Al respecto, el Director de Ecología del Municipio, César René Díaz Gutiérrez, dio a conocer que los animales asegurados por PROFEPA no pueden ser movilizados hasta la conclusión de un procedimiento legal en curso.
«Los burros y otros animales actualmente en el Parque Central están bajo la supervisión de PROFEPA. Como autoridades municipales, estamos a la espera de que se levante el aseguramiento para poder intervenir directamente», dijo.
Mientras que esta tarde, el encargado del Parque Central, Rogelio Muñoz Sapién, dio a conocer que los animales estaban en prestamo por parte del Recreativo San Jorge, ya que era por tiempo limitado.
Cabe recordar que la Comisión de Ecología de Protección Civil, a cargo de la regidora Alma Arredondo Salina, y personal de Ecología realizó varias inspecciones durante el año pasado, con el fin de evaluar la situación de la fauna en el Parque Central.
Sin embargo, con el actual proceso legal, estas inspecciones han sido suspendidas temporalmente.
«Una vez se levante el aseguramiento, retomaremos nuestras revisiones para garantizar la seguridad y bienestar de los animales», afirmó Díaz Gutiérrez.
Cortesía
La preocupación por la fauna urbana es un tema cada vez más relevante, pues recientemente se logró trasladar a la jirafa Benito hacia el santuario «Africam Safari» en Puebla, tras una lucha de nueve meses por parte de activistas de «Salvemos a Benito» y «Somos Su Voz».
Aunque aun estaba latente la situación del resto de los animales, pues como estos mismos activistas documentaron en varias ocasiones se registró la muerte de animales, mientras que se encuentra pendiente una demanda colectiva en contra de 26 instancias de gobierno por el peligro que corren las especies y la flora en el Parque Central.
“El desplazamiento me colocó frente a mí misma para significar mi propio refugio”, narra la periodista de Chihuahua tras su salida y retornos a escondidas de autoridades, quienes no tienen planes de seguridad»
Chihuahua.- “El desplazamiento forzado de periodistas es la base de una pirámide, en donde la punta de arriba es el asesinato de periodistas”, refiere Carlos Beristain, psicólogo y médico vasco experto en procesos de acompañamiento psicosocial de víctimas de la violencia.
El 6 de abril de 2017 subí al avión que me llevaría a la Ciudad de México. Mi asiento era en ventanilla. Despegamos. La ciudad que me vio nacer y que me dio cobijo se hacía pequeña y se quedó. Venían a mi mente imágenes de mi familia y de manera paralela, la de las personas indígenas de la Sierra Tarahumara con quienes he convivido de manera constante por más de 15 años. Me dolía no regresar a su tierra.
Me convertí en desplazada, ¿verdad?- le comenté a un acompañante que se encargó de llevarme a la Ciudad de México, donde me recibieron mis compañeros de la Red Periodistas de a Pie.
Desde el día que asesinaron a Miroslava Breach Velducea -el 23 de marzo de 2017-, amigos, organizaciones civiles de defensores de periodistas y hasta autoridades, me pidieron irme de Chihuahua y del país. Carlos Beristain estaba de paso por Chihuahua y él me convenció de salir luego de analizar mi situación y las coberturas sobre desplazamiento forzado en el estado que había hecho los últimos meses.
Además de la cercanía en las coberturas con Miroslava, con quien compartía información en diferentes trabajos, me explicó que el desplazamiento forzado es un signo de guerra, es el problema más difícil de reconocer por un gobierno porque es reconocer ante la comunidad internacional que hay una guerra en el país.
La periodista Miroslava Breach Velducea. Crédito: Raíchali.
En mayo de 2020 regresé a Chihuahua de manera intermitente. Decidí hacerlo sin avisar a las autoridades porque hacerlos era mayor el riesgo. Y es que oficialmente no fui reconocida como víctima, ni se me dio un trato como testigo protegida, como lo dieron a conocer en el gobierno de Javier Corral. El gobierno estatal se hizo cargo de mi seguridad los primeros días que estuve en Chihuahua y de mi traslado a Ciudad de México, donde esperaría para que el Comité Internacional de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), lograra mi salida del país junto con mi hija, quien tenía 16 años.
Me negaba a dejar mi tierra después de más de diez días de vivir escoltada. Los primeros días pasaron en cámara lenta, como si estuviera anestesiada.
Con el paso del tiempo y con apoyo profesional, como otras periodistas, aprendí a hacer análisis de riesgo, de contexto y pensar en protocolos, así como en un periodismo más estratégico.
Exilio obligado
El país que me recibió fue Perú, donde estuve primero seis meses y posteriormente un año con dos meses. Allá vivía el duelo por el asesinato de Miroslava Breach y también los duelos de las pérdidas que implica un exilio.
Salí de la Ciudad de México con mi hija, el 2 de mayo de 2017. Llegamos a una ciudad ajena, sin haber elegido cambiar de residencia. Todo parece feo. Me resistí por varios meses a aceptarla como nuevo hogar. Pensaba que era una situación temporal, de tres meses, y visualizarlo así me mantenía relativamente tranquila. Me aferré a continuar escribiendo, a reportear mi ciudad, mi estado, a mi gente, a la distancia. Las fuentes, principalmente las de la Tarahumara, fueron solidarias y extendieron su mano para estar presentes… de distinta manera, pero estar.
Con el paso de los días asimilé la realidad. Acepté con profundo dolor que Miroslava había sido asesinada y que tengo que aprender a vivir con ese recuerdo como si lo hubieran cosido en cada parte de mi cuerpo. Llegaron otros afectos, otra tierra se extendió y me arropó con mi hija.
La nueva tierra se convirtió en nuestro refugio, en tranquilidad y en fortaleza para reconstruirnos, para reaprender a vivir y ver surgir conmigo, fuerte, a mi hija. La anestesia pasó y dolió y duele más la herida. Con la recuperación, crece la esperanza y la fuerza.
Las noticias del asesinato de otros periodistas mexicanos – a Miroslava le siguió Javier Valdez en Sinaloa-, del asesinato de un escolta de otro compañero, de allanamientos de medios de comunicación, de amenazas, desapariciones, intensifica el coraje e impotencia. Cada palabra en las notas que leía, parecía alejarme de la posibilidad de regresar pronto.
El regreso se prolonga
El 15 de mayo de 2017 asesinaron a Javier Valdez en Sinaloa. Unos cuatro días después, CPJ me anunció que me habían elegido para recibir el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, que otorga ese organismo cada año a los periodistas que a pesar de un contexto de riesgo continúan haciendo periodismo.
Ese momento lo viví con culpa, es un premio con sabor agridulce. Con el tiempo asimilé que era un momento para hacer visible al periodismo mexicano, al que se ejerce en provincia, en los estados y que es poco auto valorado.
En noviembre, el día de la premiación, conocí a la familia de Javier Valdez. Fue como si los conociera desde hace años, especialmente a Griselda Tirana, su esposa. Pero no imaginé el impacto que tendrían en mí.
Yo estaba decidida a regresar en unas semanas a Chihuahua y con precaución, veríamos los signos de riesgo para decidir el momento en el que tendría que volver a salir. Se lo conté a Grisela Triana frente a sus hijos.
Sus palabras se quedaron incrustadas en mi mente y después entendí que también en mi cuerpo: “No te hagas la valiente, no regreses. Eso hizo Javier”. Sus miradas profundas me hicieron sentir el cariño que se ha acrecentado los últimos meses. Esas miradas eran igual a la de la hija de Miroslava que me pidió en el funeral que me fuera, que me cuidara, que no permitiera que me hicieran lo mismo.
Vinieron noches de pesadillas y con terapias enfrenté y reconocí que si hay miedo. Había miedo a regresar, pero aun así, estaba decidida. Tomaría precauciones. Sin embargo, al finalizar diciembre de 2017, aprehendieron al único detenido por el caso de Miroslava Breach. En las audiencias y declaraciones de funcionarios evidenciaron que no hay condiciones para regresar.
Las familias de las periodistas
En la situación de desplazamiento las familias cobran más fuerza para nosotros como periodistas, porque viven las consecuencias junto con nosotros y sin haber elegido esta profesión u oficio. Muchas y muchos colegas han sido asesinados, sus esposas, sus hijos, deberían ser nuestra conciencia para hacer a nuestros seres queridos parte de nuestras decisiones en la labor periodística.
En octubre del mismo año, 2017, asesinaron con un coche bomba en el país de Malta, a la periodista Daphne Caruana. La noticia la leí en Lima y fue impactante leer a su hijo Matthew quien trató de salvarla.
“Mi madre fue asesinada porque se mantuvo entre el Estado de Derecho y los que trataron de violarlo, como muchos periodistas fuertes (…) Esto es lo que ocurre cuando las instituciones del estado están incapacitadas: la última persona que queda de pie es a menudo, periodista. Lo que la convierte en la primera persona muerta”.
Homenaje a la periodista Daphne Caruana, asesinada en Malta. Crédito: Article 19.
“Nunca voy a olvidar, corriendo alrededor del infierno en el campo, tratando la manera de abrir la puerta, el cuerno del coche todavía a todo volumen, gritando a dos policías que encontraron un solo extintor para que lo usen. Me miraban fijamente. ‘Lo siento, no hay nada que podamos hacer’, uno de ellos lo dijo. Miré hacia abajo y allí estaban las partes del cuerpo de mi madre alrededor. Me di cuenta que tenía razón, era inútil. ‘¿Quién está en el auto?’, me preguntaron. ‘Mi madre está muerta. Ella está muerta debido a su incompetencia’, sí, a su incompetencia y negligencia que resultó en su fracaso para evitar que esto suceda”.
“(…) Joseph Muscat, Keith Schembri, Chris Cardona, Konrad Mizzi, el fiscal general y la larga lista de comisarios de policía que no tomaron acción: ustedes son cómplices. Ustedes son los responsables de esto”.
Pensé que ella, una periodista a la que admiré desde que conocí que existía, se habría ido medianamente tranquila por el hijo que formó. Mi hija había pasado por crisis emocionales, pero se mantuvo fuerte y para esa fecha, ya había emergido con más fuerza. Pensé que ese es el camino: formar hijas e hijos fuertes, empáticos y conscientes de su realidad.
Trabajar desde el gremio
Conocí a Matthew Caruana en marzo de 2018, cinco meses después de la tragedia. Nos encontramos en Nueva York, en una beca de Carey Institute. Conocerlo fue como palpar la historia de una gran mujer y periodista, pero también la oportunidad de convencerme y convencer a mi gremio que estamos haciendo algo bueno por el periodismo. Necesitamos creer para luchar, para que los asesinatos de nuestros compañeros y amigos no queden impunes.
En la Ciudad de México me impactó conocer a otras y otros periodistas que viven el desplazamiento forzado en distintas partes del país. Es esperanzador conocer su fuerza y la determinación por continuar en el periodismo. Me identifiqué en gran parte con ellos.
El amor al periodismo, la fidelidad y gratitud a las fuentes, la indignación por ver sufrir a nuestra propia patria nos hermana; nos identifica. Pero también nos identifica la culpa por haber arrastrado a nuestras familias al dolor, a la incertidumbre.
Conocer las historias de cada uno de ellos dimensiona el nivel del problema y de preocupación de los poderes oficiales y no oficiales por la información que se revele, el temor de que se dé a conocer la verdad. Varios de ellos fueron secuestrados, “castigados” con tablazos por grupos delictivos por escribir investigaciones que afectan intereses de poderosos, amenazados o viven con alguna bala en su cuerpo. Son sobrevivientes.
La fuerza del exilio
Vivir el desplazamiento forzado me obligó a escuchar a través de mi cuerpo porque durante años, muchos de nosotros los periodistas, no lo escuchamos. La cobertura de víctimas, de corrupción, del horror, nos aleja de nosotros mismos. El desplazamiento me colocó frente a mí misma, para significarse mi propio refugio cuando surge la angustia, la tristeza, la incertidumbre, la desesperación, para tener paz y fuerza.
Ahora no hay prisa; se trata sólo de avanzar, desafiar las pesadillas propias y de quienes vieron su vida trastocada con mi situación. Se trata de derrotar la ansiedad y abrazar el desborde de emociones agradables y desagradables, que se colocan enfrente como una gran montaña de nieve.
Las periodistas Patricia Mayorga y Yaneli Fuentes en Barcelona, España, gracias al programa La Taula per Méxic. Crédito: Ayuntamiento de Barcelona.
Con pesadillas y en momentos con angustia que no entendía, mi cuerpo gritaba el miedo que por años ignoré, como cientos de colegas en los estados, donde nos acostumbramos al horror. Normalizamos que importan los otros, nosotros no.
Con apoyo profesional aprendí a reconocer el miedo; sé ahora cómo se siente, cómo huele y cómo cala. También aprendí a verlo de frente, a entenderlo, a abrazarlo y avanzar, a usarlo como un sensor para retirarme cuando el fuego amenaza con quemar.
Ahora es más fácil entender la culpa, escuchar e identificar el coraje, la ira, la impotencia, la angustia, para avanzar con más fuerza.
Reconstrucción del hogar
Mi ausencia física de Chihuahua fue otro reto. La gente, mis amigos, mi familia, siguieron su vida sin mi presencia y cambió la situación, están y estuvieron de manera distinta. Es un proceso que duele profundamente entender, pero da otra perspectiva y te enfoca.
Da la fuerza necesaria para continuar haciendo periodismo porque seguimos vivos, aunque pareciera que para las autoridades no. Pasaron los días, pasaron tres años y ninguna autoridad me informó sobre la situación del estado o las condiciones de riesgo para mi o para mi familia. Entendí que no dependería de ellas la decisión de retornar o permanecer en el extranjero. Su responsabilidad terminó el día que me subieron al avión para “tranquilizarlos”.
En el desplazamiento forzado y en el exilio, se aprende a construir otros espacios y otras amistades para recurrir de manera segura, para continuar con fortaleza.
Participación de Patricia Mayorga en el Foro Internacional de Periodismo y Construcción de Paz en México. Crédito: Daliri Oropeza, para Pie de Página.
El impacto emocional no inicia con el desplazamiento. El gremio vive una serie de violencias en cada estado, en cada rincón del interior de México, donde no se ha dejado de documentar el horror y las historias de esta época violenta que hemos decidido cubrir con las herramientas que hemos tenido a la mano.
Hemos nutrido a otros medios del país y del extranjero de la información de nuestros estados, hemos compartido fuentes y contextos para que trascienda la realidad, la verdad.
El periodismo, en la mayoría de los medios locales, vive diferentes tipos de violencia; desde la censura parcial o total por la publicidad oficial, hasta los grupos delictivos que se regodean con la impunidad que les regalan las autoridades. La frustración ha sido la constante durante mucho tiempo. Es necesario creer en nosotras y nosotros mismos, sin necesidad de que hechos extraordinarios cambien nuestra vida.
El retorno
En mayo de 2020, la pandemia permitió acelerar mi retorno a Chihuahua de manera intermitente.
Luego de aceptar una beca otorgada por la organización La Taula per Méxic y el Ayuntamiento de Barcelona por seis meses, decidí regresar a México y aunque los planes eran permanecer en otra entidad, la pandemia me permitió retornar a Chihuahua, aunque con constantes salidas a otros estados.
Decidí no dar aviso a las autoridades de mi retorno, principalmente porque desconfío de los procesos de seguridad. He estado cerca de compañeros periodistas en desplazamiento que han vivido situaciones difíciles con los diferentes caminos de protección, principalmente el federal, que les ha querido obligar a retornar sin condiciones para que esto ocurra.
Para Carlos Beristain el retorno es un nuevo desplazamiento y para la organización Aluna Acompañamiento Psicosocial significa que regresas a un “No lugar”. Y es que el lugar que antes ocupabas en tu tierra, en tu entorno, ya no existe porque cambiaron las circunstancias y la persona que retorna también cambia, aunque se espera de ella lo mismo que antes fue. Enfrentar esa realidad, es difícil. Es difícil volver a tomar la propia voz en el entorno al que se regresa y en medio de la incertidumbre de seguridad, aunque se cuente con más herramientas.
Carlos Beristain. Crédito: Comisión de la Verdad de Colombia.
“El retorno es un nuevo desplazamiento, no es volver a la situación previa, a lo que se estaba. Y depende de cuáles son las condiciones de seguridad obviamente para volver, porque a veces la gente vuelve a su territorio y la problemática sigue existiendo, en la que la pelea de los grupos armados se sigue dando, en las que las amenazas se siguen dando.
“Tiene que haber condiciones para que ese retorno sea digno y en condiciones de seguridad para las víctimas (…) El retorno es un nuevo desplazamiento, hay que prepararlo, hay que protegerlo, hay que poner las condiciones para que eso se dé en términos de cómo se reintegra esa población a un lugar donde vivía y donde probablemente parte de los problemas que lo expulsaron se siga manteniendo”, explica Carlos Beristain.
Desplazamiento, crisis de legitimidad
El desplazamiento forzado de comunidades, de familias y/o de personas en lo individual, evidencia una crisis de legitimidad porque se trata de territorios, espacios o circunstancias, de las que el Estado no tiene control, advierte Carlos Beristain.
En el caso de periodistas en desplazamiento, dice el experto en acompañamiento psicosocial y derechos humanos, que por ejemplo cuando Javier Valdez fue asesinado en Sinaloa hubo detrás más desplazamientos de su familia, de otros periodistas y unos más han tenido que callar o han tenido que invisibilizarse para poder permanecer en el lugar.
“No se puede separar como si una cosa no tuviera nada que ver con el asesinato. Claro que tiene que ver el asesinato, es lo que lleva el desplazamiento de otros, a la limitación del derecho a la verdad, al crecimiento de la autocensura, ya no se puede escribir o investigar sobre esas cosas o ya no puedo estar aquí siquiera porque no quiero dejar de escribir, pero me pueden matar”, detalla.
El experto considera que aunque las personas periodistas han recurrido a programas de protección y continúen o traten de continuar su trabajo en otras condiciones, es necesario que las empresas y las autoridades les den garantías para hacerlo aunque sea en otros lugares.
“Necesitan respuestas más complejas que sólo poner una escolta o decir: ‘va a tener un teléfono para emergencia’, porque las circunstancias de desplazamiento son más complejas”.
“Hay que pensar en lo que pierde el país cuando se silencia a los periodistas porque se les mata, se les desaparece o se les expulsa. Provocan que no puedan seguir con su trabajo y esa es una violación al derecho a la información también para la población, o se va a eliminar ese método del periodismo más crítico”, añadió Beristain.
Situación de Chihuahua
De 2000 a 2020 han asesinado a 23 periodistas en el estado de Chihuahua. A partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la que llamó “guerra contra el narcotráfico”, se registran 20.
Y de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la que depende el Sistema de Seguridad para la Protección de Periodistas en el estado, por lo menos hay doce casos de periodistas desplazados en la entidad.
El expresidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, recuerda que se registró el caso de una mujer identificada como Malú, aunque es más conocida como activista que por actividad periodística.
El Acuerdo para la Implementación del Sistema Integral para la Protección de Periodistas se publicó en el Periódico Oficial del Estado en septiembre de 2010 y cuenta con un comité de riesgo conformado por un representante de cada poder del Estado, así como por diez representantes de agrupaciones de periodistas. Sin embargo, no ha sido socializado de manera efectiva y la mayoría del gremio periodístico desconoce su funcionamiento.
José Luis Armendáriz detalló que cuando se creó dicho sistema fue por presión del gremio, ya que ocurrieron varios asesinatos consecutivos, así como agresiones a periodistas por agentes municipales y estatales y amenazas a medios de comunicación.
Expresidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González. Crédito: Comunicación social del Congreso de Chihuahua.
“En abril de 2008 se comenzó a deteriorar más la seguridad en el gremio periodístico. Los líderes sacaron cita con el gobernador para plantear la problemática y exigir un protocolo de seguridad para periodistas y saber cómo proceder en el caso de amenazas”, indicó el ex ombudsman. Fue hasta septiembre de 2010 cuando se concretó, justo en la transición del gobierno de José Reyes Baeza Terrazas al de César Duarte Jáquez.
De 2010 a 2019, la CEDH recibió 35 casos de periodistas que se acercaron a pedir apoyo por amenazas. En total, dice José Luis Armendáriz, apoyaron a 12 periodistas para el cambio de radicación temporal, les pagaron hotel por un promedio de 15 días y los boletos de avión; a algunos se les proporcionaron teléfonos o les colocaron cámaras de seguridad en sus viviendas o realizaban constantes rondines.
De los 12 periodistas desplazados o desplazadas, cuatro contaron con apoyo de cambio de residencia por seis meses, hasta que lograron establecerse en otro lugar.
“Hubo periodistas a quienes se les proporcionó teléfonos; dos reporteros de El Peso (un vespertino de corte policiaco) se les apoyó para cambiar de ciudad temporalmente por amenazas después de la publicación de unas fotografías. Y a una periodista mujer se le cambió a la ciudad de México, no sólo hubo denuncia, también investigación. Malú fue una de las beneficiarias para el cambio de residencia a la Ciudad de México”, detalló José Luis Armendáriz.
La evaluación de riesgo estuvo a cargo de peritos de la Fiscalía General del Estado. En 2019 crearon la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos de Derechos Humanos, que a su vez cuenta con una unidad de atención a delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Debido a que la pandemia surgió en 2020, no ha sido socializada con el gremio, sólo se ha dado a conocer a las autoridades municipales, según declaró el titular de la Unidad, Eduardo Ramos Arenas, en entrevista en la que afirmó que no hay casos documentados.
El actual presidente de la CEDH, Néstor Manuel Arméndariz Loya, dio a conocer que sólo tienen una queja de un periodista durante el período que le ha correspondido estar al frente, es decir de 2019 a la fecha. Ese caso no tiene que ver con seguridad sino con el retiro de la publicidad oficial que tenía un medio de comunicación local y que se la retiraron.
Primer caso de desplazamiento
Alejandro Gutiérrez, corresponsal de la Revista Proceso en España, tuvo que salir del estado de Chihuahua en el año 2000, después de dar cobertura a temas de narcopolítica en el gobierno de Patricio Martínez García (1998-2004).
Gutiérrez llegó a Chihuahua en 1984, trabajó en medios como Novedades y Diario de Chihuahua en la etapa de fundación de este medio en 1985. Comenzó con fuentes como educación hasta que poco a poco se enfocó en temas políticos.
“Se ve que ‘aprietan’ a El Diario y decidimos salirnos cinco: Carlos Mario Alvarado, Francisco Ortiz, Juvencio Estrada, Gabriel Valencia y Alejandro Gutiérrez. Sin tener qué hacer, nos integramos a un periódico independiente desmantelado llamado La Calle, que tenía Jaime García Chávez. Lo rehicimos los cinco que habíamos salido de El Diario. Nada más pudimos hacer tres números porque hubo llamadas de Gobernación a quienes hacían la impresión y ya no se animaron. Me tuve que ir (a trabajar a Los Ángeles un tiempo) y se quedaron tres de los colegas en otro periódico independiente llamado El Ahora”, recuerda el corresponsal de Proceso.
Participación de Alejandro Gutiérrez en la mesa redonda ‘La reconstrucción de una frontera: México-Estados Unidos’. Crédito: Casa de América
Al grupo de periodistas de aquella época les tocó cubrir el Verano caliente de las elecciones de Chihuahua en 1986, cuando asumió la gubernatura Fernando Baeza Meléndez. Dejaron El Diario y no les daban oportunidad en otros medios convencionales, por lo que decidieron impulsar La Calle en 1988, justo en las elecciones presidenciales en las que contendieron Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier.
“Hicimos tres números de La Calle. Me acuerdo que el primero, el titular era una foto con el lema de la campaña de Salinas: Que hable Coyame, que hable Chihuahua, que hablen de México, que estaba en una barda. Y el titular de La Calle era Lo que Baeza mandó cambiar. Coyame es un municipio del estado de Chihuahua.
“Y era porque el gobernador Baeza había mandado parar una nota en Novedades, que era una denuncia del alcalde de Coyame, de un diputado del PRI, que les estaba bajando dinero para la campaña. Nosotros vendíamos el periódico en la calle, en los mítines. Luego hicimos un sobre las casas de seguridad del PRI”, recordó el periodista.
Una vez que regresó de Los Ángeles, Alejandro Gutiérrez se integró de nuevo a El Diario y de manera simultánea era el corresponsal de la Revista Proceso, donde cubrió el gobierno de Francisco Barrio y posteriormente el de Patricio Martínez.
“Empezó a ver mucho tema de crimen organizado, era el tema más recurrente, como pasa en Chihuahua. Aunque luego dices que no quieres escribir una sola línea sobre el tema, todas las fuentes te llevan a eso”, refiere Alejandro Gutiérrez.
Los desencuentros
El periodista recuerda que en El Diario incluían todas las versiones en las coberturas. “Pero yo en Proceso publiqué, digamos no exactamente igual, pero sí algo relativamente parecido a lo que publicaron en aquel momento (Miroslava Breach en la Jornada y Proceso en 2017), o sea sobre los candidatos que habían palomeado y que estaban manchados. Un colega me dijo que Patricio le quitó la revista antes de subirse a una avioneta y se dirigió a otro sitio del estado, que cuando bajó estaba enojado. Me dijo: ‘¿pues qué publicaste?’. Le dije que una lista de candidatos coludidos, ni siquiera completa. Pero desde ahí Patricio ya estuvo muy hostil conmigo”.
A partir de ese momento, se tensó la relación de Alejandro Gutiérrez con el gobernador. Cuando éste ganó, tuvo que entrevistarlo porque cubría la fuente de gobierno en El Diario. Patricio Martínez García aceptó de buena manera la entrevista: “Me dijo: ‘ganamos’. Le respondí: ‘no, ganó usted’”.
Patricio Martínez García habla desde el pleno del Senado. Crédito: Comunicación Social del Senado de México.
Sin embargo, al momento de realizar la entrevista en la casa del exgobernador, se portó muy hostil y le reclamó: “qué poca madre tienes…”. El periodista le dijo que se tenían que entender por la relación fuente-reportero que había y que se trataba sólo de trabajo.
Quien fue procurador de Patricio Martínez, Jesús José “Chito” Solís, le advirtió en varias ocasiones a Alejandro Gutiérrez que se “portara bien”.
Gutiérrez investigó la relación de políticos con actividades ilícitas, como una pista de carreras de caballos en las que participaba un subordinado de Elías Ramírez Ruiz, quien fue comandante comandante de la Policía Judicial federal en el estado de Chihuahua en la década de los 80. “Chito” Solís era un hombre cercano a Elías Ramírez y en esa época, el exprocurador era una especie de juez en las carreras.
“Chito” Solís renunció a su cargo como procurador estatal en marzo de 2004, a unos meses de que concluyera la gubernatura de Martínez García, por señalamientos públicos en su contra relativos a que tenía nexos con el crimen organizado.
“Ahí iban los hijos de Amado Carrillo, participaba Julio Porras (un narcotraficante local de aquella época), y toda esa banda. Juntaron a todos ahí por el aeropuerto y les indicaron las reglas del juego y todo empieza a cambiar, comienza a haber nuevos nombres con la llegada de la administración de Patricio”.
La salida del estado
Debido a que el hostigamiento era constante y que él sentía que ya había agotado un poco Chihuahua, aunque quería seguir, Proceso le pidió a Gutiérrez salir del estado por un tiempo y se fue a Ciudad de México en noviembre o diciembre de 2000.
Habían pasado unos días cuando atentan contra el exgobernador Patricio Martínez, en enero de 2001 y Alejandro Gutiérrez regresa a dar cobertura y retorna a la Ciudad de México, sólo acudía a Chihuahua de manera eventual para temas muy puntuales en temas de corrupción.
“Empecé a hacer cosas del crimen organizado junto con el maestro Ravelo. En algún momento me quedo sólo yo, me piden hacerme cargo. Hacia finales del gobierno de Vicente Fox se empiezan a calentar mucho las cosas, más de lo que se piensa. Ya estaba operando Genero García Luna, evidentemente ya estaba fugado El Chapo Guzmán; Tamaulipas estaba hecho un caos. Ya estaba yo movido en esos temas”.
En 2007 publica la editorial Planeta un libro de Alejandro Gutiérrez con casos documentados, entre estos Chihuahua con Patricio Martínez. También incluyó Tamaulipas, Jalisco y otro estado. Hablaba del comportamiento del crimen organizado, el descontrol en penales y cómo iniciaba el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
“Era sobre el comportamiento del crimen organizado a través de la transición del PRI al PAN y cómo había aterrizado en los estados porque los gobernadores tenían un nuevo papel. Eran los gobiernos de los estados, aparte de la federación, que tenían nuevos jugadores. Incluye un informe militar en los datos que documentó, sobre los grupos en Michoacán.
Gutiérrez acudió a cubrir un hecho violento en Michoacán y al regresar, un hombre cercano a García Luna, le informa a la dirección de Proceso que había una orden de matar al periodista por parte de la familia Michoacana aliada con los Zetas.
Publican el libro “Narcotráfico, el gran desafío de Calderón”. No hubo presentación de la publicación porque tuvieron que sacar a Alejandro Gutiérrez del país.
Fuera de México
Antes de salir, tuvo escoltas. Se resistía a salir de México, se escapó un día para indagar más sobre las amenazas y se las confirmó otra fuente, quien le dijo que venían por el lado de Genaro García Luna.
Fue difícil avisar a su hija y a su mamá que tendría que irse. De manera paulatina, una vez que se fue, les explicó el riesgo que corría. “Cuando ya estaba en España, le dije (a mi hija) ‘no me estoy alejando de ti, siempre voy a estar en tu vida, voy a estar cerca, pero estas son las circunstancias’. Traté de calmarla porque ya no había bronca, pero sí le dije que me tenía que quedar acá. Le tranquilizó mucho que yo fuera muy directo y ha servido para unirnos más. Ahora está conmigo”.
Con su mamá, también le fueron explicando poco a poco la situación de Alejandro, para que estuviera tranquila. “Esa ha sido la situación en el caso de las mujeres que han estado en mi vida, mi familia, mis hermanas, mi hija, la chava con la que estaba saliendo la pasó súper mal y fue muy solidaria. Y en España, los cuates de allá me han ayudado mucho”.
Participación de Alejandro Gutiérrez en la mesa redonda ‘La reconstrucción de una frontera: México-Estados Unidos’. Crédito: Casa de América
“El primer año fue duro. El primer día que llegué, salí del metro y vi a España feo. Dije: ¿a dónde me vine a meter? Vi la ciudad gris, era mi estado de ánimo. No era lo que yo esperaba. Pero después de dormir un poco y un baño, empezaron a cambiar las cosas. Ha sido un país amable. El primer año fue el más difícil, creo que nos pasa a todos quienes nos tenemos que ir”.
Posteriormente le dieron la corresponsalía en España y ya ha vivido más de 20 años en Madrid.
Este caso, como otros de periodistas de El Diario de Juárez y de El Diario de Nuevo Casas Grandes, han quedado fuera de las estadísticas o casos registrados como riesgos por ejercer el periodismo.
Alejandro Gutiérrez fue amigo de Miroslava Breach y considera que un desplazamiento o un exilio, es muy doloroso y difícil porque cambia completamente la vida. Pero en el caso de las mujeres periodistas, la situación se agrava más porque son cuidadoras no sólo de hijas e hijos, sino también de sus padres y madres.
“Casi desde que me tocó estar en la etapa de Chihuahua, he estado con mujeres muy buenas periodistas, muy profesionales que son muy buenas amigas con quien compartir información, análisis (…) y las compas que se ven forzadas a desplazarse, es más complejo porque en muchos casos son madres o son experiencias rudas por los cambios de vida, por el rollo filial que hay en las familias con las mujeres periodistas que tienen un papel muy central en la relación con hermanas, padres, hijas e hijos”, acotó Alejandro Gutiérrez.
Enseñanzas de Gustavo Gorriti
En Perú aprendí de seguridad de uno de los periodistas más reconocidos de aquel país: Gustavo Gorriti, quien ha implementado medidas de entrenamiento y protocolos en su equipo de redacción.
“Nosotros le damos mucha importancia a la seguridad. Nosotros nos entrenamos para hacer frente a las situaciones de peligro. Nosotros buscamos preverla antes de que se presente y estar listos para responder de forma adecuada. Sabemos que es tan importante como llevar a cabo una investigación, que es saber defenderla y por supuesto, a los periodistas que la hicieron, que la llevan a cabo”, detalló en entrevista el periodista peruano.
Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, participa en la charla Estado del Periodismo Digital Independiente en América Latina, en la Universidad de Texas-Austin. Crédito: Knight Center for Journalism in the Americas.
Luego de explicar que pudiera parecer extremo, trabaja bajo una filosofía de cómo hacer las investigaciones y cómo enfrentarse a grupos corruptos.
“Es lo que nos compete hacer como periodistas, es nuestro destino; no marchamos a nuestro destino como un mártir marcha su calvario, sino como un guerrero marcha a la batalla. Sabemos los riesgos, pero no vamos a sufrir pasivamente, vamos a pelear y vamos a tratar de triunfar. Creo que eso es lo que caracteriza el tipo de acción que nosotros tenemos. Por supuesto que sabemos los peligros (…)
“El periodista muerto no investigará; el periodista que está mutilado, herido, destruido psíquicamente, no podrá llevar a cabo su trabajo. Es muy importante entender que en América Latina el periodismo de investigación significa entrar a una batalla, entrar a una batalla constante en la que tenemos muchas desventajas prácticas, pero las debemos aplicar. Muchas de las ventajas que tenemos es tener mejor conocimiento, inteligencia, preparación, etcétera, para no solamente hacer las investigaciones sino sobrevivirlas y que contribuyan para hacerlas cada vez mejor”, detalló Gorriti.
Gustavo Gorriti fue secuestrado y también estuvo exiliado por un par de años de su país, por las coberturas en el gobierno de Alberto Fujimori. Hoy es el director del medio digital de investigación, IDL-Reporteros, reconocido internacionalmente por los trabajos periodísticos que realizan.
“Dirán que utilizo demasiado la metáfora de guerra, pero les pregunto a mis queridos colegas, ¿hay una manera mejor? Yo creo que no. Hay que entrenarse, hay que prepararse y hay que llevar a cabo con lo que señalo en perspectiva”.
Con herramientas aprendidas con el equipo de IDL-Reporteros y con Aluna Acompañamiento Psicosocial, quien me dio apoyo los tres años de exilio y en mi retorno, aprendí que no sólo hay que entrenar física y periodísticamente, también hay que reconocer y entrenar las emociones, validarlas y politizarlas en contextos de violencia.
* Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia
Luego de que el lunes pasado, un grupo de ciudadanos irrumpiera en la conferencia de prensa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, debido a la selección del Consejo Gobierno del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), autoridades municipales dieron a conocer que extendieron el periodo de la convocatoria.
La decisión fue dada a conocer por Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, quien anunció la apertura de un nuevo período de inscripción para los interesados en unirse al Consejo.
El funcionario indicó que el plazo para las nuevas inscripciones se ha fijado para el 26 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con el fin de ofrecer así una nueva oportunidad para quienes deseen participar en el Consejo Directivo de Cultura.
Expuso que el periodo original de inscripción se llevó a cabo del 2 al 7 de diciembre, pero la renovación del Consejo programada para el pasado lunes fue cancelada.
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento
LA INCONFORMIDAD
«Queremos entregarle un comunicado de la comunidad cultural y ciudadanos sobre la situación del Consejo de Gobierno de IPACULT. Son 82 firmas recabadas y se siguen juntando, lo que pedimos es la transparencia al proceso», dijo un joven que se aproximó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
La actriz y activista Perla De la Rosa tomó la palabra por unos momentos e hizo un llamado a la comunidad para unirse a la demanda a través de las redes sociales.
Sin embargo, terminando la conferencia de prensa, el alcalde instó a quienes cuenten con pruebas concretas sobre las acusaciones a presentarlas.
En redes sociales se hizo pública esta denuncia por varios actores de la comunidad artística, ya que consideraron que el IPACULT ha operado de manera arbitraria y favoreciendo a intereses políticos y de compadrazgo.
En este mismo tenor, Leobardo Alvarado, gestor y promotor cultural, quien es conocido por su participación en temas culturales, enfatizó la importancia crucial de la cultura en la resolución de problemas sociales en nuestra ciudad.
Resaltó el papel significativo de las bellas artes y la cultura en su capacidad para contribuir a la solución de estos problemas desde una perspectiva social y antropológica.
Alvarado señaló que para lograr esto se requieren herramientas efectivas, como las que pretendía ofrecer el Instituto para la Cultura (IPACULT) desde su creación en 2016, aunque éste no ha cumplido con su visión original.
Criticó la gestión actual de IPACULT, alegando que se ha desviado de su propósito de servir a la comunidad y ha favorecido en cambio a intereses políticos, así como se requiere de transparencia en la selección del nuevo titular del Instituto para la Cultura.
This Monday afternoon it was reported that the donkeys, bighorn sheep, goats, peacocks, among others, that were in the Parque Central were transferred to the San Jorge Recreation Center, while other species were secured by the Federal Attorney’s Office for Environmental Protection (PROFEPA).
In this regard, the Director of Ecology of the Municipality, César René Díaz Gutiérrez, made it known that the animals secured by PROFEPA cannot be moved until the conclusion of an ongoing legal proceeding.
«The donkeys and other animals currently in the Parque Central are under PROFEPA’s supervision. As municipal authorities, we are awaiting the lifting of the securing so that we can intervene directly,» he said.
Meanwhile, this afternoon, Rogelio Muñoz Sapién, in charge of the Parque Central, announced that the animals were on loan from Recreativo San Jorge, for a limited period of time.
It should be recalled that the Civil Protection Ecology Commission, headed by Councilwoman Alma Arredondo Salina, and Ecology personnel conducted several inspections during the past year, in order to evaluate the situation of the fauna in the Parque Central.
However, with the current legal process, these inspections have been temporarily suspended.
«Once the injunction is lifted, we will resume our inspections to guarantee the safety and well-being of the animals,» said Díaz Gutiérrez.
Concern for urban fauna is an increasingly relevant issue, as recently Benito the giraffe was transferred to the sanctuary «Africam Safari» in Puebla, after a nine-month struggle by activists of «Salvemos a Benito» and «Somos Su Voz» (Let’s Save Benito).
Although the situation of the rest of the animals was still latent, as these same activists documented the death of animals on several occasions, while a class action lawsuit is pending against 26 government agencies for the danger to the species and flora in the Parque Central.
Desde el 2009 comenzaron a construirse plantas tratadoras de aguas residuales en Coahuila que hoy están inconclusas, abandonadas, dañadas por su falta de uso y, en algunos casos, sin plan para reactivarlas. Se gastaron al menos 100 millones en las plantas de Matamoros, San Juan de Sabinas y Sabinas, y estas siguen sin operar.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Desde hace más de una década, tres plantas tratadoras de aguas residuales comenzaron a construirse en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros, Coahuila. En total se han firmado contratos por 176 millones de pesos, pero las plantas siguen sin operar.
Dos de estas plantas están inconclusas y en abandono, y aunque sus rehabilitaciones han aparecido en los programas de obras de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de 2022 y 2023, sus estatus siguen siendo “inactiva” o “sin operar”, de acuerdo a las respuesta oficiales a solicitudes de información hechas para este reportaje.
Desde el inicio de su construcción han pasado por tres administraciones estatales y comienzan una cuarta; sin embargo, no han pasado de elefantes blancos con costo a los erarios municipal, estatal o federal, pues aunque no hay datos precisos de cuánto se pagó a los contratistas, se estima que al menos se desembolsaron 100 millones de pesos provenientes de diversas bolsas, según los estatus de avance.
Hasta el momento no existe un deslinde de responsabilidades por haberlas dejado inconclusas. Germán Martínez Santoyo, director nacional de la Conagua, reconoció que existen plantas en Coahuila que requieren apoyos federales, pero al preguntarle por la responsabilidad de dejar obras inconclusas, respondió: “estamos trabajando en mejorar los servicios, es lo que te puedo decir”.
La planta tratadora de aguas negras de Sabinas se deterioró por su falta de uso y permanece inactiva. Fotografía: Francisco Rodríguez
Y la planta de Sabinas se concluyó, pero en 2021 y 2022 fue intervenida con recursos a través del programa de Hidrocarburos debido a afectaciones por la falta de uso. En la intervención se detectaron problemas estructurales en los muros. El gobierno del exgobernador Miguel Riquelme prometió concluirla antes de finalizar su administración, pero no lo cumplió. La planta continúa sin operar y todavía son visibles los daños en los muros, según se documentó para este reportaje en una visita hecha en septiembre de 2023.
Antonio Nerio, quien fue director del CEAS, reconoció en entrevista -antes de terminar la administración estatal anterior -que concluyó el 30 de noviembre de 2023- que se le ha inyectado muchos recursos a las plantas sin que funcionen adecuadamente.
“Desafortunadamente el último proyecto para habilitarla, se tuvieron problemas de la estructura. Más de 10 años que estuvo seca y que se cuarteó y colapsó una parte del muro”, admitió sobre el caso de la planta en Sabinas.
La alcaldesa de este municipio, la priista Diana Haro Martínez, fue abordada por este reportero al término de la toma de protesta del gobernador Manolo Jiménez el primero de diciembre; sin embargo, se limitó a declarar que apenas le estaban compartiendo información sobre adecuaciones y equipamiento.
El que habló fue el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, quien en entrevista reconoció que la obra inconclusa representó un quebranto para el municipio, el Estado y la empresa.
“Fue un esquema de perder-perder y que desafortunadamente no ha encontrado un camino de solución”, lamentó.
Inclusive, pronosticó que nunca se construirá por falta de dinero: “podrán pasar cuatro o cinco administraciones y no se construirá nunca una planta porque es demasiado cara y no se cuenta con los recursos”.
Y mientras nadie las termina y nadie paga por las obras abandonadas, las aguas negras, al menos las de Sabinas y San Juan de Sabinas llegan a desembocar y contaminar el río Sabinas: justo se han presentado 10 denuncias a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y en cinco ocasiones la Conagua ha multado al sistema de aguas de Sabinas por descargas en el río.
Planta de Matamoros: vandalizada y abandonada
Para la construcción de la planta en el municipio de Matamoros, el CEAS firmó el contrato CEAS-APAZU-001-09-AP con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V representada por Jorge Arturo Torres Emery. El costo de la construcción sería de 51 millones 694 mil pesos.
El contrato fue firmado en 2009 y la planta terminaría el 12 de mayo de 2010, según se estipula en el documento. Esta planta que debería estar tratando 120 litros por segundo, está abandonada.
Según respuesta a una solicitud de información a la Conagua, la planta se construyó con recursos del Fondo Concursable, del subprograma de tratamiento de aguas residuales, que tendría una inversión federal de 36.2 millones de pesos y una inversión estatal y municipal de 15.5 millones de pesos.
En Matamoros no existe ningún plan para rehabilitar la planta tratadora que comenzó a construirse desde 2009 y la cual ha sido vandalizada. Fotografía: Francisco Rodríguez
Al cuestionar al CEAS sobre el estatus de esta planta refirió que la obra está afectada por el vandalismo y desde el 2015 se tenía un expediente técnico para realizar un proceso de rehabilitación con 23.3 millones de pesos, pero la rehabilitación nunca se concretó. Además, entregaron un oficio del 17 de enero de 2018 donde se le pide el apoyo al alcalde de la ciudad para el resguardo de las instalaciones debido al vandalismo, y le solicita vigilancia para “evitar incidentes de pillaje que puedan generar un deterioro mayor al que se tiene”.
En otra solicitud respondió que la planta sufrió robo de equipo por lo que se presentó una denuncia penal.
Actualmente la obra está abandonada: cuartos en obra negra, tubería sin conectar, una mole de cemento y la hierba crecida alrededor.
El alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, refirió que es una obra que el Estado nunca entregó al municipio, y que no consta en actas de entrega recepción de ninguna de las cuatro administraciones anteriores a la de él.
Agregó que hay un litigio legal del Estado con la empresa por incumplimiento de contrato.
“Hemos estado esperando y siendo respetuosos de ese procedimiento, respetando nuestras competencias como municipio. Si tuviéramos la posibilidad jurídica de intervenir y hacer algún reclamo a través de una denuncia, con todo el deseo de que se pudiera recuperar el dinero que se haya invertido, que desconozco cuál sea el monto, claro que lo haríamos”, declaró el presidente municipal.
Sin embargo, el CEAS afirmó que no existe ningún litigio con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V.
Este equipo de investigación acudió a las oficinas de la empresa en Torreón a solicitar una postura con el representante, Jorge Arturo Torres Emery, sin embargo, no fue hallado en las oficinas, ni se comunicó al teléfono que se le dejó a su asistente.
Según la Conagua hay un avance de esta obra del 75%, por lo que se puede inferir que el avance financiero podría oscilar en el porcentaje equivalente, es decir, alrededor de 38.7 millones de los 51.6 millones que estipulaba el contrato.
La planta tratadora de aguas residuales de San Juan de Sabinas quedó como una mole de cemento. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Planta de San Juan de Sabinas: una mole de cemento
Por su parte, la planta tratadora de San Juan de Sabinas inició en 2010, según el contrato CEAS-FONCON-002-10 firmado con la empresa Eco Sistemas del Agua S.A de C.V por un monto 44 millones 464 mil, 410 pesos con 86 centavos. La construcción debería haber terminado el 1 de julio de 2011 y comenzar a tratar al menos 80 litros por segundo.
La empresa contratista pertenece a Ramón Merino Loo, según el acta constitutiva obtenida en el Registro Público de Comercio. El dueño de la empresa fue diputado federal por el PAN del 2009 al 2012 (periodo en que se firmó el contrato), por mayoría relativa.
Al cuestionar por transparencia al CEAS sobre el estatus de esta planta, primero refirió que existía un litigio con la empresa; entonces se pidió el estatus del litigio y en esta contestación, firmada por el director jurídico y de procedimientos del CEAS, Luis Salas Martínez, refirió que por una “imprecisión” se manifestó que había un litigio cuando no es así, y que simplemente la empresa no continuó con los trabajos “por solicitar incremento en los precios de los conceptos”.
A pesar de esta situación en la que se reconoce que la empresa no continuó con los trabajos, el CEAS respondió que no se hizo efectiva la fianza como lo marcaba la cláusula octava del contrato en caso de algún incumplimiento. Lo mismo ocurrió para el caso de la planta de Matamoros.
En ambos casos el CEAS informó que nunca hubo una rescisión de los contratos.
“Debió pedir que se hicieran valer las fianzas y llamar a los constructores para que respondieran por el quebranto al erario y, a partir de ahí, se toman medidas administrativas y legales para poder resarcir el daño y se pudiera tener en uso estas plantas”, expuso Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH).
Planta de Sabinas: un barril sin fondo
La planta tratadora de aguas de Sabinas prácticamente se terminó, pero como no se usó, comenzó a deteriorarse.
En 2010 se firmó el contrato CEAS-FONCON-001-10 de 39 millones 994 mil 46.96 pesos para la elaboración de proyectos con las empresas: Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras S.A de C.V, GG Empresarial S.A de C.V y MAQSER Construcciones S.A de C.V., donde se incluía “la operación transitoria por 59 días a partir de la terminación de los trabajos”, los cuales según el contrato serían el 19 de junio de 2011.
Sin embargo, nunca arrancó operaciones.
En 2021 se buscó reactivar su operación y se firmó un nuevo contrato (16 de julio de 2021), el CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021, con la empresa Construcciones Servicios de Edificaciones y Obra Civil COSE, S.A de C.V. por $27,943,186.98.
Esta empresa fue constituida apenas siete meses antes de ganar el contrato, según se corroboró con el acta constitutiva de la empresa originaria de San Juan de Sabinas. Además, entre sus socios se encuentra Eliezer Abisai Macías Bocanegra, persona que aparecía en el directorio de proveedores y contratistas “sancionados con impedimento para presentar nuevo trámite de inscripción a los padrones de proveedores y contratistas” del 12 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022.
El contrato consultado para este reportaje estipulaba la «Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta» para el 31 de diciembre de 2021.
No obstante, en 2022 se firmó otro contrato con la misma empresa, el CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022, de nuevo por la “Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta» por 19 millones 407 mil 973 pesos con 72 centavos; terminación que debió concluir el 9 de octubre de 2022.
La obra en Sabinas se ha deteriorado y a pesar del discurso para reactivarla, continúa como elefante blanco. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Otra vez, nunca arrancó operaciones.
De acuerdo con el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, se comenzó a rehabilitar la planta en 2022 e inclusive se le inyectaron las aguas negras de la ciudad, pero en abril de 2023 se presentó un problema estructural que derivó en la suspensión.
“Una estructura de los trabajos originales de 2010 tuvo problemas, un agrietamiento en una columna, en un muro y tuvimos que vaciar la planta para rehabilitarla. Ya terminamos el proyecto de evaluación, para rehabilitarla y se han asignado recursos para hacer los reparos correspondientes y volver a echarla a andar”, comentó el semestre pasado el exdirector del CEAs, Antonio Nerio.
Nerio mencionó que se destinarían 3 millones de pesos más para reactivarla y que el periodo de ejecución era de tres meses.
Pero concluyó la administración y no se puso en marcha.
A pesar de que esta planta se ha convertido en un barril sin fondo, es la más cercana a concluir y ponerse en operación. Aunque en caso de concretarse, más de una década después la planta ya fue rebasada y no tienen la capacidad que requiere la ciudad, pues fue concebida para tratar 80 litros por segundo, de acuerdo con el exdirector del CEAS.
Arturo Serrano, miembro del Consejo Ecológico de Participación Ciudadana (Cepaci) de Sabinas, aseguró que el municipio necesita ahora una planta que trate al menos 100 litros por segundo, consideró que quizá si desde un inicio hubiera operado, ya la hubieran ampliado para lo que se requiere en estos momentos.
“No creo que haya venido alguien a destruir esto, es el desuso, no creo que vaya a funcionar. Siempre la han hecho por pedacitos”, criticó Arturo Serrano durante un recorrido por la planta que se ha convertido en un elefante blanco.
Asimismo, el especialista señaló que el proyecto está viciado de origen, pues la colocaron en un lugar que no es el idóneo porque está en una zona plana.
“No sé cómo determinaron la localización. Nomás dicen ‘consíguete un terreno y ya’. No fue un buen lugar”.
Sin responsabilidad
Para este reportaje se obtuvo copia de los contratos firmados en 2009, 2010, 2021 y 2022 por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila para la construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales de estos tres municipios.
Sin embargo, la secretaría de Finanzas de Coahuila y el CEAS se negaron a entregar copia de los pagos realizados por estas obras a las empresas.
En una serie de solicitudes realizadas, el CEAS respondió que es la Secretaría de Finanzas la responsable de los pagos, mientras que Finanzas respondió que el responsable era el CEAS. Al realizar una tercera solicitud donde se les puso en evidencia, el CEAS ratificó que es la Secretaría de Finanzas la responsable, mientras que esta dependencia sugirió solicitar la información a la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.Por su parte, la Conagua respondió que el agente de pago de la obra del municipio de Matamoros fue el CEAS y, como tal, responsable de los pagos.
Semanario solicitó a la Conagua copia de las transferencias al gobierno de Coahuila del recurso federal que se utilizó en la construcción de la planta de Matamoros, y la instancia envío evidencia de la transferencia de 37 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas de Coahuila.
Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), explicó que el CEAS debió haber tenido un expediente y generar los mecanismos de responsabilidad correspondientes para garantizar que se pudiera utilizar adecuada y correctamente el rec urso designado para ese objeto.
Dijo que en estos casos la Auditoría Superior de la Federación debió observar que las obras quedaron inconclusas con el recurso que se aplicó y hacer un llamado que concluyeran y, una vez que las observaciones no fueran solventadas, es decir, que no se terminaron de construir las obras, debió haber pedido que se hicieran válidas las fianzas.
A pesar de esto no hay evidencia de observaciones específicamente por los trabajos inconclusos de estas plantas.
En el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el informe de indicadores y estudios específicos de 2012, la ASE ya encontraba en el Plan Estatal de Desarrollo la necesidad de que en Matamoros se terminara y operara la planta tratadora de aguas residuales y que se completara la de San Juan de Sabinas.
En el mismo año la ASE refería la necesidad de gestionar los recursos necesarios para la instalación de una planta tratadora de aguas residuales en Sabinas.
Arturo Serrano, integrante del Cepaci en Sabinas, asegura que aunque se reactive la planta de Sabinas, ya estaría rebasada en su capacidad de tratamiento. Fotografía: Francisco Rodríguez
Coahuila, último lugar del país en número de plantas
El derecho humano al agua no puede entenderse sin el saneamiento, y el tratamiento de aguas está vinculado a un asunto de salud, dice Miguel Hernández del CIADH.
“Pone en riesgo otros derechos humanos, por eso juega un papel fundamental el tratamiento de estas aguas, porque al descargarlas en lugares que no son propicios se pone en riesgo a la población que tiene contacto con estas aguas”, comentó Hernández.
La falta de operación de las plantas tratadoras de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros abonan a que Coahuila ocupe el último lugar del país, junto con Campeche, en cuanto a la menor cantidad de plantas tratadoras de aguas residuales, de acuerdo con el Inventario nacional de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales en operación de la Conagua.
Según el inventario de la Conagua, las 27 plantas de tratamiento de aguas residuales están en 13 de 38 municipios. La ciudad de Torreón es la que más plantas tiene, siete, y después se ubica Saltillo, con 6 plantas.
Sin embargo, el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, desestimó estas cifras y argumentó que lo que importa es el porcentaje de agua que se trata y se devuelve tratada al medio ambiente. En Coahuila, dijo, se trata el 66% de las aguas residuales.
“Hay estados que pueden tener más plantas, pero solo tratan el 20% o el 40%. En Coahuila ocupábamos el lugar 17 en saneamiento, pasamos al lugar 16 con algunas pequeñas plantas que se instalaron. La cantidad de plantas tratadoras no es representativa”, aseguró.
Las 27 plantas que tiene Coahuila representan una capacidad instalada de tratamiento de 5 mil 737 litros por segundo, según el inventario de la Conagua.
Pero otra forma de ver el vaso era la de Gloria Tobón Echeverri, doctora en tratamiento de agua y activista que falleció en noviembre pasado. Tobón Echeverri explicó antes de fallecer que más allá de las capacidades, el factor clave a considerar es que en Coahuila debería de existir por lo menos una planta de tratamiento residual en los 38 municipios.
“Si 25 municipios no tienen, habría que ver a dónde conducen el agua residual esos municipios. Podría haber un problema en cuanto a contaminación del acuífero, y eso hay que estudiarlo”, comentó Tobón Echeverri, quien fuera consultora en el área de tratamiento de aguas y aguas residuales.
Las descargas de aguas residuales tienen dos caminos: en tierra o en un cuerpo de agua, explicó Vicente de Paul Álvarez Reyna, profesor investigador del departamento de Riego y Drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
“Las aguas negras las utilizan para regar cultivos. Deben de cumplir ciertos parámetros de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y tener cuidado con el cultivo que se utilice porque representa un riesgo por los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en el agua y pueden generar un problema de salud. Deben de utilizarse en forrajes”, expuso.
Las aguas negras traen mucha materia orgánica y nutrientes, y a largo o mediano plazo, los suelos se empiezan a contaminar, explicó Mario García Carrillo, profesor investigador de la Narro adscrito al departamento de Suelos.
“Así como tiene beneficios también trae todo lo que se genera en las industrias, en las casas. Ocasiona un ‘ensilatramiento’ (sales) de los terrenos, es un problema fuerte. Un incremento de suelos sódicos y suelos salinos. El agua residual así cruda tiene muchos detergentes de los hogares, mucho sodio, sales. Todo lo que usamos en las casas. Todo va al drenaje y si no se trata, con el tiempo va contaminando, degradando”, comentó.
El terreno se degrada, disminuye su capacidad productiva, y cuando es con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, cobre, son absorbidos por las plantas y después los regresan a la cadena alimenticia, detalló García Carrillo, especialista en suelos.
Por eso la doctora en tratamiento de agua, Gloria Tobón, enfatizó en la necesidad de analizar por cada municipio, examinar a dónde conducen los municipios el agua residual y qué sucede en ese punto.
Tanto Tobón Echeverri, García Carrillo y Álvarez Reyna, refirieron que un problema serio es cuando el agua residual se infiltra, contamina los acuíferos o se descarga en cuerpos de agua como arroyos y ríos.
Como el caso de Sabinas y San Juan de Sabinas, donde se descargan en el río Sabinas.
Las aguas negras de Sabinas desembocan en el arroyo Aguililla, cercano a la población de Sabinas donde juegan niños y niñas. Fotografía: Francisco Rodríguez.
Daño al río Sabinas
El arroyo Aguililla cruza algunas colonias de Sabinas, municipio de 64 mil habitantes. Niños y niñas juegan cerca del arroyo, se detienen en puentes y miran el agua. En el ambiente, el olor a estiércol predomina. Se trata de las aguas negras de la ciudad que son descargadas sobre este arroyo.
“Debería de correr por un tubo y llegar a la planta de tratamiento, y no venir de este arroyo. Son aguas de drenaje y debería de llegar cerrada”, señaló Arturo Serrano, miembro de Cepaci, mientras observaba el lugar donde justamente caían las aguas negras como cascada en el arroyo.
Esta agua que corre por el arroyo Aguililla sigue desembocando en el río Sabinas, mientras la planta tratadora que comenzó a construirse hace 13 años, sigue sin operar.
“Estar soportando el olor de esto, pues está cabrón”, añadió Serrano al mismo tiempo que veía correr el agua negra sobre el arroyo y a los niños jugar cerca del cuerpo de agua.
Las descargas de aguas residuales de Sabinas y San Juan de Sabinas representan un riesgo para la población aledaña al cuerpo de agua, y un contaminante del río Sabinas.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha realizado 10 denuncias por la descarga de aguas residuales en el río Sabinas y la Conagua ha multado en cinco ocasiones al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas por la descarga de aguas residuales sobre el río Sabinas, según respuestas a solicitudes de información hechas para este reportaje.
Actualmente el río Sabinas, un río intermitente de 150 kilómetros de longitud, presenta problemas de contaminación principalmente por los desechos, la actividad minera y las descargas de aguas residuales, según José Antonio Dávila Paulín, director del área natural protegida del distrito de riego 04 Don Martín de la CONANP.
Dávila Paulín dijo que han monitoreado el agua desde el 2015 y en la parte baja encuentran mayor turbidez, procesos de descomposición y disminución de la cantidad de oxígeno disuelto.
Aseguró que han detectado mortandad de peces, lo que es un indicador de la calidad del agua.
Mario García Carrillo, especialista de la Narro, mencionó que cuando las aguas residuales se vierten a los ríos, deriva en un fenómeno conocido como eutrofijación, que es la degradación de los cuerpos de agua.
“Ocurre lo que en muchas presas o cuerpos de agua, que está lleno de lirio acuático. Proliferan algas, lirio acuático, consumen el oxígeno y no permiten la vida acuática”, explicó.
Arturo Serrano añadió que se necesitan analizar los daños, porque no se conoce el tipo de minerales nocivos que tenga el agua y que afecta no solo la flora y fauna del río Sabinas, sino también a las poblaciones.
José Antonio Dávila de la CONANP, agregó que el río es un elemento vivo que es dañado por estas actividades. Dijo que han identificado además 10 sitios de descarga de aguas negras a lo largo del río, independientes de las del municipio.
El director del área natural protegida mencionó que cuando hay cambios de administraciones les preguntan sobre su trabajo, y ellos siempre les expresan dos temas prioritarios: el manejo de residuos y la descarga de aguas residuales.
El común denominador que argumentan es que no hay recursos para las plantas.
Para el caso de las plantas de San Juan de Sabinas y Matamoros no hay un presupuesto en 2024 para rehabilitarlas e inclusive, ya mejor se piensa en otras estrategias.
El exdirector del CEAS, Antonio Nerio, dijo que quizá se puede encontrar otro tipo de tecnología o convenios con empresas que puedan interesarse en el uso de agua tratada.
De hecho, el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, aseguró que ya platican con empresas para instalar y concesionar nuevas plantas de tratamiento de aguas.
“Estas plantas deberían ser privatizadas. No tienen para pagar el mantenimiento”, recalcó Arturo Serrano de Cepaci.
Pero mientras se piensa en privatizar o realizar convenios con empresas, las plantas tratadoras de aguas residuales que comenzaron a construirse desde 2009, siguen allí, como elefantes blancos.
En el Centro de Ciudad Juárez, el trabajo se mezcla con el buen humor de uno que otro chiste para alegrarle el día a los fronterizos. Los protagonistas de este espectáculo son los payasitos Nene y Henry, la payasita Tryxy y la pintacaritas Vanny.
Los cuatro artistas se instalan en la Plaza de Armas, justo enfrente de Catedral con sus pelucas de colores vibrantes, al igual que sus trajes coloridos que los caracterizan y que atraen las miradas curiosas de quienes pasan alrededor.
Nene y Henry, con sus narices rojas y zapatos grandes, hacen carcajear a la gente que va caminando y que escuchan el espectáculo.
Tryxy, la más pequeña del grupo, añade el toque de ternura durante el show. Mientras que Vanny con su pincel mágico va alegrando la cara y los corazones de niños y niñas que se forman para que les alegre su rostro.
«Para mi ser payaso es la vida misma, porque yo fui en aquellos tiempos niño de la calle pidiendo un taco, pidiendo para comer, para sobrevivir … Se burlaban mucho de mi voz y ahora esta voz es la que hace reír mucho a la gente», platica Nene.
Tryxy es payasita y Vanny pintacaritasVanny hace feliz a los niños pintandocaritas La singular voz de Nene fue lo que lo impulsó a ser payasito Junto todo el equipo: Nene, Henry, Tryxy y Vanny
El grupo de payasitos suele colocarse en la Plaza del Armas en la zona Centro / Fotos: Aimé Salinas
Para ellos ver reír a la gente es un gozo, además de la satisfacción que les da que les pidan una foto.
«Me hacen sentir en la nube. Me hacen sentir alguien importante, me hacen sentir bien», comenta.
Henry, es un payaso oriundo de Colombia, llegó a esta frontera en el mes de diciembre, pero ha encontrado una familia postiza que le ha dado una acogida cálida.
«Yo cuando llegue acá la gente no me daba trabajo, pues poco a poco, con el apoyo de ellos ya estoy saliendo adelante», dice.
La pintacaritas Vanny cuenta que estos espectáculos funcionan para pasar un rato agradable en familia y dedicarles tiempo a los niños, ya que se convertirán en recuerdos agradables para papás e hijos.
«Los invitamos a toda esa gente de Ciudad Juárez que venga, que les den tiempo a sus niños, acá vienes te ríes con la familia», agrega Henry.
Más que un simple espectáculo, el payasito Nene y sus compinches invitan a compartir y a reír juntos, con el fin de crear recuerdos que perduren en el corazón de cada familia.
Incluso en medio de la rutina, los motivan a que busquen un espacio para unirse a la magia de la risa y que los adultos, también se conviertan en pequeños otra vez.
“(Queremos) que salgan de esas cuatro paredes. Se agobian, piensan mal, yo le digo a esa ‘people’ que salgan, que se vengan un ratito aquí. No es un parque, pero es una sala de la risa. Yo le llamo así, sala de la risa porque vienen y se sientan y se ponen a reír con nosotros y ellos por amor a nosotros, pues nos regalan una moneda”, sentencia Nene.
