco el que se le saca al carro, al motor. Mira, hay gente que sí ocupa su vehículo y te compra el motorcito y te piden que no le quites el aceite al motor porque lo van a reutilizar para su carro, para ahorrarse”, comentó.
Por último, Gustavo Lazos señaló que para estar regulados ante la Secretaría de Medio Ambiente les solicitan como requisito estar registrados ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que tengan su documentación en regla, mismos requisitos que les piden para ser miembro de Canaco.
Un riesgo para la población
La noche del 30 de junio de 2019 se registró un incendió en el yonke “Meraz” ubicado en el poblado Benito Juárez del Valle de Mexicali.
Ricardo Moreno Flores, uno de los ciudadanos afectados que solicitó al municipio copia del acta de inspección al inmueble derivado del incendio, mencionó que dentro del terreno del yonke se encontraban acumuladas llantas, defensas de carros, tableros de vinil, tanques de gasolina, entre otras autopartes que desechan de los vehículos, las cuales son inflamables.
Se necesitaron tres máquinas de bomberos para apagar el incendio que amenazaba los predios conjuntos, tras dos horas de labor, logró ser sofocado, según consta en el reporte de las autoridades.
Yonkes crecen de forma exponencial
José Antonio Villa González, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali, precisó que actualmente existen aproximadamente 161 yonkes distribuidos en la zona urbana del municipio de los cuales 139 se encuentran afiliados al organismo.
Para estar afiliado a Canaco los “yonkeros” deben cumplir con varios requisitos, como lo son: acreditar su RFC; copia de identificación oficial; copia del acta constitutiva de la empresa; comprobante de domicilio; presentar fotografías del negocio; llenar solicitud de afiliación y cubrir el importe de la cuota correspondiente, y finalmente llenar el formato del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y cubrir la cuota.
“El dato que tenemos nosotros son 161 yonkes actualmente, de esos 161, que es una red que se mantiene en contacto aquí con la Cámara, tenemos 139 que están afiliados a Canaco”, dijo Villa.
“Dentro de lo que es la ciudad tenemos 83 que consideramos que están totalmente regulares (ante Canaco) y de esos, 56 que están en vía de ser regularizados”, agregó el dirigente de Canaco.
Un artículo publicado en 2010 por académicos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) señaló que ese año había en Mexicali 95 desmanteladoras, es decir, que la instalación de estos negocios habría incrementado en un 69.47 por ciento en los últimos 13 años.
Según el presidente de la Canaco, la falta de regulación de los yonkes se debe a que muchos se encuentran ubicados en zonas federales, por lo tanto, el municipio no tiene la facultad para expedir el permiso de uso de suelo.
José Antonio Villa González, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali. Foto Juan Montes.
Así mismo, Villa González señaló que quienes no están en zona federal rentan los espacios, situación que resulta limitante para el cambio de uso de suelo.
El dirigente empresarial mencionó que la mayor parte de los vehículos que se encuentran en los yonkes son importados desde Estados Unidos y se encuentran muy dañados, los cuales sirven para la venta de autopartes.
Comentó que actualmente el gobierno del estado ha iniciado un operativo para que los yonkes realicen la correcta disposición de desechos que ya no son vendidos.
“Nosotros como órgano empresarial lo que hacemos es precisamente hacerles llegar la información a los yonkeros y estar constantemente en contacto con ellos para que estén regulares”, expuso.
El presidente de Canaco mencionó que la Secretaría de Medio Ambiente ha solicitado que los residuos sean depositados en lugares autorizados por ellos mismos.
“Ahorita estamos en acercamiento de la autoridad para que nos pase lo que son los requisitos totales y quiénes son los autorizados para recibir, para que nuestros yonkeros se acerquen solamente a esas unidades”, expresó.
Debido a que dentro de estos negocios se encuentran materiales y desechos altamente inflamables, Canaco ha realizado una capacitación sobre el uso de extintores y sofocamiento de conatos de incendio.
La Canaco también contempla realizar un curso sobre primeros auxilios para los yonkeros, ya que existe el riesgo de que se presente un incidente mayor debido a los residuos que tienen en confinamiento.
El marbete por discapacidad es un distintivo colocado en vehículos que transportan a personas con discapacidad y permite acceder a estacionamientos exclusivos y otros beneficios.
Este distintivo se trata de un derecho al que cualquier persona que cuente con una discapacidad puede acceder y que puede tramitarse en las oficinas de la Coordinación General de Seguridad Vial en esta frontera.
Marbete de discapacidad temporal entregado por Seguridad Vial / Foto: Cortesía Municipio
El marbete por discapacidad temporal es una medida que busca garantizar este derecho y facilitar la movilidad de aquellas personas que, de manera temporal, enfrentan limitaciones en su capacidad de desplazamiento.
El trámite para obtener este documento es gratuito y tiene una vigencia de seis meses, así como pueden tramitarlo todas aquellas personas que se encuentren en una condición temporal de discapacidad, ya sea por una lesión, enfermedad o procedimiento médico.
Es importante destacar que el marbete por discapacidad temporal está destinado a aquellas personas que, aunque temporalmente, enfrentan limitaciones significativas en su movilidad y requieren apoyo en su desplazamiento.
Quienes deseen contar con este documento deberán acudir a las instalaciones de la CGSV, ubicadas en el bulevar Oscar Flores, casi esquina con bulevar Teófilo Borunda, de la colonia Partido Iglesias.
Los interesados deben presentar la siguiente documentación:
Constancia o certificado médico que acredite la discapacidad temporal.
Identificación con fotografía.
Acta de nacimiento.
Comprobante de domicilio vigente.
Licencia de conducir de la persona con discapacidad o del conductor.
Tarjeta de circulación del vehículo en el cual se trasladará al solicitante.
Es indispensable que la persona con discapacidad se presente para una valoración médica.
El horario regular de atención para este servicio es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
La obtención del marbete por discapacidad temporal es de vital importancia, ya que garantiza el acceso a estacionamientos exclusivos y otros beneficios diseñados para personas con discapacidad.
Además, promueve la concientización y el respeto hacia este sector de la población, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades.
En México, diversas leyes respaldan los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Salud. Estas leyes establecen la obligación de las autoridades de garantizar la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Aunque Rosalía no cobró por el concierto en el Zócalo capitalino, el Gobierno de la Ciudad de México tuvo que desembolsar más de 6 millones de pesos a Ocesa por “servicios de producción técnica” para realizar el evento
La multipremiada cantante española Rosalía cerró su gira Motomami World Tour, en América, en un megaconcierto gratuito celebrado el pasado 28 de abril, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 160 mil personas.
El concierto había sido anunciado 18 días antes con bombo y platillos por el gobierno capitalino, uno de los últimos eventos multitudinarios realizados antes de la renuncia de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno para competir por la candidatura presidencial de Morena.
El anuncio causó polémica debido al alto costo que el concierto de Rosalía tendría para los contribuyentes, en respuesta, Ocesa –la principal promotora de conciertos del país– lanzó un comunicado asegurando que la cantante española no cobraría ni un solo peso por presentarse en el Zócalo.
Sin embargo, esto no evitó que el gobierno de Claudia Sheinbaum no desembolsara varios millones de pesos por el concierto de la autora de Despechá.
Más de 160 mil personas fueron al Zócalo para ver a Rosalía. Foto: Gobierno de la Ciudad de México
6 millones de pesos para el concierto de Rosalía
Tras varias semanas de insistir a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México sobre el dinero público que se destinó al concierto de Rosalía en el Zócalo, la dependencia aseguró que gastaron 6 millones 75 mil 460 pesos en el evento.
Este dinero fue entregado a Ocesa para cubrir “los servicios de producción técnica” del concierto, de acuerdo con el convenio de colaboración que firmaron la empresa y la secretaría.
Los más de 6 millones de pesos se destinaron a cuestiones técnicas del evento, como audio, video, backline, iluminación, sobre escenario, generadores, delays,crew local, staff de producción, carpas, grandsupport, andamos, estructuras y rigging.
Captura del Anexo A del Convenio de Colaboración entre Ocesa y el Gobierno de la CDMX
El convenio de colaboración incluía, además del concierto de la cantante española, uno más con la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs –también gratuito y en el Zócalo–, por el que se desembolsó 4 millones 399 mil 200 pesos, bajo el mismo concepto.
Por ambos conciertos, el gobierno de Claudia Sheinbaum pagó un total de 10 millones 474 mil 660 pesos.
El convenio fue firmado el 2 de junio, es decir, 35 días después de haberse realizado el concierto de Rosalía en el Zócalo y un día antes del evento de Los Fabulosos Cadillacs en la misma Plaza de la Constitución..
Esto significa que primero se llevó a cabo el concierto de Rosalía y después se realizó el papeleo para ver cuánto iba a costar.
Las contradicciones de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Desde que se anunció el concierto de Rosalía en el Zócalo, en FrojiMX le preguntamos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México sobre el costo del evento, pero en más de una ocasión la dependencia dijo no tener información al respecto y cayó en contradicciones.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se realizaron seis solicitudes de información, en cinco de ellas se obtuvo una respuesta negativa por parte de la dependencia encabezada por Claudia Stella Curiel de Icaza.
En las cuatro primeras solicitudes, la Secretaría de Cultura de la ciudad argumentó que aún no había ocurrido el concierto y en consecuencia aún no tenía información sobre el gasto realizado.
La Secretaría de Cultura se negó varias veces a dar la información sobre el concierto de Rosalía. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.
Para la quinta solicitud de información, la dependencia aseguró que “no se había generado costo alguno” por el concierto de Rosalía.
No fue hasta el sexto y último intento que la Secretaría de Cultura capitalina entregó el convenio de colaboración con Ocesa y aseguró que se desembolsaron más de 6 millones de pesos en el evento de la cantante española.
La respuesta definitiva del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre el costo del concierto de Rosalía en el Zócalo contradice el resto de las versiones de la dependencia.
Durante el fin de semana se realizó la visita del aspirante de MORENA por la presidencia de la República Mexicana, Adán Augusto López, en Ciudad Juárez, mientras que este lunes ya se anunció la visita de otra aspirante: Claudia Sheinbaum.
La visita de quien fuera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se dio a conocer este lunes y tendrá lugar el próximo sábado, en un evento al que esperan al menos a 10 mil asistentes, dio a conocer la diputada Maria Antonieta Pérez Reyes.
Por su parte, Adan Augusto López fue recibido el sabado en un evento especial para estudiantes, y en una asamblea realizada en Plaza de Armas.
Luego, al día siguiente, el aspirante visitó otros municipios del Estado de Chihuahua.
El 15 de julio se cumplió un año del asesinato de Eric David Andrade, médico pasante que realizaba su servicio en el Hospital Integral de la comunidad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
El joven buscó atender a una persona del sexo masculino que llegó con otro acompañante por una intoxicación, asociada a una sobredosis de droga.
Eric también revisó a otro joven que tenía este mismo problema. Estos pacientes y sus acompañantes iniciaron una discusión y detonaron armas de fuego, hiriendo de muerte al estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), según información proporcionada en ese entonces por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
En el lugar, elementos de esta corporación levantaron 11 casquillos percutidos de arma de fuego; además se tenía identificados a los dos presuntos responsables de estos hechos.
Uno de ellos fue detenido casi de inmediato por las autoridades, mientras que el otro se encuentra prófugo, plenamente identificado y con un retrato hablado elaborado por la autoridad para esta investigación.
A Eric le faltaban 15 días para concluir su pasantía en aquel hospital. No era quien originalmente atendería a estos pacientes, pero fue enviado porque uno de los intoxicados incomodó a la trabajadora de la salud asignada de inicio, según se dio a conocer en los primeros testimonios recopilados por parte de la corporación estatal al personal de la salud de ese nosocomio.
A Eric le faltaban 15 días para concluir su pasantía. Foto: Cortesía.
Las autoridades del Gobierno de Durango dieron a conocer la detención de uno de los presuntos responsables de este asesinato, que responde al nombre de José Florentino “N”, de 21 años de edad, quien, al parecer, disparó una de las dos armas accionadas al interior del hospital.
Este hecho generó diversas manifestaciones, tanto en la capital del estado como en La Laguna de Coahuila y Durango, en las que estudiantes de la carrera de medicina de diferentes facultades, exigieron mejores condiciones para el desarrollo de su servicio social y pasantías. En ese momento, se reasignaron plazas y se evitó enviar a los jóvenes a puntos de riesgo.
Todo esto ocurrió en la administración del anterior gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a menos de tres meses de concluir su gestión, tuvo que dar cuenta a la población y a los estudiantes sobre cómo se iniciaron las investigaciones de la muerte de Eric.
Me encuentro en las instalaciones de @lobosuadmx, en un diálogo franco y abierto, escuchando a jóvenes estudiantes y autoridades educativas.
El Fiscal @DanielRochaMX1, presentó un informe sobre los hechos en que perdió la vida el Dr. Eric y la detención del presunto responsable. pic.twitter.com/STwIPKU8pi
— José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 17, 2022
La revictimización de Eric
Para su familia, Eric Andrade fue un joven que quiso cumplir un sueño: ayudar a los demás con su profesión, misma que estudiaron sus dos hermanos, anhelo que también compartía su padre Mauricio Andrade y que, por diversas razones, no pudo cursar esta carrera.
Lo que no se dio a conocer en su momento es que los allegados a Eric no fueron notificados de esta desgracia por alguna autoridad o por la universidad, sino a través de algunos medios de comunicación.
Asimismo, las autoridades tardaron horas en entregar el cuerpo del joven para darle sepultura.
Según relatos de los familiares, el asesinato ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde. Hasta la una de la mañana se trasladaron los restos del médico pasante del poblado El Salto a la ciudad de Durango, y hasta la una de la tarde, las autoridades concluyeron este proceso.
Otro obstáculo que enfrentó la familia fue que prácticamente ningún abogado de la localidad quiso representarlos, al parecer, los agresores estaban presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Un cuarto elemento que la familia refiere como irregularidad, es que tuvieron obstáculos para cobrar el seguro de vida al que tenían derecho, bajo el argumento de que se le debían seis meses de colegiaturas a la universidad, que en ese año se estimaron en un promedio de 5 mil pesos mensuales.
Cuando por fin recibieron un documento de parte de la Secretaría de Salud de Durango, se les ofrecieron 50 mil pesos para cubrir el seguro de vida, pero este escrito estaba condicionado a una cláusula en la que se especifica que “las partes reconocen y aceptan que los hechos registrados en el Hospital Integral de El Salto, perteneciente al Servicio de Salud de Durango, fueron causados por personal ajeno a la institución, por lo que no se reservan acción de tipo legal ya sea civil, penal, mercantil, así como de ninguna otra naturaleza en contra de la Secretaría de Salud ni del organismo público descentralizado denominado Servicio de Salud Durango, ni de sus titulares ni de ninguna otra persona”.
Con el cambio de gobierno en Durango, a finales de septiembre del año pasado, los familiares se vieron obligados a retomar las gestiones para el acceso a la justicia con las nuevas autoridades de la causa penal 1247/2022.
Documento de respuesta que emitió la Secretaría de Salud de Durango. Foto: Cortesía.
La FGED respondió con una prórroga para atenderlo, ya que tenían muchas carpetas de investigación pendientes. Esta dependencia aseguró que se estaba trabajando sobre la orden de detención del segundo implicado directamente en los hechos.
Carta enviada a la Fiscalía de Durango para pedir seguimiento al caso. Foto: Especial.
A más de 6 meses, el 11 de abril de 2023, los familiares enviaron un escrito dirigido a la actual fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que exigen la investigación, detención y proceso de las personas de esta corporación que “dejaron ir a los detenidos responsables y partícipes del asesinato del médico”, cita el documento.
Lo anterior, en referencia a que en las primeras 24 horas del crimen, le informaron a la familia de la detención de dos personas probables en la participación de estos hechos.
Después, a cinco días del asesinato, en entrevista con medios se dio a conocer que hay sólo un detenido. El 21 de julio de 2022, el entonces fiscal general, Daniel Rocha, informó directamente a los familiares que no había otro detenido por este caso, según dio a conocer Mauricio Andrade, padre de Eric.
El padre de Eric también señaló que, a la fecha, no se tiene una orden de aprehensión en contra del segundo presunto responsable y aseguró que probablemente se trata de la persona que realizó la mayor cantidad de disparos en ese lugar, pese a que las autoridades ya lo tienen plenamente identificado.
“No le deseo a nadie el dolor de perder a un hijo… es insoportable. Tampoco le deseo a nadie la impotencia de no darle la justicia ofrecida. Seguiré buscando la justicia hasta que no quede más fuerza en mi cuerpo, en mi corazón y en el cerebro”, expresó Mauricio Andrade en el escrito enviado a la Fiscalía.
También denunció que, en este nuevo gobierno estatal, la carpeta de investigación ha pasado por lo menos por cinco agentes del ministerio público y ninguno le ha abonado para el esclarecimiento del caso, por lo que consideró que hay un desinterés del actual gobierno de completar la investigación, al referir que desde septiembre del año pasado se buscó una reunión con el actual gobernador, Esteban Villegas, para dar cuenta de las presuntas anomalías que se presentaron en este proceso, sin obtener respuesta a dicha petición.
Carta enviada al gobernador Esteban Villegas. Foto: Especial.
“Solo hay una explicación: los agarraron y los dejaron ir y sólo que se quedaron con una”, manifestó Andrade.
En lo que refiere a Florentino “N”, la persona detenida por ser el segundo presunto responsable del asesinato, Mauricio Andrade expuso que sí se le vinculó a proceso, pero se violaron muchos derechos de los familiares ya que, a la fecha, no se les ha notificado de las audiencias que se han desarrollado.
“Yo solo recibí una notificación —hace seis meses— en la cual se me avisa por parte de la Fiscalía que se venció el plazo solicitado para las investigaciones, por lo menos para la persona detenida, y lo que sigue es que un juez determine una fecha para la audiencia intermedia, pero estamos inciertos de que nos vayan a avisar cuándo se realizará”, expresó el padre de Eric.
Agregó que no se explica por qué no les permiten que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por el delito de portación de arma de fuego.
Pese a estos obstáculos, la familia continúa con esta lucha y agradece a quienes han apoyado para visibilizar estas irregularidades.
Cabe señalar que Heridas Abiertas solicitó información a la vocería de la FGED y pese a que mostraron disposición para dar a conocer el estatus actual de este proceso legal y precisar si existe o no orden de aprehensión contra el segundo señalado en el asesinato de Eric, hasta la redacción de este artículo no se obtuvo una respuesta en concreto.
Eric fue asesinado y no cambió de fondo las condiciones para realizar las pasantías
“El tema de la violencia hacia médicos pasantes es el área más afectada dentro de la formación de médicos, y es un tema que se continúa manifestando”, señaló Rocío González, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF).
Aunque reconoció que, quizá a partir de los hechos que se registraron el año pasado, y en especial con la muerte de Eric, se pudo visibilizar más la problemática que se registra en el país, incluso, se pudo establecer comunicación con autoridades de manera más estrecha, pero las situaciones no han cambiado mucho.
Rocío González dijo que, como tal, no existe un registro o un seguimiento especializado por parte de alguna instancia de gobierno que dé continuidad a la impartición de justicia en hechos de agresión a médicos en formación, por lo que tampoco se conoce una cifra real de cuántos estudiantes de esta profesión han perdido la vida en los últimos años.
Por tal motivo, asociaciones como la AMMEF realizan sus propios estudios de la realidad que enfrentan los estudiantes de medicina. Así, hasta el año pasado, la organización daba cuenta que cuatro de cada diez pasantes sufrían amenazas, de un promedio de 6 mil jóvenes que año con año realizan su servicio social en comunidades alejadas del país.
En la publicación que se ubica en el blog de la AMMEF, se señala que la mayoría de los médicos pasantes reciben amenazas o el crimen organizado los secuestra.
La asociación estima que al menos un médico pasante fue asesinado anualmente en los últimos cinco años y considera que estos profesionistas en formación no deben ser enviados a áreas de riesgo, pues carecen de respaldo laboral y legal.
Sobre este punto, Rocío González, señaló que lo que estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 (Educación en Salud Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología), el seguimiento de las pasantías y servicios sociales se tiene que dar por parte de las instituciones a las que están adscritas y por parte de las universidades.
“Tristemente son médicos pasantes que, en caso de que tengan la oportunidad de denunciar, se topan con pared con la institución de Salud, y cuando recurren a la universidad en ocasiones son ayudados, pero las universidades también les dicen que están un poco atadas de manos porque primero está lo que les diga el Hospital o la clínica, y si la universidad se queja, pues les retiran las plazas”,manifestó Rocío González.
Añadió que, ante la falta de respaldo de parte de la universidad o de las instituciones de salud, el Colectivo Médicxs en Formación recibe y da seguimiento a un promedio de tres nuevas quejas por semana.
— Colectivo Médicxs en Formación (@Medsenformacion) July 14, 2023
La presidenta de la AMMEF señaló que, si bien, tras la muerte de Eric las autoridades de Durango se comprometieron a retirar las plazas para servicio social de las zonas que no contaran con las características mínimas para garantizar las seguridad e integridad de los pasantes, colegas de este estado refieren que estos sitios son ofertados de nueva cuenta en este año y los pasantes son enviados a sectores rurales.
Añadió que el médico pasante no se puede negar a tomar el sitio asignado, ya que es el requisito que pone el gobierno para expedir su título.
Aquellos médicos pasantes que terminan en plazas tipo C, es decir, que están ubicadas en comunidades rurales con una población dispersa inferior a dos mil 500 habitantes, se pueden enfrentar a que no se cuente con los servicios básicos, tampoco con la señal adecuada para comunicarse por celular con alguien de su confianza en caso de que se requiera.
Rocío González citó como ejemplo que existen médicos que son amenazados, incluso golpeados, porque algunas personas de esa zona ingresan a las clínicas a robar.
Advirtió que los grupos del crimen organizado, ubicados principalmente en las zonas serranas del norte del país, hacen secuestro exprés del médico pasante para que puedan atender algunos de sus integrantes, lo cual les genera temor porque, si algo sale mal, “es probable que no los regresen”.
Médicos pasantes en zonas de riesgo tienen una beca deficiente, ya que reciben al mes tres mil 600 pesos, con lo que tienen que hacer frente a los gastos de transporte, alimentación, incluso de hospedaje. Algunos tienen la ventaja de contar con el apoyo de sus padres.
La muerte de Eric Andrade movilizó a miles de estudiantes para pedir justicia por su caso y de otros pasantes asesinados. Foto: Archivo Heridas Abiertas.
Sobre por qué las corporaciones de seguridad no han realizado una relación aparte de los homicidios o delitos contra la integridad de los médicos pasantes, la presidenta de la AMMEF consideró que se debe a que lo integran al catálogo general de delitos que marca el Código Penal.
“Está como el caso de la doctora Mariana, de Chiapas, que se consideró un feminicidio, pero fuera de ahí, las estadísticas son un poco invisibilizadas porque todos los días ocurren actos de violencia que se quedan atrapadas en la denuncia que no llega ni a la Jurisdicción Sanitaria, o que se realizan en la universidad, pero que sólo se manejan de manera interna”, apuntó González.
A la espera de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes del país
Este fin de semana, se llevaron a cabo dos misas en la ciudad de Durango por el primer año del asesinato de Eric, ambas programadas por sus familias, quienes dijeron desconocer si la comunidad médica realizó alguna actividad para reiterar la exigencia de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes.
Por su parte, Rocío González expuso que es necesario que las autoridades y universidades establezcan diálogos directos con los estudiantes de medicina para llevar a cabo estas etapas con seguridad.
En tanto, los allegados a Eric esperan que de manera oficial les digan cuándo se llevarán a cabo las audiencias de Florentino “N”, uno de los presuntos responsables de la muerte de Eric, y si retomarán la búsqueda del otro probable autor material de estos lamentables hechos.
Asimismo, la familia ha decidido abrir la carpeta de investigación para aquellos medios de comunicación que busquen promover la verdad y dar un paso adelante para que tanto Eric, como otros médicos pasantes que han perdido la vida, puedan obtener justicia.
