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Comunidad de Medios

Caso Allende: una  cadena de violaciones a los derechos humanos que no termina

La llamada Masacre de Allende mantiene a las víctimas y sus familias en la disyuntiva de obtener la justicia o la verdad, pues ambas será imposible a raíz de que se emitieron actas de defunción de varias personas sin tener certeza de que habían muerto. 

De anularse las mismas y retomar el estatus de personas desaparecidas, el proceso judicial abierto por el que hay 11 sentencias: cinco contra elementos de seguridad de dicho municipio y el resto a integrantes de la delincuencia organizada, se vería afectado.

Fue del 18 al 20 de marzo de 2011 cuando integrantes de Los Zetas se desplegaron por diversos puntos para privar de su libertad a varios habitantes del municipio ubicado en la región Cinco Manantiales, a poco más de 57  kilómetros  de distancia de la frontera con Texas, hacia donde huyeron muchos más.

De acuerdo a la recomendación 10VG/2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hubo 38 víctimas.

Las cifras del gobierno de Coahuila apuntan a que fueron 28, aunque funcionarios de la administración de Rubén Moreira Valdez (2011-2017) filtraron que había más de 300 personas que estaban desaparecidas en Allende y un centenar más en Piedras Negras. Este último número trascendió también en juicios que se llevaron a cabo contra criminales en cortes de Texas.

A 12 años de los acontecimientos, Ariana García del Bosque, abogada y representante legal de familias afectadas por los hechos, señaló que aún quedan muchos aspectos para dimensionar la de por sí tragedia humanitaria, denunciada como delito de lesa humanidad ante la Corte Interamericana, junto con el hoy obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

“Los problemas principales son que, sin que las familias supieran, se emitieron las actas de defunción sin siquiera localizar los cuerpos. Entonces al intentar tramitar la declaración de ausencia nos encontramos con la existencia de estas actas de defunción de personas que, aún el Estado sigue buscando porque no fueron localizadas, ni siquiera sin vida. Es decir, que en los supuestos restos o cenizas que encontraron, tampoco se podía determinar científicamente que eran esas personas las que pudieron haber perdido la vida en ese lugar y no hay certeza que eso que se encontró correspondiera a sus cuerpos”, explicó.

En términos del derecho a la identidad de la persona, la especialista destacó que lo realizado por el gobierno de Coahuila vulnera los derechos de las personas desaparecidas y asesinadas, además de las consecuencias que ahora trae a las familias.

En el 2014, varios meses después que el gobierno emprendió un operativo de búsqueda en la Región Norte y rindió un informe sobre lo ocurrido, Moreira Valdez reconoció que fue tierra lo que se entregó a las familias en lugar de evidencias reales de que se trataba de los restos de sus seres queridos.

El Fiscal Especial para el tema Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, refirió que la presunta identificación de las 28 víctimas, que como autoridad reconocen, fue aceptada por las familias.

“Fueron identificadas a través de testimonios que se desarrollaron dentro de la indagatoria”, dijo el funcionario al argumentar que en varios casos sí se trató de las declaraciones obtenidas de los perpetradores y corroborada por las familias. 

Explicó que no fueron 28 las actas de defunción emitidas, aunque no precisó el número, y aceptó que la identificación de los restos carecía de métodos científicos.

“Fue algo complejo por el estado en que se guardaban los fragmentos y los indicios biológicos que fueron en su momento asegurados y procesados, pero de la mecánica de los hechos y de los testimonios de la propia versión de las familias, hay una situación que permite identificar o posicionar en el lugar de los hechos a cierto número de personas y luego posicionarlas en el lugar donde se mantenían privados de la libertad”, sostuvo.

Puntualizó que en los indicios biológicos asegurados en los ranchos a donde fueron llevadas las personas después de privarlas de la libertad ha sido imposible obtener ADN por el grado de calcinación.

“La identificación por medio del ADN es una parte, pero también hay otros medios de prueba y hay otras situaciones que nos llevan precisamente a identificar a una persona”.

La abogada Ariana García del Bosque resaltó que estos errores cometidos en el pasado imposibilitan trámites que ahora las familias deben realizar, tales como una declaración de ausencia que permita  proteger el patrimonio de la persona que fue desaparecida, que sus derechos sigan vigentes en términos laborales y para las prestaciones sociales que deriven.

“Ahora tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los daños colaterales si entramos en la revisión de estos procesos. Evidentemente, y no sólo en el caso de Allende sino en desapariciones posteriores, hay tales irregularidades que violentan los derechos tanto de la víctima como del propio perpetrador y lo único que nos traería como consecuencia es la nulidad de un proceso y la libertad de muchos de los posibles perpetradores que están retenidos actualmente. Esto es un tema de doble cara al que el Estado le apuesta para que las familias no griten, no lo hagan público y no reclamen que la identidad de su ser queridos no está plenamente comprobada”.

En su momento la narrativa de que estos restos correspondían a las víctimas de Allende fue presentada por el entonces procurador Homero Ramos Gloria y el subprocurador para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan José Yáñez Arreola. Ambos hoy ostentan el cargo como magistrado en el Poder Judicial, mientras que su jefe en aquel momento, Rubén Moreira Valdez, coordina a los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional.

SANCIONES

De acuerdo con Herrera Cepeda, por los hechos criminales fueron acusadas formalmente 18 personas, nueve de las cuales pertenecen al grupo delictivo y una cantidad similar fueron funcionarios en ese entonces en el municipio de Allende, particularmente elementos de seguridad.

Explicó que la investigación se fragmentó en cinco etapas por la gran cantidad de diligencias, testimonios y asuntos periciales de campo, además de inspecciones ministeriales y otros medios de prueba.

“Hasta ahora se han obtenido 11 sentencias condenatorias cuyas penas oscilan entre los 50 y los 174 años de prisión. Cinco policías municipales fueron sentenciados y el resto son miembros de la delincuencia organizada y el trabajo de la fiscalía actualmente es seguir ubicando a perpetradores a los cuales tenemos identificados algunos por apodos y estamos trabajando en la identidad, primeramente, y luego en la participación que pudieron haber tenido en estos hechos”, puntualizó el funcionario.

La investigación por ello no está cerrada, incluso dejó ver que podrían identificar a más víctimas al igual que a implicados en hechos que llegaron hasta la ciudad de Saltillo, y lo cual no se había dado a conocer anteriormente.

Aunque Ariana García del Bosque señaló que las personas que han sido sentenciadas son de bajo rango, pues en los hechos de Allende también participaron funcionarios que estuvieron involucrados en asesinatos dentro del penal varonil de Piedras Negras.

“Lo complejo aquí es que el propio Estado quiera enjuiciar a sí mismo, porque vemos a muchos de esos altos mandos colocados en puestos estratégicos: en el Poder Judicial como magistrados, en las propias fiscalías con otros niveles, en la propia Secretaría de Seguridad”.

REPARACIÓN DEL DAÑO PENDIENTE

A través de la recomendación emitida por la CNDH se establecieron varias obligaciones para las distintas autoridades del gobierno del estado y el Gobierno Federal.

En lo que corresponde a la reparación del daño, la dependencia que daría seguimiento, además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Sin embargo, el ombudsman local rechazó atender la solicitud de entrevista con el argumento de que las familias pidieron no hacer públicos los acuerdos.

La abogada Ariana García del Bosque desmintió esa versión y dijo que la comisión no ha dado el seguimiento a las acciones con las que se comprometió, entre ellas concretar una reunión entre las familias y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís

“Esto fue desde inicios del año pasado y durante una reunión plenaria se estableció que la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo no estaba dando el seguimiento puntual y entonces se encargó a la comisión estatal y a su visitadora general, Gabriela Noguez, para que empezaran con el proceso de documentación y requerir información  sobre los avalúos y hasta el momento no se ha hecho ninguna reparación. A mí me requirieron la información y mi respuesta fue que ellos ya la tenían”, precisó.

Dijo que otro pendiente de la autoridad tiene que ver con un listado de personas que fueron desplazadas tras los hechos ocurridos en Allende durante marzo de 2010. 

“Si bien es cierto que no todas las familias fueron violentadas en esta parte de tener a una persona desaparecida, lo que sí es que muchas familias de Allende y la región tuvieron que desplazarse hacia otros lugares por la violencia que se estaba viviendo en aquellos tiempos, a grado de que sus casas fueron vandalizadas”.

Cabe precisar que la recomendación de la CNDH establece la obligación para que la autoridad estatal haga un censo e identifique a todas estas familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado por la violencia que se vivió en esa temporalidad.

García del Bosque reconoció que con estos datos se ampliaría aún más la población que fue afectada por los hechos violentos de marzo de 2011 y hasta un año después que continuaron diversos actos de violencia y de privación ilegal de la libertad, torturas y detenciones arbitrarias.

Puntualizó que incluso varios integrantes de las familias fueron blanco de abusos por parte de los elementos de las corporaciones municipales, particularmente en el caso del municipio de Allende, y quienes fueron los responsables de entregarlos al grupo criminal, pidieron asilo político en Estados Unidos o quizás, como tienen la doble nacionalidad, decidieron asentarse en ese país y algunos retornaron y se encontraron la pérdida de su patrimonio familiar.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los hechos de Allende llegaron a cortes internacionales al documentarse que se trató de delito de lesa humanidad, no se aplicó el protocolo de Minessota que precisa de varios elementos para proceder a la rápida investigación y aseguramiento de las evidencias y a  la protección de los derechos de las víctimas.

Aunque no hay aún respuesta, García del Bosque señaló que se cuentan con más elementos para aportar a la petición que se hizo a la Corte Internacional de Derechos Humanos y para lo cual en breve se reunirán con las organizaciones que apoyan el litigio.


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Frontera, Migración

Se estima que habitan en Juárez entre 6 y 10 mil migrantes

Actualmente en Ciudad Juárez se estima que habitan entre seis y diez mil migrantes de diferentes países de origen, incluyendo a los connacionales que han sido repatriados por esta frontera.

Así lo dio a conocer Enrique Valenzuela, titular de la oficina del Consejo Estatal de Población (COESPO).

Comentó que además de los esfuerzos que realizan las autoridades municipales, estatales y federales, existe una red de albergues por parte de la sociedad civil que brindan apoyo a personas en movilidad.

Dijo que, por parte de la sociedad civil, al menos dos mil migrantes ocupan un espacio en los albergues, además del federal “Leona Vicario” y el municipal “Kiki Romero.

Sin embargo, debido a que existen muchos puertos de ingreso, es difícil contar con una cifra exacta.

Declaró que hay varios accesos a la ciudad, así como no solo se trata de personas extranjeras sino también a connacionales y que fueron repatriadas por esta frontera, así como todos tienen el mismo propósito: ingresar a Estados Unidos.

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Circuito Frontera · Se estima que habitan en Juárez entre 6 y 10 mil migrantes

También refirió que una gran parte de esta población únicamente está de paso, sobretodo los últimos grupos que han arribado a esta frontera, como ocurrió la semana pasada con los 400 que llegaron a la localidad.

Expuso que a través de la aplicación CBP One, muchos realizan una cita para solicitar el ingreso legal a Estados Unidos, así como Ciudad Juárez es uno de los puertos de ingreso que se encuentra en esta plataforma.

Recalcó que el arribo de más migrantes no debería ser un motivo de alarma en la ciudad, además de que Ciudad Juárez ya ha vivido varios momentos emergentes por esta situación, pese a que representan un desafío.

«No debe ser motivo de alarma. Sí, de estar atentos porque implican un desafío para la comunidad y al gobierno atender a la población en situación de movilidad (…) Se busca darles la atención primaria, la atención humanitaria», agregó.

Sin embargo, el funcionario hizo hincapié en que se han unido esfuerzos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para incorporar a esta población al mercado laboral, a lo que muchos sí han respondido de manera positiva.

Historias

«El diario de Richie»: Crónicas perdidas de un feminicida en Juárez

A mediados de la década de los noventas, “alguien” encontró en la basura un diario personal de lo que podría ser un prolífico asesino serial de Ciudad Juárez. El documento se archivó, pero el misterio sobre el autor continúa.

Los hechos sucedieron en 1995, cuando según con notas periodísticas, fue encontrado una especie de librillo con unas 10 hojas, sujetas con un hilo, en un bote de basura, ubicado en alguna parte del Centro Histórico.

Este documento contaba con una especie de crónica acerca de un supuesto asesino que describía con lujo de detalle cómo había asesinado a algunas mujeres, además de que contaba con dibujos explícitos sobre los cuerpos de las víctimas.

Ese último detalle llamó seriamente la atención de las autoridades, toda vez que en aquellos años, las mujeres víctimas de feminicidio contaban con características muy similares a las expuestas en esos trazos, tales como senos mutilados a mordidas.

Este documento, el cual actualmente se presume como archivado por las autoridades (aunque también supone un mito en la comunidad), fortaleció otra de las leyendas en torno a los asesinatos de mujeres en la localidad: Las películas snuff.

Se dice que ese diario se describía que las mujeres que eran secuestradas y asesinadas por esta persona, además eran grabadas para la creación de películas snuff, las cuales eran vendidas a muy buen precio en el mercado negro.

Pero ¿Quién escribió este diario? Nunca se supo con certeza, durante las investigaciones trascendió que el texto estaba firmado por alguien llamado «Richie», por lo que a este mismo se le conoció popularmente como «El Diario de Richie».

Un falso asesino serial

Abdel o Abdul Latif Sharif Sharif, mejor conocido como «El Egipcio», fue un químico extranjero y supuesto asesino en serie, preso en el año de 1995 y muerto de causas naturales dentro de prisión en el 2006, imputado por el asesinato de al menos 12 mujeres.

Entre octubre y diciembre de 1995, una mujer que se dedicaba al trabajo sexual lo denunció por secuestro, agresión y violación, acusación de la que sólo se pudo comprobar la agresión; por lo cual fue liberado.

Sin embargo, apenas 20 minutos después, fue detenido de nuevo, esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, de 17 años de edad, con quien supuestamente tenía una relación sentimental.

La desaparición de ésta se había registrado desde agosto de ese mismo año y, días después, el supuesto cadáver de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo.

Abdel o Abdul Latif Sharif Sharif / Foto: Tomada de Infobae

No obstante, el cuerpo no era de ella, sino de otra mujer que desapareció en marzo de ese mismo año, de nombre Silvia Rivera Salas.

Fue así como fue sentenciado a 30 años de prisión y acusado del asesinato de otras 17 mujeres. Sin embargo, él ya estaba en prisión y los cadáveres seguían apareciendo igual: mujeres violadas y estranguladas.

Por todo esto, especialistas en la materia siempre han considerado que «El Egipcio» no fue más que un chivo expiatorio, al que se pensó se podría adjudicar los asesinatos de mujeres, debido a que ya contaba con antecedentes de agresión y abuso sexual en Estados Unidos, donde radicaba antes de vivir en esta ciudad.

Fue en esa parte de la historia, durante su aprehensión, cuando se hizo el descubrimiento de El Diario de Richie y, en un intento por relacionarlo con ese texto y los homicidios ocurridos, se le hicieron pruebas de caligrafía, las cuales, concluyeron que él no era el autor de ese documento.

¿Quién escribió el Diario de Richie?

Declaraciones del propio Shariff e incluso de otros testigos, apuntaron a otro presunto asesino, un hombre llamado Alejandro Máynez que, en aquel momento, decían era quien se encontraba asesinando mujeres y que habría escrito ese diario.

Trascendió que tanto Abdel como dos policías, lo habrían escuchado jactarse de haber realizado esos asesinatos al momento de encontrarse en un bar con él.

No obstante, este hombre provenía de una familia con mucho dinero, quien supuestamente sobornaría a las autoridades para que nunca fuera relacionado, por lo menos legalmente, con estos hechos.

Cruz Rosa
Una cruz negra en fondo rosa fue pintada en zona Centro en conmemoración de mujeres asesinadas / Foto: Archivo Circuito Frontera

Se cree que este hombre pudo haber matado a cerca de 50 mujeres, quienes eran utilizadas en orgías por miembros del crimen organizado y luego asesinadas para las cintas snuff.

Máynez está prófugo. Jamás fue capturado por esto, por lo que la autoría del “Diario de Richie” aún es un misterio sin resolver.


FUENTES:

Frontera

Plasman «voces» de 35 informadores en Plaza del Periodista

Las voces de 35 periodistas que formaron parte de varias generaciones de informadores y cuyos ecos aún resuenan como inspiración para su descendencia, este viernes quedaron impresas en la Plaza del Periodista.

La rotonda, la cual se encuentra al corazón de la plaza, alberga decenas de nombres de quienes empuñaron su voz y su pluma como «armas» para informar, pero, sobre todo, para ser los representantes de las gargantas sórdidas.

A esas decenas de nombres de periodistas se unieron poco más de una treintena en este día de quienes que perdieron la vida durante los dos últimos años en esta frontera, entre ellos, varias víctimas de la pandemia que azotó al mundo con fiereza y que cobró cientos de miles de vidas.

Durante el memorial hablaron familiares de aquellos a quienes se les brindó la honra fúnebre y que contaron alguna pequeña anécdota de su difunto, las cuales invocaron de recuerdos a los presentes, para dejarlos en una atmósfera de entre lágrimas y risas.

Luego de los discursos, integrantes de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, en marco de su 60 aniversario, procedió a develar las placas conmemorativas, no sin antes de que el director de la organización, Rosendo Gaitán, solicitara un minuto de silencio por los ausentes.

Un conjunto de 12 cortinas negras mate, movidas tan solo por el gélido viento que se sintió en la ciudad, ocultaron durante la presentación, los discursos, las pláticas, los aplausos y los silencios reverenciales, las placas que en breve se mostrarían al mundo para mantenerse en la posteridad.

Finalmente, amenizadas con una respetuosa ovación, fueron descubiertas las seis placas de un lúgubre, pero lustroso negro que contendrán por los años venideros aquellos nombres inscritos en brillante blanco que se ganaron el honor del título de «periodista».

Entre estos se mencionó a uno de los fundadores de la asociación y presidente emérito: Arnoldo Cabada de la O, quien inició la que podría considerarse como la televisora más icónica de Ciudad Juárez: el Canal 44.

Su hijo, Alejandro Cabada Alvídrez, citó la frase que considera, era la esencia de su padre: «Esta es mi vocación. Yo crecí sin nada y vi sufrir y morir a mucha gente que hubiera podido salvarse si alguien le hubiera atendido la mano».

Honra de los ausentes

ARNOLDO CABADA DE LA O
HUMBERTO LEAL VALENZUELA
EUGENIO CHAVEZ CALDERON
JOSE VAZQUEZ JIMENEZ “CHINTOLOLO”
OSVALDO HERNANDEZ
ARMANDO ESCOBAR ORTEGA
PATRICIA CABRERA LEDEZMA
8ANTONIO FLORES SILVA
FERNANDO MÉNDEZ SILVA “EL DIABLO”
ALFREDO MENA MARTINEZ
ARTURO ALBA MEDINA
EMILIO ARRIAGA CARRILLO
ABEL SALINAS AVILA ALEJANDRO SANCHEZ RODRÍGUEZ
REYES RAMOS RODRÍGUEZ
EVER CHAVEZ AGUILAR
MARIA ELENA CARPIO MACIAS
HORACIO MANZANO ORTEGA
LUIS VILLAGRANA DOMINGUEZ
LUIS ENRIQUE JURADO RIVERA
JUAN MANUEL SANCHEZ GALVAN
JULIAN CARDONA CARRILLO
SALVADOR ESPARZA GARCIA
RUTILIO MORENO FERNÁNDEZ DE CASTRO “RUMOR”
OLGA LETICIA MORENO FERNÁNDEZ DE CASTRO
GAMALIEL LINARES BACA
ISMAEL ALVIDREZ MEJIA
RAUL BETANCES SAENZ
RAMON OCHOA “RAYITO”
GONZALO LEON MEZA
MARIA CALVA HERNANDEZ
ARTURO CÁRDENAS SALAS
LUIS OSCAR HINOJOS AGUIRRE
LUIS OCHOA MIJARES
HECTOR IGNACIO URANGA GUTIERREZ

Frontera

Podrían construir Centro de Convenciones en El Punto

A pesar de que la zona de El Punto se encuentra entregada en comodato por el Municipio a una organización, autoridades municipales dieron a conocer que probablemente, el Centro de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte” podría construirse en ese lugar.

El Punto es un área colocada cerca de la frontera y que tuvo el propósito de albergar el evento donde participó el Papa Francisco en el 2016, el cual actualmente está entregado en comodato a la asociación USMC Strategic Alliance.

Lo anterior trascendió luego de que los regidores que conforman las comisiones de Desarrollo Económico y Turismo, y de Desarrollo Urbano lo propusieran ante los representantes empresariales que promueven esta obra.

Al respecto, el alcalde Cruz Pérez Cuellar consideró que ésta podría ser una buena opción, pero dijo que habría que esperar la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Esto, luego de que el pasado 20 de enero se efectuó una reunión de trabajo entre funcionarios del Gobierno Municipal, Estatal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en la que se acordó certificar 80 hectáreas del parque público El Chamizal como zona natural protegida.

El edil enfatizó que después de conocer cuales serán estas hectareas, las mismas no podrán ser utilizadas para nada más.

«Vamos a seguir insistiendo con la Secretaría Ambiental, ya se conluyó (…) Sigue que el gobierno federal entregue al Municipio este estudio que ya se acabó para redonder las 100 hectáreas, para ver cuál es el area natural protegida intocable. Solo cuidar el parque y luego que se pueda construir el consejo que sería el órgano que tendría que analizar y discutir», declaró.

Además, como parte del proceso, es necesario también que se conforme el Consejo de Administración de El Chamizal.

Alcalde Cruz Pérez Cuellar

Este, dijo, sería el órgano al que correspondería analizar los comodatos que se han otorgado en El Chamizal, y en este caso determinar si es posible construir el Centro de Convenciones en El Punto.

En caso de que la construcción decida realizarse en este sitio, se respetaría el área donde el Papa Francisco ofició misa, ya que este espacio es considerado un elemento valioso en la historia de la ciudad.

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