Además de que la improvisación de una carpa en la zona de Los Hoyos de El Chamizal para migrantes no fue la óptima en cuestiones de salud, el espacio se encuentra en una zona inundable de acuerdo con un documento del IMTA, según refirieron activistas locales.
Sobre este tema, María Antonia Ríos, de la organización Chamizal Conciencia Ciudadana, indicó que en este sentido las autoridades municipales han ignorado, de nueva cuenta, los señalamientos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para evitar impactar la zona de El Chamizal.
Dijo que desde agosto del 2021 interpusieron una queja en contra del Ayuntamiento ante la SEMARNAT, lo cual quedó asentado en el folio 112/0999/2023.
María Antonia Ríos, integrante de Chamizal Conciencia Ciudadana
En este mismo sentido, Daniel Delgadillo Díaz, del colectivo Árboles en Resistencia, que forma parte del Frente por la Defensa del Chamizal, informó que ellos advirtieron desde hace días sobre la presencia de la carpa que se destinaría para campamento migrante, así como se trata de una zona de alto riesgo de inundación.
Señaló que existe un documento realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en donde se refiere sobre las recomendaciones realizadas en el Plan Sectorial de Manejo de Aguas Pluviales (PSMAP) para Ciudad Juárez, el análisis hidrológico de una superficie de 11.38 hectáreas en donde se destinaría el Centro de Convenciones y Visitantes, que es justamente por esta zona.
El activista indicó que este estudio exponía la recomendación de no construir nada que afectara la vocación ecológica del lugar, como está ocurriendo en este momento.
Una familia formada por cinco hijos y 14 nietos, a pesar de ser números comparten algo en común: su gusto por el fútbol.
Hace 10 años decidieron formar el equipo “Deportivo Salinas” en las canchas de Municipio Libre, el cual se conformó de hermanos, primos, cuñados y sobrinos.
Omar Salinas es el hermano mayor, tiene 46 años, aficionado al equipo del América, es medio campista lateral y lleva 34 años jugando fútbol. Él se ha encargado de dirigir el equipo y reunir a su familia con pasión futbolera.
Deportivo Salinas / Foto: Aimé Salinas
“Desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado el fútbol. Cuando fui niño, joven y adolescente siempre lo jugué y con el paso del tiempo quise tener mi propio equipo y lo formé con puros familiares donde jugaba mi hermano, mis primos, cuñados y nos gustó mucho que ese equipo llegará a la familia», platicó.
Han llegado a 6 finales: 3 victorias y 3 tropiezos, pero en cada final se reúne toda la familia para festejar y convivir en la casa de sus padres, donde hacen una taquiza para terminar de pasar esa tarde de fútbol.
“Somos una familia 100 por ciento futbolera. Desde mi papá, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, cuñados, hijos, hasta mi esposa, nos vamos al juego, jugamos, terminamos el juego y regularmente nos reunimos todos convivimos y nos juntamos también a ver los juegos los fines de semana. La cosa es que siempre estamos metidos en el fútbol de una u otra manera”, señaló.
Hiram Salinas es el hermano menor, tiene 36 años, necaxista de corazón, juega en el centro y lleva 28 años jugando fútbol. Él se siente orgulloso de compartir las canchas con su hermano, Omar, a pesar de que es 9 años mayor.
Erick junto a su hermano Gustavo, ambos compartiendo una tarde futbolera / Foto: Aimé Salinas
“A ambos nos gusta este hermoso deporte y me siento contento de seguir jugando con él, también cuando jugamos con sus hijos y apoyamos a las nuevas generaciones aportando de nuestra experiencia”, mencionó.
Todos los domingos en las tardes juegan en las canchas Central Soccer, que están ubicadas por la calle Pedro Rosales de León, ahí llegan los demás hermanos, sobrinos y sus padres para disfrutar y gozar del partido.
“Es una tradición debido a los años que llevamos manteniendo el equipo familiar. A los niños más pequeños los tratamos de llevarlos siempre a los encuentros de fútbol para que se vayan dando cuenta de qué es el fútbol y para que en un futuro sean miembros del equipo familiar.
El capitán del equipo, Erick Omar Salinas, también conocido como “el zurdo”, hijo de Omar, juega en la defensa lateral, tiene 24 años y lleva 18 años jugando. Él ya es uno de los nuevos miembros del equipo, que forma parte de la segunda generación, al igual que su hermano menor, Gustavo Salinas.
“Me siento orgulloso de jugar con mi papá. Cuando yo tenía como 14 años fue una de las primeras veces que jugué a lado de él y aprendí muchas cosas de su gran experiencia. Ahora es mi DT y es agradable saber que mi papá es él que nos anima y nos apoya en todo momento, se siente esa energía de familia”, platicó.
Omar, Director Técnico / Foto: Aimé Salinas
Erick señaló que ver a su papá jugar desde pequeño en las canchas de fútbol grande, 11 vs 11, le nació el gusto por el fútbol. “Para mí era un sueño jugar a lado de mi padre y de mis tíos y se logró, tal vez ellos ya no estaban a su nivel o al ritmo, pero siempre se miran esas ganas de jugar y eso motiva mucho”, comentó.
La familia de Omar es una de tantas que también son aficionadas al fútbol, y es que para ellas no solo es pasión, también es una tradición reunirse todos los domingos para convivir en los campos de fútbol es una costumbre que va pasando de generación en generación.
Con el propósito de fomentar la lectura y las actividades recreativas en la edición 2023 de la Feria del Libro de la Frontera (FELIF) se cuenta con 23 talleres y clases magistrales de manera gratuita para el público en general.
Bajo el lema “Las palabras hacen al mundo”, la FELIF 2023 se realiza en el Centro Cultural Paso del Norte, ubicado en Anillo Envolvente del Pronaf, Zona Pronaf Condominio La Plata, en Ciudad Juárez, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, del 25 de mayo al 4 de junio.
Personal de la Secretaría de Cultura en esta frontera informó que este año se cuenta con una amplia oferta para que la ciudadanía que gusta de la lectura y escritura pueda profesionalizarse en estas áreas.
Durante las actividades de la Feria del Libro de la Frontera / Foto: Cortesía Secretaría de Cultura
Algunas de las actividades son: edición de novela gráfica, taller de escritura, estructura y elementos del cómic, talleres de ilustración y edición de novela gráfica son algunos de los que se tienen preparados en esta edición.
También se informó que todos los talleres y clases magistrales son gratuitas, además de que ponentes con basta experiencia como: Logan Wayne, Luis Humberto Crosthwaite o Mónica Nepote son los encargados de facilitarlos.
Los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero robado del estado de Coahuila generan dudas sobre quién debería recibir el dinero.
Esta historia es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Traducido al español por Jorge Luis Sierra, presidente del Border Center for Journalists and Bloggers.
Más de una década después de que los investigadores federales comenzaran a incautar propiedades y cuentas bancarias en Texas, propiedad de ex funcionarios mexicanos que habían saqueado las arcas públicas, el Departamento de Justicia (DOJ) dice que va a devolver parte de ese dinero al país donde fue robado.
El Departamento de Justicia dijo que los planes para enviar $26 millones de dólares a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur.
Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales de México que el Texas Observer ha contado en varias entregas en los últimos dos años.
De 2012 a 2018, fiscales y agentes federales en Houston, San Antonio, Corpus Christi y el Valle del Río Grande lanzaron una investigación muy intensa de funcionarios gubernamentales y empresarios de cuatro estados mexicanos que, alega el Departamento de Justicia, habían robado fondos públicos y lavado el dinero en Texas.
Los investigadores rastrearon el dinero robado hasta condominios en South Padre Island, gasolinerías y centros comerciales en Brownsville, una torre de almacenamiento en San Antonio que se vendió por casi $11.5 millones de dólares y casas en las áreas de Austin y Houston.
El Departamento de Justicia finalmente abandonó los procesos, desestimando acusaciones y resolviendo discretamente demandas civiles, pero no antes de recuperar decenas de millones de dólares a través de la confiscación, el proceso legal de obligar a un propietario a entregar los bienes involucrados en los juicios.
Los planes para devolver parte de ese dinero —las víctimas de delitos financieros pueden solicitar recuperar los fondos incautados por el Departamento de Justicia—plantean nuevas preguntas sobre cómo Estados Unidos debe manejar dinero sucio del extranjero. El objetivo declarado del DOJ al incautar el dinero es hacer de Estados Unidos un lugar menos atractivo para que funcionarios extranjeros corruptos laven dinero.
“Este dinero que roban estos cleptócratas… primero que nada, empobrece enormemente a la gente del país y, segundo, socava por completo los mecanismos para la democracia y el Estado de Derecho que estos países necesitan para asegurar que la cleptocracia no continúe”, dijo Tutu Alicante, un activista de derechos humanos de Guinea Ecuatorial que vive en el exilio en Estados Unidos.
Pero devolver ese dinero no siempre es fácil. En muchos países, la corrupción que permitió el robo en primer lugar todavía existe incluso cuando los Estados Unidos está tratando de devolver el dinero.
Al repatriar el producto de la corrupción, países como Estados Unidos necesitan preguntarse: “Quién es en última instancia la víctima de la corrupción?, dijo Sarah Saadoun, investigadora de Human Rights Watch. “En situaciones como ésta, donde se roban fondos públicos… la pregunta es, ¿qué beneficiaría más al público?”.
En 2017, el gobierno de México solicitó al entonces procurador general Jeff Sessions la devolución de $2.28 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había incautado de una cuenta bancaria en Las Bermudas perteneciente al ex tesorero del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández.
Coauhila, que limita con partes del sur y oeste de Texas, ha estado en una situación financiera desesperada desde 2011, cuando se supo que Villarreal y otros funcionarios habían desviado cientos de millones de dólares de una campaña masiva de obras públicas. Hoy, la deuda pública del estado equivale a casi $2 mil millones de dólares.
Villarreal fue finalmente acusado en México de falsificar registros gubernamentales para sacar casi $250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y, en Estados Unidos, de lavar decenas de millones de dólares a través de bienes raíces y cuentas bancarias de Texas. El gobierno federal de México es el responsable final de pagar la deuda que Villarreal acumuló de manera fraudulenta, escribió Raúl Cervantes Andrade, fiscal general de México en el momento de la petición de 2017. En abril de este año, el Departamento de Justicia dijo que devolverá $26 millones de dólares del dinero que ha recuperado.
En México, eso ha desatado un debate sobre quién debe obtener el dinero, y aún reina la confusión acerca de cómo se gastará. El Departamento de Justicia dice que el gobierno federal de México se comprometió a gastar el dinero en un programa de educación sobre el fentanilo. Funcionarios estatales en Coahuila han pedido que se les devuelva. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que si envía el dinero a Coahuila, se lo volverán a robar.
“Tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila. No.”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en mayo. “Al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de este dinero”.
Como para subrayar hasta dónde llega la corrupción, Villarreal, quien se declaró culpable de delitos financieros en 2014 en San Antonio pero aún no ha sido sentenciado, testificó a principios de este año en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad Pública de México. Un jurado encontró a García Luna culpable de aceptar sobornos de narcotraficantes, y está acusado en una demanda civil separada, presentada por el gobierno federal de México en Miami, de inflar contratos a cambio de sobornos.
México tampoco ha presentado cargos contra otros exfuncionarios de Coahuila. Villarreal todavía es buscado en México, pero los fiscales allí no han acusado a las docenas de exfuncionarios y contratistas estatales que él testificó que estaban involucrados en un esquema complejo que involucraba contratos inflados y falsificados. Los préstamos fraudulentos, que son el foco de la investigación de México, fueron parte de una conspiración mucho mayor para defraudar al estado y controlar el proceso político en Coahuila, dijo Villarreal ante un juez federal de Corpus Christi en 2021.
A nivel estatal, “los sistemas de rendición de cuentas son muy débiles y los gobernadores son muy corruptos”, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en las relaciones entre Estados Unidos y México. Hay más supervisión a nivel federal, pero “el gobierno de López Obrador no se toma en serio el combate a la corrupción”, agregó.
En rueda de prensa el pasado 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó utilizar el dinero en una campaña de combate a las drogas / Crédito: Sitio Oficial del presidente.
Cuando el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo en 2014 con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial para entregar más de $ 30 millones de dólares en activos estadounidenses que, según los fiscales, se compraron con las ganancias de la corrupción, la simple devolución al país de donde fueron robados no era una opción. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha gobernado desde 1979, y los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que una vez que se vendieran la mansión de su hijo en Malibú, el auto deportivo Ferrari y los objetos de memorabilia de Michael Jackson, el dinero podría terminar en manos de la misma familia despótica que ha saqueado la nación centroafricana durante décadas. El hijo de Obiang, que compró todos esos activos, es ahora el vicepresidente del país.
Después de siete años de negociaciones, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial acordaron enviar casi $20 millones de dólares a las Naciones Unidas para un programa de vacunas contra el COVID-19 y más de $6 millones de dólares a una organización benéfica en Maryland.
Un problema, dijo Alicante, cuya organización sin fines de lucro EG Justice trabajó con investigadores estadounidenses tratando de entender el robo de fondos públicos en Guinea Ecuatorial, fue que cuando se donó el dinero, el país ya contaba con un programa de vacunas. El Departamento de Justicia había encontrado una solución novedosa al problema de devolver ganancias mal habidas a naciones extranjeras, pero esas decisiones deberían involucrar a la sociedad civil en el país donde fueron robadas, dijo Alicante.
“Tienes que tener algunos mecanismos para la rendición de cuentas”, dijo. “Es genial que puedas vacunar a la gente. Pero, ¿nos estamos asegurando de que se priorice a las personas que más sufrieron la cleptocracia?
Intentar devolver dinero a través de no-organizaciones gubernamentales sería difícil en México, dijo Benítez Manaut. Por un lado, López Obrador desconfía profundamente de las organizaciones no gubernamentales, particularmente aquellas con vínculos con Estados Unidos. Por otro lado, las políticas antidrogas y antiinmigración de Estados Unidos dependen profundamente de la ayuda de México.
En el caso de Coahuila, Estados Unidos tiene una solución potencialmente simple: usar los $26 millones de dólares para pagar parte de la aplastante deuda de Coahuila. En cuanto a por qué Estados Unidos Unidos y México no han accedido a eso, dijo Benítez Manaut, “no sé la respuesta”.
También quedan dudas sobre cuánto dinero Estados Unidos ha recuperado. Los registros judiciales y los resultados de la subasta pública muestran que Villarreal entregó $34 millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias al gobierno federal de Estados Unidos y casi $6 millones de dólares más al condado de Bexar. Jueces federales de San Antonio sellaron partes de acuerdos con un empresario de Coahuila y la suegra de un exgobernador, lo que hace imposible saber quién recibió el dinero. Los acusados también han entregado bienes a puertas cerradas, incluido un Mercedes McLaren, un auto deportivo raro que puede venderse por cientos de miles de dólares, que Villarreal testificó que perdió.
Oficiales del Departamento de Justicia (DOJ) declinaron una entrevista con el Texas Observer para este reportaje. En cambio, la agencia dijo en un comunicado:
“DOJ proporciona remisión a víctimas calificadas de activos recuperados en el caso neto de gastos. A veces, sólo una parte de la pérdida se recupera en el decomiso en un caso. Por ejemplo, a veces un demandado gasta los fondos en artículos que no se pueden recuperar, como gastos de manutención o entretenimiento, otras veces el demandado gasta el dinero en activos que no se han mantenido y, por lo tanto, el valor es menor que el precio de compra original”.
La transparencia “importa en ambos lados de la frontera”, dijo Saadoun. “Creo que es importante asegurarse de que Estados Unidos rinda cuentas por completo de todos los activos que fueron (confiscados) … y asegurarse de que, una vez repatriado, en realidad … vaya a pagar los préstamos originales o vaya a alguna otra forma de beneficiar al público”.
El lugar en donde fueron reubicados parte de los migrantes que acampaban afuera de la Presidencia Municipal y en zonas aledañas podría convertirse en un «caldo de cultivo para enfermedades», según opinaron especialistas médicos.
Así lo dio a conocer el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, Lorenzo Soberanes Maya, quien señaló éste no es un lugar optimo para que sea habitado por personas.
Lo anterior, luego de que el lunes por la tarde-noche, los migrantes que se encontraban en la «mini-urbe» afuera del inmueble municipal fueran desalojados de las casas de campaña y, posteriormente, trasladados a una mega carpa que se ubica en la zona de Los Hoyos de El Chamizal.
Este lugar fue implementado por autoridades del Ayuntamiento local y del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual pese a que se instaló desde hace días, apenas este martes 23 de mayo se dio a conocer oficialmente.
El medico declaró que las condiciones de hacinamiento en las que estarán orillados a vivir, aunque sea de manera temporal, podría provocar una serie de enfermedades de las personas que se encuentren en este lugar.
Mencionó que existen una serie de factores que influyen para que la situación se vuelva complicada para las personas en movilidad, pues debido a las condiciones climáticas de Ciudad Juárez y la temporada, además del poco ambiente salubre, podrían desarrollarse enfermedades estomacales, principalmente.
Sobre este espacio, el lunes pasado, Santiago González, titular de Derechos Humanos del Municipio indicó que cuenta con piso de madera, aire acondicionado y baños portátiles, así como tiene la capacidad para albergar a 250 personas.
También que se les proveería de alimentos tres veces al día, sin embargo, no existe en este lugar un espacio para bañarse ni para refrigerar alimentos.
El médico fue puntual al señalar que las condiciones en las que van a vivir las personas migrantes podrían convertirse en una situación muy grave, además que las autoridades municipales no están midiendo en la dimensión adecuada.
Lorenzo Soberenes Maya, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez
Señaló que es un reto muy grande el que está tomando el Gobierno Municipal, incluso que existen inmuebles en desuso que podrían implementarse como refugio para estas personas.
También expuso que, en ese lugar, uno de los riesgos es la descomposición de alimentos que traerán como consecuencias complicaciones de salud y no solo parasitarias, sino también infectocontagiosas como la hepatitis.
Lorenzo Soberenes Maya, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez
De casi 300 burócratas basificados en el 2021, durante la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, cerca del 70 por ciento no tenían ni un año de antigüedad, pese a que este es uno de los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Además, esta investigación descubre cómo, en los últimos cuatro años, se registraron casos de burócratas que cobraron hasta cinco sueldos en diferentes dependencias y en horarios que no eran compatibles, ocasionando una erogación de 110 millones de pesos en nómina.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
El otorgamiento de bases sindicales a personas que no cumplían con los requisitos y en un proceso discrecional, trabajadores con sueldos repetidos hasta en cinco dependencias que en total suman una erogación de 110 millones 476 de pesos, así como pagos no reconocidos por trabajadores entrevistados para este reportaje, son algunas de las anomalías encontradas en la nómina del Gobierno de Baja California del 2018 a 2022, durante las administraciones estatales del panista Francisco Vega de Lamadrid, y los morenistas Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Entre los principales hallazgos está que el 70 por ciento de los 298 empleados que recibieron una base sindical entre los meses de enero y octubre del 2021, incumplen con la antigüedad requerida de al menos un año de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de Baja California.
Las plazas sindicales fueron entregadas en 2021, el último año de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez.
Para este reportaje el Border Hub revisó registros del grupo de empleados reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde cada dependencia registra sus nóminas de manera trimestral y en donde se aprecia que -en los últimos cinco años- pudo haber un posible mal uso de recursos vía nómina por 110 millones 476 de pesos.
Casi el 90 por ciento de las bases otorgadas presentaban sueldos cobrados hasta en cinco ocasiones, en forma simultánea, en los mismos periodos y en diversas dependencias del gobierno estatal en un periodo que abarcó tres administraciones estatales.
Durante el año 2018, cuando se encontraba al frente Francisco Vega de Lamadrid, se realizaron 209 casos de pagos indebidos, con un total de 11 millones 967 mil 488 pesos, en al menos cinco dependencias estatales, incluyendo la Auditoría Superior del Estado, que está encargada de vigilar el uso del recurso público.
En ese año, la Oficialía Mayor fue la dependencia con más repetición de sueldos, con 174 casos de pagos indebidos por un total de 9 millones 585 mil 955 pesos.
En el año 2019, el último año de gobierno de Vega de Lamadrid y el inicio de la administración de Jaime Bonilla, se registraron 331 casos de pagos indebidos por un total de 14 millones 837 mil 533 pesos en 28 instituciones involucradas. En el año 2020, fueron 406 casos nóminas repetidas en 27 dependencias, con un presupuesto de 27 millones 541 mil 738 pesos.
En 2021, el último año de gobierno de Bonilla y comienzo del mandato de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se registraron 327 casos de pagos duplicados en 24 dependencias por 22 millones 992 mil 761 pesos.
Finalmente en 2022, con Ávila Olmeda, se registraron 207 tuvieron cobros salariales dobles por 33 millones 136 mil 930 pesos.
La estimación de los sueldos presuntamente aplicados de manera indebida, fueron calculados por el equipo de Esquina32- Border Hub al tomar como referencia el sueldo fijo reportado en la PNT y que percibía cada trabajador como constante, mientras que los sueldos reportados y repetidos de manera temporal en otras dependencias se les consideró como irregulares.
Incluso, las anomalías detectadas en este reportaje propiciaron una investigación ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, así como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y ambas instituciones han abierto expedientes para establecer posibles sanciones.
Video de entrevista con el Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo
Instituto de Transparencia pide cuentas a gobierno estatal
Sobre este caso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) informó que, mediante el oficio girado el pasado 31 de marzo a la titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, Rocío López Gorosave, se le requirió un informe sobre estas presuntas irregularidades en las que se observan los reportes de cobros salariales repetidos.
“Al ser atribución de este instituto verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia y derivado de la revisión de la fracción octava del artículo 81 de la citada ley relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza se advierte que del ejercicio 2018 al 2022 se visualizan los nombres de personas servidoras públicas que reciben recurso público en varias dependencias dentro del mismo periodo”, señala el documento en poder de Border Hub.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, la investigación aún se encontraba en proceso.
Por:Sonia de Anda Centro de Gobierno en Baja California
Nuevos basificados desconocían la duplicidad de sus sueldos
Teresita de Jesús Balderas Beltrán ingresó al servicio público en 2017, como empleada de confianza en plazas de Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda de Baja California. Tiene sueldos mensuales, en promedio, de casi 25 mil pesos.
Sin embargo, la PNT revela meses en los que sus ingresos se acercaron a los 75 mil pesos por trabajos temporales y simultáneos en otras dependencias.
Los registros revisados para este reportaje demuestran que la empleada cobró, en forma simultánea, en tres dependencias, incluyendo la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso).
En el 2018 de julio a septiembre, la empleada aparece que cobró 24 mil 611 pesos en tres ocasiones como asistente ejecutiva en Oficialía Mayor y de octubre a diciembre recibió la misma cantidad en dos ocasiones en la Secretaría de Hacienda y 25 mil 280 pesos, nuevamente en Oficialía Mayor.
En el 2019, de abril a junio, la empleada recibió tres sueldos en Oficialía Mayor, dos de ellos de 24 mil 609 pesos y uno por 24 mil 751 pesos. En el trimestre de julio a septiembre registró dos pagos salariales en uno de seis mil 602 pesos en Oficialía Mayor y otro de la misma cantidad en la Secretaría de Integración y Bienestar Social.
Para el 2020 la trabajadora cobró 24 mil 605.98 en dos ocasiones en el primer trimestre del año, uno en Oficialía Mayor y otro en la Secretaría de Hacienda, situación que se repite cuando cobró tres sueldos en el segundo trimestre de abril a junio, aunque dos de ellos se aplicaron en la Secretaría de Hacienda. De octubre a diciembre la empleada cobró dos sueldos, uno en la Secretaría de Hacienda y otro en Oficialía Mayor.
En entrevista con Border Hub, la empleada afirmó que nunca prestó sus servicios en más de una dependencia al mismo tiempo, aunque reconoce haber sido comisionada algunos meses, en distintos periodos, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
Sin embargo en la nómina aparece que también prestaba sus servicios en las Secretarías de Hacienda y General de Gobierno con cobros adicionales a su sueldo de casi 25 mil pesos mensuales
La empleada aseguró que aún conserva sus recibos de pago y que jamás recibió percepciones superiores a los 25 mil pesos mensuales, por lo que se mostró extrañada que la PNT la muestre como alguien que recibió pagos salariales adicionales.
Debido a esto, dijo que buscará una explicación oficial ante la Oficialía Mayor del Estado de Baja California.
“Confío en el portal de transparencia, obviamente, pero como todo es lo mismo y está duplicado, además no hay una forma que a mí me diga que yo cobré, necesito ir personalmente a Oficialía Mayor, presentarles esto y que me muestren las nóminas firmadas por mí y qué sucedió para entonces poder actuar en consecuencia. Confío en el portal, pero no te entregan un cheque o algo sin firma y jamás he recibido un sueldo mayor a lo que percibía por catorcena”, aseveró.
En la actualidad, Balderas Beltrán se desempeña en una dirección de la Sindicatura Municipal de Tijuana. Ella solicitó un permiso para no ejercer su plaza de base en el gobierno estatal. La PNT muestra que la empleada recibe sus pagos de manera regular desde su incorporación al ayuntamiento.
Audio y video de llamada telefónica con empleada sindicalizada, Teresita Balderas.
Por:Sonia de Anda Oficinas de Oficialía Mayor en Mexicali
Oficialía Mayor de BC: involucrada en la duplicidad de sueldos
La Oficialía Mayor es la dependencia encargada del manejo de personal burocrático del Poder Ejecutivo, por lo que es la autoridad responsable de que se erogaran sueldos duplicados en dependencias con horarios incompatibles.
Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley de Compatibilidad de Funciones, Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California, pues a un trabajador le sería imposible destinar jornadas laborales de ocho horas en más de dos dependencias gubernamentales.
Un ejemplo de lo ocurrido fue encontrado en un trabajador que aparece el oficio número 021166022000181 emitido por Oficialía Mayor el pasado 11 de julio de 2022, en el que personal de la Dirección de Recursos Humanos informó sobre los 298 trabajadores basificados del 1 de enero al 25 de octubre de 2021.
El trabajador, llamado José Alberto Rincón Campos, ingresó al servicio público el 29 de marzo de 2021 y, ese mismo día, fue basificado en la Secretaría General de Gobierno.
Aunque en la PNT se indica que cumple con la antigüedad requerida, pues hay registros de él desde el 2018, la irregularidad consiste en que desde entonces el empleado muestra que tiene hasta cuatro sueldos cobrados en los mismos periodos.
Durante el 2018, se desempeñó como analista de Oficialía Mayor comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública. De enero a junio de ese año, cobró sueldos entre 8 mil 177 y 8 mil 919.39 pesos, sin mayor relevancia.
Sin embargo, de julio a septiembre contó con tres sueldos simultáneos en la misma dependencia, por el primer monto señalado.
Al año siguiente, Rincón Campos aparece como trabajador de Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibso).
Conforme a documentos emitidos en el 2020, tiene un ingreso neto de 8 mil 246 de pesos en todos los trimestres del año, prestando servicios en Oficialía Mayor y, de ahí, se le comisiona como analista en la FGE.
En esta última dependencia también percibe un sueldo por el mismo monto y, por tanto, doble sueldo en el primer trimestre de ese ciclo, al igual que en julio y septiembre.
Para el 2021, tras recibir la base, empezó a cobrar sueldos de 20 mil 171 y 20 mil 698 pesos, sin registrar ingresos de enero a junio de dicho año.
A pesar de esto, presenta el cobro de tres sueldos simultáneos entre julio y septiembre de 2021, en la Secretaría General de Gobierno, donde en dos ocasiones recibió la misma cantidad, al igual que en Oficialía Mayor.
De octubre a diciembre del 2021, conforme a la investigación, también cobró al mismo tiempo en ambas dependencias.
Pese a los registros mostrados en la PNT, mediante el oficio 58/2023 aparece que Rincón Campos laboró del 1 de noviembre de 2019 al 26 de marzo de 2021 en la FGE, según confirmó la propia dependencia.
Ahí, percibía un sueldo de 10 mil 403.94 pesos mensuales y, al parecer, no estaba comisionado a alguna otra oficina.
Sin embargo, ya en funciones el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se mantuvo una irregularidad en los cobros de este empleado: durante el primer trimestre de 2022 cobró 20 mil 575 pesos, con un bono de 2 mil 208 pesos.
A partir del segundo trimestre, entre abril y junio, comenzó a percibir dos sueldos, como ayudante de oficios varios, de 21 mil 760 pesos con una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, y un bono de buena disposición de 8 mil 331 pesos, desde la Secretaría de Hacienda de Baja California y en Oficialía Mayor, respectivamente.
Entre julio y septiembre de 2022, los registros muestran que percibió el mismo sueldo en las mismas dependencias como analista, pues en forma adicional al sueldo neto recibió una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, además de un bono por buena disposición de 13 mil 239 pesos.
Sobre este caso, personal de Oficialía Mayor contestó -vía transparencia el pasado 3 de febrero- que Rincón Campos nunca ha prestado sus servicios laborales con ellos.
A pesar de esto, existe un registro de que fue comisionado al área de Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Hacienda, aunque no es precisado el periodo o los montos salariales percibidos.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno reconoció que, de acuerdo a los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia, dicho trabajador tuvo el 8 de junio de 2021 un cambio del Ramo 07 al Ramo 04.
Es decir, pasó de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General de Gobierno. Lo anterior duró hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que volvió a generarse otro cambio para regresar a la dependencia inicial.
En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue informado que Rincón Campos no presentó algún registro en su plantilla de personal. En contraste, la PNT refleja que durante el primer trimestre de 2019 recibió un sueldo de 3 mil 389.97 pesos en ese lugar.
Para el segundo trimestre, entre abril y junio, el servidor público mencionado recibió tres sueldos simultáneos de 8 mil 246 pesos en esta secretaría.
Incluso, tuvo un cobro adicional en cada una de ellas por 2 mil 815 pesos, como prima vacacional. Para el tercer trimestre de 2019, Rincón Campos cobró 37 mil 945 pesos. Esto, al sumar los cuatro salarios percibidos como analista de la SSPE y la FGE.
Con los recursos del Sibso recibió un sueldo neto de 6 mil 576 pesos; en Oficialía Mayor y en la SSPE percibió 6 mil 566 pesos, más una compensación de mil 679 pesos, respectivamente; y en la FGE, 8 mil 246 pesos más la prima vacacional de 6 mil 630 pesos.
Sin embargo, conforme a la investigación, al parecer fue regularizada la situación de este empleado en el último trimestre del 2019, pues aparece que únicamente cobró los sueldos referidos en la FGE.
Por:Sonia de Anda Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas
SHFP atribuye duplicidad en nómina a reformas a la ley
Tras las irregularidades detectadas en el proceso de basificación 2021, Border Hub cuestionó a Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.
La funcionaria estatal reconoció que actualmente analizan las plantillas para determinar la razón de que casi el 90 por ciento, de los 298 basificados, aparecen en la PNT con una multiplicidad de sueldos devengados.
Aseguró que todo parece indicar que no existe un mal manejo de dinero de la nómina, luego de revisar los expedientes no hay registro de que un empleado haya cobrado más de un sueldo, como lo refleja la PNT.
“Mucho de esto se deriva de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Estado”, declaró la funcionaria, quien señaló que durante la gestión de Bonilla Valdez algunas instituciones concentraban atribuciones de otras secretarías.
“Por ejemplo: en la Secretaría General teníamos también al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Oficialía Mayor, y Consejería Jurídica. El control lo tenía el entonces secretario general de gobierno”, explicó Villar Casas.
Recordó que, una vez reformada la Ley Orgánica en la actual administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dichas dependencias “se desagregan”.
Por lo anterior, dijo, es probable que sea una de las causas por las que el personal aparezca en tres entidades de manera simultánea.
“Iniciamos una revisión y, probablemente, se determine que es la falta de actualización de las dadas de baja de una secretaría y las altas de otra. Entonces, más que nada, es una cuestión de transparencia. Seguimos haciendo las revisiones para determinar, ya concretamente, qué es lo que está sucediendo, para que tengamos de forma correcta las plantillas de personal. Y no se estén duplicando, triplicando, y que aparezcan en varias entidades”, concluyó la secretaria de Honestidad y Función Pública.
Por:Sonia de Anda Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California
Hijos de burócratas sin antigüedad mínima fueron basificados
Manuel Guerrero Luna, ex secretario general del Sindicato, reconoció que los hijos de burócratas fueron beneficiados en el pasado proceso de basificación 2021 porque así lo permiten los estatutos del gremio.
Border Hub consultó al actual diputado morenista por el Distrito 1 de Mexicali, pues fue líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California (Sutspemidbc), durante el periodo 2020-2023.
“Unas las damos por antigüedad y, otras, las damos a hijos de trabajadores”, expresó Guerrero Luna.
El entonces líder participó en la edición 2021 y sostuvo que por ley estaba facultado, en ese entonces, para asignar bases directas y otras por el tiempo cumplido.
“Hay bases directas si la Comisión de Escalafón y Ajustes lo determina de manera unánime, en consenso. La base es directa, eso está dentro de la ley. Por eso no me diga que no cumple con la antigüedad”, espetó.
Explicó que por ley, aunque sin citar el marco legal en forma precisa, hay tres formas de entrar al sindicato: directa, escalafón por antigüedad, o por concurso. Esta última si se determina la necesidad de una plaza.
“No todas las plazas se dan por antigüedad y no todas las bases se dan directas. Si no cumplieran (con la ley) las tumban y no nos han tumbado ninguna”, aseveró.
Guerrero Luna no pudo referir el número de hijos e hijas de trabajadores que fueron beneficiados con bases directas, pues justificó que de ello se encarga la Secretaría de Escalafón.
El ahora legislador reiteró durante la entrevista que dicho proceso “fue legal” porque “hasta ahorita ninguna (base) se ha caído”, y que no tiene “noticias de que estén impugnadas”.
En contraste con lo dicho por Guerrero Luna, el artículo 159 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, indica que las bases definitivas son otorgadas a quienes tienen al menos un año de antigüedad.
“Los trabajadores de base con un mínimo de un año acumulativo en la prestación del servicio, tienen derecho a participar en los concursos para ser promovidos a la obtención de la base definitiva. Todos los trabajadores incorporados al sistema de escalafón, tendrán derecho a participar en los concursos y promociones de ascensos, de conformidad con los tabuladores señalados en el Reglamento de Escalafón. En cada Autoridad Pública se expedirá un Reglamento de Escalafón”, señala el artículo.
Más adelante, en el texto legal, son indicados los “factores escalafonarios” que se tomarán en cuenta para otorgar una base, como los conocimientos, aptitud y antigüedad, así como disciplina y puntualidad, que no podrían medirse sin haber tenido un tiempo de servicios prestados en alguna dependencia.
Si se parte de la declaración de Guerrero Luna, prácticamente 207 personas pudieron haber caído en ese supuesto de recibir una base en forma directa sólo por ser hijos o hijas de trabajadores, sin tener que cumplir con los requisitos de ley.
Mientras que de los sueldos pagados de manera simultánea, el legislador justificó que “es una facultad del patrón”, pues el Sindicato “no interviene”. A pesar de esto, aclaró que su organización otorga plazas de “Nivel 1”.
Video de entrevista con Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California
Abren expedientes por asignación indebida de bases
Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), indicó que hasta la fecha han sido abiertos dos expedientes tras la detección de irregularidades en el proceso de basificación, mismo que involucra alrededor de 100 plazas.
“Son los casos que hemos detectado con probable responsabilidad. Hemos estado integrando elementos serios: en estos dos expedientes, de nada más dos entidades, se integran casi 100 plazas otorgadas para base”, detalló la funcionaria estatal.
La funcionaria aseguró que en el análisis realizado por la SHFP, que aún está en curso, fue detectado un número extraordinario de basificaciones en algunas dependencias.
Derivado de esto, se está completando la carpeta de investigación para comprobar si hay una probable falta administrativa dentro del otorgamiento de estas plazas.
La normatividad que regule el otorgamiento de basificaciones es revisada y analizada, prosiguió Del Villar Casas, y si se desprende una probable irregularidad se procederá a las que hayan sido otorgadas de manera ilegal.
A pesar de esto, la funcionaria estatal enfatizó que esta situación no se ha dado hasta el momento.
Por último, dijo que de iniciar el proceso de revocación de plazas, podría derivar en el establecimiento de posibles responsabilidades a servidores públicos involucrados en la asignación de las mismas, al ser quienes tienen las atribuciones para realizar dichos trámites.
Video de entrevista con Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas
Por:Heriberto Reyes Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo
Ve activista discrecionalidad y corrupción en entrega de bases
Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, consideró estas acciones como un acto de corrupción.
“Aquí hay de dos, o una estulticia tremenda y una estupidez, porque no merecerían los bajacalifornianos tener gente de tan poca capacidad al frente del gobierno o una corrupción que solamente lo que tú mostraste, es su reflejo”, sentenció ex dirigente del organismo.
En relación a las declaraciones hechas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, de que los nombres se “duplicaron” por “error”, el activista dijo que es una salida fácil y no garantiza que estas personas no hayan cobrado varias veces bajo el mismo nombre.
“Para tener 300 errores en un tema tan delicado a mí me suena, y me huele, muy mal, no solamente en la incompetencia, pero el problema de fondo es que los órganos de revisión no son autónomos”, aseveró.
Fiorentini Cañedo consideró que el sindicalismo en Baja California se ha impuesto para controlar la entrega de plazas, lo que podría ser usado para pagar favores, causas y campañas.
“El otorgar una base de manera discrecional se presta a corrupción, ‘cuánto me das a cambio de que te basifique, qué favores voy a recibir con tu basificación’ y el uso discrecional de la nómina, es algo que deberíamos estar combatiendo de manera permanente y frontal”, apuntó.
Por lo anterior sostuvo que las bases que se otorgaron a hijos de burócratas de manera directa incumplen lo establecido en el artículo 165 de la citada ley, pues en ella se indica que de manera extraordinaria, la ocupación de algunas vacantes puede sujetarse a un proceso discrecional, siempre y cuando haya justificación ante la comisión de escalafón.
Oficio girado por el ITAIP a Oficialía Mayor para aclarar presunta duplicidad de sueldos
Tres días después el oficio fue contestado por el Alejandro Rosales Sotelo, director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, donde sostiene que, tras una revisión de las plantillas del personal que la dirección de recursos humanos de este organismo genera, “no se encontró ningún registro de personal duplicado”.
Por lo anterior, se solicitó al ITAIBC que brinde la información sobre los registros de los servidores públicos duplicados.
Ante esto, el ITAIPBC informó que debido a que se niega la irregularidad, se ha convocado a una reunión para iniciar con la verificación oficial y proceder con la denuncia respectiva.
Oficio de respuesta de Oficialía Mayor al ITAIP donde niega la duplicidad
Los amigos del Poder en Baja California: Superbasificados en tiempos de Jaime Bonilla
