En una audiencia pública que resonó con llamados a la acción y una evaluación crítica, por parte de activistas e integrantes de la sociedad civil con diputados estatales, activistas expresaron la eficacia limitada que tiene la Ley de Participación Ciudadana en el estado de Chihuahua.
Ana Félix, representante del Consejo Ciudadano «Somos Su Voz», destacó que la ley actual carece de consecuencias significativas para las autoridades que no cumplen con los mecanismos de participación ciudadana.
«Estamos aquí como Consejo Ciudadano Somos Su Voz porque la actual ley de participación ciudadana en el estado de Chihuahua sirve poco. Si quieren cumplir, lo hacen; si no, no pasa nada», señaló.
La representante de la agrupación señaló que recolectaron firmas durante varios días fuera de El Parque Central y, posteriormente, entregaron personalmente una solicitud de audiencia en Palacio de Gobierno de Chihuahua, buscando una audiencia pública con la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván.
Dijo que el propósito es abordar temas de importancia en el bienestar animal, como es el caso de Benito la jirafa y el estado general del Parque Central. Sin embargo, la solicitud fue ignorada, lo que resalta la falta de aplicación de la ley.
Ana Félix, representante de Consejo Ciudadano «Somos Su Voz»
Félix destacó que incluso compromisos expresados en una audiencia vía zoom por un representante gubernamental semanas atrás no se cumplieron.
«Estamos aquí para pedir y exigir de manera respetuosa a los legisladores que establezcan sanciones en la ley para las autoridades que incumplen y obstruyen los mecanismos de participación ciudadana (…) ¿De qué sirve que tengamos el derecho y las autoridades la obligación, si éstas incumplen con tanta facilidad?», cuestionó.
Además, instó a los legisladores a considerar reformas que fortalezcan la Ley de Participación Ciudadana en el estado, donde aseguren que las autoridades que no cumplan con sus obligaciones enfrenten consecuencias significativas, ya que la transparencia y la efectividad en los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales para fortalecer la democracia en el estado.
El evento se realizó este miércoles 22 de noviembre a las 5 de la tarde, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, la cual fue convocada por varias asociaciones entre las que se encuentran Política Colectiva, ESE-ERRE A.C., Comité de Vecinos Loreto A.C., La Caja de Herramientas, Karewa A.C., Salvemos los Cerros de Chihuahua.
También de la Red de Vecinos y Plan Estratégico de Juárez, así como por las y los consejeros ciudadanos Laura García Cerrillo, Ana de la Rosa Carpizo, Leonardo Rodríguez Varela y Abelamar Chacón.
Y por parte de las autoridades acudieron: Marisela Terrazas, Adriana Terrazas, Jael Arguelles, Rosana Díaz, Benjamín Carrera, Óscar Avitia, David Óscar Castrejón, Edin Cuauhtémoc Estrada, Gustavo De la Rosa Hickerson y Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Luego de una disputa de más 100 años, la zona del parque El Chamizal aún se mantiene en conflicto, pues a pesar de que una parte de este terreno fue regresado por Estados Unidos a México, conformando actualmente un espacio de 333.26 hectáreas, la tenencia de la tierra sigue sin regularizarse.
Mientras que, a principios de este 2023, el Municipio anunció que realizaron una solicitud para que la Federación certifique un total de 80 hectáreas como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), un tipo de área natural protegida.
Sin embargo, hasta la fecha esta certificación no se ha entregado, la cual además creó una serie de incertidumbres por parte de integrantes de la sociedad civil, ya que consideraron esta certificación permite que se siga concesionando un espacio público.
Al respecto, María Antonia Ríos, de la agrupación Chamizal Conciencia Ciudadana, platicó que es necesario que se regularice el tema del parque público, ya que existen áreas en el descuido y que incluso se han causado otros daños al prestarse a particulares.
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Dijo que existe una necesidad de regularizar la tenencia de El Chamizal, así como de analizar detenidamente las condiciones que rodean la preservación del parque como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, con el fin de garantizar que cualquier iniciativa sea sostenible y respetuosa con el entorno.
Reiteró particularmente que esta figura no suprime que se realicen actividades de tipo comercial en el parque, lo cual pone en riesgo la esencia de El Chamizal.
Vista área del parque público federal El Chamizal / Foto: Google Earth
La activista además comentó que el Ayuntamiento, si así lo quisiera, cuenta con las facultades para revertir los comodatos entregados en diferentes administraciones, lo cual ha sesgado su dimensión.
Consideró que El Chamizal no solo se trata de un espacio natural, sino también es un patrimonio cultural que demanda un enfoque integral, donde cuenten con una participación ciudadana más directa, para garantizar que la comunidad tenga voz en las decisiones que afectan a este parque.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
Aunque la empresa regiomontana PASA ha recibido multas y señalamientos por deficiencias en su servicio de recolección de basura en Torreón, además de que ha incumplido con compromisos establecidos en el contrato debido a que los consideraban inviables, año con año sus tarifas suben entre el 8 y 13 por ciento y en los últimos 12 años esto ha significado una ganancia de 2 mil 130 millones 498 mil 595 pesos para la empresa, de acuerdo con información obtenida por transparencia y entrevistas a funcionarios.
En 2011, Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA) y el Municipio de Torreón firmaron el contrato que se encuentra vigente para concesionar el servicio de recolección de basura por 15 años, en donde estipularon diversos compromisos que prometían traer beneficios económicos para el Ayuntamiento, como lo es la implementación de una planta de biogás y otra de separación de residuos sólidos.
En estos últimos 12 años, la empresa no ha llevado a cabo estos compromisos por considerarlos inviables financieramente, aunque durante este tiempo ha incrementado 129 por ciento sus ingresos, al pasar de 113.8 millones de pesos en 2011 a 260.4 millones de pesos en 2022, de acuerdo con información obtenida por transparencia.
Pero el Municipio no sólo no ha visto los beneficios económicos prometidos, sino que además, los altos costos de operación de PASA han llevado al Ayuntamiento a absorber parte de las funciones que le tocan a la empresa para ahorrarse costos.
La actual administración municipal encabezada por Román Alberto Cepeda erogó 71.5 millones de pesos, del 2022 hasta mayo de este año, en el programa La Ola, mediante el cual el Ayuntamiento complementa el barrido manual con 637 empleados municipales, a pesar de que esa labor forma parte de las acciones que PASA debe llevar a cabo para mantener limpia la ciudad, de acuerdo con el convenio.
Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, explicó que el Municipio absorbe esta función porque la tarifa que cobra la concesionaria por un kilómetro de barrido manual es suficiente para pagar a tres empleados de La Ola.
Aún así, la empresa ha aumentado su tarifa en los últimos años. En enero de 2022, año en que entró en funciones el actual alcalde Román Alberto Cepeda, el Ayuntamiento dio a conocer que PASA había incrementado 12 por ciento sus tarifas.
De acuerdo con una nota periodística publicada en Milenio en abril de ese año, el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, dijo que se trataba de un aumento excesivo e informó que se encontraban en una mesa de negociación con la empresa con la finalidad de lograr una reconsideración, misma que no fue posible.
El Municipio pidió entonces al Congreso del Estado de Coahuila la conformación de una comisión especial para el estudio, análisis y atención del funcionamiento de la concesión, misma que fue aprobada el 3 de mayo de 2022. Si bien dicha comisión fue creada en los días posteriores, hasta la fecha no ha sesionado.
Este año PASA volvió a subir sus tarifas, esta vez 13 por ciento, según consignaron medios locales.
El equipo de Plaza Pública acudió a las oficinas de PASA en Torreón el pasado 17 de noviembre para buscar la postura de la empresa en torno a esta investigación, pero se nos negó el acceso, primero por parte del personal de seguridad, y posteriormente por la encargada de capital humano, quien argumentó que en ese momento no había nadie que pudiera atender la entrevista o recibir la solicitud por escrito de la misma. Este medio también intentó contactar al gerente general de PASA en Torreón vía telefónica y WhatsApp, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.
Multan a PASA
Entre enero y abril de este 2023, el Municipio multó por 204 mil 898 pesos a PASA, de acuerdo con la respuesta a la solicitud con folio 051260800017423.
En una nota publicada en El Siglo de Torreón en mayo pasado, el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, señaló que algunas observaciones que le han realizado a la empresa son porque tiran o se les cae basura en su camino al relleno sanitario, y se han hecho descuentos por incumplimiento en el barrido de algunos tramos de la ciudad.
Entre enero y abril de este 2023, el Municipio multó por 204 mil 898 pesos a PASA. Algunas observaciones que se le han realizado a la empresa son porque tiran o se les cae basura en su camino al relleno sanitario e incumplen con el barrido de algunos tramos de la ciudad / FOTO: Jessica Ayala Barbosa
En su contestación, el Ayuntamiento explicó que las sanciones económicas se aplican como descuento: “Cada mes se rebaja el kilometraje y el servicio de recolección de carga trasera en donde se valora las fallas que tuvo la empresa PASA”, dice el documento firmado por Demetrio Zúñiga Sordo, director de Limpieza.
Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, dijo que todos los días llegan quejas por fallas en el servicio de PASA, la mayoría de ellas porque no pasa el camión o porque no se llevan todas las bolsas.
Torreón no es la única ciudad donde PASA ha sido multada por fallas en el servicio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, el Cabildo le impuso dos multas por más de 3 millones de pesos en total durante la presente administración de Cruz Pérez Cuéllar (2021-2024) por fallas como el incumplimiento de los recorridos de los camiones recolectores, y al término del contrato el pasado mes de septiembre no lo renovó, sino que lanzó una nueva licitación, de acuerdo con notas periodísticas publicadas en Yo Ciudadano.
Prefieren absorber barrido manual que pagarle más a PASA
Las respuestas a las solicitudes de información 0051260800003823 y 051260800017423 permiten observar que en 2022 el Ayuntamiento de Torreón pagó 259 millones de pesos a PASA por sus servicios, sin embargo, en ese mismo período tuvo que invertir otros 37.2 millones de pesos para pagarle al personal del programa La Ola para que realizara una parte del barrido manual de la ciudad, labor que según el contrato está entre las funciones de la concesionaria.
Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, explicó que el barrido manual de PASA se utiliza al mínimo porque sus costos son elevados.
“Es más barato y más efectivo dejar lo menor posible el contrato de PASA y nosotros contratar”, aseguró Villarreal Cuéllar.
Hasta mediados de este año, las erogaciones de la actual administración en el programa La Ola sumaban 71.5 millones de pesos, tomando en cuenta el citado pago de personal del año pasado, 18.1 millones de pesos por el mismo concepto en este 2023 hasta mayo y 16.2 millones de pesos utilizados para la adquisición de vehículos, instrumentos de limpieza, uniformes y equipo.
Aunque el programa La Ola le permite al Ayuntamiento ahorrar en el barrido manual, de todos modos tiene que pagarle a PASA por depositar los residuos recolectados en el relleno sanitario.
De acuerdo con Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos de Torreón, el Municipio ha absorbido parte del barrido manual porque la tarifa que cobra PASA por un kilómetro alcanza para pagarle a tres empleados de La Ola / FOTO: Jessica Ayala Barbosa
Un buen negocio para PASA
La empresa regiomontana PASA obtuvo la concesión del servicio de limpieza en Torreón hace 29 años, sólo tres años después de su fundación. En 1994 el entonces presidente municipal de Torreón, Mariano López Mercado, y Alberto Eugenio Garza Santos, representante legal de la empresa, firmaron el convenio por 15 años.
Después, en febrero de 2011, durante la administración encabezada por Eduardo Olmos Castro, el municipio otorgó a la empresa una prórroga de 15 años para prestar el servicio de limpieza en la ciudad, lo que le aseguró la continuidad de su negocio y la estabilidad a largo plazo.
En 12 de los 15 años que contempla la prórroga del convenio de PASA con el Ayuntamiento de Torreón, la concesionaria ha ganado 2 mil 130 millones 498 mil 595 pesos.
Para ponerlo en perspectiva, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el servicio se encareció hasta 200 por ciento, la concesión le representó a PASA un negocio de 3 mil 542 millones 797 mil 674 pesos durante los 17 años que duró su contrato, según la investigación de Yo Ciudadano.
La nota detalla que en la ciudad fronteriza la cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario alcanzó su nivel máximo en 2021 con 446 mil 008 toneladas.
En ese mismo año en Torreón ingresaron 213 mil 337 toneladas, de acuerdo con los datos contenidos en la respuesta a la solicitud 0051260800035922, efectuada en septiembre de 2022 por el ciudadano Pedro Ramírez Ramírez y disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Torreón genera, en promedio, alrededor de 575 toneladas de basura diariamente / FOTO: Luis Alberto López
En Torreón la factura de PASA crece año con año porque la empresa actualiza sus tarifas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
“Hay una fórmula que habla de la inflación, del salario mínimo, del precio del combustible y del Índice Nacional de Precios al Consumidor que nos lleva cada año a que suba la factura. Los dos principales insumos son el combustible y la mano de obra, para el barrido manual y la recolección. Por eso cada año la facturación sube entre el 8 y el 13 por ciento”, explicó Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón.
Cabe señalar que el contrato original, firmado en agosto de 1994, incluía una cláusula (la trigésimo primera) que abría la posibilidad a negociar la tarifa en caso de rebasar el tonelaje recolectado. Se estableció un tonelaje base de 400 toneladas diarias, y si la cantidad prevista era superada en más de un 10 por ciento, concesionaria y Municipio debían sentarse a negociar para acordar la infraestructura necesaria y los pagos procedentes.
Dicha cláusula fue eliminada del contrato de prórroga autorizado en 2011, lo que le ha permitido a PASA definir sus tarifas unilateralmente, sin negociar pagos con el municipio y utilizando como base la fórmula antes mencionada.
A mediados de 2009, el Ayuntamiento torreonense, con José Ángel Pérez como alcalde, anunció que no renovaría la concesión de PASA sino que haría una nueva licitación.
Pedro Ávila, entonces primer regidor, declaró a medios de comunicación que se tenía la oportunidad de otorgar una concesión ventajosa para el municipio.
Tras el anuncio, PASA recurrió al amparo, ya que en agosto de 2007 la concesionaria había solicitado una prórroga de los servicios concesionados por un plazo igual al otorgado de manera inicial, pero el Ayuntamiento nunca le respondió.
En octubre de 2009, el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, decidió conceder el amparo a la concesionaria para que el Ayuntamiento de Torreón le otorgara una prórroga por 15 años más a la empresa, en los mismos términos y condiciones que se pactaron en el contrato original.
Las autoridades municipales se inconformaron con el fallo del juez e interpusieron un recurso de revisión en contra, el cual fue turnado para su estudio y resolución al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
La administración de José Ángel Pérez concluyó sin que el asunto se resolviera y fue hasta febrero de 2011 que la administración de Eduardo Olmos Castro (2010-2013) prorrogó el convenio con la empresa tras analizar el caso.
El Municipio adujo, según consta en el dictamen de la Comisión de Gobernación municipal, que la decisión era “provechosa” para la ciudadanía de Torreón, ya que se consiguió un “descuento considerable” del 15 por ciento en las tarifas de la concesionaria.
Sin embargo, la prórroga concedida estuvo condicionada por el proceso judicial, ya que la administración de Olmos Castro consideró que si los tribunales fallaban contra el municipio, la autoridad torreonense se quedaría sin margen de maniobra para negociar con la empresa.
Otro de los beneficios obtenidos por PASA desde la negociación de la prórroga, además del concerniente a la tarifa, tiene que ver con la propiedad del relleno sanitario.
La cláusula décima del contrato de 1994 estipulaba el otorgamiento en comodato a la concesionaria los bienes inmuebles con que se prestaba el servicio en ese momento, sin crear ningún derecho real en favor de ésta. Más adelante, en la cláusula vigésimo tercera, se detalla entre las obligaciones del Municipio proporcionar, también en comodato, un sitio para un nuevo relleno sanitario.
En el convenio de prórroga de 2011, la cláusula quinta determina que al término de la vigencia del contrato los bienes muebles e inmuebles con que presta el servicio la concesionaria pasarán a ser propiedad del Municipio sin costo alguno, “con excepción del inmueble que se encuentra ubicado en el Municipio de Matamoros Coahuila y que en la actualidad es operado por la Concesionaria como relleno Sanitario, el cual queda bajo la propiedad, posesión y responsabilidad absoluta de la Concesionaria”.
De acuerdo con Rodolfo Walss Aurioles, diputado local, el hecho de que Torreón haya renunciado a esa propiedad le permite a la empresa cobrar tarifas por la disposición final de los residuos, en lugar de pagar renta por el uso de las instalaciones.
“Cuando termina una concesión, todos los equipos adquiridos, en este caso los camiones de basura, las tolvas, los contenedores, todo, todo, así como el relleno sanitario, debió haber pasado a manos del Municipio, pero cuando se renovó la concesión, el Municipio (…) renunció a esa propiedad y le regaló a PASA toda esa infraestructura”, expuso Walss Aurioles.
Además, en el convenio firmado en 1994, el Municipio acordó con PASA una tarifa por la disposición final de los desperdicios que ayudara a la empresa a recuperar el dinero invertido en la construcción del relleno sanitario, toda vez que al final de la concesión el terreno sería propiedad del municipio. En el segundo convenio, ese costo de recuperación ya no tendría que estar presente en la tarifa, señaló el diputado.
“Por eso los números no dan. Estamos pagando la disposición de basura sobre un terreno que debería ser de los torreonenses (…), la tarifa debería ser mucho menor a la que se viene cobrando año con año”, declaró el hoy legislador morenista.
Walss Aurioles fue secretario del Ayuntamiento en tiempos de José Ángel Pérez, es decir, estuvo en la primera línea de aquella administración que prometió negociar una concesión ventajosa para el Municipio. También fue regidor de oposición, por el PAN, durante la administración de Eduardo Olmos Castro, durante la que finalmente se acordó la prórroga.
Los beneficios prometidos y no cumplidos
En 2010, cuando el Municipio negociaba la prórroga del convenio con PASA, el entonces secretario del Ayuntamiento, Miguel Mery Ayup, habló de dos proyectos que se incluirían como obligación de PASA en el contrato de prórroga y que se traducirán en beneficios para Torreón: una planta de generación de biogás y una planta de reciclaje.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la concesionaria otorgaría al Municipio un 50 por ciento anual de las ganancias que obtuviera por el aprovechamiento del biogás, así como un 8 por ciento de la utilidad anual por el reciclado de la basura.
En el contrato, lo concerniente a la generación de biogás y el reparto de los beneficios quedó estipulado en el apartado B de la cláusula vigésima, pero condicionado a que la evaluación del proyecto fuera considerada positiva por ambas partes.
Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente de Torreón, comentó que, durante la administración municipal de Miguel Riquelme (2014-2016), PASA presentó una propuesta para aprovechar el gas y generar electricidad.
Sin embargo, no resultó rentable. Además, por las mismas fechas empezó a cobrar forma el Parque Solar Villanueva en el municipio de Viesca, de manera que aprovechar el biogás perdió atractivo.
“Sin embargo, el potencial ahí está”, comentó la directora de Medio Ambiente.
Por su parte, Rodolfo Walss Aurioles, diputado local, consideró que el relleno sanitario está construido de tal manera que tiene la posibilidad de captar el biogás y de explotarlo.
“Ese biogás debería ser propiedad del Municipio porque el Municipio debería ser el dueño del terreno”, expuso el diputado de Morena.
En diciembre de 2018, PASA propuso al Municipio un servicio de autoabastecimiento de electricidad mediante una planta de biogás. El Ayuntamiento, a través de Hernán Sirgo Ortiz, en ese entonces tesorero municipal, rechazó la oferta porque el ahorro que representaba para el municipio era muy bajo.
En marzo de 2019, PASA anunció la construcción de plantas de generación de electricidad a través de biogás en León (Guanajuato), Tijuana (Baja California) y Torreón. En los dos primeros casos, la empresa convino vender la energía a los municipios donde se ubican las instalaciones; en el de Torreón, PASA planeaba enviar la electricidad al centro del país, probablemente a Puebla, de acuerdo con una nota periodística publicada por El Financiero en 2019.
A través de la solicitud de información con folio 051260800017423 Plaza Pública pidió al Ayuntamiento datos relacionados tanto con el proyecto de la planta recicladora como de la planta de biogás: ¿en qué estatus van? ¿Se han hecho análisis de viabilidad? ¿Se ha invertido en algún proyecto piloto?, fueron algunas de las preguntas.
“El proyecto de biogás y generación de energía está detenido por una autorización de la CRE, por lo tanto está en pausa este proyecto hasta obtener la autorización, se tiene previsto un triturador y reciclaje de neumáticos, aún no se realiza el estudio de viabilidad”, dice la respuesta del Municipio.
Con respecto al proyecto de la planta de reciclaje que le aportaría el 8 por ciento de sus utilidades al Ayuntamiento, quedó asentado en el apartado A de la cláusula vigésima del convención de prórroga que PASA no está obligada a operarla si no es rentable, “lo anterior previo a un estudio técnico, operativo, financiero y objetivo que realicen las partes”, puntualiza el contrato.
Además, el 8 por ciento no era por utilidades, como dijo Mery Ayup. En el convenio de prórroga se estableció que del volumen total de residuos urbanos ingresados a la planta segregadora, ese porcentaje sería restado a las facturas por concepto de disposición final de la concesionaria.
De acuerdo con Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente de Torreón, el único intento por probar la viabilidad de la planta de reciclaje data de 2015, cuando PASA montó una planta segregadora de residuos sólidos con capacidad para procesar 800 toneladas diarias de basura a fin de recuperar los materiales reciclables enviados al relleno sanitario.
Aquella instalación, declaró la funcionaria, no arrojó los rendimientos esperados, según los reportes presentados por PASA.
“Ellos pretendían que se recuperara mínimo el 8 por ciento del valor total que fuera (de la inversión) en reciclables, pero no resultó la inversión. Tenían inversionistas extranjeros que decidieron retirarse, desmontaron la planta segregadora y ya no la volvieron a hacer”, expuso Estens de la Garza.
La funcionaria añadió que si bien el Municipio no tiene datos precisos sobre la rentabilidad de una planta de ese tipo, se sabe que los reciclables tienen un buen precio. “Por eso, y por razones de índole socioecónomica, vemos a tanta gente que se dedica a la pepena”, dijo.
La ciudad genera, en promedio, alrededor de 575 toneladas de basura diariamente, de acuerdo con los datos contenidos en la respuesta a la solicitud 0051260800035922.
Educación ambiental inexistente
La única compensación de tipo económico que PASA ha proporcionado con base en el contrato original de hace 29 años es la de entregar el 0.5 por ciento de los ingresos brutos cobrados al municipio que, de acuerdo con el contrato debe emplearse para elevar la cultura de limpieza y de protección al medio ambiente.
Ese recurso también muestra cómo han aumentado las erogaciones en la concesión de limpieza. En 2011, ese 0.5 por ciento ascendió a 552 mil 615 pesos; en 2020, significó una aportación de un millón 302 mil 174 pesos.
Una de las primeras decisiones que tomó Susana Estens al frente de la Dirección de Medio Ambiente fue solicitar a la Tesorería Municipal que el dinero de PASA destinado a educación ambiental sea asignado directamente a programas de corte ecológico. Según la funcionaria, ha pasado que Tesorería hace “magia”:
“Si no lo solicitas directamente, ellos te pueden decir que lo están canalizando a través del presupuesto de la dependencia para su área de programas, lo cual no es una mentira; lo que yo estoy pidiendo es que ese recurso sea asignado aparte del presupuesto de la dirección, según lo que vayamos presentando. Si se mete en la licuadora, luego hay la tentación de utilizarlo en otros programas. Es responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente exigir ese recurso”, explicó.
Este año, compartió, parte del recurso de PASA ha sido empleado en la edición de un libro para colorear, con información sobre la flora y la fauna de la región, que será repartido a escolares del municipio. Sin embargo, la funcionaria reconoció que el aporte de la empresa no se aprovecha en todo su potencial.
PASA entrega 0.5 por ciento de los ingresos brutos cobrados al municipio que, de acuerdo con el contrato debe emplearse para elevar la cultura de limpieza y de protección al medio ambiente, sin embargo, el Ayuntamiento de Torreón no cuenta con programas estratégicos en este renglón / FOTO Jessica Ayala Barbosa
Plaza Pública pidió a través de la solicitud de información 051260800017423 al Municipio un reporte sobre campañas de concientización ambiental con montos de inversión desde la prórroga de la concesión a la fecha, pero la autoridad se limitó a enviar un listado de ocho iniciativas de limpieza correspondientes únicamente a la presente administración y sólo de una específica la inversión de 6 mil 500 pesos.
El convenio de prórroga estará vigente hasta 2025 y de acuerdo con la cláusula cuarta, si PASA desea una nueva prórroga, deberá presentar su solicitud por escrito con una anticipación no menor de dos años al término de la vigencia, es decir, tuvo que haberla presentado en marzo de 2023, pero hasta el momento el Ayuntamiento no ha dado a conocer nada al respecto.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
La costa del Océano Pacífico, que se extiende desde Ensenada hasta San Diego, enfrenta una crisis de contaminación provocada por la descarga de aguas residuales de las principales plantas de tratamiento de Baja California. Estas instalaciones se encuentran obsoletas, operan con deficiencias y están rebasadas en su capacidad, a pesar de que anualmente se les asignan presupuestos millonarios.
Una marea turbia conforma el paisaje habitual de las costas del Océano Pacífico. Frente a las playas de Tijuana, el oleaje arrastra heces fecales, grasas y desechos, producto de la contaminación. El olor proveniente del mar se percibe a kilómetros, sobre todo en época de calor.
Cada vez es más frecuente encontrar letreros advirtiendo el cierre precautorio de las playas por riesgo sanitario desde Ensenada hasta Tijuana, en el estado de Baja California, por el lado de México, mientras que, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, son colocados desde la línea internacional hasta Imperial Beach, en San Diego, California.
La principal fuente de contaminación está plenamente identificada: aguas negras descargadas al mar, reconoció Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
Al sur, a 10 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, una cascada de aguas negras gorgotea proveniente de una tubería conectada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de Los Buenos (PITAR SAB), también conocida como Punta Bandera, ubicada en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.
Aunque su función era el tratamiento de aguas residuales, la planta de Punta Bandera es la principal causa de la contaminación transfronteriza, se advierte en el informe de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), la cual arrastra aguas negras de Tijuana hacia las costas de San Diego, California.
Esta planta recauda mil 100 litros por segundo de un total de 3 mil 600 litros de agua residual de Tijuana, pero está en desuso desde 2017 porque su infraestructura está obsoleta, por lo que “nomás ve pasar el agua”, dice Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Y, a pesar de no cumplir con su tarea, que es sanear el caudal de agua residual que recibe, de 2020 a 2022, el gobierno de Baja California ejerció en Punta Bandera un gasto promedio anual de casi 20 millones de pesos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia.
Aunque se requirió por transparencia el presupuesto ejercido de 2017 a la fecha, CESPT sólo proporcionó el gasto de 2020 a julio de 2023.
Los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito cuentan con 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) ubicada en el límite de Estados Unidos con México. La operación de esta red de plantas de tratamiento representó en 2022 un gasto de 195.8 millones de pesos, de los cuales sólo 9.8 millones de pesos se aplicaron en programas de mantenimiento, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) vía transparencia.
Manuel Becerra asegura que no existe una razón que explique el abandono de las plantas de tratamiento de agua residual, cuando en el presupuesto de egresos la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado, sí dispone de recursos para su operación y mantenimiento.
Su señalamiento coincide con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en 2020 ubicó a Baja California como uno de los 12 estados que no ejercieron la totalidad de los recursos dispuestos por el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROAGUA) a las entidades federativas.
Ese año el gobierno de Baja California recibió de la federación 65 millones 424 mil pesos, presupuesto del que no aplicó 1 millón 071 mil 800 pesos, pero tampoco lo regresó a la Tesorería de Federación (TESOFE), por lo que encabezó la lista de entidades con mayor cantidad de observaciones y sanciones.
Además, siete de los contratos de obras ejecutadas en 2020 con recursos de PROAGUA fueron objeto de recomendaciones y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por sus inconsistencias en la formalización de los convenios modificatorios con costos mayores a los pactados originalmente, las estimaciones de obra, las actas de entrega recepción y la aplicación del anticipo de obra por parte del contratista, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Para este reportaje, la reportera solicitó entrevista con Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), durante más de un mes a través del área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.
Sistema colapsado
Punta Bandera no es la única fuente de contaminación de las costas regionales; a los mil 100 litros por segundo de agua residual que vierte al mar, se suma el escurrimiento de agua residual proveniente de los cañones y del Río Tijuana. Un total de 3 mil 600 litros por segundo de aguas negras se arrojan desde Tijuana al Océano Pacífico y, a decir de autoridades norteamericanas, el 70 por ciento de este caudal llega a las playas de Estados Unidos, principalmente a Imperial Beach, de acuerdo con reportes periodísticos.
Por el derrame de agua contaminada al mar, el gobierno de Baja California pagó en 2020 una multa de 30 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aseguraron las autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en una nota publicada por el Border Hub.
Durante los últimos cinco años, particularmente a partir de la pandemia por Covid-19, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), organismo que analiza el nivel de contaminación en las playas desde 2014, reportó la presencia de hasta siete mil enterococos -bacterias que causan diversas infecciones principalmente en el tubo digestivo-, por cada 100 mililitros de agua, cuando el límite se ubica en 200 por cada 100 mililitros de agua, informó Margarita Díaz, directora de PFEA, en entrevista para este reportaje.
Dijo que con esos niveles de contaminación la región debería encontrarse “bajo una contingencia y una respuesta muy contundente de las autoridades para solucionar el problema y no, la respuesta es ‘espérame, vamos a ver’”.
De acuerdo al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) Agua para el Valle de Guadalupe, el 46 por ciento de la red de casi cuatro mil kilómetros de alcantarillado sanitario (colectores y subcolectores) de Tijuana es obsoleta, es decir, que cumplió su vida útil.
Su estado genera fugas de aguas negras que provocan encharcamiento y contaminación en su paso. La lluvia arrastra esta contaminación hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, explicó Díaz.
“El río debería estar transportando agua de las plantas de tratamiento y ahorita sólo transporta drenaje”, señala Margarita Díaz.
La cuenca del río Tijuana abarca un área de 4 mil 430 kilómetros cuadrados, de la cual aproximadamente dos tercios se encuentran en México y un tercio en Estados Unidos y está constituida por 27 subcuencas, que es donde se genera el mayor volumen de agua residual, reportó CILA en su informe especial 2020.
Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC, explicó que para atender este problema hay tres plantas en Tijuana que requieren de mayor inversión para ser rehabilitadas debido al severo daño que registra su infraestructura: La Morita, Arturo Herrera y Rosarito.
Otro problema que propicia escurrimientos de agua residual en caños que desembocan hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, y que ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), es la inadecuada operación de las plantas de bombeo, lo que incumple con acuerdos internacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
Un ejemplo fueron las lluvias de este año, periodo en el que se asolvó el cárcamo que bombea el agua residual hacia la planta de Punta Bandera, pero no funcionó y las aguas negras fluyeron por meses directamente hacia Estados Unidos por el Río Tijuana, narra Margarita Díaz.
El esfuerzo y la inversión para hacer llegar hasta Punta Bandera el agua bombeada desde el Río Tijuana representan una pérdida, ya que esta planta se encuentra sin operar y al volumen de agua residual que recibe sólo se le disuelven pastillas de cloro antes de ser derramado al Océano Pacífico, paliativo insuficiente para descontaminarlo, reconocen las propias autoridades de la CESPT en la nota publicada por el Border Hub en 2021.
Punta Bandera opera desde 1988 y fue construida para sanear el agua residual a través de un sistema de tratamiento conformado por tres lagunas aireadas y, al final, desinfectar el líquido con cloro. Desde hace cinco años sólo realiza la última parte del proceso, así lo han reconocido las autoridades de CESPT.
Con estas condiciones, la infraestructura residual de la región no logra contener “el caudal de contaminación y desechos que el Río Tijuana y las playas de Tijuana arrastran más allá de la línea fronteriza”, se lee en el Informe Especial de CILA 2020, problemática que a la fecha prevalece.
De acuerdo con el Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión para Tijuana, elaborado en el marco de los acuerdos del Acta 294 de la CILA, se requerirían tres décadas para solucionar el rezago en infraestructura para el saneamiento de aguas negras en el lado mexicano. En conjunto, las necesidades de proyectos de infraestructura de saneamiento al año 2050 suman 14 mil 555 millones.
Realizan contratos modificatorios y elevan costo
Desde 2018, el gobierno de Baja California, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ha destinado recursos para la elaboración de estudios para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, cinco años después, los análisis siguen en proceso.
Ese año, el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, en convenio con el gobierno federal y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), aprobó la asignación de un contrato para la elaboración de los estudios relacionados con el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos.
Por invitación directa a tres participantes, el contrato de número FNI CESPT-001-2018 I3 lo obtuvo Miranda, Arana, Velasco, S.C., firma asentada en Puebla y representada por Eduardo Guillermo Velasco Guevara.
El monto del contrato fue por 11 millones 890 mil pesos -IVA incluido-, por el que la empresa se comprometió a realizar estudios de ingeniería básica y de evaluación socioeconómica, análisis de conveniencia de una asociación público privada, así como asesoría estratégica que permita estructurar, bajo un esquema de asociación público privada, el proyecto de construcción y rehabilitación de planta.
El contrato establecía que el gobierno federal realizaría una aportación a fondo no recuperable por 6.5 millones de pesos.
El primero contrato modificatorio lo celebró el gobierno del morenista Jaime Bonilla, en 2020, año en el que se suponía realizarían todos los estudios y un proyecto que permitiera a CESPT licitar la rehabilitación de la planta.
La última ampliación del contrato la efectuó el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, en octubre del 2022, y determinó como fecha de entrega de todos los estudios el 31 de diciembre de 2023.
Tanto el contrato original como los cuatro convenios modificatorios dan cuenta de la rotación constante de directores de CESPT; cada acuerdo fue firmado por un director distinto.
En los últimos 10 años, la dependencia ha tenido 11 directores, tres de los cuales han sido nombrados durante los dos años del gobierno de Marina de Pilar Avila Olmeda.
“Es un cargo muy politizado, está cautivo por los amigos de los políticos en turno y compadrazgos”, señaló Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC.
Estos cambios impiden la continuidad en los programas y una planeación adecuada de los proyectos, los cuales por lo general se asignan en forma directa y sin apego a las normas, afirmó.
Los señalamientos de Becerra coinciden con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los últimos años de la CESPT.
Un ejemplo de estas irregularidades observadas fue la rehabilitación del colector Oriente, tramo Buena Vista-Guadalupe Victoria, obra que ya había sido concluida y entregada, sin embargo, la CESPT llevó a cabo convenios modificatorios irregulares en el contrato APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN, financiado con recursos de PROAGUA, que elevaron en más de un millón de pesos el costo pactado originalmente.
El contrato lo obtuvo la empresa Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V. el 29 de junio de 2020 por un importe de 8.5 millones de pesos, más IVA, para ser concluida a finales de diciembre de 2020. Después, la CESPT solicitó un primer convenio modificatorio para diferir la fecha de vigencia del contrato, aunque en lugar de ello redujo el periodo, por lo que incumplió con el cambio aprobado en el contrato.
El segundo convenio modificatorio lo firmaron fuera del tiempo contractual, al presentarse el 21 de julio de 2021, es decir, 236 días posteriores a la conclusión de la obra. Así, la obra se desarrolló sin contrato vigente, lo cual es contrario a lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Baja California y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
El segundo convenio modificatorio incluyó dos autorizaciones de precios extraordinarios para incrementar el importe de la obra a 9 millones 754 mil pesos más IVA.
Ensenada, creciente contaminación en playas
Con trapos húmedos y cinta adhesiva, vecinos de Praderas del Ciprés, ubicada al sur de Ensenada, sellan puertas, ventanas y cualquier orificio por donde el olor de las descargas de aguas residuales pudiera penetrar sus hogares.
Esta se ha vuelto una rutina diaria particularmente en los últimos cuatro años, periodo en el que aumentó esta problemática, causando quejas constantes de dolores de cabeza en un creciente número de adultos mayores, comparte María Georgina Ríos García, presidenta del Comité de vecinos para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Naranjo.
Para María Georgina el mal olor que se acentúa durante la madrugada tiene como fuente esta planta, “pareciera que ni trataran las aguas”, consideró.
Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en entrevista para este reportaje reconoció que los malos olores que emana la PTAR de El Naranjo son consecuencia del deficiente tratamiento del agua residual que recibe: un volumen de 500 litros por segundo, más de la mitad de las aguas residuales que se generan en Ensenada.
El funcionario señaló que hasta 2022, esta planta sumaba 12 años sin rehabilitar, por lo que actualmente todas sus fases de tratamiento están comprometidas, “y es por ello que el agua sale deficientemente tratada”. La aireación es una de las fases más complejas de rehabilitar, y aunque sostuvo que ya se inició este proceso, no será hasta principios de 2024 cuando concluya, por lo que el problema de los malos olores continuará al menos por dos meses más.
La PTAR El Naranjo es sólo una de seis plantas de tratamiento que operan en Ensenada con una capacidad conjunta de 950 litros por segundo, sistema residual que incumple con la normatividad en las descargas debido al “abandono histórico” que arrastra, indicó Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
Desde Maneadero hasta el Sauzal, las descargas de aguas negras son un problema generalizado en Ensenada, por lo que los vecinos han salido a las calles a protestar.
Alonso Centeno, director de CESPE, dijo que no hay un estudio que diga la gravedad del tema de contaminación, y explicó que la rehabilitación de la planta El Gallo con una inversión de 40 millones de pesos aplicada a partir del 2022 para mejorar los procesos de saneamiento de aguas residuales, permitió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) determinara ese mismo año que las playas eran óptimas para uso recreativo.
Sin embargo, el Comité de Playas Limpias del Municipio de Ensenada ha activado en al menos cuatro ocasiones el mecanismo de reacción inmediata por contingencia en la playa durante 2023.
Las últimas dos alertas fueron emitidas por el derrame de aguas negras el 27 de septiembre y 23 de octubre de 2023; la primera fue por fallas en una línea de la planta de tratamiento de El Naranjo y la segunda por una ruptura en el colector que manda las aguas tratadas a Maneadero. Como consecuencia de la segunda alerta el Comité emitió el “cierre precautorio en Playa Hermosa”.
En 2017, Playa Hermosa fue catalogada como la más contaminada de México y “la única playa que resultó no apta para uso recreativo”, reportó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Durante los últimos seis años, Playa Hermosa no sólo ha encabezado en cuatro ocasiones la lista nacional de playas cerradas, sino que el riesgo a la salud a causa de las constantes descargas de aguas residuales se ha extendido a otras zonas de Ensenada, lo que obligó el cierre de playas como Conalep 1 y Punta Banda.
Como medida sanitaria de salud, el Comité de Playas Limpias mantiene por meses algunos cierres de playas, como es el caso de Playa Hermosa, debido a que los muestreos de la COEPRIS registran niveles de contaminación por arriba de la norma.
Incluso, no se descarta la presencia de cólera, por lo que en la mesa de trabajo interinstitucional efectuada entre los tres niveles de gobierno en octubre de 2023 acordaron realizar muestreos para confirmar indicios de esta enfermedad.
De 2015 a 2022, CESPE acumuló una deuda con la Comisión Nacional del Agua de 60 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes de aguas residuales descargadas en cuerpos de aguas nacionales. Si las aguas residuales vertidas no están bajo norma, se pagan excedentes, anotó Alonso Centeno, director de la paraestatal.
“Cuando se descarga y un parámetro no cumple con la norma ahí hay que pagar, no es una multa como tal, son excedentes y todos los organismos tenemos esas obligaciones”. Durante el primer trimestre de 2023, CESPE pagó a Conagua 330 mil pesos por descargas y excedentes de aguas residuales.
Presupuesto millonario, plantas sin mantenimiento
Arturo Espinoza Jaramillo, titular de SIDURT declaró que el abandono en el mantenimiento de las plantas es de más de una década.
Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), subrayó que, al recibir el organismo en 2022, cinco de las seis plantas no funcionaban de forma adecuada: El Sauzal, El Naranjo, Maneadero, Noroeste y El Gallo.
Sin embargo, en los últimos seis años, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ejerció un presupuesto de 294.8 millones de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, de acuerdo a información proporcionada vía transparencia.
En 2021, el monto para este rubro se determinó en 70.9 millones de pesos, lo que significó un aumento de 109 por ciento con respecto a lo ejercido el año anterior, mientras que para 2022 el organismo operador elevó a 87.9 millones de pesos el gasto para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual.
Hasta mediados de 2023, CESPE reporta haber ejercido 38.3 millones de pesos en la operación y mantenimiento de las PTAR.
Para atender la rehabilitación de las plantas de tratamiento, el gobierno de Baja California considera necesaria la aplicación de recursos extraordinarios a través del Bono Verde informó Armando Fernández Samaniego, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), en una reunión con empresarios, donde anunció la reparación este año de las plantas Noroeste, El Gallo y el Naranjo. Sin embargo, de acuerdo al programa de obra de CESPE, la rehabilitación sólo se aplicó en las PTAR Noroeste y El Gallo.
El Bono Sostenible para los Servicios Públicos de Agua del Estado de Baja California (Bono Verde) es el esquema a través del cual el gobierno estatal contrató una deuda a 30 años por 9 mil 600 millones de pesos; de esa cantidad, 3 mil millones de pesos financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), se aplicarán en infraestructura hídrica.
FOTO 13: Derrames
Del Bono Verde “alrededor de mil 200 millones de pesos se van a invertir en Ensenada en reposición de redes de agua potable y saneamiento”, informó Alonso Centeno.
No es la primera vez que la actual administración estatal anunció la disposición de recursos millonarios para atender la problemática.
En octubre de 2022, Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, anunció la inversión de 835 millones de pesos para la ampliación de la planta de tratamiento El Naranjo, obra que iniciaría en 2023 para concluir en 2024. Un año después, el proyecto sigue siendo sólo una promesa, pero de menor presupuesto.
Alonso Centeno dijo que en la ampliación de la planta El Naranjo, reprogramada a iniciar en diciembre próximo, se dispondrán de 500 millones de pesos.
Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, admitió en la conferencia de prensa del 19 de octubre el retraso en la rehabilitación de la planta, del cual no dio explicaciones ni responsabilizó a nadie, sólo se limitó a indicar que hubo “una situación” con la convocatoria por “temas procedimentales”, por la que dio “regaños y jalones de orejas” a funcionarios de su gabinete. Agregó que dio instrucciones para proceder con una licitación directa por emergencia sanitaria.
Respecto a la problemática por descargas de aguas residuales en Maneadero y El Sauzal, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron el 12 de octubre una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar en acciones encaminadas a mitigar la problemática.
Las aguas negras vertidas al arroyo Las Ánimas y el Estero de Punta Banda, ha ubicado por arriba de los niveles máximos permisibles la presencia de coliformes y enterococos, esto de acuerdo a los análisis realizados por la Coepris, se informó en la mesa interinstitucional.
El problema de contaminación que enfrenta la delegación de Maneadero podría provocar afectaciones a la salud de más de 120 mil residentes de la zona y en las más de 2 mil 500 hectáreas de cultivo, a través de las cuales se genera 5 mil empleos, advirtió la senadora Nancy Sánchez, al hacer hincapié en la necesidad de atender la problemática en forma conjunta.
En cuanto a El Sauzal, los escurrimientos de aguas negras a causa del mal estado de la planta de tratamiento han provocado malos olores y la contaminación de la playa, por lo que en la reunión se determinó una inversión de 60 millones de pesos en su rehabilitación a finales de noviembre.
Mexicali, sistema de saneamiento rebasado
Descargas provenientes de establos, granjas avícolas y porcícolas, y basura doméstica que se deposita en los drenes agrícolas que cruzan el área urbana, son arrastradas en el sur de Mexicali hasta el lecho del Río Nuevo, así lo ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
En el centro de Mexicali operan algunos colectores principales construidos hace más de 50 años y varias plantas de bombeo de aguas residuales que han alcanzado o excedido su vida útil y requieren ser reparadas o sustituidas. Cuando algún colector de esta zona colapsa o una estación de bombeo falla, las aguas residuales sin tratamiento generalmente se descargan en el río Nuevo y cruzan la frontera con Estados Unidos.
El sistema de saneamiento de Mexicali se compone de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben un volumen de 2 mil 420 litros por segundo, informó Armando Carrasco López, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); el 38.3 por ciento del agua que pasa por las plantas de tratamiento no se reutiliza y se devuelve a través del Río Nuevo.
El mayor volumen de agua residual lo reciben las plantas Zaragoza y Arenitas, y ambas incumplen con normas ambientales, refiere en su informe 2020 CILA, aunque el director de CESPM atribuyó el incumplimiento a la actualización que este año se realizó a la norma 001, que obliga al tratamiento de aguas negras bajo el método de lodos activados y no por aireación.
En forma adicional, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) opera en el valle otros ocho sistemas de saneamiento de menor tamaño, que en conjunto procesan 274 litros por segundo.
De acuerdo con Carrasco López, no será hasta 2027 cuando el total de las descargas de aguas residuales de Mexicali cumplan con la norma ambiental, porque hasta entonces concluirá con el proceso de actualización del método de tratamiento.
“Actualmente nosotros no estamos cumpliendo con la norma, la 001 que salió este año, pero la Semarnat nos permite tener un tiempo de gracia […] ya hicimos un compromiso de que no pasa del 2027 para que nuestras plantas ya estén actualizadas con nuestros métodos y entren dentro de la norma”.
El incumplimiento a las normas ambientales no sólo deriva del método de saneamiento utilizado, sino también a la falta de capacidad para tratar las aguas negras.
Un ejemplo es la PTAR Las Arenitas, que comenzó su operación en el año 2007, con una capacidad de diseño de 840 litros por segundo y con el fin de resolver un problema internacional, evitando que las aguas residuales sin tratar continuarán escurriendo por el Río Nuevo hacia Estados Unidos.
Desde el comienzo de su operación, esta planta, que concentra 46 por ciento de los volúmenes de aguas residuales, tuvo problemas en el cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-1996, situación que se buscó resolver con la creación de una laguna artificial. Sin embargo, se ha visto rebasada en su capacidad desde 2013. Actualmente recibe alrededor de mil 100 litros por segundo, informó Armando Carrasco.
Aunque desde hace cinco años CESPM proyecta su ampliación para incrementar su capacidad actual de 840 a mil 900 litros por segundo, a la fecha no lo ha concretado.
Por su parte, la PTAR Zaragoza comenzó operaciones en el año 1969 y atiende el 54 por ciento de la demanda de saneamiento, con capacidad de tratamiento de mil 300 litros por segundo. Actualmente incumple con algunos parámetros de la NOM-001-ECOL-1996, como nitrógeno y sólidos suspendidos totales, por lo que requiere ser rehabilitada, anota en su informe CILA.
CESPM paga anualmente a Conagua alrededor de 42 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes, recursos que retornan a la paraestatal para ser invertidos en obras.
Armando Carrasco López detalló que se considera una inversión de mil 685 millones de pesos sólo para cumplir con la norma, recursos provenientes del Bono Verde. “La idea es poderlo ejecutar cada año hasta el 2027”.
A partir del 2024 el proceso de rehabilitación arrancará en las plantas Arenitas y Zaragoza, con una inversión de 800 y 715 millones de pesos, respectivamente.
En el último año el costo de operación en saneamiento y tratamiento del agua residual en la capital bajacaliforniana generó un gasto de 349 millones de pesos, informó Carrasco.
De acuerdo al monitoreo realizado por la Conagua de 2019 en cuerpos de agua superficiales por Región Hidrológico-Administrativa, la península de Baja California registró contaminación por heces fecales y residuos, a tal punto de generar las condiciones para el desarrollo de bacterias. Uno de los factores que afectó la calidad del agua en Baja California, como en el resto del país, fue la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
En 2019 en México existían un total de dos mil 642 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación y, de acuerdo con el último registro del Sistema Nacional de Información de Aguas, en estas plantas se trató el 72.7 por ciento de los 194.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales recolectadas, por lo que la ASF lo calificó como un problema “cíclico” que afecta al país, debido a que no se procesa el 100 por ciento de las aguas residuales.
Entre los hallazgos de la evaluación se detectó que, al no contar con los adecuados mecanismos anticorrupción esto afecta el gasto presupuestal y genera sobrecostos en los contratos de construcción.
La Conagua publicó, de manera oficial, el 30 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, sin embargo, tres entidades (Baja California, Coahuila y Yucatán), al no estar su legislación empatada a la Ley de Aguas Nacionales, carecen de elementos regulatorios para normar la obligación de que la planeación estatal se alinee a la nacional.
De seguir con los resultados obtenidos y las deficiencias identificadas, existe el riesgo de que el país no logre cumplir con las metas internacionales, establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, particularmente en lo referente a mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar, así como aumentar el reciclado y la reutilización; elevar el uso eficiente de los recursos hídricos; y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, concluyó la evaluación de la ASF.
Tras ocho días de la desparición de Karina Domínguez, consejera de la asociación Renace y Vive Mujer, desde el pasado 16 de noviembre, activistas exigen a las autoridades que apresuren las investigaciones.
Rocío Sáenz, presidenta de la organización, refirió que en el estado de Chihuahua persiste una crisis de violencia de género, así como criticó la demora en el inicio de las investigaciones y expresó su preocupación por la falta de atención oportuna en casos de desaparición.
Comentó que este viernes 24 de noviembre realizarán una marcha a las 4 de la tarde, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de Karina Domínguez, así como partirán de la Casa de Juan Gabriel hacia la Fiscalía General del Estado.
Mencionó que los tiempos son vitales en situaciones como estas, por lo que no se podía retrasar ni un día y mucho menos semanas.
Dijo que por parte de la sociedad civil se unieron esfuerzos para buscar a Karina, sin embargo, es notable el aumento de la violencia contra las mujeres durante el último mes.
Señaló que, como organización, participan activamente dentro de las instituciones, aunque, lamentó que la realidad social persiste sin cambios significativos, mientras que la respuesta de las autoridades es que “todo está bien”, cuando la realidad es muy distinta.
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Al abordar el tema de la violencia de género en el estado, Rocío Sáenz destacó la importancia de que exista información transparente y la necesidad de contar con estadísticas precisas.
Dijo que, según porcentajes, Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mujeres desaparecidas en el último mes, sin embargo hay una cifra negra, debido a la falta de números exactos y de retroalimentación por parte de las autoridades.
En este sentido, cabe resaltar que en Ciudad Juárez, del 1 de enero del 2018 a la fecha, mil 348 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 487 fueron mujeres, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De ese total, hasta la fecha 227 personas mantienen un estatus de “no localizadas”, mientras que 167 fueron localizadas sin vida.
La dirigente de Renace y Vive Mujer opinó que, frente a estas cifras, únicamente se está maquillando la realidad, por lo que, si no se conoce la verdadera magnitud del problema, es imposible transformarlo.
Autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó el pasado 21 de noviembre una nueva política de restricción de visas, dirigida a personas que administran vuelos chárter a Nicaragua (particulares o independientes), destinados principalmente a migrantes irregulares.
Lo anterior, luego de que se observó una tendencia creciente de compañías de vuelos chárter que ofrecen vuelos —y cobran precios extorsivos— que ponen a las personas migrantes en un peligroso camino terrestre hacia el norte, en dirección a la frontera con Estados Unidos, se dio a conocer en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el documento, muchos de estos migrantes no tienen una justificación legal para ingresar o permanecer en Estados Unidos, por lo que, a menudo son enviados de regreso a sus países de origen, tras haber desperdiciado importantes recursos personales y haberse expuesto a riesgos a sí mismos y a sus familias.
Como parte de nuestro enfoque integral para abordar la migración irregular, el gobierno de Estados Unidos está adoptando medidas para imponer restricciones de visas en el marco de la disposición 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) contra propietarios, ejecutivos y/o directivos de compañías que ofrecen vuelos chárter a Nicaragua, diseñados para que sean utilizados principalmente por personas que migran irregularmente a Estados Unidos.
Estos vuelos chárter y sus operadores tienen como objetivo a las personas migrantes y las ponen en peligro, por lo que están colaborando con gobiernos de la región, así como con el sector privado, para procurar erradicar esta práctica de explotación.
«Instamos a los migrantes haitianos, cubanos y otras personas interesadas en migrar a considerar alguna de las numerosas vías seguras y legales que están disponibles para migrar a Estados Unidos», se indicó.
Las autoridades advirtieron que una de las consecuencias de utilizar este tipo de transporte, con la intención de ingresar a Estados Unidos y no tengan fundamentos legales para permanecer en el país, es la deportación a su país de origen.
Para consultar más información sobre las vías legales de ingresar a Estados Unidos, pueden visitar el sitio web https://movilidadsegura.org/
