El movimiento feminista incluyente busca integrar a personas trans, mujeres cisgénero y no binarias en la lucha por la igualdad y justicia.
Cada vez más colectivos reconocen que la violencia de género afecta a diversas identidades y, como parte de esta iniciativa, este domingo 23 de febrero llevaron a cabo talleres de preparación rumbo a la Marcha Incluyente del 8M en Ciudad Juárez.
Las actividades se realizaron en las inmediaciones del monumento a Benito Juárez y son organizadas por el colectivo “Las Aborteras del Norte”, informó Lesli Alderete, una de las coordinadoras del evento.
La activista dijo a Circuito Frontera que, a pesar de debates internos, la marcha feminista inclusiva sigue creciendo, promoviendo espacios seguros para todas las mujeres y disidencias de género.
Mencionó la importancia de combatir la discriminación, sin excluir a quienes también enfrentan violencia por su identidad, con el fin de construir un feminismo interseccional, donde todas las identidades de género sean visibilizadas y apoyadas.
Alderete comentó que el pasado 16 de febrero se llevó a cabo una charla sobre la menstruación digna, debido a que en México aún falta mucha educación sobre la menstruación y anticonceptivos para personas de la comunidad LGTB.
Como parte de las acciones previas a la Marcha Incluyente del 8M, se llevarán a cabo charlas y talleres enfocados en educación en salud, derechos reproductivos y expresión feminista. Estas actividades buscan informar y brindar apoyo a mujeres y personas menstruantes, sin importar su edad o identidad.
Uno de los talleres será sobre el acceso al aborto en Chihuahua, luego de su reciente legalización, con el objetivo de informar sobre el proceso y derechos. Además, se realizará un taller de pañuelos, donde asistentes podrán personalizar los suyos en preparación para la marcha.
Lesli Alderete, activista y organizadora, destacó la importancia de estas acciones. «La marcha feminista es una lucha histórica que seguirá hasta que el gobierno y la sociedad cumplan con todos los derechos pendientes», afirmó.
Agregó que el movimiento busca ser inclusivo y diverso, integrando a jóvenes, migrantes y todas las personas afectadas por las desigualdades. «Este 8 de marzo expandiremos nuestra voz para incluir a quienes tienen razones para luchar», enfatizó.
Dentro de las actividades del 23 de febrero, el colectivo Las Aborteras del Norte instalará un tendedero del acoso, donde mujeres y personas afectadas podrán visibilizar sus denuncias y exigir justicia.
Quienes deseen unirse a la mesa de seguridad o a la marcha pueden contactar a la organización a través de Instagram o Facebook (8M Marcha Incluyente 2025). En los próximos días se compartirá más información sobre cómo participar.
El Sistema Estatal Anticorrupción realizó una reunión ciudadana con el objetivo de recibir comentarios sobre la implementación de la Política Estatal Anticorrupción, un documento clave en la lucha contra la corrupción en la entidad.
Alejandro Salas Plata, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó a Circuito Frontera que durante el evento se presentó la estrategia que guiará las acciones en este ámbito, así como los objetivos que se buscan alcanzar.
Alejandro Salas Plata, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción / Foto: Eva Ramírez
“Se hizo una presentación y se recibieron comentarios de la ciudadanía sobre cómo se aplicará la política y cómo se pretenden lograr sus objetivos”, refirió.
Como parte del esfuerzo por involucrar a la sociedad en este tema, Salas Plata invitó a los ciudadanos a participar a través del micrositio del programa de implementación, donde pueden conocer más sobre la estrategia y enviar sus aportaciones.
Para conocer el micrositio donde y participar en la elaboración de este protocolo da click aquí.
“Es importante acercarse a las instituciones, conocer su trabajo e involucrarse en estos temas. En el micrositio hay un espacio para que la ciudadanía realice sus comentarios, los cuales serán analizados y discutidos con las instituciones”, señaló.
La presentación se llevó a cabo en las instalaciones de Plan Estratégico de Ciudad Juárez, en donde se abordaron temas sobre cómo participar, dónde opinar y qué problemas de corrupción resolverá en el ámbito estatal y municipal.
El mecanismo contará con un comité de participación ciudadana / Foto: Eva Ramírez
Expuso que la reunión formó parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia y el seguimiento de las políticas públicas.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 20 de enero la designación de varios cárteles mexicanos y organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).
Esta medida busca combatir la violencia y el tráfico de drogas, así como limitar el acceso financiero de estos grupos, informó el Consulado de Estados Unidos a través de un comunicado de prensa.
Entre las organizaciones señaladas están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (CDN), la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos .
También se incluyeron a Mara Salvatrucha (MS-13) y Tren de Aragua (TdA), grupos de origen centroamericano y sudamericano con presencia en varios países.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG fueron mencionados por su papel clave en la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.
Se les acusa de utilizar tácticas violentas, como secuestros, asesinatos y atentados contra fuerzas del orden.
Agente de la Guardia Nacional en operativo realizado en el bordo de Ciudad Juárez y El Paso / Foto: Redacción
Asimismo, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos fueron vinculados con actividades de extorsión, tráfico de personas y enfrentamientos violentos con autoridades en México.
Las designaciones buscan bloquear los bienes e intereses de estas organizaciones dentro del sistema financiero estadounidense y prohibir transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Además, estas medidas permitirán fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y dificultar el financiamiento de estas estructuras delictivas.
Al cumplirse 19 años de la tragedia de Pasta de Conchos, compartimos tres testimonios de mujeres jóvenes que buscan cambiar los horizontes de esta región abarrotada de pozos y tajos de carbón.
Por alguna extraña razón que va más allá de la geografía, antes de referirse a estas zonas como pueblos, ciudades o rancherías se les nombran como “minerales”. Sí, a las comunidades de la Región Carbonífera se les denomina así por la abundancia del carbón.
Esto obliga a las y los habitantes a crecer con una identidad forzada que gira en torno a la extracción precaria de la hulla. Una región que los ha estereotipado para poder cumplir con los roles establecidos por el Estado y así generar energía y fundir acero.
En múltiples conversaciones las mujeres de Barroterán y Palaú han enfatizado la necesidad de dejar de aparecer en los medios, en redes y en las noticias como viudas.
Hoy, al cumplirse 19 años de la tragedia de Pasta de Conchos, compartimos tres valiosos testimonios de mujeres jóvenes que buscan cambiar los horizontes de esta región abarrotada de pozos y tajos de carbón.
Ejercer el Derecho en donde impera la impunidad
Barroterán es el primer pueblo del municipio de Múzquiz. Es conocido por la gran explosión de las Minas Guadalupe en 1969, pero las desgracias continuaron: el último minero del pueblo siniestrado fue en MICARAN en el año 2021.
Barroterán tiene calles anchas, pues por aquellos años camiones pasaban con toneladas de carbón.
Tiene grandes desiertos que son aprovechados por los vaqueros y chiveros, pues más allá del pasto huraño, también hay flor de palma o, “las chochas” como los habitantes les dicen.
Además de utilizar plantas como la Gobernadora o el Chaparro Prieto para remediar los malestares de la comunidad.
En este pueblo la mayoría de las casas están agrietadas, las paredes partidas, que en su mayoría son de bloque de concreto se debe a que su suelo está totalmente minado.
La calle está vacía y en silencio, sólo se escuchan los sonidos de los grillos ocultos bajo el zacate y en los adobes. La melodía va en sintonía con los destellos de las estrellas de aquel cielo nocturno, pues en Barroterán aún se ven los luceros.
Son cerca de las ocho de la noche y Valentina Mireles Fernández conversa en el portal de su casa, en una calle del Barrio 4.
La acompaña el viento del norte, aquel que anuncia la llegada del invierno y que ha traído de vuelta un repunte de COVID en el pueblo.
La conversación inicia recordando a su abuelo, Rubén Fernández, uno de los fundadores de Barroterán y que en su momento ocupó el cargo de alcalde del pueblo.
Valentina Mireles Fernández
El sueño de Valentina era ser maestra, su abuela fue la primera educadora de Barroterán y ejercía su oficio en una escuela llamada “Saltillito”, ahora desaparecida por el tiempo. Al igual que su abuela, su madre optó por este camino. Fue así como se integró a CONAFE para visitar comunidades alejadas y con menos población de la región, en donde a la fecha, la educación sigue siendo un impedimento.
En el municipio de San Juan de Sabinas, lugar en donde se ubica la mina Pasta de Conchos, hay un ejido llamado La Sauceda del Naranjo. Su nombre se debe a que todos los habitantes del ejido se apellidan Saucedo y Naranjo. En ese lugar, Valentina dio clases como parte de este programa en 2016. Hasta ese momento desconocía lo que había pasado en Pasta de Conchos, fue su compañera Consuelo Salazar quien le contó que su padre estaba atrapado en el interior de esa mina desde el 2006.
Valentina confiesa cómo fue redescubrir la Región Carbonífera, pues más allá de Múzquiz, existen otros pueblos que contrastan con la extracción del carbón. Lugares llenos de leyendas y cosmovisiones alejadas de este mineral.
“Recuerdo conocer Los Pilares, un pequeño poblado de Múzquiz en donde las cabañas y las casas eran de cristal, las habitantes las habían construido así para ver por las noches la presencia de animales fantásticos o pumas y osos. Significó mucho para mí, porque descubrí que existían otros lugares más allá de Sabinas, Progreso o Múzquiz”.
Cuenta, además, su paso por la Presa Don Martín y ver la llegada de pelícanos y una gran variedad de peces y las dinámicas con los habitantes que esto implicaba. “Ahí se sostenían de la pesca y no precisamente del carbón y es cerca de Sabinas”.
Ahora Valentina lleva tatuado en su brazo a la diosa griega Temis, símbolo de la justicia, y su cabello está teñido de magenta desde noviembre: es una abogada con maestría en Derecho Procesal. Los habitantes de Barroterán difícilmente pueden acceder a un posgrado.
Su apariencia inquieta los juzgados, pues muchas veces no le creen que sea quien lleve los casos -a decir de ella-. Y es que esta población le teme a lo desconocido, pues las minas de carbón muchas veces impiden ver más allá de lo que se puede hacer fuera de las comunidades.
Entrada a Barroterán, municipio de Muzquiz
“Yo no sabía lo que eran las minas. Había escuchado hablar por mi mamá y mi abuela cuando barrenaban con explosivos y dinamitas. Hasta a finales de noviembre, que todo Barroterán tembló y los vidrios y las casas vibraron”, narra Valentina entre suspiros al recordar la barrenación más reciente de un tajo a las afueras del pueblo, mismo que desde la narrativa de diferentes diarios y periódicos adjudicaron el estruendo a un “posible meteorito”, como lo señaló el Zócalo.
“Yo me asusté y corrí con mi mamá y le pregunté ¿sentiste? Después del miedo nos comenzamos a cuestionar que si esto se sintió sólo con la explosión de dinamita, ¿cómo se sintió en las pasadas explosiones? Lo primero que hicimos fue hablarle a mi hermana porque mi cuñado trabaja en la mina. Toda la gente de Barroterán, Esperanzas y la Florida nos asustamos, porque lo primero que nos vino a la mente fue una explosión”.
Estas detonaciones están en la colectividad de los pueblos, pues estos lugares se fundan por las minas y también son ellas quienes extinguen a las comunidades. Tal es el caso del pueblo de El Hondo, que de 1902 a 1903 dejó un total de 148 mineros muertos.
En el programa A Fondo transmitido en Televisión Española el director de cine Emilio, “el indio” Fernández, originario de este lugar, expresó como los habitantes de esta comunidad y San Felipe migraron a Esperanzas para continuar con la labor de la explotación del carbón después de las explosiones En la actualidad en el Hondo sólo hay pedazos de paredes y cuartos cubiertos de follaje de lo que alguna vez fueron minas y casas.
En 2022 Valentina regresó a la preparatoria de su pueblo con una licenciatura y una maestría. Habló a los estudiantes sobre alternativas para la crisis climática. Valentina tiene una hija y desde enero del 2024 unió lazos con Daniel, un joven licenciado.
Sin embargo, expresa que le inquieta el tema de la mina. Pues siempre hay un conocido que baja. Ella busca otros espacios que no tengan que ver con la minería, pertenece a los jóvenes que tiene en claro que el carbón ya nos los representa como identidad, más bien como memoria de las injusticias de este sistema perverso que se lleva de por medio la vida de los mineros. En la Región Carbonífera, en donde abunda la impunidad, ella decidió ejercer el Derecho.
“El tema más fuerte en mi profesión como abogada fue el caso de los migrantes, pues en un trailer trasportan 98 personas sin oxígeno y sin aire, aparte el camión llevaba su carga. Imagínate si el camión llevaba carbón, todo lo que iban respirando.
Es un tema muy difícil la trata de personas. Les ayudé a más de 100 personas a tramitar su estancia para que pudieran viajar desde Nuevo León de manera legal a su destino”, resume Valentina llevándose un vape a la boca para relajarse.
Las redes, otra alternativa
Michelle Castillo Galindo es una joven que busca otras alternativas poco convencionales para la región. Además de estudiar Psicología en la UANE de Sabinas es tiktoker. Sus videos rebasan los 2.5 millones de visitas y tiene más de 1 millón de seguidores.
“Recuerdo que comencé en el 2020. Como estaba en la escuela virtual, yo tenía una amiga y decidimos abrir un pequeño negocio de snacks. Fue cuando grabé el primer video”, dice Michelle en conversación para Heridas Abiertas.
Su constancia la ha llevado a publicar siete videos al día. Los likes y regalos de sus seguidores han hecho que monetice. Menciona que tiene amigos y conocidos que decidieron dejar de estudiar e irse a trabajar a las minas y maquiladoras.
Ella piensa que los y las habitantes de la Carbonífera no nada más pueden salir en redes cuando existen tragedias o explosiones en minas.
Michelle Castillo Galindo
“En redes hay espacio para todos, si les gusta la pastelería se pueden grabar. La gente se va a reír, la gente se va a burlar, pero nunca sabes cuándo va a ser tu momento. Todo lo que te gusta hacer, todo para lo que crees que eres bueno lo puedes compartir en redes”.
En palabras de Michelle, en la sociedad siempre hay lo mismo, por lo que recomienda “buscar otros horizontes”:
“Les diría que busquen lo suyo, lo que les guste, y se enfoquen y tengan mucha paciencia”.
Palaú: voz y sonido de la nueva generación
Para llegar a Palaú se tiene que pasar por curvas muy pronunciadas y rieles de trenes que se debaten entre seguir o no seguir en funcionamiento. El camino está lleno de mezquites y entre sus ramas cuelgan algunas prendas, que, no se sabe si están puestas de manera intencional. También se atoran algunas bolsas de plástico que el viento arrastra por las madrugadas, cuando la neblina lo cubre todo. Después, todo es pajizo por los 31 grados que caracterizan a la población. A la entrada te recibe un “Bienvenidos a Palaú” sobre una gran lámina con el logotipo de Minera del Norte a las orillas.
Palaú es un lugar conocido, al igual que otros pueblos, por las tragedias mineras llamadas “las explosiones de las minas Palaú”. La más conocida ocurrió el 30 de septiembre de 1939. Además de ser una de las ciudades “desarrolladas” por la empresa Altos Hornos de México, de Alonso Ancira a través de su subsidiaria MIMOSA.
AHMSA fue la gloria para los trabajadores mineros de la carbonífera a pesar de tener un historial en siniestros hasta el año 2016, que resultaba ser una zona de seguridad en comparación con los pozos y cuevas que abarrotan el monte de los municipios de Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.
Sin embargo, sus trabajadores y sus familias y la población fueron abandonadas en medio del pleito político entre Alonso Ancira y Andrés Manuel López Obrador a mediados del 2021.
Melanie Almanza
“No tiene nada de malo ser autodidacta en la Región Carbonífera”, es lo primero que responde Melanie Almanza, joven originaria de Palaú, cuando se le pregunta quién le enseñó a tocar el Ukelele y a cantar.
Su padre es músico de un grupo norteño y de este modo heredó el amor por la música de la región. YouTube es una herramienta que, al igual que muchas personas de su comunidad, ha cambiado su vida y su manera de proyectarse. Melanie encontró en esta plataforma la manera de capacitarse mediante tutoriales para aprender a tocar instrumentos como la guitarra.
“Al principio busqué quién diera clases de ukelele en la Región Carbonífera, pero no había nadie. Entonces lo busqué en YouTube, que era lo que tenía a la mano”, explica Melanie.
En algún momento Melanie impartió clases de Ukelele en la Casa de la Cultura de Múzquiz, lo hacía de manera voluntaria. Se trasladaba de Palaú a la cabecera municipal con la única finalidad de que más jóvenes aprendieran a tocar instrumentos de cuerda.
Melanie deja en claro que la minería no es la única opción en la Región Carbonífera: “Están muy equivocados si creen que aquí la gente sólo se dedica al carbón, la región está llena de diversos talentos, por ejemplo, los músicos, mi papá pertenece al grupo norteño Los Kikos y siempre ha trabajado de ello. Es muy bonito que también seamos distinguidos por nuestra música y no sólo por el carbón”.
Destruir los estereotipos
La noción de la Región Carbonífera que impera en los medios de comunicación se basa en el tipo de habitantes que viven en el imaginario de las narrativas nutridas por las empresas y el Estado a través de intentos de productos artísticos.
Por ejemplo, existe un monumento en el que una madre entrega a su hijo a la mina, hay libros que glorifican en exceso al minero y a las mismas explosiones, cargándolas con elementos machistas para que el minero no se pueda quejar del peligro y mucho menos se niegue a entrar a una mina.
Hay corridos populares, barrios y pueblos enteros que se han desarrollado bajo una falsa identidad que cada vez representa menos a los habitantes.
Se puede decir que la minería en Coahuila controlaba todo, incluyendo las tradiciones y el entretenimiento. Las cabalgatas, las ferias, los grandes negocios, cines, festejos y restaurantes eran de empresarios mineros. Eran ellos mismos los que ocultaban la negligencia y deshumanizaban al minero mediante una narrativa que normalizaba la precariedad minera.
Plaza de Palau
Siempre se ha hablado de tres tipos de personajes que únicamente aparecen en la Región Carbonífera: los mineros, las viudas y los jóvenes. Cuando se refieren a los jóvenes es únicamente al género masculino.
El papel de la mujer en la minería es ausente, sólo aparece cuando se convierte en viuda. Una metamorfosis perversa de la que deja de ser invisible a cambio de ver morir a su esposo en la mina.
Eso sí, en un principio se culpaba a la mujer de las explosiones, pues todavía en los años 2000 se decía:“las mujeres no deben bajar a una mina, porque la mina es celosa y explota”.
Este mito estuvo muy arraigado en cada pueblo y ciudad de la región, lo que también impedía muchas veces que las mujeres pudieran acceder a una universidad para estudiar alguna ingeniería. Y cuando una explosión pasaba, lejos de cuestionar la seguridad, se culpaba a una mujer que “seguramente entró”.
Pasta de Conchos, cambió todo esto, dejaron de ser viudas para ser activistas y luchadoras sociales. Así nació la Organización Familia Pasta de Conchos, caminando con las mujeres y las familias de los mineros.
Son las mujeres quienes han impulsado y exigido mejores condiciones para los trabajadores mineros y justicia con los responsables. Y lo más importante, quienes han impulsado el rescate de sus seres queridos.
Sin embargo, también hay mujeres que pierden a su hijo, hermano o padre. Y muchas veces son invisibilizadas por el mismo gobierno.
Carbonero en Barroterán
Las empresas y el Estado nos hablan de un minero que debe tolerar todo dentro de la mina, porque es un trabajo que siempre ha sido la fuente de empleo de estos pueblos y si tu padre o tu abuelo bajó a la mina, pues tú también. Nace así un minero valiente, que no se queja, que es protector y que no necesita de un equipo de seguridad para bajar por que su hombría no lo requiere.
Es como crear un superhéroe sin poderes, porque esta construcción de personaje nos habla de la poca capacidad que las minas tienen para brindar equipos de seguridad, el nulo interés por mejorar las condiciones en la minería del carbón y la ausencia de responsabilidad de los empresarios y del Estado en los siniestros mineros.
Finalmente se habla de hombres jóvenes, los cuales decidieron romper con la “tradición de heredar el trabajo”. Se pierde de vista nuevamente a las mujeres que también realizan formas importantes para resistir ante los siniestros.
Se habla de jóvenes que estudian, migran o desempeñan otro oficio diferente a la minería. Se les consideran casos aislados, pero son una gran mayoría.
Como en la Sauceda del Naranjo, en la región los apellidos de los empresarios mineros, políticos y funcionarios son los mismos, todos familiares. El nombre de un alcalde sale a relucir en un siniestro minero, junto al de servidores públicos de los municipios o del estado.
Todos los ayuntamientos de la Región Carbonífera han sido gobernados por alcaldes involucrados en la minería y en siniestros. Quien impera en la cima de este árbol de la impunidad es la familia Montemayor. Uno de los miembros más conocidos es Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila.
Fotos: Omar Navarro Ballesteros*
Edición: Bun Alonso Saldaña
*Escritor y periodista, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.
Desde nuestra Comunidad de Medios, compartimos con esta publicación de Heridas Abiertas que puedes consultar completaaquí
En el año 2010, en Ciudad Juárez la situación era devastadora en múltiples sentidos. La organización civil «Centro de Derechos Humanos Paso del Norte», como muchas otras organizaciones e instituciones de la ciudad, recibieron o habían recibido apoyo para que realizaran su trabajo por parte de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En el caso del Paso del Norte en el mes de octubre de ese año los recursos económicos que aceptaron fue para un proyecto que titularon “Defensa de los derechos Humanos desde un espacio comunitario”.
La cantidad que recibieron, aunque parezcan mucho, nunca será suficiente para las necesidades derivadas de atender los temas en los que trabajan.
Por ejemplo, quien lea esto podría preguntarse: ¿Cuánto dinero se necesita para resolver todo lo que significa la cuestión del acompañamiento a las víctimas de la desaparición forzada?
Una organización civil siempre tiene que buscar la manera de sostener la estructura creada para atender el compromiso que significativamente se han echado a cuestas. Es decir, en realizar el trabajo que no hace el Estado Mexicano.
Sin embargo, lo que sucedió con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es idóneo y necesario reflexionarlo, ahora que el presidente Donald Trump en Estados Unidos tuvo la iniciativa de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Las críticas al intervencionismo de los Estados Unidos a través de dicha agencia eran conocidas desde hace muchos años.
Pero también y, de hecho, mucho de los cambios acontecidos en la ciudad en casi veinte años de presencia, no podrían entenderse sin en el empuje del trabajo realizado por todos los involucrados en la recepción de la “ayuda” de USAID.
Un año después, el proyecto del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte con la USAID decidieron colectivamente no renovarlo.
En el mes de septiembre del 2011, la cantidad de dinero que rechazaron sin duda aliviaba la carga de trabajo de la organización, pero aún así pensaron que no era correcto continuar con algo que les incomodaba.
El sacerdote Oscar Enríquez, director de la organización, lo resume de manera contundente: No era ético.
Desde iniciada la guerra contra el narcotráfico y la militarización del país utilizada en ese sentido por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la violencia y la inseguridad se habían apoderado de toda la vida pública y privada de la sociedad.
El asesinato en Villas de Salvarcaren aquel momento marcó un punto de inflexión. Visto así se puede entender la necesidad de tener dinero para atajar todas las consecuencias que en México, y en particular en Ciudad Juárez, tuvieron esas decisiones de gobierno en las que no pocos aliados locales ayudaron para que así sucediera.
La iniciativa de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) produjo en el mundo una gran cantidad de reacciones encontradas.
En todo el revuelo causado por las decisiones del presidente de Estados Unidos, y en particular ésta de cancelar “la ayuda”, que alrededor del mundo se diseminaba con una intencionalidad puntual de intervención en los asuntos de otras naciones a través de USAID surge una cuestión: La ética detrás de las críticas a la USAID o la ética en la aceptación de la ayuda para realizar el trabajo en un lugar donde es evidente se requieren muchos esfuerzos para resolver los problemas existentes.
La historia del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en este sentido es nodal. La integridad a la que llama la decisión que tomaron entonces, se vuelve un referente en estos momentos en lo que todo plantea retos difíciles de alcanzar.
Aun y cuando no sea del todo claro; y de hecho, simplemente Estados Unidos no abandonaría de ningún modo su actitud imperialista, misma que necesita del intervencionismo para mantener sus lógicas capitalistas.
Pero entonces, ¿Cómo pensarse en un contexto donde ya no exista más ese espejo?
Dedicada la organización a la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de tortura, trata y desaparición forzada, por qué el CDHPN no decidió comprometer más su ética.
Fue lo que vieron después de recibir el recurso. Periódicamente el compromiso con USAID implicaba el seguimiento al proyecto que sirvió para pagar salarios, viáticos y viajes, transporte y compra de equipo necesario para llevar a cabo, un trabajo que ya de por sí realizaban, con penurias ciertamente, pero con el compromiso de la solidaridad y el amor por el prójimo.
Con las visitas para dar ese seguimiento, llegaron luego las autoridades consulares de Estados Unidos.
Al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte no les gustaron las preguntas que se hacían y que nada tenían que ver con el proyecto. Sospecharon de intereses ocultos.
En ese sentido empezaron a preguntar sobre lo que sucedía y, comprendieron que muchas organizaciones eran apoyadas por USAID, no sólo en Juárez, sino en todo el país y en el mismo ámbito de redes con las que compartían la lucha por la Defensa de los Derechos humanos. En esto, era central la estrategia nacional de la Iniciativa Mérida.
Este planteamiento de no recibir financiamiento de quien de alguna manera tenía que ver con los problemas que acontecían en la ciudad por una cuestión ética, ahora nos obliga a pensar en las consecuencias.
Una gran cantidad de personas siguen siendo asesinadas. La violación a los derechos humanos y el crecimiento de personas desaparecidas ante la ineficacia del Estado Mexicano, es evidente.
Ningún dinero ni ningún gobierno ha resuelto los problemas. Si es claro lo anterior ¿Qué significa que haya Estados Unidos cerrado la USAID? ¿Seguirá siendo el camino de la zanahoria y el garrote una opción?
Hay ahora a la vuelta de los años de aquellos sucesos, digamos entre quince y veinte años, toda una práctica y lógicas para abordar los problemas. Sucedió una erosión de conceptos claves que se habían construido. La solidaridad y la comunidad son algunos de ellos.
Una parte de una generación que pudo crecer en esos conceptos, más bien creció en los del altruismo y la filantropía. No es que sea malo, pero su verticalidad no permite construir más allá de donde viene el dinero.
Ahora que ya no hay recursos veremos una gran cantidad de personas que han abrevado de esa manera de pensar. Justo se convirtieron en una burbuja dorada de lo humanitario. La profesionalización sustituyó al motor de la horizontalidad como mecanismo de empatía.
Pero ahora precisamente es cuando se necesita acudir a los lazos comunitarios y colectivos, a trabajar con y para el otro que lo necesita. ¿Cómo llamar a este sentido ético por la vida si ya no habrá dinero para pagar? ¿Cómo se podría llamar para contribuir con sus conocimientos en resolver los problemas sociales en la ciudad a quienes sin duda saben y pueden hacerlo, pero no habrá presupuesto?
Lo anterior es importante para pensar en los efectos de la presencia de la USAID en Juárez.
Pero también es ejemplo de las implicaciones que pronto habremos de ver a raíz de lo que sucede en aquellos organismos del mundo humanitario con presencia en la ciudad y vinculados al tema de lo migrante.
Porque no se pude olvidar que también Estados Unidos se ha retirado de otras estructuras de equilibrio como las de Naciones Unidas.
Con el tema de la migración, muchas de esas representaciones están en la ciudad y son no sólo ayuda humanitaria, sino también fuente de empleo: La estructura de una burocracia humanitaria en una burbuja dorada al fin y que merece otro espacio para reflexionar sobre su papel en Ciudad Juárez.
¿A quién y cómo sirve todo lo hecho desde ese soporte? ¿Es la crítica a secas o esto merece mayor reflexión de lo que en el fondo subyace?
Más allá de la necesidad imperante que parece estar siempre por encima de los principios, vale la pena dejar de lado lo fundante sobre lo inmediato. No se trata de minimizar nada, sino de la oportunidad que ahora se tiene para, si es el caso, enderezar el rumbo.
Por supuesto, no se obvian ni las complicaciones ni lo complejo de llegar a esas decisiones.
Pero ¿Cómo va a funcionar ahora una estructura que no puede depender sólo del presupuesto para atender lo que se ha construido en tantos años de trabajo realizado?
Tal vez sea tiempo de plantear un amplio espacio de diálogo crítico como en aquel contexto del año 2010 en que había una conversación permanente sobre lo que acontecía en Ciudad Juárez.
Oscilaba aquello no sólo en los sucesos cotidianos, sino en la reflexión crítica y la búsqueda de respuestas que mucha gente señalaba o proponía.
Lo opuesto a la ejemplificación de Ciudad Juárez como modelo, esa palabra tan de moda para insistir en una visión securitaria y militarizante del país.
Al respecto, el sentido de la ética puede rastrearse en algunas de las acciones que se construyeron en la larga lista de lo hecho por una comunidad sólida existente en la ciudad o en decisiones como la que aquí se expresa tomó Paso del Norte.
Pero también en personajes concretos que dedicaron su energía a tejer lazos de acompañamiento intelectual y moral en esos momentos difíciles.
Desde aquí el reconocimiento al fotógrafo Julián Cardona (1960-2020), quien quizá haya sido el más insistente en su crítica puntual a quienes recibían esos fondos.
Finalmente, la decisión que tomó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es ahora un referente y debiera ser tomado en ese sentido.
Luego de que un Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito revocara la sentencia de 34 años de prisión al ex sacerdote Aristeo Baca, condenado por abuso sexual y violación agravada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de la víctima, por lo que deberá emitir una nueva sentencia.
Elia Orrantia, directora de Sin Violencia AC., indicó que el proceso legal contra Baca comenzó en 2018, cuando se denunció que cometió los delitos entre 2015 y 2018 en la casa parroquial de la iglesia Santa María de la Montaña, en Ciudad Juárez.
Y, tras el juicio, fue condenado a 34 años, 5 meses y 10 días de prisión, pero permaneció en prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.
Activistas y la organización Sin Violencia A.C realizaron la presentación de recurso en contra del amparo del ex sacerdote Aristeo Baca, sentenciado a más de 34 años de prisión por abuso y violación agravada contra una menor en #CiudadJuarezpic.twitter.com/rbg9L0xzci
El nuevo fallo revoca la sentencia de amparo que favorecía al acusado y ordena emitir un nuevo fallo con perspectiva de género e infancia, informó Erika Mireya Mendoza García, abogada e integrante del Movimiento Estatal de Mujeres.
Erika Mendoza es doctora en derecho judicial y abogada con 20 años de experiencia en litigio estratégico en materia penal y familiar, además es integrante del Movimiento Estatal de Mujeres, por lo que hizo hincapié en que este caso se juzgue con base en la perspectiva de género.
Dijo que la SCJN determinó que el Tribunal Colegiado falló sin aplicar perspectiva de género y de derechos de la infancia, por lo que se ordenó su revisión bajo estos principios, así como deberá revisar nuevamente el caso bajo los criterios señalados por la Corte.
Detalló que, tras la condena en la Primera Instancia, la defensa del sacerdote interpuso una apelación, la cual fue confirmada en segunda instancia.
Desde que Sin Violencia AC tuvo conocimiento del caso iniciaron con un proceso legal en contra del sacerdote / Foto: Archivo
Posteriormente, presentaron un juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, que resolvió a su favor y revocó la sentencia condenatoria.
Ante esto, Sin Violencia A.C. promovió un juicio de amparo directo en revisión, que fue analizado por la SCJN y resuelto a favor de la víctima, donde la ministra Ana Margarita Ríos Farjat encabezó la resolución, la cual fue aprobada por unanimidad.
Con esta decisión, el Tribunal Colegiado deberá emitir una nueva sentencia en la que considere la perspectiva de género y la protección de los derechos de la víctima.
El ex sacerdote Aristeo Baca enfrenta actualmente una sentencia de 34 años de prisión domiciliaria / Foto: Archivo
Respecto a la posibilidad de sancionar a los jueces que otorgaron el amparo, explicó que no se ha presentado una queja formal, ya que se asume que la resolución inicial fue un error.
Sin embargo, advirtió que, si el Tribunal Colegiado vuelve a fallar sin apego a los lineamientos establecidos por la SCJN, se valorarán nuevas acciones legales.
La abogada recordó que Ciudad Juárez ha sido pionera en la lucha por la justicia para las mujeres, mencionando el caso Campo Algodonero, el cual llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentó un precedente clave en materia de violencia de género.
