Para los estudiosos de la administración pública y la ciencia política no queda ninguna duda que las relaciones de poder y el gobierno son binomios inseparables. Dentro de esta dinámica podemos encontrar entonces que la toma de las oficinas de Recaudación de Rentas que se organizó a nivel estatal tienen un trasfondo político y además es una causa que se apropian los grupos de presión con una justa demanda: mejorar las condiciones de la prestación de los servicios de salud y de pensiones que ofrece el gobierno de Chihuahua.
Una política pública surge para resolver problemas sociales, pues Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua tiene un gran problema: atender la demanda de un derechohabiente que a través de las cuotas de pago que se hacen en los recibos de cada dependencia pública estatal, así como de organismo paraestatales, deben dar como resultados finanzas sanas.
Pero ¿Por qué no existen entonces esas finanzas sanas? Es una respuesta que deben ofrecer los directivos ante un diagnóstico serio y objetivo al que deben atender y, en su momento, ofrecer a la comunidad chihuahuense.
Los actores de estas acciones en bien de un servicio de salud y de pensiones de los trabajadores del Estado son múltiples y variados: el sector educativo, la comunidad médica y de trabajadores de la salud que laboran dentro de la dependencia; los jubilados y pensionados, las dirigencias de los sindicatos que deben proteger los interés de sus agremiados, las asociaciones de jubilados y pensionados.
La experiencia nos da cuenta que son pocos los espacios para una reflexión y diálogo entre todos estos actores. Sentarse a la mesa y platicar con cada una de las empresas paraestatales, así como de los organismos públicos, y llegar a acuerdos interinstitucionales, para que los datos que tenemos y nos proporcionan los medios de comunicación puedan tener una base sólida: datos oficiales.
Voces del sector salud nos indican que se requieren con calidad de urgencia liderazgos de a deveras que terminen con las simulaciones. El problema de las finanzas quebradas de presiones no es justificación para que exista un mal servicio, falten especialistas, no se hagan estudios clínicos, se demoren los servicios de laboratorio, rayos “X”, no se surten recetas completas.
Como bien se dice, ese liderazgo debe buscar en todo momento que exista un servicio de alto nivel, al cual, hace ya algunos años podíamos decir era el mejor de los servicios médicos del sector público a nivel estatal.
De acuerdo a las cifras de los adeudos que presentan diversos organismos, es de suponer (está en los presupuestos de ingresos y egresos de cada dependencia aprobados por el Congreso del Estado) debería de existir la suficiencia presupuestaria para pagar las cuotas correspondientes.
Pero surgen de nueva cuenta análisis desde la perspectiva de quienes conocen el caso concreto y sostienen que de ¿Dónde pagar si durante los gobiernos entrantes y salientes han dejado un boquete financiero que a la usanza de sexenios anteriores han usado la frase cómoda “el atrás paga”?
Aquí está la solución a un problema que puede estallar como una bomba de tiempo: establecer una mesa de diálogo y negociación, donde el Gobierno del Estado ha reconocido que existe una gran deuda pública, la cual afecta a los organismos autónomos y que alcanza a la propia burocracia gubernamental que están padeciendo una caída en la calidad de los servicios que presta el propio Estado.
La solución está en el Gobierno del Estado y sólo le resta un poco de voluntad política para resolver el problema y no enfrentar a las propias instituciones.
Existen datos del propio sistema de salud que indican que la deuda a pensiones ha tenido claroscuros. Uno de ellos es precisamente que los montos de deuda tienen dos dimensiones, primero es el adeudo por los servicios y se le suman los “recargos”.
Parece que a toda lógica esos montos no corresponden a la realidad y faltaría sólo hacer un análisis de los estados financieros, observar las cuentas por cobrar, los servicios que se pagan, el gasto corriente, los costos del mantenimiento de las instalaciones para tener una visión completa, entre otros ingresos y egresos. Continuará …
El delito de extorsión a través de plataformas digitales es una nueva modalidad que ha llegado con el avance de la tecnología; ahora, las víctimas reciben una solicitud de videollamada por redes sociales donde los ciberdelincuentes aprovechan para hacer una captura de pantalla y acusar a las personas de pornografía infantil.
Lo anterior fue dado a conocer por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes hicieron un llamado a la población sobre el nuevo Modus Operandi de los extorsionadores.
“Cuando la víctima acepta la videollamada se activa un video que permite tomar una captura de pantalla que los ciberdelincuentes editan para hacer pasar a la persona como responsable del delito de pornografía infantil”, se indicó en un comunicado de prensa.
Por ello, personal de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la Fiscalía, advierte a la ciudadanía para que no conteste videollamadas de números desconocidos, con el fin de evitar ser víctimas del delito de extorsión.
“Una vez que cuentan con la imagen de la víctima, la vuelven a contactar por medio de WhatsApp y solicitan depósitos a cambio de no publicar la pantalla en redes sociales y otras plataformas digitales”, se advirtió en el documento.
La Fiscalía General del Estado recomendó también:
– No contestar videollamadas de números desconocidos.
– En caso de haber tomado la llamada, no hacer ningún depósito bajo ninguna circunstancia.
– Reportar lo sucedido en la Fiscalía de tu localidad.
En caso de requerir más información sobre este tema, la ciudadanía puede comunicarse al número (614) 429-73-00 en la extensión 10798 o bien al correo delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx
Las evidencias de que los mecanismos de registro y seguimiento a niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Coahuila tienen deficiencias siguen saliendo a la luz.
Casos como el de Laura Valeria Ramos Ríos, quien desapareció a la edad de un año el 7 de octubre de 2017, junto con su madre Liliana Leticia Ríos Villela, reafirman que protocolos como la Alerta Amber no se aplican ante la ausencia de las infancias. A cinco años de lo ocurrido, su familia reclamó públicamente las omisiones de la Fiscalía de Coahuila.
“Nunca lo han contemplado como una desaparición. No hicieron una búsqueda como debe ser para una niña de un año y tres meses, no se activó una Alerta Amber”, señaló Karla Ríos Villela, tía de Laura Valeria.
Indicó que el personal de la dependencia se remitió a decirle que ellas volverían y bastaba con esperar una llamada en una fecha especial, un cumpleaños o en Navidad.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” exigió, a través de un comunicado emitido el fin de semana pasado, la aplicación de un plan de búsqueda apegado al Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuente con un enfoque diferenciado para mujeres.
“La Fiscalía de Personas Desaparecidas ha violentado las garantías individuales de las dos mujeres, ya que en lugar de realizar una investigación que lleve a la localización de Liliana y Valeria, los servidores públicos han actuado de manera omisa y no han protegido la vida ni los derechos de las víctimas y su familia”.
Heridas Abiertas y La Plaza Pública publicaron con apoyo del Border Hub de Periodismo de la Frontera Norte, el pasado 26 de julio, el reportaje Desapariciones de menores en Coahuila, ignoradas o mal registradas.
La investigación comprobó que las autoridades de procuración de justicia estatales y federales discrepan en sus cifras, pese a estar obligadas a homologar y presentar números en un registro nacional.
“No hay celeridad en los registros. Si no estuvieran subiendo la información rápido porque están haciendo la búsqueda en campo o en vida se comprendería el desfase, pero no hay ni lo uno ni lo otro”, dijo en entrevista para el reportaje Tanía Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Las familias y colectivos de búsqueda de desaparecidos señalaron también deficiencias en el protocolo de la Alerta Amber y que su implementación resultaba burocrática, lo cual ahora también se reafirma.
En respuesta al Recurso de Revisión 281/2022, la Fiscalía General de Coahuila se vio obligada a proporcionar el número de alertas emitidas desde la implementación del mecanismo hasta 2021.
La dependencia detalló en la respuesta a la solicitud de información que desde 2013 fueron emitidas 124, de las cuales la mayoría fueron en Saltillo y Torreón con 35 y 30, respectivamente.
Sin embargo, estas cifras están lejos de coincidir con las proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR) que marcan en el mismo periodo apenas 15.
Ana Herrera, enlace titular del programa Alerta Amber en Coahuila, argumentó que no en todos los casos las fiscalías o procuradurías comparten las alertas emitidas por tratarse de acciones locales en las que pueden actuar de manera más ágil por su cuenta y no requieren la intervención de la federación.
“La activación de estas alertas se puede hacer a nivel nacional o a nivel estatal, dependiendo de la circunstancia de cada caso en particular. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento que el menor se está trasladando hacia el interior de mi estado, pues activo una alerta a nivel estado, sin embargo, tengo la posibilidad de solicitarles a los compañeros de PGR que me activen una a nivel nacional”.
No obstante, el protocolo del procedimiento de búsqueda sí establece en el papel la necesidad de notificar a las autoridades de procuración de justicia a nivel nacional.
“Los Coordinadores de Alerta AMBER de las entidades federativas, reportarán al enlace de la Delegación de PGR de las entidades federativas, cada caso que sea susceptible de activación de una Alerta o Pre-Alerta; así mismo, reportarán todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para alimentar la base de datos a nivel nacional”, expone el documento.
Ni las cifras arrojadas por la FGE y la FGR vía transparencia coinciden con los datos reportados por la plataforma nacional de la Alerta Amber (www.alertaamber.gob.mx), pues establece que entre activadas y desactivadas existen 20 desde el año 2015 en esta entidad.
Aunque la Fiscalía de Coahuila fue obligada a proporcionar información tras el recurso de revisión no precisó -pese a que se le solicitó- el resultado de las alertas, es decir, el número de casos en que se logró ubicar a los niñas, niños y adolescentes.
“Podemos hablar hasta de un 97-98 por ciento de efectividad y la Alerta Amber es sólo una herramienta que nos ayuda en la búsqueda. Existen otros protocolos que aplicamos y actos que debe realizar el ministerio público en particular”, respondió a pregunta expresa Ana Herrera.
La FGR, por su lado, contestó vía transparencia que de las 15 alertas emitidas, en 12 de los casos se logró dar con el paradero de los niños, niñas o adolescentes.
A estas discrepancias se suman testimonios de familiares de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que señalan que en Coahuila no se implementa el protocolo como es debido.
A través de los mismos ejercicios de transparencia tanto la FGR como la FGE relevaron sus cifras en cuanto a trata de personas en Coahuila.
En el caso de la dependencia federal el registro data desde 2006 y hasta abril de este año suman 76 víctimas de ese delito, de los cuales 73 corresponden a niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía de Coahuila, por su lado, detalló que su registro data de 2015 y hasta 2021 había 70 víctimas de este delito, de los cuales 53 corresponden a personas de cero a 17 años de edad.
La dependencia detalló que en estos casos están relacionados asuntos de adopciones ilegales, explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral e indigencia forzada.
Las cifras tanto de la FGR y FGE coinciden con lo señalado por organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en el sentido de que las mayores víctimas de este delito corresponden a niños, niñas y adolescentes en todo el país.
Promoventes de la Audiciencia Pública de las dos líneas del Juárez Bus, llamaron a la comunidad en general a participar en esta actividad, con el fin de obtener respuestas en relación al funcionamiento de este sistema de transporte.
Lo anterior durante una conferencia de prensa en la que expusieron una serie de problemáticas relacionadas al transporte y la estructura urbana que imposibilita el libre tránsito de peatones, personas con discapacidad y adultas mayores por las vías principales de la ciudad y por donde estas rutas de transporte cruzan.
«La máxima responsabilidad de las autoridades es cumplir y hacer cumplir la ley y garantizar el estado de derecho, pero con esta evidencia vemos como no se está cumpliendo en materia de seguridad vial y movilidad», dijo Abel Chacón, uno de los promoventes de esta audiencia y miembro de la asociación Plan Estratégico de Ciudad Juárez.
Lo anterior haciendo referencia a una serie de fotografías que expusieron en conferencia de prensa y en donde se pueden apreciar aspectos de las avenidas Tecnológico y Paseo Triunfo de la República, así como del Eje Vial Juan Gabriel y la Zona Centro.
En este material se hace notar la inoperatividad de las estaciones, pasajeros abordando de forma riesgosa las unidades, banquetas llenas de obstáculos, faltas de rampas y líneas que marquen los cruces peatonales, entre otras cosas.
«Queremos que las autoridades nos digan qué esta pasando y cómo se va a ofrecer el servicio que las personas requieren del sistema colectivo», añadió Chacón.
Enumeró que la sola omisión de darle solución a dichas problemáticas, violentan distintas normatividades de orden municipal y estatal.
Una seria la Ley General de Asentamientos Urbanos que se incumple al no garantizar la equidad, y los principios de productividad y eficiencia del transporte.
Lo mismo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al no atender la movilidad en jerarquía de importancia, sin darle prioridad a peatones, ciclistas y unidades de transporte público por encima de los vehículos particulares.
También se violenta la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua al no brindar políticas y programas de transporte que otorguen accesibilidad a las personas, y el Reglamento de Vialidad y Tránsito Municipal al no asegurar las banquetas como un espacio de libre tránsito sin obstáculos para peatones.
La audiencia pública será realizada este jueves 13 de octubre en la explanada interior de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado «Pueblito Mexicano», a las 6 de la tarde.
Está sería la primera audiencia realizada como mecanismo de Participación Social en la ciudad, y cuyos promoventes contemplan pudiera repetirse para otras cuestiones como una forma de obtener respuestas por parte de las autoridades.
En esta ocasión, señalaron, tuvieron que reunir firmas ciudadanas previamente, de las cuales lograron 405, rebasando así lo mínimo indispensable por municipio, que solicita 50 y por estado, que solicita 200.
Esta vez, también, ambas instancias acordaron responder al mismo tiempo a la solicitud de audiencia, y cualquier persona que tenga la inquietud de participar puede hacerlo.
«El llamado no es solamente para usuarios del BRT, es para toda la ciudadanía, las vialidades y la movilidad debemos tratarlo como un asunto de Ciudad», expuso Claudia Arreola, otra de las promoventes.
Familiares de Alexa Jannyn Amaya Fierro solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a la joven de 16 años, quien desapareció desde el pasado 7 de octubre.
Jannyn mide un metro con 54 centímetros y pesa 49 kilogramos, es de tez blanca y complexión delgada. Tiene el cabello ondulado, ojos de color café oscuro, cara tipo delgada, nariz angosta y labios tamaño delgado.
De acuerdo con la pesquisa realizada por la Fiscalía General del Estado, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Infonavit Fidel Velázquez y no se supo más de ella.
Vestía una blusa blanca y un pantalón de mezclilla con tenis blancos, además como seña particular tiene en el cuello un tatuaje con el número “1954” y en la pierna izquierda “IAN”, así como un arete en la nariz.
Las personas que cuenten con información relevante para dar con el paradero de Jannyn puede comunicarse al número de emergencia 911 o bien al 088 de manera anónima.
