Dicen que un hombre conocido como El Curro camina en silencio en los oscuros caminos de la antigua Santa Eulalia, sin tocar el suelo y con la figura envuelta en una capa negra.
Se trata de una leyenda que ronda en la población minera de Aquiles Serdán, cuyo nombre originalmente fue el de Santa Eulalia de Mérida y que está situada a poca distancia de la ciudad de Chihuahua.
Pero no es un hombre cualquiera, sino un alma en pena, maldecida a vagar por la eternidad por haber roto una promesa que le hizo a Dios. Así lo ha contado la leyenda por generaciones.
Santa Eulalia, Chihuahua. Hoy Aquiles Serdán / Foto: Wikimedia Commons
El origen se remonta alrededor de 1890, en tiempos posrevolucionarios, cuando la riqueza de las minas de plata atrajo a muchos aventureros, incluido este acaudalado español.
El Curro, según cuentan, había sido un hombre rico y poderoso que, al caer gravemente enfermo, prometió a Dios que donaría parte de su fortuna a la Iglesia si recuperaba su salud.
Y así fue, se curó milagrosamente, pero al verse fuerte y sin dolencias, su promesa fue olvidada, sepultada en la comodidad de la vida.
Los días pasaron, y la soberbia lo llevó a ignorar el pacto divino. Poco después, la muerte lo sorprendió de forma fulminante, llevándose su vida, pero dejando su alma atrapada entre este mundo y el otro.
La leyenda de El Curro comenzó a tejerse en el mineral de Santa Eulalia, la historia del minero español que había muerto por traicionar a Dios, pero que su figura comenzó a aparecer a quienes trabajaban los peligrosos turnos de la noche en las minas.
Leyenda pintada en la pared de esa comunidad / Tomada de video Adrián Berrios
Los testigos, generalmente hombres rudos y curtidos por el trabajo bajo tierra, describían su encuentro con una figura fantasmal que flotaba, vestido con un sombrero extraño, capa negra, y botas acharoladas.
Sin embargo, El Curro no era un simple espectro, sino un ser que pedía un favor. En un tono pausado, pero firme les imploraba: “He fallado a Dios y por eso estoy condenado a vagar. Cumple por mí lo que yo no hice, entrega mi donativo a la Iglesia y, a cambio, te revelaré el escondite de mis riquezas”.
Cuentan que aterrorizados, los hombres regresaban a sus casas con el corazón acelerado y sus mentes se ocupaban por la propuesta del alma en pena.
Algunos murieron sin haber hablado más del encuentro. Otros cayeron en la locura, incapaces de soportar el peso de lo que habían visto.
Dice la leyenda que si alguna persona ayudaba a El Curro a cumplir su promesa con Dios, a cambio entregaría el oro del que era poseedor en vida / Foto: Redacción
El pueblo comenzó a susurrar sobre este fenómeno y los nombres de aquellos que se enfrentaron al fantasma se convirtieron en leyendas locales.
Uno de los relatos más conocidos habla de Federico Castañeda, un minero que después de encontrarse con El Curro quedó postrado en cama, mudo y sin voluntad.
Otra historia cuenta que Fructuoso Gutiérrez, un hombre famoso por su destreza en las fiestas y en la seducción, perdió la razón tras cruzarse en el camino del fantasma y fue enviado al manicomio, de donde nunca salió.
Parroquia de Santa Eulalia de Mérida 2024 / Foto: Miguel Araujo – Google Maps
Con el tiempo, la figura de El Curro se volvió parte de la cotidianidad de Santa Eulalia de Mérida.
Los ancianos oraban en silencio cuando su nombre era mencionado, las mujeres encendían veladoras y los hombres más valientes pedían protección a la Virgen y a los Santos antes de adentrarse en los cerros.
Sin embargo, la historia de El Curro no quedó confinada a las generaciones más antiguas, pues para la década de 1940, el rumor se reavivó de nuevas apariciones.
Casa del Curro – Museo de terror / Foto: Gobierno del Estado
Dicen que los niños, llenos de curiosidad y valentía juvenil, comenzaron a salir en grupos por la noche, armados con resorteras y piedras, desafiando al fantasma con gritos y burlas.
Aunque no lo hacían por desprecio, sino con la esperanza de ser «los afortunados» que descubrieran el tesoro que El Curro ofrecía.
A pesar de los años y del escepticismo que ha crecido en torno a su leyenda, el fantasma de El Curro sigue vivo en la memoria colectiva de la población de Aquiles Serdán.
La antigua iglesia de Santa Eulalia de Mérida / Foto: Misiones de Chihuahua
Algunos afirman que aún se le ve caminando por los senderos solitarios al caer la noche, buscando a alguien que cumpla la promesa que él no pudo.
Y aunque las nuevas generaciones lo ven como una simple historia de miedo, las viejas almas del lugar siguen lanzando oraciones al aire, con la esperanza de no cruzarse jamás con el hombre que falló a Dios.
**NOTA: Aunque existen muchas versiones de esta leyenda, esta versión fue tomada de Óscar W. Ching Vega, quien lo relata así en el libro «Nueve leyendas de Chihuahua».
Iglesia de Santa Eulalia
La historia de Santa Eulalia comenzó en 1707, tras el hallazgo de una veta mineral en las montañas al este de la hacienda de Tabalaopa.
Inicialmente, este lugar fue la cabecera de la alcaldía mayor hasta el 12 de octubre de 1709, cuando pasó a formar parte del municipio de Chihuahua. Y fue hasta el 20 de julio de 1901 que se le otorgó la categoría de municipio libre.
Actualmente iglesia de Santa Eulalia, Chihuahua / Foto: Misiones de Chihuahua
Sin embargo, la fundación del mineral de Santa Eulalia se remonta a 1652, cuando el capitán Diego del Castillo reportó su descubrimiento al capitán Francisco de Bustamante de San Diego de Minas Nuevas.
El capitán Antonio de Montes fue designado como responsable del lugar y la mina fue nombrada Nuestra Señora de la Soledad, mientras que el real de minas recibió el nombre de Santa Eulalia de Mérida en honor a la santa.
Actualmente este espacio es considerado como un monumento histórico, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
FUENTES:
«Nueve leyendas de Chihuahua«, editado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
De 2019 a 2023, durante el gobierno de López Obrador, ingresaron a las morgues 34,699 cuerpos que permanecen sin identidad. Aunque el presidente prometió atender de manera prioritaria la crisis forense y las desapariciones de personas —que en este sexenio suman 51,791 víctimas—, las iniciativas para enfrentarlas: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y el Banco Nacional de Datos Forenses, fueron desmanteladas o no se concretaron
En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre.
En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
Este rezago en la identificación de cuerpos por parte de las instituciones, denominado “crisis forense”, condena a miles de familias a transitar de morgue en morgue para descubrir pistas que conduzcan a sus seres queridos.
Revisan cientos de fotografías de cuerpos marcados por la violencia. Es como “estar en el inframundo”, dice José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). “Son cuerpos mutilados con saña que te dejan sin comer diez, quince días. Que te dejan con pesadillas. No hay apoyo psicológico”.
De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.
Este lunes, López Obrador visitó Matamoros para inaugurar un monumento dedicado al revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Una misión ordenada por el presidente en 2022, con un costo de más de 9.5 millones de pesos, permitió hallar un fragmento de hueso del periodista tamaulipeco en una isla de Bocas del Toro, Panamá, donde murió en combate en 1895, y lograr su identificación, según una investigación de Animal Político.
A diferencia de lo ocurrido con el opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien el mandatario dedicó un libro biográfico, para decenas de miles de cuerpos no ha habido recursos ni personal que haga posible establecer su identidad.
En el actual sexenio han desaparecido 51,791 personas, el 44.8% de las 115,591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora.
El número supera a las 32,885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16,931.
Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10,185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad.
El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19,680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.
Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
Los datos muestran que 13,272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8,139 víctimas anónimas.
En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidosrevelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar.
Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52,004 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.
La incertidumbre de que entre las víctimas pueda estar el familiar desaparecido “es una tortura psicológica”, dice Ugalde, quien localizó sin vida a su hijo José Esaú Ugalde Vega tres meses después de su desaparición en septiembre de 2015. “Es un tema terrible. Una desesperación, un dolor, una rabia y un coraje”.
En algunas ocasiones, esta tragedia alcanza visibilidad mediática, como ocurrió con el caso de Virginia de la Cruz, quien el pasado 11 de julio denunció ante el Congreso de Zacatecas que, durante ocho meses, el Semefo no le avisó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López.
El cadáver del joven de 21 años estuvo bajo su resguardo desde noviembre de 2023, cuando se reportó su desaparición.
La crisis forense en México refleja una cruel paradoja: personas que buscan a quienes el gobierno ya encontró.
Las historias incluyen a jóvenes cuyos cuerpos fueron extraviados por las autoridades en una fosa común —como pasó con el adolescente Cosme Humberto Alarcón Balderas en Coahuila y la joven Gemma Mávil Hernández en Veracruz— o donados a universidades para que sus estudiantes de Medicina hagan prácticas, y a madres que han recibido incompletos los restos de sus hijos —como Nancy Bustos, quien descubrió en un pozo de la localidad Ojo de Agua, en Jalisco, el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, que los peritos no habían encontrado—, o los han tenido que recuperar por fragmentos tras revisar cientos de fotografías y exigir que se realicen las pruebas necesarias —como Lupita, también de Jalisco, que reunió hueso por hueso los restos de su hijo tras consultar los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)—.
Atender el rezago y las malas prácticas en la identificación de cadáveres podría dar respuesta a miles de familiares de personas desaparecidas, como Luz Aidé Ochoa Zárate, quien sospecha que uno de los cuerpos enterrados en fosas comunes de cementerios municipales a los que la autoridad no ha devuelto el nombre pertenece a su hijo Jordan Yahir.
El joven de 19 años fue desaparecido junto con su hermano menor Jocksan Gabriel Hernández Ochoa por policías estatales en Cardel, Veracruz, en septiembre de 2015.
Tras años de búsqueda, en noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó a Ochoa que el cuerpo de Jocksan había sido encontrado cinco meses después de que fue denunciada su desaparición.
Aunque la institución contaba con muestras de ADN de familiares del estudiante de 18 años, lo mandó a una fosa común del panteón municipal de Actopan.
Jocksan salió del anonimato por casualidad, pues su cuerpo fue exhumado mientras la fiscalía investigaba otro caso.
Por eso, Ochoa cree que en esa misma fosa podría estar Jordan Yahir. “Yo luego voy a Xalapa y ando preguntando, porque yo ya no quería esperar más tiempo, porque a mi hijo [Jocksan] ora sí que lo encontraron muy rápido de su desaparición, a los meses, y tardaron muchos años para que él pudiera regresar. O sea que me pudieron haber evitado todo ese sufrimiento”, dice la mujer.
Desde diciembre de 2023, Ochoa solicitó a la fiscalía estatal que busque a Jordan Yahir en la misma fosa en que hallaron a su otro hijo.
Las autoridades le respondieron que están exhumando más cuerpos de ese lugar, pero las familias buscadoras veracruzanas no han sido informadas. “No tengo la certeza de si realmente están trabajando”, dice la madre, quien es integrante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.
La dimensión del rezago
De las 72,172 víctimas sin identificar registradas hasta 2023, el 73% (52,414) son hombres, y el 8% (5,887) son mujeres. Del 19% (13,871) restante no se reporta el sexo.
La mayoría de los cadáveres se concentran en cinco entidades: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, de donde provienen 6 de cada 10 cuerpos, 43,813 en total. Baja California ocupa el primer lugar; hasta diciembre de 2023 había 13,940 personas fallecidas en espera de ser sacadas del anonimato por peritos forenses.
“[El problema de los cuerpos sin identidad] se ve acrecentado en Baja California debido a la situación geográfica: es un estado fronterizo donde muchas personas están en tránsito, [hay] mucha población flotante que fallece estando en nuestro estado y no logra ser identificada, no logran ser reclamados”, explica César Raúl González, director del Semefo del Poder Judicial de ese estado, entrevistado hace un año.
La crisis se agudizó en Querétaro, Quintana Roo y Sonora, tras triplicarse en 2023 el número de cadáveres sin identificar registrados en el informe del MNDM en 2020, mientras que en Nayarit la cifra se duplicó.
Los Semefos de otros quince estados —además de los de Quintana Roo, Nayarit y Sonora— han registrado más de mil cuerpos sin identificar. Solo Campeche y Tlaxcala reportan menos de cien cadáveres NN.
El rezago forense en México es un caso único, considera José Pablo Baraybar, coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), porque “combina factores de violencia permanentes que continúan actuales, que producen una mortalidad específica [y rebasan la capacidad de los Semefos].
Tiene, además, el elemento migratorio que forma parte de esta violencia articulada y contribuye también a esa mortalidad y, sobre todo, tiene un sistema fragmentado. Es la tormenta perfecta en todos los niveles”.
La fragmentación, explica el antropólogo forense, consiste en que varias áreas de las fiscalías pueden trabajar en el levantamiento de los cadáveres, su estudio, y la investigación de los casos de homicidio y desaparición sin compartir información entre ellas.
En ocasiones, los cuerpos de las víctimas desaparecidas son encontrados en otro estado, y eso provoca que la coordinación sea aún más complicada entre las distintas autoridades.
Carla Palacios Flores, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, ilustra el problema con el caso de un hombre de Querétaro —cuya familia pidió no publicar el nombre— que en febrero de 2021 desapareció en la frontera mientras viajaba a Estados Unidos.
Después de recibir el reporte de desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua no verificó que la fiscalía local iniciara una investigación ni consultó los registros del Ministerio Público de personas fallecidas no identificadas, a los que tiene acceso.
La fiscalía tampoco comunicó a la comisión que había encontrado un cuerpo con características similares a las del hombre desaparecido; esta falta de coordinación hizo que fuera enterrado en una fosa común.
“Nuestra principal denuncia en ese momento era: ¿por qué si la comisión local de búsqueda tenía información del caso […] no se realizó una identificación adecuada y oportuna?”, plantea Palacios Flores. “Esa era la furia de la familia”.
El creciente rezago forense a lo largo de tres sexenios significa para Baraybar que ya no se debería considerar una crisis, sino un problema crónico.
“Una crisis requiere soluciones críticas, soluciones extraordinarias, soluciones masivas. Entonces habría que plantearse, tal vez, si no debemos pensar o repensar el problema fuera de la óptica crítica y más bien [hacerlo desde] la óptica crónica”.
Uso de fosas comunes
En las fosas comunes de los panteones del país yacen 48,108 cuerpos sin identidad, el 67% del total; en promedio, ese es el destino de 2,500 cadáveres NN al año. Su uso se ha multiplicado desde que comenzó la “guerra contra las drogas”, una estrategia que provocó el aumento de víctimas de homicidio, lo que derivó en una saturación de los servicios forenses.
Los estados con mayor número de cuerpos NN en fosas comunes son Baja California con 13,490; el Estado de México con 8,836, y la Ciudad de México con 4,817 —en el Panteón Civil de Dolores—; junto con Jalisco y Chihuahua, estas cinco entidades concentran el 47% del total. Son también los estados que acumulan más cuerpos sin identificar.
Los Semefos de algunas entidades envían a la fosa común casi la totalidad de los cuerpos que reciben. En Yucatán enterraron 479 de los 492 cadáveres que llegaron a sus morgues, el 97%, el mismo porcentaje que en Baja California, donde se inhumaron 13,490 de 13,940 víctimas anónimas. En Nuevo León y el Estado de México, se enterró el 95%.
La saturación de los Semefos a causa de la violencia provocó que las autoridades recurrieran a “morgues itinerantes”. En 2018 descubrieron en Jalisco 322 cuerpos NN en dos “tráileres de la muerte”, ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y en el estacionamiento del IJCF.
En Tijuana, donde según González reciben en promedio 15 cadáveres al día, también recurrieron a este tipo de contenedores. “[Cuando se saturó el Semefo] nos vimos en la necesidad de tener y resguardar cuerpos en un Thermo King, un tráiler refrigerado”, reconoció el funcionario.
Ante el limitado espacio en los refrigeradores de las morgues, la “solución” durante más de 15 años, desde que inició la “guerra contra las drogas”, ha sido enterrar cadáveres.
El Comité Internacional de la Cruz Roja no recomienda que los cuerpos sean enviados a una fosa común, explica Baraybar. “Es muy diferente hacer entierros individuales, hacer nichos y que la persona esté identificada, pues sabes dónde está, sacarla es muy fácil”.
El desmantelamiento del MEIF y el CNIH
En algunos estados, la saturación de las morgues generó medidas que terminaron en tragedia, como la incineración de 1,381 cuerpos NN entre 2006 y 2015 por el IJCF. Este caso no ha sido investigado por la fiscalía estatal, señala Jonathan Ávila, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien advierte: “Posiblemente […] no se pueden identificar por el proceso de incineración y trituración de los restos”.
Según la investigación “Crisis forense”, publicada por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos en 2020, este drama está compuesto por diversos factores, como el incremento de los homicidios a raíz de la violencia generada por la delincuencia organizada y la confrontación de estos grupos con las fuerzas de seguridad; un insuficiente número de peritos especializados en identificación humana y la baja inversión en servicios periciales por parte de los gobiernos estatales; la falta de herramientas para compartir información entre fiscalías sobre las personas desaparecidas y los cuerpos NN, y el registro inadecuado y algunas veces nulo de cada cuerpo para saber con precisión dónde está.
Con la llegada de AMLO a la presidencia, las familias de las víctimas de desaparición renovaron sus esperanzas. El sexenio comenzó con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la existencia de una “emergencia forense” y de que México era “una enorme fosa clandestina”.
Para dar respuesta a esa crisis humanitaria, el gobierno creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) a finales de 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en mayo de 2022. El objetivo era agilizar las identificaciones que las fiscalías no habían logrado realizar.
Las otras apuestas, establecidas en la Ley General en Materia de Desapariciones, que son el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, le corresponde implementarlas a la FGR, pero aún no existen o funcionan parcialmente.
Estos instrumentos permitirán que la información de los cuerpos NN del país, y la entregada por las familias buscadoras a cada fiscalía, sea comparada periódicamente, lo que ayudará a lograr miles de identificaciones.
El proceso de conformación del MEIF —que se encargaría de realizar peritajes con fines de identificación a los cadáveres NN que ingresaron a los Semefos antes de la creación del organismo en 2019— fue lento; llevó casi dos años, hasta el 30 de agosto de 2021, elegir a un grupo coordinador de siete especialistas.
En contraste, su desarticulación fue acelerada: en febrero de 2023, tres integrantes habían renunciado y a otros tres no se les renovó el contrato. Del grupo inicial, solo el forense colombiano Jairo Vivas permaneció en el organismo, que únicamente firmó convenios de colaboración con las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
En los demás estados, las autoridades ministeriales alegaron que la falta de personalidad jurídica les impedía establecer acuerdos con el mecanismo o simplemente no respondieron al llamado de cooperación porque no estaban obligadas a hacerlo.
En abril de 2024, al forense Vivas tampoco se le renovó el contrato. Desde entonces, el MEIF se quedó sin coordinadores.
“Me imagino que al gobierno no le gustó que este mecanismo fuera creado por las familias y para las familias. No era una creación de Estado y se dedicó a desmantelarlo”, afirma Ugalde, el vocero del MNDM.
Este es el sexenio con mayor número de desapariciones: 51,791 personas, el 44.8% de las víctimas. En la imagen, acto del MNDM en el Ángel de la Independencia para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. (ObturadorMX)
El CNIH, anunciado como un proyecto único enfocado a la identificación masiva de cuerpos, es decir, a partir de la comparación automatizada de miles de datos de los cadáveres NN y de las personas desaparecidas, desalojó este año su sede en Xochitepec, Morelos, y su personal se redujo de 59 a 33 especialistas.
Como sucedió con el MEIF, al centro lo desmantelaron antes de que tomara vuelo. Un oficio obtenido vía transparencia informa que, hasta el 31 de mayo de 2024, el CNIH apenas había logrado 22 coincidencias del cruce de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y cuerpos NN, que derivaron en 14 identificaciones. A través del análisis de huellas dactilares, el centro logró ocho identificaciones más.
Al igual que el mecanismo, el CNIH no tiene bajo su resguardo ninguno de las decenas de miles de cuerpos que debe identificar. Su función se limita actualmente a auxiliar a las fiscalías o comisiones estatales de búsqueda que solicitan su colaboración.
“El CNIH notifica y proporciona toda la información relacionada con una coincidencia, ya sea genética, lofoscópica [mediante la comparación de huellas dactilares] o [de] análisis post mortem [a partir del estudio de los cadáveres], siendo tarea de las fiscalías concluir una coincidencia en identificación”, indica el oficio.
La directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), Roxana Enríquez, señala que un factor determinante para la operatividad tanto del MEIF como del CNIH era contar con facultad jurídica; eso les hubiera permitido realizar labores de identificación en los cuerpos que resguardan las fiscalías.
Sin esa posibilidad, dice la especialista, no hay forma de que las instituciones forenses —que en su mayoría forman parte de las fiscalías— compartan información sobre los cadáveres NN. “Son buenas ideas [el MEIF y el CNIH], pero con una ejecución muy deficiente”.
La nueva apuesta, impulsada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), es la entrega de 300 escáneres portátiles de huellas dactilares a comisiones de búsqueda y fiscalías estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos equipos, financiados por el gobierno alemán, permiten obtener una imagen de la huella dactilar en un formato compatible con el que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE) en el padrón de votación.
La alternativa no es nueva y tampoco ha dado resultados a gran escala. Entre 2016 y julio de 2024, 28 fiscalías estatales y la federal, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNB, realizaron 78,523 solicitudes al INE para comparar huellas dactilares. Solo 25,271, el 32.1%, tuvieron una coincidencia con el padrón electoral; de ese número, únicamente en 11,242, el 14.3%, un perito de la fiscalía pudo confirmar la coincidencia, según un informe del instituto.
El INE advierte que, además de la confirmación del perito, se requiere “localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada”. Esta cifra final se desconoce.
En un comunicado del pasado 13 de septiembre, la Segob y la CNB aseguraron que “[…] mediante los procesos de identificación con la técnica de lofoscopía, en los que se utilizaron escáneres de huellas digitales, se identificaron 14 personas con vida y 178 fallecidas”.
Baraybar explica que el cruce de huellas dactilares es esencial cuando la persona fallecida todavía está en el Semefo. Pero el método tiene limitaciones: en el padrón electoral figuran ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que han obtenido su credencial para votar, es decir, no es útil para encontrar menores de edad o a las miles de personas migrantes desaparecidas que pueden haber perdido la vida.
Otro problema es que no existan huellas dactilares en el expediente de los cuerpos NN porque no se tomaron, o si lo hicieron, la imagen esté empastada, invertida o mal conservada.
Para los casos de víctimas que no son recientes, la comparación con el padrón electoral solo da pistas para la identificación. “Yo tengo la huella en mis archivos y la mando al INE, que me dice: ‘Sí, en efecto, se llama fulano de tal’.
La pregunta ahora es: ¿Y el cuerpo dónde está? Cuando lo saquen, ¿cómo sé que es el cuerpo que corresponde a las huellas? El cuerpo ya no tiene huellas, es un esqueleto”, dice el especialista peruano. “Si yo en la época no conseguí realizar un estudio de ese cuerpo [para] saber si era hombre o mujer, o cuánto medía, va a ser bien complicado porque voy a estar comparando peras con manzanas. Acá tengo huella [en el archivo], pero acá ya no tengo huella [en el cuerpo]”.
Hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina del Cerro de la Estrella, en Jacona de Plancarte, Michoacán, el pasado junio. (Santiago Reyes/ObturadorMX)
Los retrasos de la FGR
Durante el gobierno de Peña Nieto, las familias buscadoras lograron que en la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada a finales de 2017, se estableciera la creación de herramientas para agilizar las identificaciones: el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, ambos a cargo de la FGR.
El programa nacional debe contener la metodología que permita realizar una revisión exhaustiva de las investigaciones ministeriales y los documentos forenses sobre los cuerpos NN.
Busca saber cuántos son, en qué panteones están enterrados, elaborar un listado de lugares de inhumación clandestina, y determinar qué estrategias regionales o locales existen para desenterrar los cadáveres y poder ubicarlos para su posterior identificación.
Desde 2019, la FGR solo ha reportado como avance la realización de un diagnóstico, actualizado en 2023, que es el primer paso para elaborar el programa.
El BNDF permitirá realizar identificaciones de manera masiva, al comparar los datos de las personas desaparecidas con los de quienes fallecieron sin ser identificados. Esta herramienta debe incluir el Banco Nacional de Información Genética y los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.
Aunque debió crearse en 2019, la FGR incumplió este mandato hasta que fue obligada por una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que falló en abril de 2023 a favor de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.
La activista alegó que la falta del BNDF violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia porque los perfiles genéticos que dio su familia a la FGR —que investiga la desaparición— no se estaban comparando con la información genética de los cuerpos sin identidad del país.
Montoya destaca que el BNDF ayudará a todas las familias buscadoras de México, y también de Centroamérica, porque tendrán la certeza de que la persona desaparecida no llegó a la morgue de otro estado.
“Esa herramienta nos garantiza que nuestro familiar sea buscado a nivel nacional verdaderamente, porque la realidad es que todavía las familias peregrinan de fiscalía en fiscalía llevando sus pruebas genéticas”.
La sentencia del tribunal es inapelable para la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien deberá concretar el BNDF en el próximo sexenio, pero su cumplimiento va lento. Según datos obtenidos por transparencia, en marzo de 2024 el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas solo incluía información de 490 cuerpos NN de los 72,172 que hay en el país.
“En pláticas entre colectivos, nos hemos dado cuenta de que hay fiscalías que todavía no proporcionan toda la información”, lamenta Montoya.
Protesta de familiares de personas desaparecidas realizada en agosto de 2022 para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. (Aranza Bustamante/ObturadorMX)
¿Cómo regresarlos a casa?
A diferencia de países como Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador o Perú, que padecieron dictaduras o guerras internas con miles de víctimas, en México no se vive un “periodo posconflicto” en que las desapariciones y los cadáveres NN puedan disminuir, advierte Baraybar, miembro fundador del Equipo Peruano de Antropología Forense.
“No hay soluciones técnicas mágicas que resuelvan el problema en un año o en dos”, subraya, “o [que permitan] decir ‘nuestros indicadores ahora van a ser 5,000 identificaciones por año’”. Por eso, coincide con Enríquez en que la solución a la crisis forense requiere evaluar las políticas del pasado y pensar en medidas a largo plazo que se adecuen a los problemas regionales.
La suma de técnicas, agrega Baraybar, como la comparación de perfiles genéticos, de huellas dactilares u otro método que surja, son solo una parte de la solución. Para resolver el problema es necesario saber cuáles son las dificultades para la identificación a un nivel micro o regional.
“Lo que nos falta es la granularidad para entender la dimensión del problema, que no es la misma en todos los estados, y habría que entender [también] qué sí ha funcionado”.
A partir de ese diagnóstico detallado, dice, tendría que diseñarse y aplicarse una política pública que contemple los especialistas, la infraestructura y el presupuesto necesarios en cada región. Enríquez agrega que la falta de investigaciones por parte de las fiscalías sobre las desapariciones y los hallazgos de cadáveres en lugares como fosas ilegales o predios donde se incineraron cuerpos o se diluyeron en ácido, conocidos como sitios de clandestinidad o exterminio, dificulta que los forenses puedan identificar a las víctimas.
“Hasta ahora se ha recuperado una gran cantidad de cuerpos de personas fallecidas no identificadas en estos sitios de clandestinidad y no sabemos nada de esos lugares.
No sabemos a partir de cuándo funcionaron ni tenemos análisis de contexto para elaborar hipótesis de quiénes podrían encontrarse en estos sitios, cuáles son los grupos que están operando, cuál es el perfil de las víctimas y, con ese antecedente de información, poder perfilar algunas hipótesis de identificación”, explica la directora del EMAF.
Involucrados desde hace años en el trabajo de los Semefos como parte de sus búsquedas, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tienen ideas claras sobre lo que hace falta para paliar la crisis forense.
“[Las autoridades] no tienen los protocolos, no tienen el presupuesto, no tienen el personal, no están los centros regionales con capacidad de hacerlo [las identificaciones]. No existe la infraestructura y eso tiene que ver con voluntad política y coordinación entre autoridades. Eso sería fundamental para regresarles a casa”, argumenta Ugalde.
“Todos tenemos derecho a tener una identidad, y a ellos, lo primero que les quitaron al ser desaparecidos fue su identidad”, defiende Montoya. La buscadora lamenta que a los cuerpos NN se les vea solo como números. “Incluso dentro de las fiscalías son tratados como objetos, ya no como personas. Llegan y dicen ‘es un grupo de restos óseos’.
Pero siguen siendo un ser humano, una persona que tuvo una familia y que, por una condición externa, fue desaparecida”. Por eso, devolverles el nombre, afirma, no solo es un acto de humanidad o un derecho de las víctimas, también es un acto de amor.
La base de datos, la nota metodológica y los documentos originales entregados por las autoridades forenses pueden descargarse en el siguiente enlace: https://quintoelab.org/project/crisis-forense-2024
*Foto de portada: La Ciudad de México es el tercer estado con mayor número de cuerpos NN enterrados en fosas comunes: 4,817 en el Panteón Civil de Dolores. (Brigette Reyes/ObturadorMX)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Mayela Sánchez: Periodista independiente enfocada en la cobertura de temas sociales, ambientales y urbanos con perspectiva de derechos humanos. Combina su trabajo periodístico con la producción de podcasts, y actualmente es consultora del equipo de comunicaciones de la organización AIDA.
Efraín Tzuc: Es periodista e investigador. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org, asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y cocoordinador de la plataforma Yucatán Feminicida. También es becario de la iniciativa ¡Exprésate! del International Women ‘s Media Foundation (IWMF).
A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, integrantes de diversos colectivos en Ciudad Juárez realizaron un evento político-cultural en conmemoración de este hecho.
El evento fue convocado por integrantes de FEDEFAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Bloque de Izquierda Independiente, Frontera Palestina y RESISSSTE.
Gero Fong, integrante de los colectivos Bloque de Izquierda Independiente y Frontera Palestina, indicó que tanto las investigaciones independientes como las gubernamentales han señalado directamente la participación del EjércitoMexicano en los hechos, pero el Estado Mexicano ha interrumpido el proceso, negando justicia a las familias.
«Por las declaraciones que se han hecho por, digamos las tendencias que se han visto, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, lo único que podemos esperar es que vaya a seguir habiendo impunidad para el Ejército», señaló.
En la manifestación participaron entre 15 y 20 personas / Foto: José Luis Del Real
El activista también abordó la militarización del país, especialmente tras la reforma que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Indicó que esta medida beneficia principalmente a los intereses empresariales, ya que garantiza la represión y la continuidad de negocios que muchas veces implican el desplazamiento de poblaciones y la represión de voces críticas, incluidos periodistas.
«No dice nada de si el Ejército es bueno para actuar en las comunidades indígenas en las comunidades campesinas, entonces desde el punto de vista del empresariado, ellos están contentos con la militarización porque la militarización asegura la represión, asegura que los negocios continúen que son negocios en donde a veces es necesario limpiar poblaciones, asesinar periodistas incómodos», afirmó.
El padre de Esmeralda Castillo, desaparecida hace 15 años, se sumó a la protesta / Foto: José Luis Del Real
En la manifestación participaron miembros del Bloque de Izquierda Independiente, quienes abogan por la creación de una organización independiente del gobierno que luche contra la militarización y por los derechos humanos.
También Frontera Palestina, por su parte, enfoca su lucha en la exigencia de que México rompa relaciones diplomáticas con Israel, al que acusan de genocidio en contra del pueblo palestino y FEDEFAM, una organización que está buscando desaparecidos políticos desde los años setentas.
En las mantas que utilizaron los manifestantes persiste el reclamo de ¿Dónde están los 43? / Foto: José Luis Del Real
Fong indicó que, en este contexto, los colectivos han convocado a una manifestación binacional el próximo 5 de octubre, en el marco de la jornada global de apoyo al pueblo palestino.
En esta protesta, exigirán nuevamente que Estados Unidos deje de apoyar lo que llaman «terrorismo de Estado» perpetrado por Israel.
A una década de la desaparición de los 43 normalistas, la “verdad histórica” que tanto daño causó a las familias regresa en las acciones del actual gobierno que, lejos de resolver lo ocurrido, falsifica pruebas para cerrar el caso, se entromete hasta dinamitar el proceso judicial, protege a los militares para que no sean culpados ni den la información que ocultan, ignora la montaña de evidencia científica sobre el crimen de Estado, lanza conclusiones basadas en testigos mentirosos y desacreditados y favorece el eterno retorno de la impunidad
“El peso más grande. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: ‘Esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo; sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento, y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión: y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas, y así también este instante y yo mismo.¡El eterno reloj de arena de la existencia se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo!’”, Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia
Al parecer, estamos condenados. El demonio se ha deslizado furtivamente en la más solitaria de nuestras soledades y estamos viviendo lo que ya hemos vivido, y lo estamos viviendo aun otra vez e innumerables veces.
Cada dolor y cada espanto, cada análisis y cada prueba arrojada ante las mentiras, y cada invento y cada escenario falso, y cada fabricación y cada negación. Estamos atrapados, como siempre lo hemos estado.
La clase política endemoniada ha dicho que sí al famoso planteamiento del filósofo alemán, ha dicho que sí quiere seguir viviendo en la misma impunidad de siempre, que podrá vivir toda la eternidad en la repetición constante de las mismas mentiras, el mismo encubrimiento de los crímenes de Estado, los mismos ciclos de opresión y represión.
¿Una cuarta transformación? Aquí reina el eterno retorno de la impunidad.
Es el ocaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cumplen diez años de la atrocidad cometida por policías, soldados y sicarios en Iguala, Guerrero, y la investigación oficial de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelve a su origen: el basurero de Cocula y la “verdad histórica”.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
De la “verdad histórica” de Peña a la “verdad histérica” de López Obrador
He detallado en otros textos cómo el gobierno de López Obrador operó en 2022 para cerrar filas alrededor de los militares, ejercer un control político sobre la investigación del caso Ayotzinapa y quitar del camino a quienes insistieran en seguir investigando conforme a la ley. Aquí haré solo un breve resumen.
López Obrador ordenó al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, preparar un informe sobre el caso. Este fue elaborado en secreto, a espaldas de las familias —que también forman parte de la Covaj—, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del propio fiscal especial del caso.
El informe fue presentado en agosto de 2022 ante las familias —a las que causó un daño profundo al incluir supuestos chats de los perpetradores que narraban una historia de horror respecto al destino de sus hijos— y rápidamente desacreditado por basarse, una gran parte, en información falsificada: esos mismos chats.
López Obrador mandó arrestar al exprocurador Jesús Murillo Karam la misma semana de la presentación del informe de la Covaj, aunque la investigación y la consignación en curso no estaban listas. Luego, para cumplir con su orden, el fiscal general Alejandro Gertz Manero obligó a renunciar al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y a casi todo su equipo durante el mes de septiembre de 2022. Estas intromisiones provocaron la renuncia en octubre de dos miembros del GIEI.
Dos se quedaron para avanzar en la investigación, pero presentaron su dimisión junto con un sexto informe en julio de 2023, que mostraba las repetidas mentiras y la cerrazón total del Ejército respecto a la documentación existente en sus archivos y las acciones de los militares durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El presidente reconoce su manipulación del caso —insiste en que no hay nada malo en ello— en su libro ¡Gracias! En el apartado que dedica a Ayotzinapa (páginas 518 a 535), López Obrador cuenta esta misma historia: “Desde principios de 2022, empecé a solicitarle a Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que se apurara en los interrogatorios y en la búsqueda [de los normalistas] y que se elaborara, con la información obtenida hasta entonces, una primera versión que ayudara a esclarecer lo realmente sucedido”.
Cabe recordar que, a inicios de 2022, el GIEI presentó su tercer informe al gobierno y a las familias, del que solo se hizo público un resumen. Ese informe incluía documentos encontrados en los archivos del Ejército y de la Marina, así como videos de un dron de la institución naval que mostraban acciones ilegales de ambas instancias militares que habían sido ocultadas hasta entonces.
Sigue contando López Obrador en su libro: “En estas circunstancias, en el mes de agosto de 2022, Alejandro Encinas me presentó un documento titulado ‘Primer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa’, con dos anexos de sustento a la relatoría principal. Una vez leí el informe, me pareció creíble; invité al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a una reunión junto con Alejandro [Encinas] y Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, para pedirle al fiscal general que si consideraban suficientes las pruebas presentadas en ese informe, se procediera a elaborar la documentación respectiva para solicitar al juez las órdenes de aprehensión de 41 personas señaladas como presuntos responsables en el caso Ayotzinapa”.
El presidente lo narra como la cosa más natural e inocente del mundo, pero lo que cuenta es la intromisión política que dinamitó el caso jurídico más grande y emblemático de su sexenio. López Obrador confunde —a propósito, quizás— un informe de una comisión de la verdad con las pruebas que llevaba más de dos años trabajando la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Llama la atención que el mandatario no invitara al fiscal especial encargado del caso a su reunión, pero sí al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿para asegurar desde lo más alto que las órdenes de aprehensión serían otorgadas por el juez?).
Llama también la atención la manera en que López Obrador y Alejandro Encinas presentaron el informe a las familias: en un acto solemne, con la presencia del gabinete, distinto a cualquier encuentro previo; una puesta en escena para cerrar el caso y despedirse.
Y, sobre todo, llama la atención lo que ahora sabemos: ese informe realizado en secreto a petición de López Obrador y usado por el propio presidente para instruir al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia a tomar acciones en el caso, se basó en chats de WhatsApp falsificados.
Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, durante la presentación del informe de la Covaj, de la que era presidente, en agosto de 2022. (Paola Macedo/ObturadorMX)
Para intentar justificar lo injustificable, López Obrador recurre a una táctica común y nada sutil: culpar a las víctimas.
En este caso, el mandatario acusa a las personas que intentaron llevar a cabo una investigación imparcial —el fiscal al frente de la unidad especial Omar Gómez Trejo y su equipo, los abogados de derechos humanos que representan a las familias, los miembros del GIEI— de ser quienes buscaron poner obstáculos a la justicia.
Acusa también a Gómez Trejo y su equipo de negarse al arresto de Murillo Karam. Eso no es cierto: más bien, según lo que el exfiscal me dijo en entrevista, pedían tiempo, querían girar la orden de aprehensión con una acusación sólida y no porque el presidente buscaba un titular en los periódicos para acompañar a su informe apócrifo.
El jueves 18 de agosto presentaron el informe de la Covaj. Al día siguiente, policías federales detuvieron a Murillo Karam con una orden de aprehensión elaborada en dos días por abogados de Asuntos Internos ajenos a la investigación.
Ese mismo viernes 19 de agosto, la UEILCA giró 83 órdenes de aprehensión en el caso, 19 contra militares. Unas semanas después, el 13 de septiembre, en un acto sin precedentes, y con la oficina de la UEILCA invadida por Asuntos Internos, la fiscalía canceló 21 de esas órdenes de aprehensión, 16 contra militares.
López Obrador, entonces, acusa al equipo de la UEILCA de querer “reventar la instrucción incluyendo [en las órdenes de aprehensión] a más militares” que los cinco mencionados en el informe de la Covaj.
Es de no creerse: el presidente acusa al fiscal especial del caso de buscar “reventar” un procedimiento judicial por emitir órdenes de aprehensión contra militares, basadas en pruebas recabadas en más de dos años de trabajo, porque considera que se excedió en el número.
¿Cómo sabe eso López Obrador? Porque Gómez Trejo judicializó a más militares que los citados en un informe sin validez jurídica y basado en pruebas falsificadas.
El presidente acusa además a las organizaciones de derechos humanos que han apoyado a las familias desde el día de los ataques en contra de sus hijos de ser “de corte conservador y religioso vinculadas al senador filopanista Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un organismo que prácticamente está al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Para López Obrador, estas organizaciones y “algunos integrantes del grupo internacional de asesores, mejor conocido como GIEI”, que él mismo invitó a volver al país, quisieron desprestigiar a la institución castrense y así apoyar los intereses del gobierno de los Estados Unidos en México.
Fue así como, en 2022, pasamos de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto a la “verdad histérica” de López Obrador: un intento de cerrar el caso igual de falso e insidioso, pero ahora con el agregado de que es el presidente de México quien se presenta como la víctima de un complot internacional.
Tal es su descaro, que repitió la torcida fantasía que publica en su libro en un “reporte” personal dirigido y entregado a las familias en julio de 2024 y en un refrito del mismo fechado hoy, el día del décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes.
“Usted, sr. presidente”, escriben las madres y los padres de los 43 normalistas en una carta pública en respuesta al reporte de julio de López Obrador, “nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. […] Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. […] Nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada”.
Pero López Obrador, durante su sexenio y en su refrito de reporte de este 26 de septiembre, se preocupa más por denunciar al ex fiscal especial, a su equipo, al GIEI y a la periodista Anabel Hernández —de las siete páginas que escribe, 2.5 son una cita del libro que publicó sobre Ayotzinapa—, que por las familias y los desaparecidos.
En el informe y los cinco anexos que publica hace una sumatoria de cifras (reuniones, búsquedas en campo, declaraciones de testigos) en vez de cumplir su promesa de investigar hasta llegar a la verdad de los hechos y dar con el paradero de los estudiantes.
Un letrero en la entrada a Tixtla recuerda en junio de 2015 la exigencia de hallar con vida a los estudiantes. (John Gibler)
La evidencia inconveniente
En su libro ¡Gracias!, López Obrador expone su teoría del caso: “Considero que la desaparición y crimen de Iguala no fue ordenado por el presidente, ni por el secretario de la Defensa, ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamentalmente de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”.
Esta “consideración” de López Obrador —que repite la versión de la “verdad histórica”—, sin embargo, tiene un grave inconveniente: la evidencia. Ha quedado documentada desde hace años la participación de policías municipales, policías estatales, policías ministeriales del estado y policías federales en los ataques en Iguala y la desaparición de los estudiantes.
Pero el problema mayor de la argumentación del presidente respecto a la desaparición de los normalistas es el Ejército.
Durante el sexenio de López Obrador, el GIEI encontró documentos militares, testimonios de testigos y análisis de telefonía de los militares en Iguala correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 que muestran que el Ejército observó y monitoreó los ataques y la desaparición de los estudiantes en tiempo real a través de agentes infiltrados, personal de inteligencia, el control del sistema de vigilancia C4 en Iguala, y patrullajes por los diferentes lugares de los hechos durante toda la noche. Y que el Ejército mintió sobre lo anterior durante años, y sigue mintiendo.
López Obrador no habla de esta documentación ni en su libro, ni en su reporte a las familias, ni en sus mañaneras. Miente.
Dice que el Ejército entregó toda la documentación que existe, aunque faltan, por lo menos, 835 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala, fechados entre el 30 de abril y el 22 de octubre de 2014.
Dice, sin presentar evidencias, que los abogados de derechos humanos y el GIEI quieren desprestigiar a la institución castrense.
Sus maniobras discursivas —la evasión, la negación, la mentira, la tergiversación— son transparentes. Mientras las familias piden algo concreto, como los 835 documentos del CRFI, López Obrador repite su mentira: “No es cierto que el Ejército no entregó todo”.
Mientras el GIEI comparte en su sexto informe el análisis de la telefonía de los militares del Batallón 27 en Iguala durante las horas del ataque, que muestra cómo mintieron durante años y cómo sí salieron constantemente a patrullar las zonas donde se llevaron a cabo las desapariciones, López Obrador escribe: “El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza, y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”.
Más bien, reducir la documentación, los testimonios y la evidencia del caso a un “señalamiento al Ejército, sin pruebas”, es un claro intento de blindar y encubrir a la institución que López Obrador ha cobijado y empoderado durante su gobierno como ningún otro presidente en la historia (el 25 de septiembre el Senado aprobó la adscripción militar de la Guardia Nacional, completando la militarización de la policía federal).
En su libro, el presidente incluye citas de tres fuentes como respaldo a su teoría del caso. Presenta primero la transcripción parcial de unos mensajes interceptados entre Gildardo López Astudillo —jefe local de Guerreros Unidos en 2014 que participó en la desaparición, fue torturado para apoyar la “verdad histórica”, absuelto por ser víctima de tortura y luego se convirtió en testigo del caso con la UEILCA— y Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía municipal de Iguala cuando ocurrieron los hechos. Los mensajes prueban su participación en el crimen. Y para nada contradicen la evidencia que existe sobre la implicación de policías estatales, federales y militares.
En segundo lugar, incluye una transcripción parcial de mensajes interceptados entre Alejandro Palacios, jefe local de Guerreros Unidos en Huitzuco, y un hombre que no ha sido identificado, posiblemente un policía de Tepecoacuilco. En estos mensajes mencionan al Gil, apodo de López Astudillo.
Con estas dos fuentes, López Obrador busca que toda la responsabilidad por los ataques y la desaparición recaiga en López Astudillo, una persona que sí participó en los hechos, pero como una pieza de un entramado mucho más grande, como muestran las evidencias, que el presidente ignora o evade.
La tercera fuente del libro de López Obrador es la más extraña, un tal Neto, un testigo incluido en la investigación que miente de forma descarada. El presidente cita seis páginas enteras de las declaraciones del hombre con seudónimo Neto, en las cuales dice que los estudiantes fueron asesinados, mutilados e incinerados en hornos crematorios durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El mandatario repite el horror que cometió Murillo Karam con los videos de torturados que contaban mentiras, repite el horror que cometió Alejandro Encinas al leer ante las familias los mensajes de WhatsApp falsificados.
López Obrador publica una descripción falsa, horrorosa, del destino de los desaparecidos. En la misma carpeta de investigación en que se consignan las declaraciones de Neto, se encuentran los documentos que demuestran que miente: los informes entregados hace años por las funerarias y las empresas de gas de Iguala y de Cocula que prueban la imposibilidad de ese relato.
La periodista Marcela Turati también lo evidenció en febrero de 2015, cuando entrevistó a los dueños de las funerarias.
El sexenio termina con la ruptura de los familiares de los normalistas con el gobierno de López Obrador. En la imagen, posan en Ayotzinapa en 2022. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)
Volver a lo insostenible
Tomaron sus decisiones. En 2022 intentaron cerrar la investigación. Lograron sacar al fiscal especial y a su equipo y deshacerse del GIEI, cuyos integrantes se fueron del país después de publicar su sexto informe. Desde entonces, López Obrador se ha dedicado a defender su gobierno y al Ejército.
No es de sorprender que el 26 de agosto de 2024, un mes antes de cumplirse diez años de la desaparición de sus hijos, el grupo principal —porque el gobierno también logró con promesas y dinero, y después de muchos años de intentos, sembrar rencores y divisiones entre las familias— de madres y padres de los normalistas se parara de la mesa y diera por terminada toda relación con el gobierno de López Obrador. “Nada más era reunión por reunión, sin avances”, me dijo Luz María Telumbre, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, ese día. “Solo por sacarse la foto y decir ‘me reuní con los papás’, pero sin hacer nada. A este señor ni las gracias le vamos a dar”.
“Es la imagen del fracaso”, escribió el periodista Pablo Ferri. “Pese a los buenos resultados iniciales, todo se enfangó después”.
Y ahora la imagen del fracaso sigue enfocada en el descaro. Durante el mes de septiembre, el Gobierno federal volvió a detener a varias personas claves para la construcción inicial, y bajo tortura, de la “verdad histórica”.
Preocupa la reciente detención de Gildardo López Astudillo por un gobierno que ha mostrado una y otra vez su compromiso con la mentira. No cabe duda de que López Astudillo participó en la desaparición de los normalistas ni de que mezcló verdades y mentiras en sus declaraciones ante la UEILCA como testigo con identidad reservada.
Volverlo a interrogar no causa asombro: tiene todavía mucho que decir. Lo que inquieta es quién lo va a interrogar y en qué contexto, y bajo qué acuerdos. Descalificarlo u obligarlo a retractarse por completo de su anterior testimonio eliminaría al principal testigo (aunque no toda la evidencia) contra los militares.
La detención de Felipe Rodríguez Salgado —narcomenudista de bajo rango de Guerreros Unidos, detenido y torturado para apoyar la “verdad histórica”, que sale en el famoso video de Tomás Zerón de Lucio en que el exfuncionario lo amenaza de muerte—, sobre quien una fuente me dijo que le sembraron un arma para poderlo detener nuevamente, podría llevar al intento de resucitar, una vez más, alguna versión alternativa de la “verdad histórica”.
Parece que más detenciones de los miembros menores de Guerreros Unidos torturados y usados para armar la “verdad histórica” vienen en camino: el 10 de septiembre la Suprema Corte determinó reponer el proceso contra siete de ellos por el delito de delincuencia organizada.
Parece increíble. El gobierno de López Obrador ha descalificado la “verdad histórica” en repetidas ocasiones. Cabe suponer que el presidente ordenó la detención de Murillo Karam, como él mismo narra en su libro, por su participación en esos delitos de encubrimiento.
Y aun así, apenas el pasado 24 de septiembre, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos, informó que el Gobierno federal le comunicó que habían localizado nuevos restos humanos en Cocula.
Rosales contó: “Ayer en la noche estaban realizando el análisis de los restos encontrados en Cocula, pero nos pidieron que notificáramos al Equipo Argentino de Antropología Forense para que participara, pero las autoridades nos mandaron la notificación a las siete de la noche, diciéndonos que a las nueve realizarían la segunda etapa del análisis.
Este es un procedimiento irregular cuyo objetivo es evitar que el equipo forense que apoya a los padres y madres pueda participar en esta diligencia. Tememos que vayan a hacer un proceso adulterado respecto al reconocimiento de estos restos”.
Y así hemos vuelto, al cumplirse diez años de la desaparición forzada de los normalistas, diez años de mentiras e inventos y de desprecio, a enfrentarnos con un gobierno que se olvida de los chats de WhatsApp falsificados, que niega la existencia de los documentos militares ya descubiertos y los que no se han entregado, que ignora la montaña de evidencia científica sobre un crimen de Estado que llevan una década sosteniendo.
Es así que hemos vuelto al inicio: al basurero de Cocula, a “la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”, y a la permanencia de un demonio dentro del Estado mexicano que nos condena al eterno retorno de la impunidad.
*Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, en una reunión con los padres y madres de los normalistas en el Museo Memoria y Tolerancia. (Especial)
Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Hace exactamente diez años, el 26 de septiembre de 2014, el Estado Mexicano, en complicidad con el crimen organizado, desaparecía a 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero.
Este trágico suceso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del país, pero también en un llamado a la acción.
El fotógrafo juarense Francisco Servin recuerda cómo, tras enterarse de lo sucedido, decidió documentar una marcha masiva en silencio en Ciudad Juárez.
En busca de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa / Foto: Francisco Servin
“A unos días de eso, me regresé a la Ciudad de México y, estando ahí, le hablé a unas amigas periodistas que se encontraban en el lugar. Les pedí ayuda para llegar, me cuestionaron por qué quería ir. Contesté mis convicciones personales, y me dijeron que iban a hablar con el consejo de padres”, relató.
«Les conté que sentía la necesidad de apoyar con mi ojo, quería apoyar a los padres y acompañarlos en el duelo. Recordaba a mi madre y sus miedos de que me pasara algo lejos de casa.
Pensé en mis amigos periodistas, Melissa del Pozo, Raúl Linares, Vania Pigneut, Samuel Adams y muchos otros más de mi familia Spleen Journal. Pensaba en que, si me pasaba algo, ellos me buscarían y acompañarían a mi madre. Así que sentí una responsabilidad para estar con las mamás de los jovenes», dijo.
Protesta por los 43 normalistas desaparecidos / Foto: Francisco Servin
Pasaron unos días sin noticias, hasta que recibió una llamada inesperada. “¿Sigues interesado en ir?”, le preguntaron. Su respuesta fue un rotundo “sí”. Así comenzó su travesía.
“Tu camión sale a las 5, en la central de Taxqueña. ¿Cómo vas vestido?”, le indicaron. Francisco, sin dudar, preparó su morral de viaje, dejó atrás todo lo que tenía pendiente y se dirigió a la central.
Al llegar, una figura se acercó a él. “-Pako, soy Miguel. Sígueme.” Le entregó un pasaje y le pidió que abordara el autobús sin hablar hasta llegar a su destino.
El viaje hacia Guerrero: una tensión palpable
Al llegar, el cielo había llorado; la lluvia caía mientras Francisco y otros pasajeros salían de la terminal en un silencio que evocaba el sordo lamento de Ciudad Juárez en 2008.
“Miguel agarró un taxi y abordamos. Después de un tiempo subiendo una montaña, al dar una curva, Miguel le dice al taxista que se hiciera alto. Me dijo que me bajara. El miedo y la incertidumbre abordó mi pensamiento, pero tenía que confiar en la fuente de mi amiga”, recordó.
Una vez en la montaña, se despidieron. “El taxi se fue con Miguel, solo vi las luces rojas como desaparecían con la siguiente curva del camino; me quedé solo con la luz de la luna, viendo las estrellas como posibilidades de que algo pasara para mal”, narró Francisco.
Después de un tiempo en soledad, otra persona emergió de los arbustos.
Un joven sostiene una vela durante una protesta en Ciudad Juárez / Foto: Francisco Servin
“No recuerdo su nombre, solo que me dijo que lo siguiera. Y así lo hice. Caminamos por horas por la vegetación de la montaña en silencio. De repente, al atravesar unas ramas, pude ver la escuela con sus murales. Habíamos llegado”, relató.
Al llegar a la escuela aquella noche, le dieron café y lo guiaron a un cuarto para descanzar. Ahí era el cuarto de los jóvenes.
El periodista acompañó a las familias por dos semanas en Ayotzinapa, Cócula, Tierra Caliente, Tierra Colorada y Tlalpa / Foto: Francisco Servin
«Me habían compartido una de sus camas (…) Estar ahí acostado un rato pensando en cama de quién estaba, pensando en dónde estaba, en su madre y en ese sentir de incertidumbre que sentía personal de una manera que ya no sé cómo narrar», señaló.
En su travesía, Francisco acompañó a las familias y activistas por dos semanas, recorriendo Ayotzinapa, Cócula, Tierra Caliente, Tierra Colorada y Tlalpa.
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Cada paso en ese viaje significó un esfuerzo por honrar la memoria de los 43 desaparecidos y visibilizar la lucha de sus familias, un recordatorio de que, a pesar de la distancia y el tiempo, la búsqueda de justicia y verdad sigue viva.
Actualización 15 de septiembre 2025, a las 7:21 pm
En un acto de protesta contra la privatización de El Chamizaly los presuntos actos de corrupción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, tres juarenses, entre ellos, Maurilio García y Guadalupe Cruz se encuentran en huelga de hambre en la Ciudad de México desde hace unos días.
Los tres son integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal, con lo que buscan llamar la atención sobre la necesidad de que esta área sea declarada como Zona de Restauración Ecológica.
La protesta se centra en la preocupación por la integridad del parque y los proyectos que se están desarrollando bajo la administración municipal, dio a conocer Daniel Delgadillo Díaz, integrante de la agrupación.
Las mantas fueron colocadas en diversos espacios, incluido el Zócalo capitalino. En una de las mantas que los manifestantes han desplegado, se realiza la siguiente petición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: «Señor presidente: Por favor no se vaya sin regresarle El Chamizal a la Patria».
Con estas acciones los activistas pretenden expresar su compromiso con la lucha por la protección del parque y la oposición a cualquier intento de privatización que ponga en riesgo su legado ambiental y cultural, comentó Delgadillo Díaz.
Placa en el parque Público El Chamizal / Foto: Angélica Villegas
Lo anterior, luego de que el pasado 20 de junio concluyó el periodo de consulta del decreto para considerar al parque El Chamizal como Zona de Restauración Ecológica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo.
El análisis y el decreto de esta consulta aún no se publica de manera oficial, sin embargo, contempla que la restauración del parque dure cinco años, tras los cuales el proyecto será entregado a la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El activista indicó que entre los manifestantes se encuentra Maurilio García Rubio, ingeniero agrónomo y activista también de la Brigada Benito Juárez, quien ya lleva dos días en huelga.
Dijo que García Rubio ha dirigido su petición directamente a la Secretaría de Gobernación, la cual ha mostrado interés en su caso.
Según Delgadillo Díaz, representantes de Gobernación y Atención Ciudadana se han acercado a García para conocer sus demandas, solicitándole un documento formal en el que exponga las razones de su protesta.
En respuesta, el García Rubio entregó un escrito exigiendo que se investiguen las denuncias que ha presentado en contra del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, relacionadas con los presuntos daños ocasionados a El Chamizal.
“Él está en huelga de hambre porque denuncia los actos de corrupción que involucran al presidente Cuéllar en temas relacionados con El Chamizal», comentó Delgadillo.
Maurilio García Rubio se encuentra en huelga desde hace 2 días en la CDMX / Foto: Cortesía
Señaló que su compañero de lucha exige un compromiso por parte del Gobierno Federal y de la nueva administración para que se investiguen a fondo estas acusaciones.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial de la Secretaría de Gobernación, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer algún avance en la situación.
Mientras tanto, García Rubio y otras dos personas continúan con su protesta en la Ciudad de México.
