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Especiales

Plantas tratadoras colapsadas generan crisis ambiental en BC

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

La costa del Océano Pacífico, que se extiende desde Ensenada hasta San Diego, enfrenta una crisis de contaminación provocada por la descarga de aguas residuales de las principales plantas de tratamiento de Baja California. Estas instalaciones se encuentran obsoletas, operan con deficiencias y están rebasadas en su capacidad, a pesar de que anualmente se les asignan presupuestos millonarios.

Una marea turbia conforma el paisaje habitual de las costas del Océano Pacífico. Frente a las playas de Tijuana, el oleaje arrastra heces fecales, grasas y desechos, producto de la contaminación. El olor proveniente del mar se percibe a kilómetros, sobre todo en época de calor.

Cada vez es más frecuente encontrar letreros advirtiendo el cierre precautorio de las playas por riesgo sanitario desde Ensenada hasta Tijuana, en el estado de Baja California, por el lado de México, mientras que, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, son colocados desde la línea internacional hasta Imperial Beach, en San Diego, California.

La principal fuente de contaminación está plenamente identificada: aguas negras descargadas al mar, reconoció Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).

Al sur, a 10 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, una cascada de aguas negras gorgotea proveniente de una tubería conectada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de Los Buenos (PITAR SAB), también conocida como Punta Bandera, ubicada en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

Aunque su función era el tratamiento de aguas residuales, la planta de Punta Bandera es la principal causa de la contaminación transfronteriza, se advierte en el informe de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), la cual arrastra aguas negras de Tijuana hacia las costas de San Diego, California.

Esta planta recauda mil 100 litros por segundo de un total de 3 mil 600 litros de agua residual de Tijuana, pero está en desuso desde 2017 porque su infraestructura está obsoleta, por lo que “nomás ve pasar el agua”, dice Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Y, a pesar de no cumplir con su tarea, que es sanear el caudal de agua residual que recibe, de 2020 a 2022, el gobierno de Baja California ejerció en Punta Bandera un gasto promedio anual de casi 20  millones de pesos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia. 

Aunque se requirió por transparencia el presupuesto ejercido de 2017 a la fecha, CESPT sólo proporcionó el gasto de 2020 a julio de 2023.

Los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito cuentan con 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) ubicada en el límite de Estados Unidos con México. La operación de esta red de plantas de tratamiento representó en 2022 un gasto de 195.8 millones de pesos, de los cuales sólo 9.8 millones de pesos se aplicaron en programas de mantenimiento, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) vía transparencia. 

Manuel Becerra asegura que no existe una razón que explique el abandono de las plantas de tratamiento de agua residual, cuando en el presupuesto de egresos la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado, sí dispone de recursos para su operación y mantenimiento.

Su señalamiento coincide con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en 2020 ubicó a Baja California como uno de  los 12 estados que no ejercieron la totalidad de los recursos dispuestos por el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROAGUA) a las entidades federativas.

Ese año el gobierno de Baja California recibió de la federación 65 millones 424 mil pesos, presupuesto del que no aplicó 1 millón 071 mil 800 pesos, pero tampoco lo regresó a la Tesorería de Federación (TESOFE), por lo que encabezó la lista de entidades con mayor cantidad de observaciones y sanciones.

Además, siete de los contratos de obras ejecutadas en 2020 con recursos de PROAGUA fueron objeto de recomendaciones y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por sus inconsistencias en la formalización de los convenios modificatorios con costos mayores a los pactados originalmente, las estimaciones de obra, las actas de entrega recepción y la aplicación del anticipo de obra por parte del contratista, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios. 

Para este reportaje, la reportera solicitó entrevista con Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), durante más de un mes a través del área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

Sistema colapsado

Punta Bandera no es la única fuente de contaminación de las costas regionales; a los mil 100 litros por segundo de agua residual que vierte al mar, se suma el escurrimiento de agua residual proveniente de los cañones y del Río Tijuana. Un total de 3 mil 600 litros por segundo de aguas negras se arrojan desde Tijuana al Océano Pacífico y, a decir de autoridades norteamericanas, el 70 por ciento de este caudal llega a las playas de Estados Unidos, principalmente a Imperial Beach, de acuerdo con reportes periodísticos. 

Por el derrame de agua contaminada al mar, el gobierno de Baja California pagó en 2020 una multa de 30 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), aseguraron las autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en una nota publicada por el Border Hub

Durante los últimos cinco años, particularmente a partir de la pandemia por Covid-19, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA), organismo que analiza el nivel de contaminación en las playas desde 2014, reportó la presencia de hasta siete mil enterococos -bacterias que causan diversas infecciones principalmente en el tubo digestivo-, por cada 100 mililitros de agua, cuando el límite se ubica en 200 por cada 100 mililitros de agua, informó Margarita Díaz, directora de PFEA, en entrevista para este reportaje.

Dijo que con esos niveles de contaminación la región debería encontrarse “bajo una contingencia y una respuesta muy contundente de las autoridades para solucionar el problema y no, la respuesta es ‘espérame, vamos a ver’”.

De acuerdo al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) Agua para el Valle de Guadalupe, el 46 por ciento de la red de casi cuatro mil kilómetros de alcantarillado sanitario (colectores y subcolectores) de Tijuana es obsoleta, es decir, que cumplió su vida útil.

Su estado genera fugas de aguas negras que provocan encharcamiento y contaminación en su paso. La lluvia arrastra esta contaminación hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, explicó Díaz.

“El río debería estar transportando agua de las plantas de tratamiento y ahorita sólo transporta drenaje”, señala Margarita Díaz.

La cuenca del río Tijuana abarca un área de 4 mil 430 kilómetros cuadrados, de la cual aproximadamente dos tercios se encuentran en México y un tercio en Estados Unidos y está constituida por 27 subcuencas, que es donde se genera el mayor volumen de agua residual, reportó CILA en su informe especial 2020.

Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC, explicó que para atender este problema hay tres plantas en Tijuana que requieren de mayor inversión para ser rehabilitadas debido al severo daño que registra su infraestructura: La Morita, Arturo Herrera y Rosarito.

Otro problema que propicia escurrimientos de agua residual en caños que desembocan hacia el Río Tijuana o al Océano Pacífico, y que ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), es la inadecuada operación de las plantas de bombeo, lo que incumple con acuerdos internacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Un ejemplo fueron las lluvias de este año, periodo en el que se asolvó el cárcamo que bombea el agua residual hacia la planta de Punta Bandera, pero no funcionó y las aguas negras fluyeron por meses directamente hacia Estados Unidos por el Río Tijuana, narra Margarita Díaz. 

El esfuerzo y la inversión para hacer llegar hasta Punta Bandera el agua bombeada desde el Río Tijuana representan una pérdida, ya que esta planta se encuentra sin operar y al volumen de agua residual que recibe sólo se le disuelven pastillas de cloro antes de ser derramado al Océano Pacífico, paliativo insuficiente para descontaminarlo, reconocen las propias autoridades de la CESPT en la nota publicada por el Border Hub en 2021.  

Punta Bandera opera desde 1988 y fue construida para sanear el agua residual a través de un sistema de tratamiento conformado por tres lagunas aireadas y, al final, desinfectar el líquido con cloro. Desde hace cinco años sólo realiza la última parte del proceso, así lo han reconocido las autoridades de CESPT.

Con estas condiciones, la infraestructura residual de la región no logra contener “el caudal de contaminación y desechos que el Río Tijuana y las playas de Tijuana arrastran más allá de la línea fronteriza”, se lee en el Informe Especial de CILA 2020, problemática que a la fecha prevalece.

De acuerdo con el Programa de Saneamiento de la Frontera Norte a Nivel Gran Visión para Tijuana, elaborado en el marco de los acuerdos del Acta 294 de la CILA, se requerirían tres décadas para solucionar el rezago en infraestructura para el saneamiento de aguas negras en el lado mexicano. En conjunto, las necesidades de proyectos de infraestructura de saneamiento al año 2050 suman 14 mil 555 millones.

Realizan contratos modificatorios y elevan costo

Desde 2018, el gobierno de Baja California, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), ha destinado recursos para la elaboración de estudios para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Punta Bandera, cinco años después, los análisis siguen en proceso.

Ese año, el ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, en convenio con el gobierno federal y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), aprobó la asignación de un contrato para la elaboración de los estudios relacionados con el Proyecto de Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos.

Por invitación directa a tres participantes, el contrato de número FNI CESPT-001-2018 I3 lo obtuvo Miranda, Arana, Velasco, S.C., firma asentada en Puebla y representada por Eduardo Guillermo Velasco Guevara.

El monto del contrato fue por 11 millones 890 mil pesos -IVA incluido-, por el que la empresa se comprometió a realizar estudios de ingeniería básica y de evaluación socioeconómica, análisis de conveniencia de una asociación público privada, así como asesoría estratégica que permita estructurar, bajo un esquema de asociación público privada, el proyecto de construcción y rehabilitación de planta.

El contrato establecía que el gobierno federal realizaría una aportación a fondo no recuperable por 6.5 millones de pesos.

La vigencia del acuerdo era del 15 de mayo de 2018 al 16 de marzo de 2020, pero a la fecha registra cuatro convenios modificatorios, de acuerdo a información obtenida vía transparencia.

El primero contrato modificatorio lo celebró el gobierno del morenista Jaime Bonilla, en 2020, año en el que se suponía realizarían todos los estudios y un proyecto que permitiera a CESPT licitar la rehabilitación de la planta.

La última ampliación del contrato la efectuó el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, en octubre del 2022, y determinó como fecha de entrega de todos los estudios el 31 de diciembre de 2023.

En este último convenio modificatorio, el Estado autorizó una cantidad adicional para la actualización de los estudios por 1 millón 470 mil pesos, lo que elevó el monto del contrato a 13 millones 595 mil 200 pesos, IVA incluido, no obstante que una de las cláusulas del contrato original obligaba a respetar los precios originalmente establecidos

Tanto el contrato original como los cuatro convenios modificatorios dan cuenta de la rotación constante de directores de CESPT; cada acuerdo fue firmado por un director distinto.

En los últimos 10 años, la dependencia ha tenido 11 directores, tres de los cuales han sido nombrados durante los dos años del gobierno de Marina de Pilar Avila Olmeda.

“Es un cargo muy politizado, está cautivo por los amigos de los políticos en turno y compadrazgos”, señaló Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la CMIC.

Estos cambios impiden la continuidad en los programas y una planeación adecuada de los proyectos, los cuales por lo general se asignan en forma directa y sin apego a las normas, afirmó.

Los señalamientos de Becerra coinciden con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los últimos años de la CESPT.

Un ejemplo de estas irregularidades observadas fue la rehabilitación del colector Oriente, tramo Buena Vista-Guadalupe Victoria, obra que ya había sido concluida y entregada, sin embargo, la CESPT llevó a cabo convenios modificatorios irregulares en el contrato APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN, financiado con recursos de PROAGUA, que elevaron en más de un millón de pesos el costo pactado originalmente.

El contrato lo obtuvo la empresa Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V. el 29 de junio de 2020 por un importe de 8.5 millones de pesos, más IVA, para ser concluida a finales de diciembre de 2020. Después, la CESPT solicitó un primer convenio modificatorio para diferir la fecha de vigencia del contrato, aunque en lugar de ello redujo el periodo, por lo que incumplió con el cambio aprobado en el contrato.

El segundo convenio modificatorio lo firmaron fuera del tiempo contractual, al presentarse el 21 de julio de 2021, es decir, 236 días posteriores a la conclusión de la obra. Así, la obra se desarrolló sin contrato vigente, lo cual es contrario a lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Baja California y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

El segundo convenio modificatorio incluyó dos autorizaciones de precios extraordinarios para incrementar el importe de la obra a 9 millones 754 mil pesos más IVA.

Ensenada, creciente contaminación en playas

Con trapos húmedos y cinta adhesiva, vecinos de Praderas del Ciprés, ubicada al sur de Ensenada, sellan puertas, ventanas y cualquier orificio por donde el olor de las descargas de aguas residuales pudiera penetrar sus hogares.

Esta se ha vuelto una rutina diaria particularmente en los últimos cuatro años, periodo en el que aumentó esta problemática, causando quejas constantes de dolores de cabeza en un creciente número de adultos mayores, comparte María Georgina Ríos García, presidenta del Comité de vecinos para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Naranjo.

Para María Georgina el mal olor que se acentúa durante la madrugada tiene como fuente esta planta, “pareciera que ni trataran las aguas”, consideró.

Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en entrevista para este reportaje reconoció que los malos olores que emana la PTAR de El Naranjo son consecuencia del deficiente tratamiento del agua residual que recibe: un volumen de 500 litros por segundo, más de la mitad de las aguas residuales que se generan en Ensenada.

El funcionario señaló que hasta 2022, esta planta sumaba 12 años sin rehabilitar, por lo que actualmente todas sus fases de tratamiento están comprometidas, “y es por ello que el agua sale deficientemente tratada”. La aireación es una de las fases más complejas de rehabilitar, y aunque sostuvo que ya se inició este proceso, no será hasta principios de 2024 cuando concluya, por lo que el problema de los malos olores continuará al menos por dos meses más.

La PTAR El Naranjo es sólo una de seis plantas de tratamiento que operan en Ensenada con una capacidad conjunta de 950 litros por segundo, sistema residual que incumple con la normatividad en las descargas debido al “abandono histórico” que arrastra, indicó Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

Desde Maneadero hasta el Sauzal, las descargas de aguas negras son un problema generalizado en Ensenada, por lo que los vecinos han salido a las calles a protestar.

Alonso Centeno, director de CESPE, dijo que no hay un estudio que diga la gravedad del tema de contaminación, y explicó que la rehabilitación de la planta El Gallo con una inversión de 40 millones de pesos aplicada a partir del 2022 para mejorar los procesos de saneamiento de aguas residuales, permitió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) determinara ese mismo año que las playas eran óptimas para uso recreativo.

Sin embargo, el Comité de Playas Limpias del Municipio de Ensenada ha activado en al menos cuatro ocasiones el mecanismo de reacción inmediata por contingencia en la playa durante 2023.

Las últimas dos alertas fueron emitidas por el derrame de aguas negras el 27 de septiembre y 23 de octubre de 2023; la primera fue por fallas en una línea de la planta de tratamiento de El Naranjo y la segunda por una ruptura en el colector que manda las aguas tratadas a Maneadero. Como consecuencia de la segunda alerta el Comité emitió el “cierre precautorio en Playa Hermosa”.

En 2017, Playa Hermosa fue catalogada como la más contaminada de México y “la única playa que resultó no apta para uso recreativo”, reportó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Durante los últimos seis años, Playa Hermosa no sólo ha encabezado en cuatro ocasiones la lista nacional de playas cerradas, sino que el riesgo a la salud a causa de las constantes descargas de aguas residuales se ha extendido a otras zonas de Ensenada, lo que obligó el cierre de playas como Conalep 1 y Punta Banda.

Como medida sanitaria de salud, el Comité de Playas Limpias mantiene por meses algunos cierres de playas, como es el caso de Playa Hermosa, debido a que los muestreos de la COEPRIS registran niveles de contaminación por arriba de la norma.

Incluso, no se descarta la presencia de cólera, por lo que en la mesa de trabajo interinstitucional efectuada entre los tres niveles de gobierno en octubre de 2023 acordaron realizar muestreos para confirmar indicios de esta enfermedad.

De 2015 a 2022, CESPE acumuló una deuda con la Comisión Nacional del Agua de 60 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes de aguas residuales descargadas en cuerpos de aguas nacionales. Si las aguas residuales vertidas no están bajo norma, se pagan excedentes, anotó Alonso Centeno, director de la paraestatal.

“Cuando se descarga y un parámetro no cumple con la norma ahí hay que pagar, no es una multa como tal, son excedentes y todos los organismos tenemos esas obligaciones”. Durante el primer trimestre de 2023, CESPE pagó a Conagua 330 mil pesos por descargas y excedentes de aguas residuales.

Presupuesto millonario, plantas sin mantenimiento

Arturo Espinoza Jaramillo, titular de SIDURT declaró que el abandono en el mantenimiento de las plantas es de más de una década.

Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), subrayó que, al recibir el organismo en 2022, cinco de las seis plantas no funcionaban de forma adecuada: El Sauzal, El Naranjo, Maneadero, Noroeste y El Gallo.

Sin embargo, en los últimos seis años, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ejerció un presupuesto de 294.8 millones de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual, de acuerdo a información proporcionada vía transparencia.

En 2021, el monto para este rubro se determinó en 70.9 millones de pesos, lo que significó un aumento de 109 por ciento con respecto a lo ejercido el año anterior, mientras que para 2022 el organismo operador elevó a 87.9 millones de pesos el gasto para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual.

Hasta mediados de 2023, CESPE reporta haber ejercido 38.3 millones de pesos en la operación y mantenimiento de las PTAR.

Para atender la rehabilitación de las plantas de tratamiento, el gobierno de Baja California considera necesaria la aplicación de recursos extraordinarios a través del Bono Verde informó Armando Fernández Samaniego, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), en una reunión con empresarios, donde anunció la reparación este año de las plantas Noroeste, El Gallo y el Naranjo. Sin embargo, de acuerdo al programa de obra de CESPE, la rehabilitación sólo se aplicó en las PTAR Noroeste y El Gallo.

El Bono Sostenible para los Servicios Públicos de Agua del Estado de Baja California (Bono Verde) es el esquema a través del cual el gobierno estatal contrató una deuda a 30 años por 9 mil 600 millones de pesos; de esa cantidad, 3 mil millones de pesos financiados por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), se aplicarán en infraestructura hídrica.

FOTO 13: Derrames

Del Bono Verde “alrededor de mil 200 millones de pesos se van a invertir en Ensenada en reposición de redes de agua potable y saneamiento”, informó Alonso Centeno.

No es la primera vez que la actual administración estatal anunció la disposición de recursos millonarios para atender la problemática.

En octubre de 2022, Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, anunció la inversión de 835 millones de pesos para la ampliación de la planta de tratamiento El Naranjo, obra que iniciaría en 2023 para concluir en 2024. Un año después, el proyecto sigue siendo sólo una promesa, pero de menor presupuesto.

Alonso Centeno dijo que en la ampliación de la planta El Naranjo, reprogramada a iniciar en diciembre próximo, se dispondrán de 500 millones de pesos.

Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, admitió en la conferencia de prensa del 19 de octubre el retraso en la rehabilitación de la planta, del cual no dio explicaciones ni responsabilizó a nadie, sólo se limitó a indicar que hubo “una situación” con la convocatoria por “temas procedimentales”, por la que dio “regaños y jalones de orejas” a funcionarios de su gabinete. Agregó que dio instrucciones para proceder con una licitación directa por emergencia sanitaria. 

Respecto a la problemática por descargas de aguas residuales en Maneadero y El Sauzal, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron el 12 de octubre una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar en acciones encaminadas a mitigar la problemática.

Las aguas negras vertidas al arroyo Las Ánimas y el Estero de Punta Banda, ha ubicado por arriba de los niveles máximos permisibles la presencia de coliformes y enterococos, esto de acuerdo a los análisis realizados por la Coepris, se informó en la mesa interinstitucional.

El problema de contaminación que enfrenta la delegación de Maneadero podría provocar afectaciones a la salud de más de 120 mil residentes de la zona y en las más de 2 mil 500 hectáreas de cultivo, a través de las cuales se genera 5 mil empleos, advirtió la senadora Nancy Sánchez, al hacer hincapié en la necesidad de atender la problemática en forma conjunta.

En cuanto a El Sauzal, los escurrimientos de aguas negras a causa del mal estado de la planta de tratamiento han provocado malos olores y la contaminación de la playa, por lo que en la reunión se determinó una inversión de 60 millones de pesos en su rehabilitación a finales de noviembre.

Mexicali, sistema de saneamiento rebasado

Descargas provenientes de establos, granjas avícolas y porcícolas, y basura doméstica que se deposita en los drenes agrícolas que cruzan el área urbana, son arrastradas en el sur de Mexicali hasta el lecho del Río Nuevo, así lo ha documentado la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

En el centro de Mexicali operan algunos colectores principales construidos hace más de 50 años y varias plantas de bombeo de aguas residuales que han alcanzado o excedido su vida útil y requieren ser reparadas o sustituidas. Cuando algún colector de esta zona colapsa o una estación de bombeo falla, las aguas residuales sin tratamiento generalmente se descargan en el río Nuevo y cruzan la frontera con Estados Unidos.

El sistema de saneamiento de Mexicali se compone de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben un volumen de 2 mil 420 litros por segundo, informó Armando Carrasco López, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); el 38.3 por ciento del agua que pasa por las plantas de tratamiento no se reutiliza y se devuelve a través del Río Nuevo.

El mayor volumen de agua residual lo reciben las plantas Zaragoza y Arenitas, y ambas incumplen con normas ambientales, refiere en su informe 2020 CILA, aunque el director de CESPM atribuyó el incumplimiento a la actualización que este año se realizó a la norma 001, que obliga al tratamiento de aguas negras bajo el método de lodos activados y no por aireación.

En forma adicional, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) opera en el valle otros ocho sistemas de saneamiento de menor tamaño, que en conjunto procesan 274 litros por segundo.

De acuerdo con Carrasco López, no será hasta 2027 cuando el total de las descargas de aguas residuales de Mexicali cumplan con la norma ambiental, porque hasta entonces concluirá con el proceso de actualización del método de tratamiento.

“Actualmente nosotros no estamos cumpliendo con la norma, la 001 que salió este año, pero la Semarnat nos permite tener un tiempo de gracia […] ya hicimos un compromiso de que no pasa del 2027 para que nuestras plantas ya estén actualizadas con nuestros métodos y entren dentro de la norma”.

El incumplimiento a las normas ambientales no sólo deriva del método de saneamiento utilizado, sino también a la falta de capacidad para tratar las aguas negras.

Un ejemplo es la PTAR Las Arenitas, que comenzó su operación en el año 2007, con una capacidad de diseño de 840 litros por segundo y con el fin de resolver un problema internacional, evitando que las aguas residuales sin tratar continuarán escurriendo por el Río Nuevo hacia Estados Unidos.

Desde el comienzo de su operación, esta planta, que concentra 46 por ciento de los volúmenes de aguas residuales, tuvo problemas en el cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-1996, situación que se buscó resolver con la creación de una laguna artificial. Sin embargo, se ha visto rebasada en su capacidad desde 2013. Actualmente recibe alrededor de mil 100 litros por segundo, informó Armando Carrasco. 

Aunque desde hace cinco años CESPM proyecta su ampliación para incrementar su capacidad actual de 840 a mil 900 litros por segundo, a la fecha no lo ha concretado.

Por su parte, la PTAR Zaragoza comenzó operaciones en el año 1969 y atiende el 54 por ciento de la demanda de saneamiento, con capacidad de tratamiento de mil 300 litros por segundo. Actualmente incumple con algunos parámetros de la NOM-001-ECOL-1996, como nitrógeno y sólidos suspendidos totales, por lo que requiere ser rehabilitada, anota en su informe CILA.

CESPM paga anualmente a Conagua alrededor de 42 millones de pesos por derechos de descarga y excedentes, recursos que retornan a la paraestatal para ser invertidos en obras.

Armando Carrasco López detalló que se considera una inversión de mil 685 millones de pesos sólo para cumplir con la norma, recursos provenientes del Bono Verde. “La idea es poderlo ejecutar cada año hasta el 2027”.

A partir del 2024 el proceso de rehabilitación arrancará en las plantas Arenitas y Zaragoza, con una inversión de 800 y 715 millones de pesos, respectivamente.

En el último año el costo de operación en saneamiento y tratamiento del agua residual en la capital bajacaliforniana generó un gasto de 349 millones de pesos, informó Carrasco.

Contaminación, problema cíclico a nivel nacional

La evaluación de la política hídrica nacional, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicada en 2020, la más reciente, consignó que la península de Baja California se encuentra entre las regiones con mayores problemas en el proceso de saneamiento.

De acuerdo al monitoreo realizado por la Conagua de 2019 en cuerpos de agua superficiales por Región Hidrológico-Administrativa, la península de Baja California registró contaminación por heces fecales y residuos, a tal punto de generar las condiciones para el desarrollo de bacterias. Uno de los factores que afectó la calidad del agua en Baja California, como en el resto del país, fue la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

En 2019 en México existían un total de dos mil 642 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación y, de acuerdo con el último registro del Sistema Nacional de Información de Aguas, en estas plantas se trató el 72.7 por ciento de los 194.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales recolectadas, por lo que la ASF lo calificó como un problema “cíclico” que afecta al país, debido a que no se procesa el 100 por ciento de las aguas residuales.

Entre los hallazgos de la evaluación se detectó que, al no contar con los adecuados mecanismos anticorrupción esto afecta el gasto presupuestal y genera sobrecostos en los contratos de construcción. 

La Conagua publicó, de manera oficial, el 30 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, sin embargo, tres entidades (Baja California, Coahuila y Yucatán), al no estar su legislación empatada a la Ley de Aguas Nacionales, carecen de elementos regulatorios para normar la obligación de que la planeación estatal se alinee a la nacional.

De seguir con los resultados obtenidos y las deficiencias identificadas, existe el riesgo de que el país no logre cumplir con las metas internacionales, establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, particularmente en lo referente a mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar, así como aumentar el reciclado y la reutilización; elevar el uso eficiente de los recursos hídricos; y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, concluyó la evaluación de la ASF.

Mujeres

Realizarán marcha por Karina Domíngez

Tras ocho días de la desparición de Karina Domínguez, consejera de la asociación Renace y Vive Mujer, desde el pasado 16 de noviembre, activistas exigen a las autoridades que apresuren las investigaciones.

Rocío Sáenz, presidenta de la organización, refirió que en el estado de Chihuahua persiste una crisis de violencia de género, así como criticó la demora en el inicio de las investigaciones y expresó su preocupación por la falta de atención oportuna en casos de desaparición. 

Comentó que este viernes 24 de noviembre realizarán una marcha a las 4 de la tarde, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de Karina Domínguez, así como partirán de la Casa de Juan Gabriel hacia la Fiscalía General del Estado.

Mencionó que los tiempos son vitales en situaciones como estas, por lo que no se podía retrasar ni un día y mucho menos semanas. 

Dijo que por parte de la sociedad civil se unieron esfuerzos para buscar a Karina, sin embargo, es notable el aumento de la violencia contra las mujeres durante el último mes. 

Señaló que, como organización, participan activamente dentro de las instituciones, aunque, lamentó que la realidad social persiste sin cambios significativos, mientras que la respuesta de las autoridades es que “todo está bien”, cuando la realidad es muy distinta. 

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Al abordar el tema de la violencia de género en el estado, Rocío Sáenz destacó la importancia de que exista información transparente y la necesidad de contar con estadísticas precisas. 

Dijo que, según porcentajes, Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mujeres desaparecidas en el último mes, sin embargo hay una cifra negra, debido a la falta de números exactos y de retroalimentación por parte de las autoridades.

En este sentido, cabe resaltar que en Ciudad Juárez, del 1 de enero del 2018 a la fecha, mil 348 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 487 fueron mujeres, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

De ese total, hasta la fecha 227 personas mantienen un estatus de “no localizadas”, mientras que 167 fueron localizadas sin vida. 

La dirigente de Renace y Vive Mujer opinó que, frente a estas cifras, únicamente se está maquillando la realidad, por lo que, si no se conoce la verdadera magnitud del problema, es imposible transformarlo. 

Frontera

Lanza EU política de restricción para vuelos chárter a Nicaragua

Autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó el pasado 21 de noviembre una nueva política de restricción de visas, dirigida a personas que administran vuelos chárter a Nicaragua (particulares o independientes), destinados principalmente a migrantes irregulares. 

Lo anterior, luego de que se observó una tendencia creciente de compañías de vuelos chárter que ofrecen vuelos —y cobran precios extorsivos— que ponen a las personas migrantes en un peligroso camino terrestre hacia el norte, en dirección a la frontera con Estados Unidos, se dio a conocer en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento, muchos de estos migrantes no tienen una justificación legal para ingresar o permanecer en Estados Unidos, por lo que, a menudo son enviados de regreso a sus países de origen, tras haber desperdiciado importantes recursos personales y haberse expuesto a riesgos a sí mismos y a sus familias. 

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Como parte de nuestro enfoque integral para abordar la migración irregular, el gobierno de Estados Unidos está adoptando medidas para imponer restricciones de visas en el marco de la disposición 212 (a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) contra propietarios, ejecutivos y/o directivos de compañías que ofrecen vuelos chárter a Nicaragua, diseñados para que sean utilizados principalmente por personas que migran irregularmente a Estados Unidos. 

Estos vuelos chárter y sus operadores tienen como objetivo a las personas migrantes y las ponen en peligro, por lo que están colaborando con gobiernos de la región, así como con el sector privado, para procurar erradicar esta práctica de explotación. 

«Instamos a los migrantes haitianos, cubanos y otras personas interesadas en migrar a considerar alguna de las numerosas vías seguras y legales que están disponibles para migrar a Estados Unidos», se indicó.

Las autoridades advirtieron que una de las consecuencias de utilizar este tipo de transporte, con la intención de ingresar a Estados Unidos y no tengan fundamentos legales para permanecer en el país, es la deportación a su país de origen.

Para consultar más información sobre las vías legales de ingresar a Estados Unidos, pueden visitar el sitio web  https://movilidadsegura.org/

Especiales

Autoridades estatales de Coahuila ‘congelan’ soluciones a crisis magisterial

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Desde el 2011, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Coahuila han obstaculizado la resolución de un conflicto magisterial que lleva más de una década, mediante la falta de pagos patronales, leyes a modo y nula acción legal en procuración de justicia reflejada en más de 40 denuncias varadas por años. Al día de hoy la deuda llega a más de 4 mil 577 millones de pesos en pensiones y servicio médico y ninguna autoridad ha dado solución a esta problemática.

Al padecimiento de cáncer de colon y ovario que aqueja a María Silvia Reyes Limón, enfermera jubilada desde hace 20 años del Hospital Universitario de Saltillo, se sumó el estrés del retraso en la aplicación de su tratamiento de quimioterapia y, ante la falta de medicamento en la Clínica del Magisterio de Saltillo, María tuvo que comprar las medicinas por su cuenta: tres mil pesos por dosis. 

Esta no es la primera vez que recibe tarde un medicamento vital para el seguimiento de su enfermedad. 

María Silvia Reyes Limón, enfermera jubilada del Hospital Universitario de Saltillo de la UAdeC hace 20 años, ha tenido que lidiar con la falta de medicamento pese a padecer cáncer metastásico.

En los últimos 12 años, maestras y maestros jubilados han padecido este tipo de fallas en el servicio médico, del que dependen 45 mil personas entre derechohabientes y beneficiarios. La crisis de salud dentro del magisterio es de tal magnitud que varios se han ido al amparo e incluso se tiene el registro periodístico de un plantón de 135 días en la Plaza de Armas de Saltillo. 

Información  obtenida a través de solicitudes de transparencia, archivos abiertos del Congreso del Estado, la propia Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, entre otros protagonistas, muestra que desde el Gobierno del Estado de Coahuila, en concreto desde el Ejecutivo, y apoyado por el Legislativo y el Poder Judicial, han hecho modificaciones cíclicas a leyes que se han traducido en el retraso de resolución de denuncias por ilícitos contra funcionarios del servicio médico y pensiones magisteriales.

Actualmente existen decenas de denuncias por abuso de otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias, así como peculado, que datan de al menos 10 años atrás  y que siguen esperando ser resueltas, mientras que la deuda en pensiones y servicio médico suma más de 4 mil 577 millones de pesos.

Denuncias y montos reclamados

Carmen Patricia Nieto Ruíz es profesora y miembro del magisterio de Coahuila. En 2018, debido a su diagnóstico de artritis reumatoide y a las enfermedades de sus padres se vio obligada a ocupar el servicio médico al que tiene acceso por derecho, pero los medicamentos por parte del sistema nunca llegaron. 

Su último recurso fue interponer un amparo que obligara a la farmacia a darles las medicinas. Así estuvieron hasta 2022. Las autoridades aseguraban que la causa de todo esto es que no había recursos.

Durante la pandemia la situación empeoró. Pues a pesar de que ganó el amparo que obligaba a las autoridades a surtirle medicinas o reembolsarle el gasto, ella tuvo que seguir costeando las del día a día, cubrir todo su tratamiento y hasta la hospitalización de su padre, cuando resultaron contagiados de coronavirus. 

Reunieron todas las facturas desde enero de 2022, su gastó era cercano a los 50 mil pesos. Cada 15 días se reportaba con la asistente de Alejandro Treviño, director general del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, para acordar cuándo y cómo se haría el reembolso, pero fue hasta que hizo una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo cuando las autoridades le pagaron. 

“Llegó un momento en que nos dijeron no tenemos dinero, venía el cierre del año fiscal y el riesgo de que no nos pudieran pagar, así que tomé la decisión, con el apoyo y acompañamiento de mis compañeros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, de hacer una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo para reclamar no solamente ese adeudo, sino que todo el mes de noviembre no nos habían dado medicamento a mi mamá y a mí”, explicó. 

Debido al retraso en el pago de las facturas de los medicamentos que tuvo que comprar por no tener en existencia en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, la profesora Patricia Nieto realizó una huelga de hambre.

De 2015 a 2023 se tiene registro en el Estado de 43 denuncias contra funcionarios relacionados con los servicios médicos y de pensiones de los trabajadores de la educación de Coahuila.

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El 83 por ciento de estas acusaciones, es decir 36, fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) y corresponden a irregularidades encontradas en las cuentas públicas de ejercicios fiscales que datan desde el 2012 hasta el 2021 por un monto total reclamado de 2 mil 746 millones 19 mil 883 pesos. Siete denuncias más se presentaron del 2017 al 2023, cinco por un ciudadano y dos por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE); del total, 38 fueron ante la Fiscalía Anticorrupción y 5 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General.  Del total, 38 siguen en trámite.

Cuatro organismos son los involucrados: Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación. 

Más de mil millones de pesos corresponden tan sólo a nueve denuncias de la ASE en las que se acusa al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción en el Estado contestó en una solicitud de información que cuenta con el registro de 38 denuncias interpuestas en sus oficinas. El 60 por ciento fueron por el delito de peculado y/o lo que resulte y el resto, cuatro, son por otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias.

En febrero de 2020, la Coalición de Trabajadores de la Educación realizó un recorrido por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana de Coahuila con el objetivo de exigir un informe sobre las investigaciones penales sobre desvío de recursos en el magisterio, esto como afectados directos, pero ninguna de las instancias les dio respuesta. 

Los primeros tres organismos dijeron que eran investigaciones en curso y el Comité aseguró que solicitó la información, pero nunca la obtuvieron, aunque no presentaron ningún documento que confirmara este hecho, según los propios maestros. 

Para corroborar el estatus actual se enviaron los datos obtenidos vía transparencia al Fiscal General Gerardo Márquez Guevara y al Fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier, ya que el primero aseguró en entrevista no tener a la mano los datos concretos y precisó que no se habían cerrado, en tanto que el segundo ofreció hacer una revisión, pero hasta la publicación de este reportaje ninguno dio respuesta del por qué las carpetas no han avanzado. 

Para el legislador independiente, Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, esta es una problemática que en algún momento le afectará al ciudadano común, “tarde o temprano lo vamos a tener que pagar… los gobiernos van aventando el bote para que en su gestión no le toque, le toque al que sigue y él lo resuelva”, afirmó. 

Rodolfo Walss Aureoles, Diputado Local Independiente en Coahuila: “la estructura del gobierno está hecha para que todos sean cómplices de todos”

Para los maestros, esa realidad ya está aquí. “El Seguro del Maestro no se está entregando ni puntual ni completo, la vivienda ha funcionado totalmente irregular y somos muchos los derechohabientes de esa institución que nunca pudimos recibir ni un crédito y los recursos cuando nos retiramos ni siquiera nos los devuelven”, contó la maestra Patricia Nieto.

Finanzas deficientes. Patrones morosos.

Esta tormenta perfecta se creó desde hace tiempo. En 2016, el Despacho de Contadores Públicos y Consultores, Carrales Cervantes y Compañía, S.A. de C.V., realizó una auditoría externa a la Dirección de Pensiones de Los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), a petición de la propia Junta de Gobierno del organismo y de la Secretaría de Fiscalización del Estado. Esta arrojó una “opinión desfavorable (adversa)”, referente a cómo se habían estado manejando los estados financieros del organismo.

Al año siguiente, 2017, los Informes de Armonización Contable del sitio oficial de la DIPETRE arrojaron por primera ocasión el déficit en el pago de aportaciones de patrones desglosado por cada uno de ellos y un comparativo con 2016; quien lideraba la falta de pagos era el Gobierno del Estado con 639 millones 888 mil 176 pesos, de un total de 884 millones 417 mil 890 pesos.

Desde sus inicios, las leyes de pensiones y del sistema de salud y beneficios sociales de los trabajadores de la educación, establecen un porcentaje de aportaciones patronales para sostenerlos, y un porcentaje aportado por el trabajador.

A lo largo de los años, los patrones han fallado en cubrir el pago de pensiones y servicio médico que por ley les corresponde. La prueba es que de marzo 2022 al 31 de julio del 2023 la deuda al DIPETRE ya es de 4 mil 101 millones 429 mil 559 pesos. En ese periodo de casi año y medio, la deuda se incrementó en 326 millones 180 mil 638 pesos.

Los patrones magisteriales adeudan a la Dirección de Pensiones más de 4 mil 100 millones de pesos

El Gobierno de Coahuila es el principal deudor, con un déficit en sus aportaciones patronales de 2 mil 654 millones 182 mil 37 pesos. Los demás deudores son el Instituto Tecnológico de Saltillo; el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación; la propia DIPETRE; el Seguro del Maestro; el Fondo de Vivienda; la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, también presentan una tendencia a la alza pese a haber realizado algunas actualizaciones importantes.

Aunque la DIPETRE maneja como deudor directo al Instituto Tecnológico de Saltillo en lugar de añadirlo al Gobierno del Estado, el profesor Gustavo García Torres, miembro fundador de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila, señaló que esto es un despropósito pues sería como querer manejar aparte el adeudo de cada institución dependiente.

Para él, los 712 millones 514 mil 500 pesos que corresponden al Instituto Tecnológico de Saltillo a julio del 2023, se deberían sumar al Gobierno Estatal, lo que representaría un total de 3 mil 366 millones 696 mil 537 pesos, es decir 82 por ciento del total del adeudo al magisterio; aunque desde finales de octubre se solicitó al Instituto Tecnológico de Saltillo aclarar cuál es su situación actual en este rubro, el área de Comunicación pidió tiempo y hasta la fecha de publicación del reportaje no dieron una respuesta. 

Al déficit patronal en pensiones habría que sumarle el del Servicio Médico, donde el adeudo a julio de 2023  es de 476 millones 80 mil 574 pesos, que sumados a los adeudos por pensiones dan un gran total de 4 mil 577 millones 510 mil 133 pesos.

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Según la respuesta a la solicitud de información 051145100003823, respecto de los adeudos actuales e históricos del Servicio, el Gobierno de Coahuila no presentaba saldos; sin embargo, en el sitio oficial del organismo, el último informe de armonización contable publicado, del 30 de junio de 2023, aparece con un adeudo a corto y largo plazo por un total de 8 millones 343 mil 818.26 pesos.

El adeudo de aportaciones incluye el Servicio Médico de los maestros, que asciende a casi 480 millones de pesos

A pesar de que todas estas deudas constan en documentos de la propia DIPETRE, la Secretaria General en Coahuila de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Isela Licerio, aseguró en entrevista que el Gobierno de Coahuila ha estado pagando en tiempo y forma a todos los sistemas, según les ha informado la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, Teresa Guajardo Berlanga.

“Desde que estamos nosotros, el Gobierno ha cumplido formalmente todas sus cuotas en las cuatro instituciones, no se ha incrementado el adeudo”, sostuvo. Agregó que en el caso de DIPETRE hay un adeudo histórico desde 1974.  “Nosotros acabamos de estar con la licenciada Tessy Guajardo, que fue la que certificó, hizo auditoría en las cuatro instituciones y están los pagos ahí, están bien hechos”, aseguró Isela Licerio. 

Isela Licerio, Secretaria General en Coahuila de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asegura que no hay adeudos del Gobierno Estatal pese a documentos que así lo comprueban.

Esta periodista trató de localizar a los titulares de las cuatro direcciones: Seguro del Maestro, Fondo de la Vivienda, Dipetre y Servicio Médico, para obtener su versión de los números, pero al cierre de este reportaje no se había concretado ninguna cita.

En el último Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de Coahuila dio cuenta de que en su Estado de Actividades, la DIPETRE (Iframe2) tuvo ingresos y otros beneficios por el orden de 2 mil 666 millones 425 mil 184 pesos, entre los que estaban las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo cual cubre 2 mil 194 millones 375 mil 662 pesos, pero sus gastos y otras pérdidas ascendieron a 2 mil 673 millones 238 mil 578 pesos, y el rubro en que más asignó recursos fue el de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significaron 2 mil 629 millones 355 mil 135 pesos.

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Para pensionados como la maestra Juana Esthela Guerrero Torres, que trabajó 30 años en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como docente investigadora, este déficit financiero se hace tangible en el momento en que acuden a exigir el medicamento y permanecen en las clínicas en plantones de algunas horas hasta conseguirlo, o bien cuando esperan para una cirugía, como fue su caso en un problema de rodilla que requería un previo pago de 200 mil pesos por una prótesis. 

Juana Esthela Guerrero Torres tiene pendiente una cirugía de rodilla

El esquema legal

La Dirección de Pensiones, el Servicio Médico, Seguro y Vivienda de los Trabajadores de la Educación no siempre tuvieron problemas financieros, en sus inicios vivieron algunos años de bonanza en que los trabajadores podían gozar de uno de los sistemas de salud más sólidos, lo que llevó incluso a la inversión de sus fondos en centros recreativos.

Así lo señaló Salvador Ponce Ortiz, abogado que trabajó en la Universidad Autónoma de Coahuila, que en conjunto con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, formaban parte del sistema educativo adherido al Gobierno del Estado de Coahuila.

De ahí que actualmente, pensionados de ambas instituciones y la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sean los directamente afectados por la debacle financiera de estos organismos.

Sin avance ni planes para el pago de sus adeudos, ni en la procuración de justicia que reintegre los montos reclamados por la Auditoría Superior del Estado, la estrategia apunta a la creación y reforma de leyes: 14 en total entre nuevos ordenamientos, modificaciones, adiciones y abrogaciones, del 2011 al 2022, todas presentadas por los Ejecutivos estatales en funciones.

El Congreso de Coahuila ha aprobado por mayoría del partido en el poder 14 propuestas, entre reformas y nuevas jurisdicciones, para los sistemas de salud y pensiones del magisterio

En febrero del 2011, cuando Carlos Moreira era secretario general de la Sección 38 en Coahuila y el gobernador del Estado era Jorge Torres López, éste presentó una iniciativa para crear la Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social, en vísperas de la elección a gobernador en que participaba el entonces candidato Rubén Moreira Valdés; misma que en su exposición de motivos resalta que unificar todos los sistemas de salud y seguridad social en una sola legislación les llevaría a un mejor desempeño y disminuiría los costos que su operación por separado significaba para el gobierno estatal.

Sin embargo, la ley no convenció a los trabajadores de la educación, según los registros de las declaraciones de la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas en el Diario de Debates del Congreso, porque la intención del Ejecutivo era “dotar a la Sección 38 de un poder absoluto sobre el Instituto, la sobre representación en el Consejo General y en las Direcciones Generales, dejando claro que serán manejadas a modo… Se le conceden facultades discrecionales al Instituto para aumentar el costo de los servicios médicos o modificar las condiciones en las que éstos han de ser proporcionados”.

Esta ley nació y murió en sólo tres meses: de febrero a mayo del mismo año, cuando se abrogó, en medio de protestas que llevaron a la conformación de la Coalición de Trabajadores de la Educación, asociación de maestros pensionados y jubilados que hasta la fecha ha pugnado por recibir los servicios que por derecho corresponden a quienes trabajaron por décadas en el sistema educativo estatal.

Así, el 22 de diciembre del 2015 el entonces gobernador del Estado Rubén Moreira y la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública del Estado, presentaron las iniciativas de Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,y la Iniciativa popular para reformar diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, respectivamente.

El mismo día y el mismo año, el Gobernador presentó, y le fueron aprobadas por mayoría de los diputados de su partido, la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación, la Ley del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación y la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, según el mismo documento del diario de debates; otra vez el común de estas leyes era la creación de órganos de gobierno en que la Sección 38 de maestros tenía todo el poder de decisión y designación de sus funcionarios.

El 22 de diciembre del 2017, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso presentó y fue aprobado, un dictamen de reformas a diversos articulados de las leyes en comento debido a que fue presentada en 2016 una controversia constitucional por el cobro de aportaciones a los pensionados y que los intereses generados por la omisión del patrón de enterar cuotas y aportaciones fueran a cargo del trabajador. 

En la exposición de motivos, se explica que el Fondo de la Vivienda «se ha constituido como una entidad solidaria con los trabajadores de las otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación a quienes facilita, y apoya con recursos económicos, instalaciones e infraestructura, incluso sus centros recreativos y de hospedaje».

El 23 de octubre de 2018, el actual Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, misma que se dictaminó en conjunto con una iniciativa popular que buscaba la modificación a la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, planteada por los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.

Entre los diputados que estuvieron en la discusión y aprobación de dicha legislación estaba el panista Juan Antonio García Villa, quien relata que esta última iniciativa llegó primero que la del Gobernador Riquelme, en mayo, y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que presidía el priísta Jesús Berino Granados. “Nunca emitieron dictamen, la ley prevé que se pueda dar otra prórroga de 30 días que iba a terminar en el mes de octubre… y el gobernador presentó una iniciativa ese mes que tuvo mínimos e insignificantes avances sobre todo en lo fundamental”, aseguró. 

Al igual que en las demás propuestas los diputados de oposición se quejaron de haber recibido el documento un día antes de ser votado, presentaron entonces reservas a varios artículos como los relativos al copago, a la creación de un fondo de garantía pagado por los trabajadores y sus familias en caso de fallecimiento y a la instauración de un voto ponderado que daba un valor del 49 por ciento a la Sección 38 de Maestros, mientras que los demás integrantes del Consejo de Administración tenían el 8.5 por ciento, todas las reservas se desecharon por mayoría priísta, a la que se sumó la morenista Elisa Villalobos, “que es el voto que nos faltó”, recuerda García Villa.

“El otro aspecto nocivo es que la administración de estos servicios prácticamente hacía un coto de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, pues antes de la reforma del 2018 el Consejo de Administración del Seguro estaba formado por cuatro personas que eran propuestas por la dirigencia de la Sección 38 del SNTE, “es tan absurdo esto como si el ISSSTE como órgano del gobierno federal fuera administrado por el SNTE”, dice el ex diputado.

La última modificación tuvo lugar el pasado 14 de junio del año 2022, cuando fue aprobada la iniciativa de reforma a Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís.

En el Diario de Debates quedó registrado que, según el diputado Independiente Rodolfo Gerardo Walls Aureoles, la reforma propuesta “adolece de deficiencias técnicas serias, por ejemplo, los maestros aportan sobre el 100 por ciento de sus ingresos y el gobierno solamente aporta sobre una parte de los ingresos, pero la pensión no es sobre el 100 por ciento de los ingresos de los cuales los maestros aportaron, es sobre una fracción de sus ingresos, eso es una trampa”.

Una vez más, el dictamen fue aprobado por mayoría priísta y del Partido Verde Ecologista de México, en este sentido el legislador Rodolfo Walss afirmó en entrevista que esta alianza ocurre “invariablemente” en la actual legislatura y como oposición “nos quitan el voto que necesitamos”.

Corrigen leyes locales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ante la falta de eco a nivel local, la Coalición de Trabajadores de la Educación solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar diversas acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado y la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, aprobadas por el Congreso de Coahuila, y así, en 2017 antes de que la Corte resolviera, el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a su propia reforma para evitar que procediera la acción de inconstitucionalidad, lo que se logró parcialmente.

Persistieron entonces, en el fallo emitido el 9 de julio de 2018, las declaraciones de invalidez del artículo 52 de la primera ley porque condiciona el disfrute de los beneficios a que los trabajadores estén al corriente en las cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones. 

Y del artículo 4 de la segunda, pues la Corte consideró inaceptable que el derechohabiente deba pagar una cantidad extra de dinero por la prestación de un servicio de atención médica que se debe proporcionar en sus clínicas.

El 25 de mayo del 2020, la Corte emitió otro resolutivo, luego de la acción promovida por algunos integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila en contra de diversos artículos de la Ley del Servicio Médico discutida el 23 de octubre del 2018 y publicada en el Periódico Oficial el 9 de noviembre del mismo año; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó un recurso contra la misma ley.

Los magistrados consideraron “procedente y fundada” la acción y declararon la invalidez de algunas fracciones de los artículos 3 y 7, y otros “por extensión”, eliminando la figura del «copago» (gasto compartido entre el Instituto de Servicio Médico y los derechohabientes, para cubrir el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos); los «planes de protección» (pagos adicionales con fines de ampliación de cobertura de servicios de atención médica) y el «fondo de garantía» (que agrega 20 por ciento al monto de los adeudos generados por servicios prestados a los derechohabientes o sus beneficiarios en concepto de copago, a efecto de formar el fondo).

“El círculo perverso”

Todos estos movimientos legales y políticos afectan el derecho a la salud de más de 45 mil personas, que, según una respuesta a solicitud de información, son asegurados (24 mil 74) y beneficiarios (21 mil 360) del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, entre los cuales están 6 mil 395 jubilados y 2 mil 135 pensionados.

Isela Licerio, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, informó que incluso han suspendido todas las cirugías programadas “porque no son urgentes, ¿por qué? Por la transición de gobierno va a haber un nuevo director obviamente, estamos en espera de que llegue ese nuevo director, se están suspendiendo hasta que llegue él pero no quiere decir que ya no se vayan a hacer, en un mes más empieza todo a regularizar, son las cirugías por ejemplo la de rodilla, la de columna, que pueden esperar”, cabe mencionar que posteriormente dio a conocer que la suspensión duró sólo dos días.

Entre las violaciones sufridas por el gremio magisterial inconforme que se ha atrevido a alzar la voz, están las que han sido registradas por el propio Gustavo García Torres en diversas colaboraciones como columnista de Red es Poder: el 16 de septiembre de 2015, siendo alcalde el actual gobernador del estado Miguel Riquelme Solís, la Policía Municipal de Torreón frenó una manifestación del Movimiento Magisterial de Coahuila en contra de la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El 26 de septiembre de 2018, fueron desalojados del Congreso de Coahuila, en el que realizaban un plantón para exigir modificaciones a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y el pasado 14 de septiembre del 2021, también fueron removidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, auxiliados por elementos estatales, de la Plaza de Armas en Saltillo, donde permanecían en su segundo plantón.

Ello luego de haber tenido por una semana y media mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Gobierno estatal, en las que estuvieron convocados directivos de las instituciones magisteriales, rectores de las universidades y funcionarios estatales, con el propósito de elaborar un diagnóstico y determinar acciones a seguir.

“48 días después empiezan a guardar silencio, a sustraerse, a ya no recibirnos y en el día 135 del plantón nos dan la puñalada trapera y en la madrugada proceden al desalojo violento, al encarcelamiento de mi persona”.

García Torres fue acusado de “sedición y amenazas de volar con petardos el palacio de Gobierno” y llevado a los separos municipales, de donde salió horas después.

En septiembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila informó que había cerrado la queja presentada por el maestro por estos hechos al existir una causa penal en su contra, respecto a la cual García Torres ya presentó un amparo.

El profesor Gustavo García Torres ha sido acusado de sedición por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de participar en un plantón para exigir el pago del adeudo al sistema pensionario y del servicio médico al Gobierno del Estado

Quienes han sido protagonistas activos de esta historia coinciden en que el panorama es adverso para los maestros jubilados y pensionados de Coahuila; y es que según el legislador Rodolfo Walss la problemática se irá agudizando primero porque el número de pensionados va en aumento y segundo debido “a que el gobierno dispone del dinero del Fondo de Pensiones a su antojo y luego no lo regresa, eso hace más grave el problema”.

El ex legislador Juan Antonio García Villa, opina que “el sistema está de tal manera diseñado, para que prevalezca la impunidad, se queja de que no hay instrumentos pero ni siquiera los quieren incorporar a la legislación”; agregó que la complejidad se debe a una mala gestión administrativa, “vamos a decirlo: el saqueo de estos recursos se ha dejado a los líderes sindicales de los maestros que no rinden cuenta, o el problema de que la misma Auditoría Superior del Estado es incapaz o hay consigna ante la propia Fiscalía General del Estado y en general en todo el Sistema Anticorrupción para que no opere en el caso de estos líderes magisteriales, es increíble, no es posible”.

El profesor Gustavo García Torres lo llama Círculo Perverso: “yo debo, no pago; hago leyes que no cumplo, no modifico lo que no me conviene para que se me permita seguir haciendo de las mías y a mis aliados políticos seguir manejando estas instituciones como parcelas o cotos de poder, a condición de que me muestren subordinación y que no se salga nadie de este círculo perverso en el que todos nos ayudamos, nos favorecemos con leyes, con dispositivos judiciales, con evasiones jurídicas”.

Isela Licerio, líder del sindicato de la Sección 38, agregó que “el adeudo histórico se debe de hace muchos años, de hace muchos gobiernos atrás, y ahorita bueno, el Gobierno, como decirte, no se hace responsable, y no lo va a pagar”; sobre el destino de dicho adeudo agregó: “lo que estamos pidiendo es que nos dejen entrar, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias, si es necesario aportar más vamos a aportar más porque siempre lo hemos hecho, no es la primera vez, nosotros vamos a levantar nuestro servicio médico pero tiene que salir desde nosotros, los maestros”.

Mujeres

Chihuahua registra 181 asesinatos de mujeres

En lo que va del año, en el estado de Chihuahua se han registrado 181 asesinatos de mujeres, de los cuales 39 fueron considerados como feminicidios, dio a conocer Wendy Chávez Villanueva, fiscal especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y la familia (FEM).

Explicó que, en el resto de los casos, la mayoría tiene una relación muy alta con la delincuencia organizada y para los feminicidios, un importante número es por la violencia familiar, tratándose de parejas o exparejas sentimentales quienes privaron de la vida a sus víctimas.

Señaló que uno de los casos de feminicidio se perpetró luego de que el agresor cumplimentó una sentencia por violencia familiar y, al momento de quedar en libertad, buscó a la víctima para asesinarla.

En este sentido, en Ciudad Juárez, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia, dio a conocer que realizarán una serie de eventos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Dijo que entre las actividades planificadas, se incluyen conferencias y paneles con la participación de expertos.

Urrutia señaló que se llevará a cabo una agenda de 16 días de activismo en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre ellos la inauguración de la sala «Mujeres que luchan», en las instalaciones del Instituto de las Mujeres.

Además, se tiene programada una conferencia centrada en el sufragio femenino, así como un panel que compartirá experiencias a través de la participación de diversas asociaciones y redes comprometidas con esta causa.

Como parte de estas iniciativas, se llevará a cabo la exposición fotográfica titulada «Reveladas, defensoras en enfoque», a cargo de Paloma Reyes y Enrique Aguirre, detalló Alexia Buendía Peña, responsable de Comunicación Social del instituto.

Comunidad de medios