Debido al viento y las bajas temperaturas mejoran condiciones de la calidad del aire según informó el titular de la Dirección de Ecología, Cesar René Díaz Gutiérrez.
Consultado al respecto, el funcionario mencionó que este miércoles la ciudad tenía un promedio de entre 60 y 75 IMECAS (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), lo cual cataloga la calidad como regular.
“Influye mucho que se están dando ráfagas de viento de entre 13 y 20 kilómetros por hora, a disipar las partículas, también influye el sol y que ya está haciendo frío”, explicó.
Asimismo, recordó que la situación podría mantenerse así, ante posible baja de flujo vehicular por la cuestión de movilidad de los estudiantes hacia las escuelas.
Lo anterior luego de que se anunciara por parte del Ayuntamiento la creación y lanzamiento de una app destinada a la consulta del nivel de IMECAS, que podría ser utilizada por la ciudadanía en lo cotidiano.
Durante los ultimos meses, la calidad del aire ha oscilado entre regular y mala / Fotografía: Karen Cano
Esto, a su vez, es una respuesta al punto de acuerdo de la sesión de cabildo del pasado 26 de octubre, en donde por unanimidad se aprobó que la Dirección de Ecología deba informar continuamente sobre la calidad del aire.
Lo anterior, a través de una plataforma digital, según el proyecto de acuerdo emitido por la Comisión de Ecología y Protección Civil.
Una de las integrantes de esta comisión, la regidora Alma Edith Arredondo Salinas, dijo que la intención es que la comunidad pueda acceder a esta información y tomar medidas necesarias en razón de proteger su salud.
Las autoridades contemplan la creación de una aplicación digital en donde se pueda consultar la calidad del aire / Cortesía de Municipio
Díaz Gutiérrez, reiteró que la calidad del aire puede varias por motivos diversos, como podrían ser el clima, por lo que justo este miércoles buscó a personal del departamento de Informática para dialogar respecto al proyecto.
En Ciudad Juárez, el Ayuntamiento cuenta con una red de 13 estaciones ubicadas en diferentes áreas de la ciudad, tres de ellas son de referencia y toman mediciones para determinar si las condiciones son de riesgo o no para la población, se informó.
Durante un recorrido realizado el martes pasado al Centro de Monitoreo de Calidad del Aire, que se encuentra instalado en el estadio de beisbol “Jaime Canales Lira”, el alcalde negó que se estuviera contemplando la implementación de un programa como el denominado “Hoy no circula”.
Este último, se trata de un programa que impide la circulación de los vehículos por turnos diarios, para disminuir la emisión de contaminantes.
A pesar de que este miércoles se interpuso un amparo para eliminar la orden de salud pública llamada «Título 42«, que permite expulsar a las personas que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal, por cuestiones de salud, la medida se mantendrá vigente durante el tiempo que dure el amparo.
Así lo dio a conocer personal del Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), a través de un comunicado de prensa.
“Los Estados Unidos continuarán aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración en nuestra frontera. En respuesta a la orden del tribunal, el Departamento de Justicia está presentando una moción de suspensión sin oposición. El retraso en la implementación de la orden del tribunal permitirá al gobierno prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera», se refirió.
En el documento se indicó que la medida del Título 42 se mantendrá en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) durante el periodo que dure el amparo, por lo que personal de la DHS continuará procesando a individuos y expulsando a adultos y grupos de familias que crucen de manera irregular por la frontera suroeste.
Migrantes rescatados por el Instituto Nacional de Migración en la frontera sur del país / Foto: Cortesía INM
También se indicó que el gobierno norteamericano continuará trabajando en una campaña contra los traficantes de migrantes, ya que originan la migración irregular y han llevado a un incremento sin precedentes de flujos migratorios que retan al hemisferio.
«La gente no debe escuchar las mentiras de los traficantes que quieren aprovecharse de los migrantes vulnerables y poner sus vidas en riesgo. La frontera está cerrada y continuaremos aplicando cabalmente nuestras leyes migratorias en la frontera», se expuso.
Se reiteró que durante el período de este congelamiento, nos prepararemos para una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera.
“Sabemos que los traficantes de personas mentirán para tratar de aprovecharse de los migrantes vulnerables, poniendo vidas en riesgo. Seguimos trabajando con países de todo el Hemisferio Occidental para tomar medidas coercitivas contra las redes de tráfico de personas que persuaden a los migrantes para emprender el viaje peligroso y, a menudo, mortal hacia nuestras fronteras y para abordar las causas profundas de la migración irregular que desafían a nuestro hemisferio en su conjunto», se concluye en el comunicado.
Con la finalidad de hacer que las personas puedan entender la violencia que viven las mujeres en su vida diaria, la Asociación Civil Casa Amiga Centro de Crisis realiza el taller vivencial denominado «Caminando en sus zapatos».
Este organismo fue fundado por Esther Chávez Cano, activista que desde 1990 empezó a documentar casos de feminicidios ocurridos en la localidad.
Debido a ello, se tuvo la idea de realizar este taller vivencial, en donde las personas que lo toman pueden experimentar el fenómeno de la violencia a través de 8 casos reales de mujeres violentadas.
“Ahora tenemos la oportunidad de trabajar en un taller vivencial, que te permite desprenderte de quién eres y de las herramientas propias que tienes para literalmente caminar en los zapatos de 8 casos de mujeres que han vivido diversos tipos de violencia, enfocados en lo familiar y sexual», dijo Chávez Cano.
El taller «Caminando en sus zapatos» fue dirigido a ue dirigido a magistradas y magistrados, juezas y jueces, secretarias y secretarios del Poder Judicial del Estado de Chihuahua / Cortesía
La finalidad, reiteró, es ver de una manera más cercana a que se enfrentan las mujeres cuando buscan acceso a la justicia, cuando piden ayuda a la policía, cuando van con sus familias, o cuando van a una congregación religiosa.
«El taller permite también cierto margen de toma de decisiones para cuales serian las mejores estrategias para estas mujeres”, agregó.
Esta metodología se desarrolló por un conjunto de organizaciones en América Latina, con casos reales.
Está diseñado con materia psicoeducativa que permite a través de estaciones se puedan recorrer estos lugares caminando dentro de la vida de estas mujeres, apersonándose en sus vivencias, dijo.
«Cada historia tiene sus particularidades, féminas que tienen alguna discapacidad o que vienen de alguna comunidad indígena, otras que tienen recursos económicos y aun así han vivido violencia, han sido estratégicamente seleccionadas estas historias para que tengan las particularidades de muchos sectores de las mujeres en Chihuahua que viven diversas situaciones», explicó.
La intención del taller es hacer que las personas puedan vivir de cerca la violencia a través de experiencias reales / Cortesía
Este taller fue impartido al Funcionariado Judicial, por parte de Lydia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga Centro de Crisis A.C, dirigido a magistradas y magistrados, juezas y jueces, secretarias y secretarios del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Todo lo anterior en el marco de los esfuerzos institucionales dirigidos a visibilizar y disminuir la violencia que se comete en contra de la mujer, por ello el Instituto de Formación y Actualización Judicial, no puede mantenerse ajeno a este tipo de esfuerzos, dijo Cordero Cabrera.
El gobierno de Enrique Peña Nieto invirtió más de 150 millones de pesos en la instalación de filtros antiarsénico en la Comarca Lagunera de Coahuila, sin embargo, la mayor parte de esa infraestructura nunca operó y sólo sirvió para la foto que le ayudó a promocionar el programa como uno de sus compromisos cumplidos. Hoy día los equipos se deterioran sin que se finquen responsabilidades ante el despilfarro o la fallida implementación de la medida, mientras que la ciudadanía sigue bebiendo agua con arsénico.
* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers*
Durante su campaña para buscar la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto firmó 266 compromisos a lo largo de las 32 entidades federativas en diversos rubros.
La Comarca Lagunera -una región conformada por los estados de Coahuila y Durango- no fue la excepción. Entre los proyectos emblemas que prometió estaba atender el problema del hidroarsenicismo mediante la aplicación de tecnología que permitiera potabilizar el agua a pie de pozo.
En el caso concreto de Coahuila, el cumplimiento fue falso, pues no se instalaron 29 plantas removedoras del metaloide previstas como parte del Compromiso de Gobierno CG-114, aunque la página oficial del expresidente lo marcó de manera contraria con la construcción de 18 filtros.
Cabe destacar que el 28 de marzo de 2017, el entonces Director de CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, afirmó que el proyecto representaría una inversión de 317 millones de pesos para Coahuila y 285 para Durango.
Aunque la sumatoria de obras obtenida vía la respuesta a la solicitud 330009422001491 establece que fueron gastados 154 millones 304 29 pesos en el primer estado.
Sin embargo, a cuatro años de terminado ese gobierno las deficiencias en la planeación de esta infraestructura y la simulación en torno a su funcionamiento están a la vista.
En un recorrido realizado por el equipo de Plaza Pública por los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero, donde fue anunciada la colocación de una parte de estos mecanismos, se comprobó que las obras están abandonadas desde hace años y nunca fueron conectadas a la red, según declaraciones de las propias autoridades de los organismos operadores de agua.
Los filtros instalados en los pozos de San Pedro de las Colonias, Coahuila nunca fueron conectados. Hoy lucen deteriorados y pueden observarse regados los materiales que servirían para la remoción del arsénico/ Crédito: Luis Alberto López
El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Matamoros, Servando Zárate Muñoz, dijo que no tienen ningún documento que compruebe que le fue entregada esta infraestructura al sistema.
“No forman parte del sistema estos filtros y seguramente fue porque no los entregaron en su momento. Esto es lo que hay y lo que tengo, lo resguardo como un área del sistema”, comentó Zárate Muñoz.
Detalló que en total cinco pozos municipales tienen infraestructura inconclusa de los filtros y lamentó que una inversión millonaria no fuera concluida ante la grave problemática que presenta el agua contaminada con arsénico en Matamoros y toda La Laguna.
“Son obras millonarias, costosas y el sistema no tiene la capacidad en el municipio para una obra de esta naturaleza, el gasto ya está. Vamos a solicitar información a la Conagua y si hay algún expediente en razón de la entrega”, dijo el gerente de SIMAS del municipio de Matamoros.
Por su lado, Jorge Lorenzo Dorantes Dávila, gerente del SIMAS San Pedro, refirió que cuando llegó a la dirección del organismo operador buscaron información de los filtros y nada encontraron.
“Cuando nosotros arribamos a la gerencia nos dimos a la tarea de buscar alguna papelería para ver si esos sistemas fueron entregados y no encontramos ningún documento que lo avale. No existe en SIMAS ningún documento que avale eso”, indicó el funcionario.
Explicó que los empleados del sistema le dijeron que los pozos nunca fueron conectados y que nada más se tomaron fotos para presumir su conclusión por parte del gobierno peñista.
Además mencionó que en algunos casos los filtros están colapsados junto con pozos que presentaron fallas porque se agotaron las fuentes de abastecimiento.
“Nosotros tenemos un pozo que está totalmente colapsado y los dueños del terreno han estado reclamando su terreno. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo con la Conagua para retirar lo que queda de esos filtros y resguardarlos en otro lugar”, recalcó Dorantes Dávila.
El gerente de SIMAS San Pedro lamentó que estas obras nunca funcionaron, pues hubieran servido para garantizar agua de mejor calidad para la población.
“Nosotros no contamos con recursos para implementar este tipo de filtros y sabemos que seguramente fue una cantidad millonaria la que se invirtió ahí. Es lamentable que no hayan funcionado porque eso le hubiera permitido al pueblo de San Pedro tener agua de mayor calidad”, comentó.
En uno de los pozos de Matamoros, Coahuila sólo se encuentran los tanques, ni siquiera se observa la instalación de las tuberías de interconexión/ Crédito: Luis Alberto López
Con relación al funcionamiento de estos filtros, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez respondió que los colocados en seis pozos municipales no funcionaron y reflejan la corrupción de gobiernos anteriores.
“Son filtros millonarios y ustedes lo saben, jamás funcionaron. Ahí están echándose a perder”, aseveró el presidente municipal.
En otros municipios como Torreón sí operaron los mecanismos, aunque los gobiernos municipales dejaron caer la infraestructura luego de que la Conagua se las entregó.
El primer regidor e integrante del Consejo Directivo del SIMAS Torreón, Luis Jorge Cuerda expuso que todos los filtros antiarsénico que tiene el sistema ya funcionan tras las reparaciones de que fueron objeto al inicio de la administración.
“Los filtros en los pozos están funcionando y lo que se está buscando es que los pozos cumplan precisamente con la norma que entró en vigor en mayo. Se están analizando inversiones a realizar, que pueden ser desde comprar más filtros para ponerlos en sitio o buscar filtros en domicilios o potabilizadoras”.
Refirió que ante las averías encontradas en la infraestructura de filtración presentaron denuncias contra quien resulte responsable de la pasada administración municipal (2019-2021).
“Sí se presentó y dentro de la entrega-recepción se hizo la precisión pertinente. Es algo que ahora obra en la Fiscalía”, añadió.
Un proyecto mal ejecutado
Para Miguel Ángel Hernández Muñiz, abogado y director general del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, la instalación de filtros antiarsénico fue una propuesta de buena fe del Estado Mexicano que nunca se materializó a pesar de la millonaria inversión, y al final del día son los ciudadanos los más afectados, mientras que para los responsables de que no estén operando no hay ninguna consecuencia.
Señaló que lo primero que tendría que buscar la autoridad es que se cumpla lo convenido en el programa, del que se desprenden contratos, y después, ante la falta de cumplimiento, fincar responsabilidades para servidores públicos o empresas.
“Las empresas a las que les fueron asignados estos contratos tenían la obligación de entregarlos, si no lo hicieron, claro que hay responsabilidad administrativa, civil, incluso penal, por el tema del que se trata, pero estas empresas de entrada tienen una fianza para el cumplimiento de esta obligación”, dijo el activista.
La maleza crece ante el evidente abandono de la infraestructura antiarsénico en un pozo de Matamoros, Coahuila/ Crédito: Luis Alberto López
Consideró que la Conagua ha sido irresponsable al no hacer valer todos los mecanismos jurídicos y administrativos que tenía a su disposición para la instalación de todos los filtros comprendidos en el programa, así como al no haber desarrollado un programa de seguimiento en los que sí se concretaron y no haber garantizado los recursos necesarios para operarlos.
“Me queda claro que la operación de los mismos era muy alta y que representaba un costo que fue más fácil para muchos sistemas a los que sí se los entregaron dejar de operarlos”, argumentó.
No obstante lo anterior, debe fincarse responsabilidad, “tanto administrativa como civil, porque aquí de lo que se trata es del manejo de recursos”, subrayó.
No hay consecuencias para el incumplimiento
A través de la solicitud de información 330009422001491, la Conagua descartó que haya una denuncia o procedimiento administrativo interpuesto contra los municipios laguneros y el Gobierno de Coahuila ante la no conclusión de 10 filtros (tres en Torreón, tres en San Pedro, tres en Matamoros y uno en Viesca).
Detalló también que “se da seguimiento continuo para gestionar y registrar avances del reintegro del presupuesto”.
“A la fecha, el Gobierno del Estado de Coahuila ha reintegrado a la Tesorería de la Federación, por concepto de saldos no devengados de los presupuestos de ejercicios anteriores, un importe por $48’418,636.52 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.), quedando en proceso de reintegro por ese concepto, un importe por $25’020,475.80 (veinticinco millones veinte mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 80/100 M.N.)”, añadió la dependencia federal.
Al respecto, Hernández Muñiz señaló que la Conagua debió primero requerir al contratista para que cumpla con el objeto del contrato: la instalación y puesta en marcha de los filtros.
Los materiales para la remoción del arsénico se han mezclado con la basura y han quedado inservibles sin haberse utilizado ni una sola vez/ Crédito: Luis Alberto López
“Aquí lo lamentable es que aún cuando cambió la administración federal, sigue siendo lo mismo. Al Estado Mexicano estos asuntos o no le interesan, los tapa o les va dando vueltas. Han pasado casi cuatro años y nos queda claro que no ha pasado nada”, dijo Hernández Muñiz.
Puntualizó que ante la falta de cumplimiento el gobierno tiene acciones a su disposición, pero si deja pasar mucho tiempo y no las ejerce, puede fenecer la posibilidad tanto de buscar la recuperación del recurso o la aplicación del contrato.
“Fueron casi 300 millones de pesos los que se invirtieron en estos filtros y no los vemos funcionando o en términos materiales no hay un beneficio para la población, seguimos consumiendo agua con arsénico”.
Plaza Pública cuestionó en una rueda de prensa posterior a una reunión con empresarios a Eduardo Aarón Fuentes Silva, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, sobre el estatus de esta infraestructura y evadió responder con el argumento de que la conferencia no era para eso.
También se solicitó vía transparencia a la Auditoría Superior de la Federación información sobre la revisión realizada a los recursos ejercidos para el compromiso presidencial peñista, aunque respondió que “no se identificó auditoría alguna relacionada con el tema”.
La medición opaca y el doble discurso
Plaza Pública solicitó vía transparencia a los cinco organismos operadores de agua de La Laguna de Coahuila sus mediciones en torno a la presencia de arsénico en el líquido que se extrae de sus fuentes de abastecimiento, aunque el resultado fue opaco y poco claro en algunos casos.
El SIMAS San Pedro presentó estudios de hace cuatro años en algunos pozos y donde refieren los niveles son inferiores a la NOM-127-SSA1-1994, pero esto contrasta con la información del Análisis Costo Eficiencia del Proyecto «Agua Saludable para La Laguna», elaborado por la Conagua, que marca que sus seis pozos rebasan los límites vigentes de 0.25 mg/l con corte a 2020.
A través de solicitudes de transparencia y los propios registros de la Conagua fue posible contrastar los niveles de arsénico en los sistemas operadores / Crédito: Collage especial
Por su lado, el SIMAS Madero no respondió y en la información pública de oficio carece de detalles en torno a las mediciones de arsénico. El documento de “Agua Saludable para La Laguna” refiere también que en todas sus norias se excede el nivel permitido del metaloide.
El sistema operador de Matamoros contestó de manera parcial, pues argumentó tener el registro de sólo tres de sus siete fuentes de abastecimiento y en todas las norias de las que tiene información se excede la NOM-127-SSA1-1994.
Cabe destacar que estos datos contrastan con las declaraciones de los gerentes de los sistemas de San Pedro y Matamoros, quienes reconocieron la problemática del arsénico y refirieron que hay un monitoreo constante del agua de los pozos.
Sin embargo, el único sistema de aguas que está al día en cuanto a sus mediciones y las hace públicas es el de Torreón, que las tiene transparentadas en la información pública en el ICAI.
Aunque este municipio se enfrenta a una carrera contra el tiempo ante las modificaciones que la NOM-127-SSA1-1994 tuvo en mayo pasado y que dan un año para que municipios con más de 500 mil habitantes bajen las concentraciones de arsénico de 0.025 miligramos por litro a 0.01 miligramos por litro.
Cuestionado en torno a las acciones que tendrán que tomar, el consejero del SIMAS Torreón, Luis Jorge Cuerda respondió que analizan opciones.
La instalación de los filtros antiarsénico fue presumida como uno de los compromisos cumplidos del gobierno de Enrique Peña Nieto/ Crédito: Luis Alberto López
“Se están analizando diversas acciones en ese sentido. Una es poner potabilizadoras en las casas y poder dar el líquido a un costo accesible. Sin embargo, dentro de los sondeos que se realizaron por el mismo sistema un 98 por ciento de los usuarios no utilizan o beben directamente del grifo, todo el mundo ya tiene la costumbre de comprar agua en garrafones o bolsas”.
Dudas sobre el compromiso con la salud
Aunque hay quienes dudan que se puedan cumplir estos objetivos. El activista Miguel Ángel Hernández Muñiz calculó que más del 80 por ciento de los pozos de Torreón no van a cumplir con la norma y los datos públicos del SIMAS le dan la razón.
Dijo que la diferencia de plazos para cumplir con la norma revela que para el Estado Mexicano hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
“Eso me parece muy delicado y vergonzoso. Si nosotros generamos políticas públicas, éstas son generales y permiten que todas las instituciones participen para la atención de un problema”.
San Pedro de las Colonias, Coahuila. Los empleados del Simas refieren que las tuberías de los filtros nunca fueron interconectadas/ Crédito: Luis Alberto López
Señaló que se sigue jugando con la salud de la gente que ve mermada su calidad de vida por las enfermedades crónico degenerativas derivadas de la presencia de arsénico en el agua.
Refirió que han buscado que se reconozca la enfermedad que ha denominado Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico a fin de que se atienda como un asunto de salud pública.
De acuerdo con los científicos que trabajan de la mano del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, hay entre 250 mil y 450 mil habitantes de la Comarca Lagunera afectados por la presencia de arsénico en el agua.
“Esos son datos, pero hay personas con nombre y apellido, de carne y hueso a las que nosotros conocemos, que su familia está destrozada porque la amputaron, le acaban de detectar cáncer en el estómago, tiene enfermedades renales, diabetes”, dijo Hernández Muñiz.
El organismo advierte que su exposición a corto plazo ocasiona intoxicación aguda que incluye vómitos, dolor abdominal y diarrea. Luego pueden aparecer otros efectos como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o calambres musculares y, en casos extremos, la muerte.
A largo plazo las consecuencias son cáncer de vejiga y de pulmón. También puede ocasionar problemas relacionados con enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes.
El propio documento Análisis Costo Eficiencia del Proyecto «Agua Saludable para La Laguna» contiene el extracto de análisis científicos que coinciden con lo anterior, aunque organizaciones civiles señalan que no existe un padrón oficial sobre enfermos por este malestar.
El Análisis Costo Eficiencia del Proyecto «Agua Saludable para La Laguna» contiene el extracto de análisis científicos sobre los daños a la salud que genera el arsénico/ Crédito: Captura de informe
Los vemos como temas aislados, pero no vemos lo que generó esa enfermedad crónico degenerativa, por eso insistimos en que se tienen que generar políticas públicas y una reeducación en el sector salud para ver con ojos distintos las enfermedades que hoy en la Comarca Lagunera se están presentando”, explicó.
Para el activista la clave para resolver el problema del hidroarsenicismo es la voluntad política y financiera, sin embargo, la inversión para el tema es nula, pareciera que no existe.
Es por ello que el CIADH busca, a través de un litigio federal, que el Poder Judicial de la Federación obligue al Estado Mexicano para que genere políticas públicas que atiendan el problema.
Sin embargo, se han topado con una gran contradicción: a pesar de presumir las acciones y programas que emprenden para abatir el hidroarsenicismo, en los diferentes juicios que ha emprendido la asociación lo primero que hacen los representantes jurídicos del presidente de la República, del gobernador y de las diferentes instituciones es negar la existencia del acto reclamado.
“Me parece muy grave porque frente a una autoridad federal niegas que existe ese problema, pero afuera en el discurso hasta publicidad haces. Hay una gran demagogia discursiva y hay pobre voluntad política para atender un problema de salud pública que se llama Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico”, resumió el director del CIADH.
El Simas de San Pedro de las Colonias, Coahuila ha desmontado parte de la infraestructura del Pozo Leal (Nuevo Malvinas) para llevar a cabo otros trabajos en el área, pero no existen medidas de resguardo o protección del material/Crédito: Luis Alberto López
La problemática del arsénico en el agua en regiones como La Laguna es un tema recurrente en los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de la necesidad de regular la sobreexplotación de los mantos acuíferos y rechazar la implementación de mecanismos removedores del metaloide.
«No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna. Eso no se puede», expresó el 8 de agosto de 2022 durante “la mañanera” en que fue cuestionado en torno a las acciones de regulación de la industria.
Contrario a las declaraciones, la OMS sí incluye entre sus recomendaciones para la prevención y control del consumo del metaloide la instalación de sistemas de eliminación del elemento químico.
Su administración tampoco ha dado seguimiento a las repercusiones generadas por la ingesta de arsénico, es decir, las enfermedades desarrolladas por los pobladores de la Comarca Lagunera.
Además de que el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que presumió en su Cuarto Informe de Gobierno y como una alternativa para que los habitantes de esta región ya no consumieran el líquido contaminado, presenta avances mínimos de apenas un 10 por ciento, según consignó Milenio el 21 de octubre pasado.
Sin embargo, el discurso se queda ahí y las sanciones o investigaciones en contra de infraestructura millonaria incompleta o mal ejecutada sigue pendiente.
En memoria de los feminicidios de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, así como el homicidio de Rubén Espinosa, el documental «A plena luz», de Alberto Arnaut se estrenará en la plataforma de Netflix el próximo 8 de diciembre.
La película retrata la minuciosa investigación pericial y periodística de los cinco homicidios ocurridos en un departamento en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015 y revela verdades ocultas de la investigación policial.
El documental es realizado por la casa productora Detectiva en colaboración con Netflix, donde se busca traducir al lenguaje cinematográfico las once mil hoja de los 24 tomos del expediente de investigación, exhibiendo pistas ignoradas y cabos que no han sido atados por negligencia y/o complicidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Las nuevas hipótesis y los análisis son explorados de manera didáctica mediante una maqueta a escala y con la reconstrucción en tamaño real del departamento de la calle Luz Saviñón #1909, realizada en un foro por la diseñadora de producción Alisarine Ducolomb. Esta propuesta visual, poco frecuente en el documental mexicano, permite revivir los hechos de forma segura, profunda y sin caer en la revictimización.
Con agilidad narrativa, el documental recorre una cadena de inconsistencias que apuntan a un crimen de Estado: burocracia, criminalización de las víctimas, filtraciones a la prensa y evidencia manipulada, en delitos cometidos a plena luz del día y aún impunes.
El director rescata testimonios de Rubén y Nadia previos al crimen, los cuales permiten redescubrir sus versiones sobre hechos clave para el caso. A la par, confronta las declaraciones de los cercanos de las víctimas contra la visión de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz (2010-2016) y Miguel Angel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2012 – 2018).
“Nosotros como sociedad fuimos testigos de este entramado, pero siempre pensamos que había algo más detrás. Fue por eso que nos acercamos a los familiares de las víctimas y tuvimos acceso al expediente. Investigamos por 3 años todas las evidencias y declaraciones asentadas y a la par las confrontamos con las distintas versiones dándonos cuenta de que era una investigación desaseada y manipulada para asentar una versión de los hechos que no escalara a los verdaderos culpables”, expresa Arnaut.
Con guion e investigación de Cristina Soto, Salma Abo Harp, Pedro G. García y Alberto Arnaut, A plena luz expone los testimonios de los abogados de las víctimas Leopoldo Maldonado, Karla Micheel Salas y David Peña, así como en los análisis del abogado y perito criminalista Óscar Daniel Ornelas, la psicóloga forense Samantha Olivares, el antropólogo social y criminalista Tilemy Santiago G. y el perito en informática Luis Pedro García Yáñez.
Este documental intenta contribuir a la búsqueda de verdad y justicia que desde hace siete años encabezan las familias de las víctimas y organizaciones acompañantes como Artículo 19, así como reivindicar la memoria de Alejandra, Nadia, Mile, Yesenia y Rubén, llamando a las audiencias a involucrarse y alzar la voz por este caso que continúa impune.
En memoria de:
Nadia Vera (1983 – 2015) – Comitán, Chiapas Yesenia Quiroz (1996 – 2015) – Morelia, Michoacán Rubén Espinosa (1983 – 2015) – Ciudad de México Alejandra Negrete (1974 – 2015) – Naucalpan, Estado de México Mile Martin (1983 – 2015) – Bogotá, Colombia
Desde su instalación, ha estado envuelto en irregularidades, incendios e incumplimientos de una concesión firmada entre un particular y el gobierno municipal. Operó ilegalmente durante más de 2 años, pues el contrato de concesión había sido revocado por la sindicatura del XIX Ayuntamiento de Tecate en noviembre del año 2010.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers*
Un promedio de catorce incendios anuales atiende la Dirección de Bomberos Municipal dentro del basurero de Tecate, Baja California, el cual es operado por ADDO, S. de R.L. de C.V, una empresa a la que en el 2010, el XIX ayuntamiento le retiró la concesión por incumplimiento de contrato.
A cuatro años de que venza el contrato (2026), y a unas semanas de clausurar el actual relleno, el gobierno encabezado por Darío Benitez Ruiz proyecta reubicarlo a un predio contiguo al actual de 172 mil metros cuadrados, por lo que la afectación podría crecer a 520 mil metros cuadrados que equivalen a 52 hectáreas, un espacio de aproximadamente 8 veces el Estadio Azteca.
El basurero municipal está rodeado de un jardín de niños, una escuela primaria, telesecundaria, preparatoria militarizada, otra escuela media superior CECYTE, además del Centro de Justicia del Estado, juzgado penal, crematorio del DIF, un orfanatorio, la academia de policía, panteones, balnearios, un parque industrial, campos deportivos, viviendas y la Presa El Carrizo.
Basurero rodeado de escuelas, edificios, orfanatorio y viviendas y más
Tecate es Pueblo Mágico, es el único en toda la franja fronteriza de Baja California con Estados Unidos y tiene una población de 108 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Antonia Mata Mendoza, religiosa del Sagrado Corazón de los Pobres y directora del Orfanatorio Rancho Nazaret, ubicado a unos metros del basurero, habla de la preocupación y problemas al convivir todos los días con este lugar.
“(El basurero) provoca muchas moscas que no nos dejan tomar nuestros alimentos, estamos ahí tapando el plato, incluso los niños también dicen: madre, una mosca, madre, una mosca, y tiramos aquellos alimentos o pues se echan a perder” asegura.
El orfanato alberga a 40 infantes que asisten a las mismas escuelas aledañas al basurero.
La religiosa mencionó que incluso dejan de dormir por el olor a basura quemada, asegurando que eso les provoca enfermedades a corto y largo plazo.
“Cuando vamos con el médico al revisar los pulmones nos dice que si cocinamos con leña o fumamos, pero realmente no, nosotras no hacemos eso”, comentó angustiada en las instalaciones del Rancho Nazaret.
Un antecedente data del 2016 cuando la encargada del mismo orfanato, Enedina Mejía Ferreira aseguró que los olores fétidos y los residuos eran insoportables, mientras de fondo se observaba el humo saliendo del basurero.
En ese momento, Enedina recordó cómo los menores tienen que desalojar el edificio en lo que disminuye el humo tóxico, así como las cenizas que emanan.
Yadira Jazmín Pérez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal de Tecate, coincidió con los encargados del orfanato sobre la necesidad de lidiar con la contaminación.
Sobre el concesionario, los días 22 y 29 de junio del presente año, vía mensaje y 24 de agosto de 2022, vía correo electrónico, se intentó sin éxito, tener una entrevista con el propietario de la empresa Roberto Romandía Tamayo. El empresario tijuanense es representante legal de ADDO, S. de R.L. de C.V.; es director general de Baja California Railroad; también es propietario de la empresa de recolección de basura REDyB, S.A. de C.V. la cual opera dentro del relleno sanitario. La empresa ADDO no cuenta con información pública sobre sus servicios, página web o redes sociales.
Este jardín de niños es uno de cuatro planteles escolares que se ubican alrededor del basurero municipal/ Foto: Tanhia Barrios
El incumplimiento de las cláusulas del documento de concesión ha sido una constante durante los años, de acuerdo con el gobierno municipal, la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V., ha desatendido al menos diez cláusulas como la de construir una planta de generación de energía a través de la incineración de basura, conocida como ‘Waste to Energy’.
La concesión para la disposición de basura tiene vigencia de 20 años a partir del inicio de operación de la planta incineradora WTE que debió estar construida en noviembre de 2008, la cual no se hizo.
El contrato fue firmado el 05 de octubre del año 2006 cuando Joaquín Sandoval del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fungía como presidente municipal de Tecate y Eugenio Elorduy Walter del Partido Acción Nacional (PAN) como gobernador.
La empresa ADDO, S.A. de C.V se creó el mismo año que le fue entregada la concesión y el contrato se firmó 15 días antes de aprobarse en cabildo, cuya sesión se realizó el 20 de octubre de 2006.
Aunque se trata de una concesión municipal, esta se ejecutó en un terreno propiedad del gobierno del estado.
En el contrato de concesión, en archivos y de acuerdo con registros oficiales, la vigencia del relleno sanitario concluye el 8 de octubre del 2022 y/o hasta alcanzar el volumen de confinamiento, que consiste en 543 mil 334.88 metros cúbicos (M3), equivalente a 326 mil 000.02 toneladas.
El relleno sanitario entregado en el 2006 a ADDO inició con una superficie de 60 mil metros cuadrados y, hoy en día, la superficie sobrepasa los 172 mil metros cuadrados. Como dato adicional y conforme a documentos de Oficialía Mayor del gobierno estatal la empresa no ha comprobado la legal posesión de los terrenos en los que opera la concesión municipal.
En el contrato se detalla que en la planta incineradora no se permitirá la actividad de separación de residuos en forma manual, conocido como pepena, por ser contrario al proyecto de la NOM-084-ECO-1994, sin embargo, durante las inspecciones de gobierno visualizaron a personas realizando esta actividad y sin medidas de seguridad. Del total de los incendios, el 40% son considerados como conatos provocados por pepenadores.
Cabe destacar que la empresa obtiene ganancias cobrando a particulares, cadenas de autoservicio, le cobra al propio ayuntamiento una mensualidad por la basura considerada como no doméstica, cobra a empresas privadas tanto de Tecate como de Tijuana para depositar la basura en Tecate, avalado en el contrato de concesión.
En la zona rural de Tecate existen cuatro basureros a cielo abierto: La Rumorosa, Poblado El Hongo, Valle de las Palmas y Cerro Azul, todos son del conocimiento de las autoridades municipales y estatales.
En los registros oficiales de Bomberos de Tecate contabilizan un promedio de 14.1 incendios por año dentro del basurero municipal, sin repercusión alguna para ADDO/ Foto: Tanhia Barrios
Manuel Alejandro Castillo Hernández, Licenciado en Derecho y Maestro en Educación Ambiental, quien en la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aportó sus conocimientos medioambientales para la iniciativa de ley estatal de responsabilidad ambiental, aseguró que el basurero municipal en operación carece de los estándares establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, como la necesidad de tener una zona de amortiguamiento.
Durante una visita de campo, el litigante constató los olores y especificó que el tema no está regulado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la autoridades estatales para mitigar los mismos y, resaltó que la zona debería tener árboles para contener la fauna nociva, principalmente las moscas.
Después de analizar el tema de manera minuciosa, el ambientalista aseguró que el lugar donde se autorizó el destino final de la basura de los tecatenses, se encuentra en una zona de hábitat de especies protegidas según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Además, Castillo Hernández aseguró que el basurero está mal estructurado, su construcción es inadecuada, que el diseño del MIA otorgado por el gobierno para la operatividad es el incorrecto y que existe un tema de conservación al que se debe apegar, según las políticas ambientales de la CONABIO.
Explicó que El Carrizo (presa de abastecimiento de agua para la ciudad de Tijuana), tiene una importancia ecológica por las especies protegidas por la NOM-059 que habla sobre la víbora de cascabel, garzón cenizo y pelícano pardo.
El ambientalista sostuvo que el Gobierno del Estado debió regular la operación del basurero, no obstante ha contribuido y autorizado de “manera dolosa” que siga la empresa funcionando de manera irregular.
Castillo Hernández es abogado postulante, ha participado en investigaciones realizadas por otros medios como Semanario Zeta, actualmente cuenta con un espacio en el Canal 4 de Televisa Mexicali donde expone temas sobre daños al medio ambiente.
INSPECCIONES GUBERNAMENTALES EXHIBEN IRREGULARIDADES Y MAL MANEJO
La Secretaría de Protección al Ambiente del Estado es la responsable de realizar inspecciones desde que ADDO obtuvo la concesión. Las observaciones han quedado plasmadas en cada una de las actas de inspección realizadas en los años 2009, 2014 y 2016 sin repercusión alguna para la empresa ADDO.
En cada uno de los recorridos, se han detectado la falta de licencias de operación, autorización de impacto ambiental, el lugar no tenía estudios geofísicos, hidrológicos, tampoco cuenta con captación de lixiviados que se generan por los líquidos de la descomposición y fermentación de residuos orgánicos, ni tenía drenajes pluviales, drenajes perimetrales e internos.
Además han señalado la falta de cerco perimetral y observaron que el lugar operaba de una forma distinta a la que se estipulaba en el contrato de concesión.
Los servidores públicos que participaron narraron cómo percibieron olores desagradables, mal manejo de la basura, residuos peligrosos, pues a simple vista había un galón y una cubeta de 20 litros con aceite residual desparramado sobre la basura, incumpliendo con la NOM-083-SEMARNAT-2003.
La empresa indica que diariamente recibe 222 toneladas de residuos, siendo el 65% correspondiente a basura doméstica y el 35% a residuos de manejo especial.
Una de las inspecciones de gobierno realizada en agosto de 2014, una de las más graves observaciones, advierten sobre la forma en la que se disponía la basura con las características de un tiradero a cielo abierto y no como un relleno sanitario, de nuevo incumpliendo con la NOM-083 de SEMARNAT.
“No observamos la adecuación y/o implementación de una celda con geomembrana para la contención de los residuos que están ingresando”, expusieron en el acta 3.4.289.14 de la Secretaria de Protección al Ambiente estatal.
Como resultado de la notificación y de acuerdo a lo descrito, se requirió a la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V. una serie de documentos y requisitos los cuales no fueron entregados ni mostrados a los funcionarios públicos.
REVOCACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN POR INCUMPLIMIENTO FUE IGNORADO POR LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN: JORGE MORENO, EX REGIDOR
Jorge Issac Moreno Carreño, quien fuera regidor al frente de la Comisión de Salud del XX Ayuntamiento de Tecate, manifestó que, durante el periodo del gobierno anterior, de extracción panista, constataron en una visita al basurero, el mal manejo de residuos sólidos y los incumplimientos de las cláusulas I, II, VII, IX, X y XXI.
Después de la inspección, se notificó a la empresa ADDO sobre el procedimiento de revocación de la concesión, otorgándole el plazo de ley para que se regularice.
Al no haber solventado las cláusulas señaladas en la notificación del procedimiento, el 29 de noviembre de 2010, Sindicatura Municipal del XIX Ayuntamiento de Tecate notificó a la empresa sobre el acuerdo de resolución de la revocación de la concesión otorgada en el 2006.
La empresa continuó operando el basurero a cielo abierto sin fundamento legal durante 2 años y 3 meses, según menciona el exregidor de la Comisión de Salud, pues hicieron caso omiso a la resolución de revocación de concesión del 2010.
En el 2013, en sesión de cabildo número 58 y a través de un posicionamiento, los tres regidores de oposición expusieron que el concesionario había violado varias cláusulas del contrato, motivo por el cual le fue revocada la concesión y que, por lo mismo, se oponían a que el gobierno priísta en turno le restituyera la disposición final a ADDO. El sentido de la votación no favoreció a la fracción panista, pues fue aprobada con 9 votos a favor de la continuidad de la empresa y 3 votos en contra.
POSIBLE COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Las inspecciones realizadas en el basurero en los años 2009, 2014 y 2016, fueron archivadas y hasta el 2021 se determinó “no infraccionar, sancionar o solicitar la reparación de los daños a ADDO”, debido a que en su momento se omitió dar seguimiento a las irregularidades expuestas en actas por parte del Gobierno del Estado.
Según documentos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de julio del 2021, las distintas inspecciones “caducaron”.
En términos del artículo 216 del Código Penal Federal, ‘cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas’.
En el 2016 la Dirección de Protección al Ambiente del gobierno municipal, emitió una opinión técnica sobre el lugar de disposición final de la basura en la cual estipula que el lugar tiene un impacto negativo a la salud pública y al medio ambiente.
Al no contar con una zona de amortiguamiento y un manejo adecuado, la basura se dispersa hacia las viviendas, escuelas, panteones y edificios de gobierno aledaños al basurero municipal. Foto: Tanhia Barrios
Por su parte, la Dirección de Administración Urbana, también manifestó que el municipio de Tecate presenta serios problemas de servicios de recolección y disposición final.
OTORGAN 100 MILLONES DE PESOS PARA LA AMPLIACIÓN DE PREDIOS Y CREACIÓN DE 2 MACRO CELDAS
En el 2016, el gobierno del estado en coordinación con el XXII Ayuntamiento de Tecate, deciden autorizar una inversión de 100 millones de pesos para ampliar el espacio donde se depositan los residuos sólidos y crear dos macro celdas con superficie de 49,622 metros cuadrados.
Pese a que ADDO debió haber hecho una Manifestación de Impacto Ambiental y comprobar la posesión del predio, lo cual no hizo, se utilizó el recurso público para ampliar el basurero con las dos macro celdas.
Según información solicitada por transparencia y recibida el día 05 de abril del presente año, el predio “…después de realizada una búsqueda exhaustiva en esta Unidad, se concluye que a la fecha, los predios con clave catastral 4-XA-260-003 y 4-XA-260-007 no cuentan con entrega o comodato a persona física o moral alguna”. (Sic.), esto de acuerdo al oficio 653/2022 de la Oficialia Mayor del Estado de Baja California.
De las dos macro celdas contempladas en el proyecto de expansión de relleno sanitario, solo se construyó una. El recurso público fue aprobado y ejercido en la administración estatal de Francisco Vega de Lamadrid del PAN y en la administración municipal de Nereida Fuentes González del PRI.
ADDO IMPIDE ACCESO A LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y NO HAY CERTEZA SOBRE UN NUEVO RELLENO SANITARIO
La directora de Protección al Ambiente del gobierno municipal actual, Alicia Ravelo, ha intentado ingresar al relleno sanitario, pero los empleados de ADDO se lo han impedido.
Aseguró que ha enviado oficios y se ha presentado en dos ocasiones donde la última ocasión que acudió, ni siquiera les permitieron el acceso a las oficinas.
A raíz de la negativa de la empresa, Ravelo García realizó recorridos en los perímetros del basurero y afirma que existe evidente contaminación.
“Creo que obviamente hay una contaminación y no solamente es contaminación para esa zona, si no que ya parte de la contaminación aérea, por la constante quema, por los lixiviados, la liberación de gases y aparte la contaminación del acuífero, es un atentado, un delito y que estas personas o de plano no saben o no les importa todo el daño que están haciendo”, dijo en entrevista.
ETERNO PROCESO DE REVOCACIÓN DE CONTRATO
En enero de 2022, el gobierno municipal encabezado por Edgar Darío Benítez Ruiz intentó revocar el contrato con ADDO debido a la serie de irregularidades documentadas, pero el proyecto no ha sido presentado ante Cabildo.
El presidente municipal del partido MORENA fue cuestionado sobre la situación legal de la empresa concesionaria y mencionó que no existe un procedimiento legal en contra de ellos y por lo tanto sigue vigente el contrato. Sin embargo, ve difícil que el concesionario continúe con el servicio, mientras no solventen las irregularidades.
A cuatro años de que venza el contrato con ADDO, el ayuntamiento evalúa nuevas opciones. El director Jurídico del Gobierno Municipal, Manuel Cárdenas Rodríguez, señaló que están en el proceso de acumulación de información para actuar contra la empresa.
“Aún no existen instrucciones del ejecutivo para que se lleve a cabo ningún proceso legal por los evidentes y reiterados incumplimientos del concesionario”, calificó.
Comparativa promedio de adeudos entre gobierno y empresa ADDO. Se estima que el gobierno municipal tendría saldo a favor por más de 8 mdp.
Asimismo, comentó que el adeudo aproximado que tiene el gobierno municipal con la empresa a lo largo de los años es de 13 millones de pesos.
Sin embargo, el jurídico aclaró que la empresa no formalizó la cláusula novena del contrato en la que el concesionario está obligado a entregar al ayuntamiento camiones, equipo y uniformes, todo ello con un costo estimado de 21 millones de pesos a la fecha.
Durante la investigación de este reportaje, se intentó por varios medios entrevistar al representante legal de la empresa ADDO, S. de R.L. de C.V., sin obtener respuesta.
Aquí se expone una cronología de hallazgos más relevantes del reportaje desde 2006 al 2022
