Estos son los contratos que la empresa «Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV» realizó con el gobierno federal, un hecho que enluta a la presente administración, tras dejar 39 migrantes murieron y 28 más resultaron heridos a causa de un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua hace una semana.
Aún no queda claro cómo comenzó el siniestro en la Estación Migratoria de la ciudad fronteriza. La versión oficial señala que fue causada por los mismos migrantes a modo de protesta porque iban a ser deportados, mientras que un video muestra que las víctimas fueron encerradas en el albergue -con más apariencia de cárcel- pese al humo y fuego.
Hasta el momento, y sin dar más detalles, la Fiscalía General de la República consiguió seis órdenes de aprehensión por la tragedia que incluyen a la persona que presuntamente inició el incendio, tres funcionarios del INM y dos policías de seguridad privada.
Esto último se debe a que el INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)- encargó la seguridad de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez a una empresa de nombre Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Las víctimas de la tragedia en Ciudad Juárez
Un incendio en instalaciones del INM en la ciudad fronteriza de Chihuahua dejó 39 muertos y 28 heridos, todos ellos migrantes del centro y sur de América.
No solo eso, también se encargaba de la seguridad de las instalaciones del INM en todo Chihuahua y en 22 entidades más, es decir, tenía presencia en más del 70% del país, incluidos todos los estados fronterizos.
La empresa, que ya se encuentra bajo un proceso sancionador administrativo, recibió no uno, sino dos contratos multimillonarios del gobierno de López Obrador.
El primero fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras que el segundo se encuentra en los registros del INM de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ambos contratos fueron entregados por adjudicación directa, son abiertos y sumaban hasta 355 millones de pesos.
De acuerdo con el contrato que tiene Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA. De CV, en Ciudad Juárez prestaba sus servicios en tres oficinas: La representación federal, subrepresentación local Córdova del Puente Internacional Córdova de las Américas, ubicada en la avenida de las Américas #2700; La estación migratoria Juárez y subrepresentación local Reforma, en la calle Ing. David Herrera Jordán #199 y en la subrepresentación local Libertad del Departamento de repatriación humana en la avenida Juárez #900.
Además, en las estaciones de Jerónimo, Zaragoza y el kilómetro 30 también en el municipio de Ciudad Juárez.
Así como en el estado de Chihuahua también operaba en la representación local y estación migratoria en la ciudad de Chihuahua y en las estaciones migratorias de los municipios de Janos y Ojinaga y en Puerto Palomas en Ascensión.
La funcionaria federal señaló que comenzaron con el proceso legal con respecto a las investigaciones de la empresa, así como se rescindió de este contrato.
Sin embargo, esta misma empresa recibió 165 millones de pesos durante el 2022, por lo que, en tan solo dos años, CAMSA hubiera recibido 355 millones de pesos por el Gobierno Federal, en caso de que no se hubiera registrado esta tragedia.
El contrato debut por hasta 165 millones de pesos
El Grupo de Seguridad Privada Camsa recibió el primer contrato del INM el 8 de marzo del 2022, es decir, hace poco más de un año.
El contrato con el número CS/INM/021/2022 tenía como objeto el “servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles de las oficinas de representación” del instituto migratorio en 23 estados del país -incluido Chihuahua- y su duración fue del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2022.
El costo del servicio fue por un monto mínimo de 66 millones de pesos más IVA, es decir, 76.5 millones de pesos; mientras que el monto máximo alcanzaba los 142.2 millones de pesos más IVA, un total de 165 millones de pesos.
Los datos de este contrato aparecen en los registros del INM en la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, el documento como tal no se encuentra disponible, por lo que se desconocen los detalles del negocio entre el órgano de la Segob y la empresa de seguridad privada.
Además, se ignora el monto total real que el instituto de migración pagó a Grupo de Seguridad Privada Camsa por sus servicios el año pasado.
Una renovación por hasta 190 millones de pesos y la tragedia
Tras el primer contrato, el INM entregó un segundo a Grupo de Seguridad Privada Camsa que se firmó el 15 de marzo de 2023, apenas 13 días antes de la tragedia en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.
El documento, que fue dado a conocer por la SSPC, muestra que el acuerdo fue por el mismo objeto que el anterior: “el servicio de seguridad y vigilancia para los inmuebles del Instituto Nacional de Migración en las oficinas de representación” de 23 estados del país.
Incluso, la duración de los servicios prestados por la empresa de seguridad iba a ser la misma, del 1 de marzo al 31 de diciembre, pero ahora del 2023.
Lo que sí cambió, y considerablemente, fue el monto de contrato que, al ser abierto, tuvo un mínimo de 65.5 millones de pesos más IVA, es decir, 76 millones de pesos; así como un máximo de 163.7 millones de pesos más IVA, lo que da un total de hasta 190 millones de pesos.
Esto significa que este nuevo contrato sería por 25 millones de pesos más que el anterior, un aumento del 15.15%.
Un dato que no viene en el contrato y que compartió el gobierno federal, es que la empresa proveía de poco más de 500 elementos de seguridad a las instalaciones del INM, esto es 12 veces menos personal que los 6 mil elementos de la Guardia Nacional que estuvieron desplegados en el Metro de la Ciudad de México para combatir el “sabotaje” en sus instalaciones.
Los hasta 190 millones de pesos que el Grupo de Seguridad Privada Camsa pudo haberse llevado durante este año fueron destruidos por el incendio que acabó con la vida de 39 migrantes y dejó a 28 más heridos.
Ahora, el gobierno federal busca rescindir el contrato con la empresa de seguridad privada y, al menos, una sanción económica en su contra con miras a acciones legales por parte de la FGR.
El origen de Camsa y sus primeros contratos
El Grupo de Seguridad Privada Camsa se constituyó el 13 de junio del 2015 con el objeto social de proporcionar “todo tipo de servicios de seguridad privada, industrial y comercial” a personas o bienes.
Los socios de la empresa son David Vicente Salazar Gasca -quien firmó al menos uno de los dos contratos con el INM- y George Mcphali Trouyet.
Mientras que su domicilio se encuentra en la calle Ciencias número nueve en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Ha sacado permisos para otorgar servicios de seguridad privada tanto a dependencias federales, como la Segob y la propia SSPC, así como estatales, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como el gobierno de Querétaro y su ciudad capital.
Sus primeros contratos públicos -por lo menos de los que se tienen registro- los recibió en 2019 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El instituto de educación superior le encargó la vigilancia del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en Querétaro, a través de tres contratos que abarcan del 18 de febrero al 31 de diciembre del 2019.
Por los tres contratos -cuyos números de identificación son IPN-PS-AD-208-2019, IPN-PS-AD-129-2019 y IPN-PS-AD-018-2019-, Grupo de Seguridad Privada Camsa recibió 928 mil 933.89 pesos, de acuerdo con los registros del propio IPN en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las irregularidades de Camsa
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, se encontraron varias irregularidades en el Grupo de Seguridad Privada Camsa.
Las más graves son no haber permitido o evitado actos de tortura, crueles e inhumanos; así como no haber inscrito, capacitado y presentado a su personal operativo a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos.
#CasoINM La empresa de seguridad privada "Grupo de Seguridada Privada CAMSA SA de CV" que operaba en el INM de #CiudadJuarez incurrió en al menos nueve omisiones, dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana @rosaicela_ pic.twitter.com/8RpLhwNarF
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) April 1, 2023
También detectaron que la empresa de seguridad privada ofrecía servicios diferentes a los autorizados, no contar permiso para portar arma y reportar que trabajaban apenas con cuatro elementos cuando los requeridos para los contratos del INM eran de 503.
El Grupo de Seguridad Privada Camsa además omitió actualizar información de sus sucursales ante el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, ni inscribió a su equipo y uniformes en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
NOTA ORIGINA DE FROJI MX
