Se trata de un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Con un curso en línea está dirigido a periodistas en activo que deseen mejorar sus habilidades para realizar reportajes en profundidad, así como el curso se llevará a cabo del 31 de octubre al 27 de noviembre.
está dirigido a periodistas que deseen mejorar sus habilidades para realizar reportajes en profundidad sobre temas de interés público como la corrupción y la transparencia.
Brenda Ramos, coordinadora del Centro de Formación de Periodismo Digital (CFPD), indicó que México es uno de los países en donde más corrupción existe a nivel mundial, así como es un problema que trae muchos consecuencias y que impide que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos humanos.
Durante las cuatro semanas de actividades, los y las participantes revisarán diferentes temas:
Periodismo de Investigación: Métodos y objetivos.
¿Cómo investigar la corrupción?
¿Cómo crear una agenda propia?
De la hipótesis de investigación al master file
¿Cómo usar la Plataforma Nacional de Transparencia?
Seguridad Digital: ¿Cómo proteger nuestros datos y comunicaciones?
Periodismo de Datos
Además de las actividades en la plataforma el curso contempla la realización de webinars y una hora semanal de consulta con un mentor o mentora asignados a cada participante.
Los interesados en participar tienen hasta este 21 de octubre para postularse por medio del formulario de registro.
Ante el déficit de trabajadores en la industria maquiladora, particularmente, la falta de ofertas atractivas impide la ocupación de más de 24 mil vacantes disponibles, por lo que ahora el sector debe mejorar las ofertas para lograr una mayor atracción a estas empresas.
Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Jesús Manuel Salayandía Lara.
El líder industrial destacó que, según los análisis sobre la situación actual de la industria, es posible que haya un incremento en el número de vacantes con la apertura de más empresas en esta frontera, pero la estrategia para lograr la contratación de mano de obra radica en actualizar los esquemas de oferta a los solicitantes.
Comentó que el aspecto salarial es muy importante, por lo que se tiene que mantener una oferta que realmente beneficie al trabajador, pues es una de las razones principales por las que no quieren ir a trabajar a la maquiladora.
Salayandía Lara declarado en diversas ocasiones que la realidad reside en que la población ya no quiere trabajar en la maquiladora, así como uno de los principales aspectos es la cuestión del salario bajo.
Asimismo, tras el confinamiento provocado por la pandemia, el trabajo en casa rindió buenos resultados, lo cual se logró por la reducción de horas, por lo que jornadas de trabajo superiores a 8 horas también son motivo para que las personas no quieran contratarse en la industria.
Existe la posibilidad de que el «clima» de inseguridad en Ciudad Juárez se incremente, luego de la llegada de más de mil 200 migrantes a esta localidad, así lo expresaron integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia.
Lo anterior, no porque los migrantes sean quienes cometan actos delictivos, sino que su vulnerabilidad les haga víctimas de diversos delitos como la extorsión y trata.
“Es una de las cosas que estuvimos discutiendo en la Mesa. Si existe la posibilidad de que las personas en movilidad se conviertan en victimarios, pero la realidad es que no. La historia global nos indica que ellos siempre son las víctimas”, mencionó Guillermo Asiaín Aguilar, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.
Durante su conferencia mensual, en la que dan conocer el número de delitos registrados, tales como homicidios dolosos y robos, expuso que según datos que tienen por parte de las autoridades estatales, en Ciudad Juárez podrían recibirse alrededor de 8 mil migrantes venezolanos retornados por Estados Unidos, a través del título 42.
“Se están tomando medidas extraordinarias, aquí ya hay mil 200 venezolanos, pero se espera que recibiremos 8 mil (…) Ahorita ya es una problemática severa, pero es solo una octava parte del total de personas que van a llegar”, expuso.
El refugio que se tiene en San Lorenzo en conjunto con el Municipio atendió el miércoles 233 personas de las cuales 199 son de origen venezolano / Fotografía: Cortesía Gobierno del Estado
Tras la saturación de todos los albergues para migrantes en la ciudad y, frente al descenso de las temperaturas registrado esta semana, las autoridades del Estado anunciaron la creación de un espacio en el cual las personas pudieran resguardarse, llamado “Casa Onix”.
No obstante, este recinto también ya se llenó, según lo anuncio Óscar Ibáñez Hernández, representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte.
“Los albergues están a tope y por ello estamos buscando alternativas de refugio y en su caso de buscar la forma de que se beneficien con el apoyo de las formas migratorias y puedan ser productivos y dignificar su estancia en la frontera”, indicó.
El funcionario además dio a conocer que se han abierto centros de acopio destinados para la colecta de donativos en beneficio de las personas en movilidad.
Los espacios de colecta son: el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), ubicado en Heroico Colegio Militar y Francisco Villa; las instalaciones del Parque Central y el propio refugio “Casa Onix”, situado en Melquiades Alanís a espaldas de Office Depot, habilitado por el Municipio.
“No dudamos que las necesidades básicas los juarenses las van a poder atender, la comunidad es muy fraternal y abastecerá de lo básico a estas personas; pero la seguridad es algo que le compete a las autoridades”, reiteró Asiaín.
A esto añadió el hecho de que se está otorgando a las personas permisos de permanencia en el país hasta por 180 días, tiempo en el que requerirán no solamente techo, sino también solvencia económica.
“No es solamente abrir albergues, se trata de darles opciones. Si quieren trabajar no pueden porque no tienen documentos, si quieren recibir giros de dinero, no pueden cobrarlos, es prácticamente imposible que se regresen a su país sin recursos, no tienen opciones”, apuntó.
Migrantes en uno de los centros de acopio recien creados/Fotografía: Cortesía Gobierno del Estado
La recomendación, dijo, es que las autoridades estatales involucren a la Federación en este tema, y busquen a organismos civiles que formen puentes de comunicación con estos grupos, pues, existe desconfianza debido a que algunos fueron víctimas de malas prácticas y corrupción por parte de elementos de Seguridad Pública.
Por su parte, Ibañez Hernández, añadió que el Instituto Nacional de Migración se encuentra entregando Formas Migratorias Múltiples que permiten a los venezolanos tener una opción de trabajo y, a través del módulo que tiene la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) se les ofrecen oportunidades laborales.
“Estamos frente a una grave crisis humanitaria que se puede convertir en una grave crisis de violencia, hacia ellos”, dijo.
De acuerdo al informe de la mesa interinstitucional, se dio a conocer que en los próximos días se integrará un programa en el Sistema Estatal de Trabajo, además de que ya se acordó con la Asociación de Maquiladoras Index en Ciudad Juárez, boletinar entre las empresas manufactureras las ofertas de empleo para los migrantes.
En medio de la crisis migratoria que se vive actualmente en esta #frontera, debido a la llegada de cientos de viajeros venezolanos, empresarios juarenses manifestaron que persisten los obstáculos para la contratación de migrantes en empresas locales.
Una de las principales problemáticas es la acreditación del estatus migratorio de las personas, pues, aunque el gobierno federal puede expedir permisos para trabajar en este país, al momento de la contratación, la situación se complica por el impedimento de que no se les puede dotar de una tarjeta de débito para depositarles su salario, explicó Rogelio González Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.
El empresario mencionó que existe la voluntad de contratar a migrantes en alguno de los establecimientos de la ciudad, sin embargo, no cuentan con sustento legal para incorporarse a un empleo formal.
Mientras que, en el caso de la industria maquiladora, la situación es la misma, ya que el pago de la nómina se realiza vía digital.
Debido a ello, aclaró que están trabajado para configurar diversas acciones con el fin de incorporar a los viajeros a un empleo formal y, así, cuenten con mejores condiciones de vida, durante el periodo que permanezcan en esta frontera.
Urge CANACINTRA a la colaboración de todos los sectores ante la crisis migratoria
Mientras que la reciente crisis migratoria que se vive en la localidad, luego del anuncio de Estados Unidos para regresar a México a toda persona que intente ingresar de manera ilegal a su país, principalmente de origen venezolano, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Ciudad Juárez, Jesús Manuel Salayandía Lara, dijo que es urgente la colaboración de todos los sectores de la población para apoyar a los viajeros extranjeros.
En conferencia de prensa, comentó que la aplicación de políticas migratorias por parte de Estados Unidos es solamente para no tener problemas con la llegada de cientos de centroamericanos, pero también deben repatriar a los viajeros, no solamente expulsarlos a México, país que también debe hacer lo propio.
En tanto que los juarenses deben unirse nuevamente para desarrollar acciones de solidaridad con los migrantes venezolanos, por lo que si hay alguna chamarra o abrigo que pueda ser de utilidad para ellos, entonces podrían apoyarlos con ese tipo de artículos.
De igual manera, apuntó que Estados Unidos tiene «una posición de confort», pues solamente expulsa a los viajeros y en su momento, también puede decidir sobre el cierre de las fronteras, lo que afectará directamente al comercio exterior y a la economía local, como ya sucedió en otras ocasiones ante la llegada intempestiva de migrantes que se apostaron en los puentes internacionales.
Agregó que el problema migratorio no es el único que enfrenta la frontera, ya que también la situación de seguridad puede afectar con la agudización de las revisiones a los camiones, lo cual también retrasó el traslado de mercancías hace algunos meses.
Luego de que el pasado 13 de octubre concluyó la audiencia pública del BRT, para solicitar a las autoridades respondan las dudas sobre cuándo operará este servicio de transporte, las asociaciones civiles que promovieron dicha audiencia consideraron que las respuestas fueron “a medias y poco claras”.
Lo anterior, debido a que han transcurrido casi cuatro años de que se anunció la ampliación y modernización de la ruta 1 del sistema de transporte BRT, la cual tuvo una inversión de más de 300 millones de pesos, sin embargo, la comunidad juarense aún sigue sin un servicio de transporte digno, eficiente, accesible y seguro.
Las preguntas que se esperaba responder fueron:
¿Cuándo inicia operaciones el sistema BRT, rutas, horarios, estaciones, puntos de compra?
¿Cuál será la tarifa? ¿Habrá tarifa diferenciada?
¿Cuándo estarán listas y en funcionamiento las estaciones del BRT?
¿Cuándo y cómo se garantizará la calidad y el funcionamiento de la infraestructura y equipamiento aledaño a las estaciones? (Banquetas, semáforos, cruces peatonales, rampas, carriles, señalética)
¿Cuándo se entregarán las obras al Municipio?
En rueda de prensa, Claudia Arreola, coordinadora de participación ciudadana de Plan Estratégico de Juárez, indicó que hubo una serie de compromisos que Estado y Municipio realizaron para la celebración de la audiencia y se no cumplieron.
Claudia Arreola, Mariel Martínez y Abelamar Chacón, intengrantes de las asociaciones promoventes de la audiencia pública del BRT/Fotografía: Cortesía Plan Estratégico de Juárez
Entre las «irregularidades» observadas por parte de las autoridades destacaron:
· La falta de promoción de la audiencia pública en redes
· No se transmitió en vivo
· La falta de información acerca del formato y el incumplimiento de este
· El lugar para celebrar la audiencia no fue el óptimo
· Por parte del Gobierno municipal el secretario del Ayuntamiento fue el único en responder las preguntas, sin dar espacio a las voces técnicas
“Las preguntas estaban hechas en términos de emplazamientos: cuándo, cómo, que tenían respuestas muy puntuales. Justo era lo que estábamos buscando, tener estas respuestas específicas y detalladas que no nos ahondaran en temas técnicos o que para la ciudadanía pueden ser poco o nada relevantes”, declaró Mariel Martínez, coordinadora de participación comunitaria de Red de Vecinos.
«Las preguntas estaban hechas en términos de emplazamientos: cuándo, cómo. Tenían que ser respuestas muy puntuales. Justo era lo que estábamos buscando, tener estas respuestas específicas y detalladas que no nos ahondaran en temas técnicos o que para la ciudadanía pueden ser poco o nada relevantes», declaró Marial Martínez, coordinadora de participación comunitaria de Red de Vecinos.
Mientras que Abelamar Chacón, coordinador de RegidorMX, señaló que las preguntas se les presentaron a las autoridades desde hace dos meses, las respuestas, por lo menos de Gobierno del Estado, fueron poco claras.
Camión de pasajeros del BRT en uno de los viajes en la estación de Pueblito Mexicano/Fotografía: Cortesía Plan Estratégico de Juárez
Asimismo, Martínez comentó que es común que las autoridades no respondan a la ciudadanía. Sin embargo, la problemática reside en la falta de información.
“Esa forma en la que las autoridades evidenciaron que hay muchos temas que tienen pendientes, es también información… El hecho de que no hayan dicho ni cómo ni cuándo, es también un hallazgo”, añadió.
Finalmente, las organizaciones invitaron a los juarenses a sumarse a los comités ciudadanos de obra, los cuales vigilarán que el avance de las obras del BRT y el inició de operación del sistema de transporte coincidan con las fechas que establecieron los funcionarios estatales durante la audiencia, la cual se contempla para julio del 2023.
Las personas interesadas en participar pueden solicitar mayor información en los teléfonos (656) 625-0640 y (656) 743-7604 o bien al correo electrónico reddevecinos@planjuarez.org.
Aval Comercializadora, una empresa que hacía seguridad y vigilancia industrial, se convirtió en la principal proveedora de alimentos de Ciudad Juárez durante 2020 y 2021. En ese lapso, el municipio y el DIF local le otorgaron nueve contratos por más de 65 millones de pesos.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
Por Abraham Rubio y Miguel Silerio / Video: Favia Lucero / Ilustraciones: Isaac Sías
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Dos semanas después de cambiar de nombre, giro y propietarios, la empresa Aval Comercializadora se convirtió en la principal proveedora del Municipio de Juárez y el DIF local para suministrar con despensas a la población afectada por la contingencia sanitaria de la Covid-19. Esto ocurrió durante los últimos años de la administración Armando Cabada Alvídrez, quien se desempeñaba como alcalde.
Entre 2020 y 2021, la compañía recibió nueve contratos de distintas dependencias en Ciudad Juárez por un monto superior a los 65 millones de pesos. La empresa, que dos semanas antes de sus primeros contratos se dedicaba a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial, fue contratada para suministrar despensas, servicios de banquetes y hasta pavos para las fiestas decembrinas.
Aunado a la operación del cambio de giro exprés para ser contratada por el Gobierno, uno de los contratos más cuantiosos que recibió Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. se realizó de forma irregular en los plazos y violó múltiples artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, según documentó la Auditoría Superior del Estado (ASE).Este caso presenta múltiples riesgos de corrupción, señalaron organizaciones de la sociedad civil como Plan Estratégico de Juárez y Karewa, incluyendo lo señalado por el órgano fiscalizador, el cual tiene abierta una investigación a la cual deberá dar seguimiento la Contraloría Municipal de la administración del actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
En menos de un mes crearon empresa para ganar millones
Aval Comercializadora no existía hasta 2020, año en el que en menos de un mes se convirtió en la principal empresa proveedora de despensas del Municipio durante la contingencia por Covid-19.
La empresa fue fundada en 2013 con el nombre de ‘Ideas, Hardware y Aplicaciones’ y estaba dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial. Esta cambió su nombre el 21 de febrero de 2020 y pasó a ser propiedad de César Alberto Rivera Ponce y Héctor Romano González, este último también funge como gerente general de la misma.
En su perfil de redes sociales, Romano aparece en fotografías en reuniones del Comité Directivo Municipal del PRI, junto a figuras relevantes de ese partido en Chihuahua, como Adriana Terrazas, actual presidenta del Congreso del Estado; Lilia Merodio Reza, quien hasta abril de este año era secretaria de Desarrollo Rural, y Fernando Motta Allen, jefe de división de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas (COEPI) en Juárez. Además, aparece acompañando a este último en actos de campaña de 2018 (cuando Motta Allen buscó la diputación local del Distrito 7) y como parte de la Logia Masónica Cosmos.
El mismo día que la empresa cambió su nombre a Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. y Romano González asumió su gerencia, modificó también su giró a la “compra, venta, preparación, comercialización y distribución de alimentos (…) mediante la entrega de despensas alimenticias”.
Oficinas del aval/Fotografía: Favia Lucero
En menos de una semana, la empresa que permaneció sin cambios durante siete años y que se dedicó a los servicios de seguridad y vigilancia industrial fue adquirida para dedicarse al suministro de alimentos a la administración municipal.
Apenas dos semanas después de los movimientos ante el Registro Público del Comercio, el 9 de marzo de 2020, la empresa firmó sus primeros dos contratos para el suministro de despensas al DIF Municipal por un total de 19 millones 700 mil pesos. El primero de estos fue el DIF/DP/06/2020 por 8 millones –mediante la licitación pública en la cual fue la única participante– y el segundo fue DIF/Covid-DP/01/2020 por 11 millones 700 mil pesos mediante una adjudicación directa.
Todo esto sin siquiera formar parte del padrón municipal de proveedores, pese a que el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua establece como obligatoria la constancia de registro para firmar contratos con el Gobierno: “La persona interesada recibirá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro en el Padrón, con la que podrá celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con los entes públicos. La constancia en el Padrón de Proveedores tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su recepción durante el año fiscal en el que se tramite”
El 26 de marzo de 2020, Aval ingresó al padrón y al día siguiente, el 27 de marzo, obtuvo su primer contrato millonario por adjudicación directa (DCA-DGDS-088-2020) con el Municipio: 12 millones 547 mil 500 pesos para dotar de 50 mil despensas a la Dirección General de Desarrollo Social Municipal.
Una semana después, el 8 de abril, Aval obtuvo otro contrato (DCA/HCR/097/2020) por adjudicación directa para dotar de más despensas al Gobierno Municipal, pero esta vez al Cuerpo de Regidores. Fueron 2 mil 231 despensas por un total de 559 mil 869.45 pesos. Y el 12 de abril, Desarrollo Social Municipal otorgó mediante adjudicación directa un contrato (DCA/DGDS/198/2020) de 5 millones 80 mil pesos para el suministro de más despensas.
En abril de 2020, la Sindicatura Municipal, entonces a cargo de Leticia Ortega Máynez (Morena), actual diputada estatal, señaló que Aval modificó su razón social y objeto de la sociedad previo a la emisión del fallo de la licitación CA-OM-027-2020, el 30 de marzo de 2020, en la que obtuvo un contrato de 10 millones 38 mil de pesos para proveer 40 mil despensas.
En su boletín informativo número 38, la Sindicatura señaló que la licitación publicada en el Periódico Oficial del Estado refiere que “las empresas a contratar deben acreditar capacidad técnica, mediante currículum vitae, que refleje dedicarse al giro correspondiente”.
Las despensas contenían avena, leche en polvo, harina, frijol y arroz, y latas de vegetales, elote, café soluble atún en agua y un aceite vegetal/Fotografía: Coordinación de Comunicación Social Municipal de Ciudad Juárez
En el caso de Aval, la única concursante en esa licitación y que tres días antes había recibido adjudicaciones directas por más de 15 millones de pesos, tenía poco más de un mes dedicada a la venta y distribución de alimentos.
Aval Comercializadora acumuló siete contratos municipales —cuatro por adjudicación directa y tres en licitaciones en las que fue la única concursante— tan solo mes y medio después de reconfigurarse para suministrar alimentos y despensas.
En los cuatro contratos que fueron adjudicados directamente a Aval, tanto el Ayuntamiento como el Comité de Adquisiciones aprobaron omitir el procedimiento de licitación pública nacional con la “imposibilidad de la dependencia para obtener en el tiempo requerido los bienes que necesita”.
Asimismo, se especificó en los contratos que las despensas serían destinadas a “personas en condición más vulnerable y afectadas por la contingencia de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
Cada una de las despensas de Aval, que desde abril comenzaron a ser entregadas por empleados de la Dirección de Desarrollo Social, acompañados en ocasiones incluso por el alcalde con licencia Armando Cabada Alvídrez, contenían una bolsa de avena, una de leche en polvo, una de harina, una de frijol y una de arroz, y latas de vegetales, elote, café soluble atún en agua y un aceite vegetal. El precio unitario por despensa fue de 251 pesos.
En dicho periodo, la empresa acumuló 50 millones 425 mil 369.45 pesos: el DIF municipal la contrató por 22 millones 200 mil pesos y el Municipio por 28 millones 225 mil 369.45 pesos.
Posteriormente, la Oficialía Mayor lanzó en diciembre de 2020 una licitación para la adquisición (DCA/DRH/216/2020) de 6 mil 560 pavos que serían entregados a empleados municipales, por un monto de 2 millones 879 mil 840 pesos. Otra vez, Aval fue la única empresa concursante.
Finalmente, la Dirección de Desarrollo Social Municipal le entregó el 12 de febrero de 2021 mediante una licitación pública el último contrato (DCA/DGDS/033/2021) por 11 millones 772 mil 200 pesos. Este fue el único en el que Aval compitió con la propuesta de otra.
La empresa obtuvo en menos de un año un total de 65 millones 77 mil 409.45 pesos en contratos para el suministro de alimentos y despensas al Municipio y el DIF Municipal.
Cronología de los contratos/Ilustración: Isaac Sías
Tras el cambio de administración y la llegada del presidente Cruz Pérez Cuéllar en septiembre de 2021, la directora general del DIF Municipal, Perla María Reyes López, y la directora general de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel, dejaron su cargo.
Entrega de las despensas/Fotografía: Coordinación de Comunicación Social Municipal
Border Hub solicitó una entrevista con la actual directora general DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta, y el contralor municipal, José Luis Anaya Carrasco, para conocer el seguimiento que darán a dichas irregularidades; sin embargo, pese a que se les buscó de manera presencial, telefónica, correo electrónico y WhatsApp, no respondieron a la solicitud de entrevista realizada con más de un mes de anticipación, antes de la publicación del reportaje.
Además, se intentó contactar a Héctor Romano González, representante legal y accionista de la empresa Aval Comercializadora, para conocer cómo fue el proceso mediante el cual cambió de identidad y giro comercial, y cómo se convirtió en solo un mes en la principal empresa proveedora de despensas del DIF y el Municipio.
Los reporteros entregaron la solicitud de entrevista de forma presencial en la recepción del complejo de oficinas donde se encuentra ubicada Aval, tras no ser recibidos por la empresa. Previamente se llamó a las oficinas, pero personal de Aval rechazó la llamada a través de la recepcionista. Incluso se envió la solicitud a la dirección de correo electrónico que Romano González proporcionó para celebrar el contrato, pero el servidor de la cuenta del remitente no permitió la entrega correcta del correo..
Hasta la publicación de este reportaje, ni la empresa ni el representante han respondido la solicitud.
Contratos irregulares del DIF: la puerta para Aval
Los contratos que entregó inicialmente el DIF de Juárez no solo representaron anomalías al concentrar el suministro de despensas por la contingencia sanitaria en una empresa a modo y sin experiencia en el suministro de las despensas, también la descentralizada fue señalada por la Auditoría por alterar la fecha de uno de estos.
La empresa Aval Comercializadora se convirtió en el transcurso de un mes y de forma irregular en la principal proveedora de despensas del Municipio de Juárez.
El 21 de febrero de 2020 los empresarios Héctor González Romano y Cesar Alberto Rivera compraron la empresa Ideas, Hardware y Aplicaciones, fundada en 2013 y dedicada a servicios de seguridad y vigilancia industrial. Ese mismo día, la renombraron como Aval Comercializadora y le cambiaron el giro para poder comprar, preparar y vender alimentos.
Con este movimiento los empresarios libran el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua, que en su fracción tercera indica que las empresas que deseen entrar al padrón de proveedores para hacer contrataciones con entes públicos deben contar con un domicilio para recibir notificaciones dentro del estado con una antigüedad mínima de seis meses
Aunado a esto, el 9 de marzo de 2020, Aval Comercializadora, productora y operadora de insumos y servicios S de RL de CV. firmó dos contratos con el DIF de Juárez para suministrar despensas sin estar registrada en el padrón de proveedores.
La empresa obtuvo un contrato por hasta 8 millones de pesos mediante una licitación pública, donde fue la única participante, y otro por un máximo de 11 millones 700 mil pesos por una adjudicación directa.
Este último contrato DIF/Covid-DP/01/2020 se llevó de forma irregular en los plazos y violó múltiples artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE).
La encargada del informe y titular de la Auditoría de Desempeño de la ASE, Alejandra Rascón Rodríguez, explicó en entrevista que existen varias anomalías en el proceso de adjudicación debido a los tiempos y la versión de la descentralizada, en la que sostiene que el contrato realmente se firmó el 8 de abril y no el 9 de marzo.
“Nosotros no pudimos acreditar ese dicho porque la garantía de cumplimiento es de fecha 9 de marzo, y se expide ante una institución financiera formal. Y si tú tienes acceso a la garantía, ahí dice exactamente que es a ese contrato, con ese número, con ese objeto; o sea, no hay pierde para ligar la garantía con el contrato. Entonces no se pudo acreditar la fecha de firma; al revés, se confirmó la fecha original”, dijo la auditora.
Por lo tanto, el informe de la Auditoría de Desempeño de la ASE indica que el contrato se firmó antes del 8 de abril, fecha en la que el Poder Ejecutivo estatal estableció parámetros más laxos para adjudicaciones directas ante la emergencia sanitaria del Covid-19:
“(El contrato se) celebró antes de que el Consejo de Salubridad General declarara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (covid-19) y a la publicación del Acuerdo nº 058/2020 mediante el cual se establecen los ‘Lineamientos Técnicos en Materia de Contratación Pública en el Estado de Chihuahua’ para atender la emergencia sanitaria”, señala el documento.
Rascón Rodríguez aseguró que el DIF de Juárez violó lo establecido en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios estatal, pero enfatizó que la violación del Artículo 88 es una de las más importantes, debido a que establece que no es posible modificar la fecha de firma de un contrato –como ocurrió en este caso– ni cualquier otro aspecto que otorgue condiciones más ventajosas al proveedor.
Oficinas de la Dirección de Desarrollo Social/Fotografía. Favia Lucero
La auditora Alejandra Rascón aseguró que la Coordinación de Investigaciones está por entregar las observaciones realizadas al Órgano Interno de Control del municipio, para que continúen con la investigación respectiva y, en su caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El informe de la ASE, publicado en diciembre de 2021, señaló que el soporte documental del DIF Municipal para acreditar la entrega de las despensas fue insuficiente, pues solo entregó registros con nombres, que no incluían números de teléfono ni firmas de beneficiarios, y las fotografías que aportó no permitían corroborar las fechas en las que supuestamente fueron entregadas las despensas.
“De las escasas llamadas telefónicas que se lograron concretar, se observó que algunos beneficiarios correspondían a apoyos entregados en los meses de enero y febrero de 2020, antes de que iniciara la contingencia, e incluso en años anteriores (2018 y 2019) que no correspondían al periodo de la pandemia”, señala el informe.
Asimismo, la Auditoría señala que el DIF incumplió con las reglas mínimas de operación para situaciones de emergencia y que “el soporte documental no es claro ni suficiente, toda vez que no permite identificar a las personas en situación de vulnerabilidad destinatarias de las 30 mil 251 despensas”.
Oficinas del DIF Municipal de Juárez/Fotografía: Favia Lucero
Rascón Rodríguez explicó que cuando se realizó la auditoría no se encontró evidencia clara, como lo marca la ley, de la entrega directa a los beneficiarios debido a las precauciones que algunos trabajadores de la dependencia y beneficiarios tomaron por la pandemia. Sin embargo, la ASE no dio seguimiento a la observación debido a que no es posible asegurar que no fueron entregadas.
“En este caso no teníamos elementos suficientes y contundentes, como en el caso anterior, para poder acreditar un incumplimiento a la norma en la parte del soporte documental por tratarse de una situación de emergencia, en la que efectivamente el ente presentaba muchos retos para poder obtener todos estos documentos que acreditaron la entrega de los bienes”.
Border Hub tuvo acceso a las bases de datos del DIF y se observó que la descentralizada no registró de forma estandarizada la entrega de las despensas: en el segundo y tercer trimestre de 2020 aparecen listas de las personas que recibieron las despensas, pero algunas no cuentan con firmas ni copias de las credenciales de elector de los beneficiarios.
Los listados muestran que las despensas fueron entregadas en colonias en donde el 49.7 por ciento de la ciudadanía siente que el ingreso familiar total es insuficiente para sobrevivir, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, un sistema de indicadores de calidad de vida a cargo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.
Los registros del primer semestre muestran que el DIF entregó despensas principalmente en colonias ubicadas al poniente de la ciudad, como la Pánfilo Natera, Juanita Luna, Ladrillera, Luis Olague, Granjas de Chapultepec, Puerto La Paz, Nueva Galeana, Fronteriza Baja. La descentralizada también entregó la ayuda en centros comunitarios y comités vecinales en zonas céntricas y del suroriente de la ciudad.
En lo que respecta a la información oficial, tanto el Gobierno Municipal como el DIF de Juárez han difundido fotografías de la entrega de despensas y kits de limpieza para la atención de poblaciones vulnerables durante la contingencia por la pandemia. Incluso, en algunos eventos de entrega de despensas aparecen el expresidente municipal Armando Cabada Alvídrez y la presidenta del DIF, Alejandra Cabada.
Alejandra Cabada, entonces presidenta del DIF Municipal, entrega despensas en una colonia de Juárez
Border Hub visitó la colonia Industrial (ubicada al poniente de la ciudad) y la colonia Alcaldes (al suroriente) donde personas beneficiarias aseguraron haber recibido las despensas.
“Nuestra despensa nos la daban cada bimestre, ahora con la pandemia no estuvimos asistiendo al grupo (del adulto mayor del DIF): ellos nos llamaban por teléfono y ya nosotros recogíamos nuestras despensa, pero siempre nos apoyaron; solo llevábamos nuestro copia de la credencial de elector”, dijo María de Lourdes Cortinas (71 años de edad), vecina de la colonia Alcaldes.
“Las recibimos a sana distancia: la persona encargada nos decía que fuéramos a tal hora e íbamos. Nomás llevaba uno la copia de la credencial de elector y luego firmaba (…) siempre que íbamos ahora con la pandemia, nos daban dos despensas juntas”, agregó Obdulia Salazar Salas (74 años), vecina colonia Porfirio Silva.
Ven riesgo de corrupción compra de despensas; ‘abusaron de contrataciones durante contingencia’
De acuerdo con Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de Contraloría Social de la asociación Plan Estratégico de Juárez e integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana municipal, los tiempos en los que se realizaron las compras de despensas y los diversos cambios en la empresa Aval Comercializadora representan un riesgo de corrupción que debe ser investigado por las autoridades correspondientes; en este caso, dijo, la Contraloría y la Sindicatura municipal.
El proyecto de Contraloría Social que encabeza Chacón, conocido como RegidorMX, mantiene un portal web vigilancia a las contrataciones del gobierno municipal de Juárez, llamado ‘¿A dónde va tu dinero?’, que especifica los montos de los contratos, proveedores, plazos y métodos de contratación. Asimismo, cada año presenta un informe que mide el riesgo de corrupción en las contrataciones, con base en la metodología ‘Mapeando la corrupción’, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
«Genera muchas dudas cómo un proveedor, una empresa sin experiencia en el giro, (porque antes tenía otro giro) … tenga tantos contratos por tantos millones de pesos. Esto genera muchas suspicacias y representa focos rojos, riesgos de corrupción. Esto sin duda es algo que tendrían que estar revisando las autoridades competentes para el caso, las que deberían estar revisando las formas, los procesos que se lleven a cabo adecuadamente como la contraloría municipal o la sindicatura”, señaló.
De acuerdo con Chacón Rodríguez, los lineamientos que permitieron la contratación excepcional de las despensas por la contingencia sanitaria atendían a la necesidad real de contar con los insumos rápidamente, pero también se prestaron a un “abuso” de parte de la autoridad municipal, que los usó de forma discrecional.
«Los lineamientos se prestaron a que las contrataciones fueran en muchos casos muy discrecionales (…) hubo mucho abuso de esos lineamientos, se entiende de alguna forma la necesidad o la urgencia de atender la pandemia; pero sin duda hemos visto un claro abuso de esos lineamientos, los cuales dejan un lugar a un alto riesgo de corrupción».
Abelamar Chacón, coordinador de Contraloría Social de la asociación Plan Estratégico de Juárez e integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana municipal/Fotografía: Favia Lucero
De acuerdo con Lissette Chávez Mendoza, coordinadora de contraloría social de la Karewa, una asociación de la ciudad de Chihuahua dedicada al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y la vigilancia ciudadana, la relajación de los criterios de contratación dejó muchos dudas sobre el uso eficiente los recursos públicos
El acuerdo 058/2020, emitido en abril de 2020, facultó a las dependencias estatales y gobiernos municipales para “sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o internacional para desarrollar sus funciones durante la emergencia sanitaria”.
La especialista comentó que los lineamientos derivados del acuerdo se antepusieron a la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua y causaron dudas sobre si los proveedores e insumos adquiridos eran los ideales.
“(El procedimiento) nos deja con dudas porque nos hace pensar que la Ley se puede cambiar o se puede dejar de lado muy fácilmente (..) se dio carta blanca para no cumplir con las obligaciones de transparencia y que todas las contrataciones, por la contingencia, fueron por adjudicación directa. Esto nos deja pensando si realmente se cumple uno de los propósitos de la contratación pública, que es adquirir todo al mejor precio, con la mejor calidad y la mayor transparencia posible”, comentó Chávez.
Asimismo señaló que los cambios en los procesos de contratación, en algunos casos, beneficiaron a empresas constituidas para tal propósito.
La coordinadora consideró inevitable que no hubiese beneficiados durante la pandemia por Covid-19, sobre todo algunas empresas que ya se encontraban constituidas de cierta forma para cumplir con tales requerimientos.
«Nos queda la incertidumbre de si realmente las empresas que se beneficiaron de este tipo de contrataciones eran las correctas (…) porque sin lugar a dudas alguien resultó beneficiario de esto”, dijo Chávez.
Abelamar Chacón opinó que con cada cambio de administración municipal, el grupo político en el poder suele beneficiar con contrataciones a ciertos grupos empresariales que le son afines, mismos que participan en concursos de licitación con información privilegiada o reciben adjudicaciones directas no justificadas.
El último contrato municipal que ganó Aval fue para proveer 42 mil 808 despensas por 12 millones de pesos, en febrero de 2021, seis meses antes de que terminara la administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez. Desde el cambio de gobierno, con la llegada de Cruz Pérez Cuéllar a la alcaldía en septiembre de 2021, no ha obtenido ninguno.
