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Especiales

Programa federal de Créditos a la Palabra operó con irregularidades en Nuevo León

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Durante la pandemia de Covid-19, el gobierno federal entregó créditos de apoyo a negocios sin verificar que las personas que recibieron los recursos tuvieran algún emprendimiento, pese a que este era uno de los requisitos, y sin establecer mecanismos efectivos para su reembolso.

El Gobierno federal entregó en Nuevo León, entre los años 2020 y 2021, cerca de 93 mil 097 créditos de apoyo a negocios, por un monto total de 2 mil 327 millones 425 mil pesos que forman parte del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, creado con el fin de ayudar económicamente a la población durante la pandemia del Covid-19, según el padrón de beneficiarios de esa entidad, obtenido vía transparencia. 

Sin embargo, las secretarías de Economía y el Bienestar federales —encargadas de operar el programa— entregaron los apoyos sin comprobar que los beneficiarios neoleoneses fueran propietarios de emprendimientos o microempresas, pese a que era un requisito en las reglas de operación, esto de acuerdo con testimonios y con los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública del 2020.

Además, en el mismo informe, la Auditoría detalló que las dependencias no delimitaron los criterios para el reembolso de los créditos, algo que se refleja en la cantidad dinero recuperado que, hasta abril de 2022, había alcanzado apenas el 8 por ciento del total entregado a nivel nacional, según reveló el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SE, Alejandro Rosas, en entrevista para El Ceo, un medio de comunicación especializado en negocios. 

En Nuevo León, las delegaciones de las secretarías del Bienestar y la de Economía se negaron a proporcionar información actualizada sobre el avance en los reembolsos de los créditos hasta junio de 2022. A través de solicitudes de transparencia las dependencias respondieron que no tienen los datos divididos por entidad federativa o que no les compete.

En diciembre pasado, mediante una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, la SE respondió que el monto recuperado ascendía a 3 mil 694 millones 070 mil 987 pesos, el 10.28 por ciento del total ejercido a nivel nacional.

La Secretaría del Bienestar, la de Economía y el IMSS operaron el programa en sus inicios.Crédito: Daniel Anguiano.

Para conocer la versión de la Secretaría del Bienestar sobre esta problemática, el autor de este reportaje buscó mediante llamadas y mensajes a la delegada en Nuevo León, Judith Díaz, a través de su enlace de comunicación, Miriam Muñoz; en un inicio hubo apertura a la solicitud pero después no se facilitó la entrevista, sin dar explicaciones de por qué no se otorgó.

Las secretarías de Economía y del Bienestar tampoco establecieron medidas para el seguimiento de los proyectos que recibieron el recurso para medir la efectividad del programa, según la Auditoría de Seguimiento 2020-0-10100-19-0379-2021379-DE que realizó la ASF a la cuenta pública del 2020, año en que comenzó a aplicar el programa.

“Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del Programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, principalmente en la determinación de la población potencial, en la integración de expedientes de los beneficiarios, así como en el seguimiento y la supervisión en la entrega de los recursos a los beneficiarios y de los reembolsos de recursos realizados por éstos”, señala el dictamen oficial de la Auditoría.

Esta serie de irregularidades llevó a que la ASF, luego de la revisión que hizo al manejo del programa en todas las entidades del país, entre ellas Nuevo León, emitiera acciones de Responsabilidad Administrativa contra cinco funcionarios de la Secretaría de Economía (SE), mismas que se encuentran en proceso por parte del Órgano Interno de Control de esta dependencia, de acuerdo con una respuesta de la dependencia a una solicitud de información con fecha del 16 de mayo de 2023. 

Para ampliar la información y conocer el estatus actual de estos procesos, el reportero presentó una nueva solicitud de información por transparencia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, pero la dependencia contestó que no le corresponde informar sobre el tema, sino a la Secretaría de la Función Pública. Esto a pesar de que en la primera respuesta oficial entregada por la Auditoría señalan que los expedientes fueron remitidos a la OIC como responsable de investigar estos casos. 

“Se enviaron al Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía copia certificada de los expedientes técnicos de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) derivadas de la auditoría y señaladas por el peticionario, y con el oficio número DGAFFB/B1/0307/2022 del 23 de marzo de 2022”, señala el escrito de la ASF. 

Además, aunque según los lineamientos de operación, el programa estaba destinado a impulsar la economía durante la pandemia, en opinión de Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, es complejo medir su impacto, debido a que el gobierno federal prescindió de la participación de organismos intermedios, que anteriormente habían colaborado en acciones similares en actividades como el filtrado de candidatos y seguimientos de la efectividad de los proyectos.

También señaló que la limitación en la cantidad de los municipios participantes tienen una afectación en la efectividad de los programas. En Nuevo León sólo participaron seis municipios.

“Anteriores administraciones, nos permitían como organismo intermedio, como cámara, confiaban que estábamos representando al comercio formal y había una diferencia de fondo para que fuera una recuperación más pronto, para los distintos negocios”, dijo.

La Secretaría del Bienestar se encargó de realizar un censo que luego sirvió para elegir a los beneficiarios de los créditos. Crédito: Daniel Anguiano.

Recursos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocido también como Créditos a la Palabra, fueron entregados en el transcurso de los años 2020 y 2021, en el marco de la pandemia. En total ejerció 35 mil 534 millones 696 mil pesos, de acuerdo al informe de la ASF, aunque la meta original eran 50 mil millones de pesos, según informó el gobierno federal en una rueda de prensa el pasado 23 de abril del 2020.

En Nuevo León, como en el resto del país, los créditos fueron entregados a personas que habían sido previamente incluidas en un censo realizado por la Secretaría del Bienestar (Sebien) a través de la delegación estatal, mediante el cual las autoridades detectaron las zonas de los estados de la República que requerían más apoyo.

El monto estimado que se entregó en Nuevo León, es de aproximadamente 2 mil 327 millones 425 mil pesos, esto con base en los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Padrón de Beneficiarios, en los que se contabiliza a 93 mil 097 personas, físicas o morales, como beneficiarias de este programa y que recibieron los créditos por 25 mil pesos entre el 2020 y 2021.

Para convertirse en beneficiarios, los candidatos debían acreditar que eran propietarios de un negocio con más de seis meses de operación, que no fuera del giro agropecuario, y tener actividades dentro de los rubros de manufactura, comercio, servicios o talleres. 

Estos créditos tendrían que haber comenzado a pagarse tres meses después de haber sido entregado el recurso, en 33 mensualidades en cuotas desde los 823.70 a los 869.60, de acuerdo con el artículo 8 de las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020. 

No obstante, la escasa respuesta de los beneficiarios a cubrir la deuda llevó a que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia mañanera, hiciera un llamado a los deudores para que acudieran a pagar

“Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra para que no dejen de abonar, porque es un crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia para apoyar a muy pequeños comerciantes y a la gente que tenía su pequeño negocio, y también a los que tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, hasta 10 trabajadores que, a pesar de la pandemia, no los despidieron; entonces, para apoyarlos se dieron estos créditos a tres años. Entonces, hay que hacer el corte, hay que ver cuánto se ha recuperado de estos créditos a la palabra”, señaló el Presidente en la conferencia matutina del 30 de mayo del 2022.  

Para este reportaje, el reportero buscó al Senador por Nuevo León, Víctor Fuentes, quien formó parte de la Comisión de Economía en el Senado cuando fue aprobado el Programa. Luego de haber pactado y cancelado la entrevista en varias ocasiones con su equipo de comunicación, finalmente desistió de hablar de las irregularidades que detectó la ASF. El argumento que ofreció fue que Fuentes tenía una agenda saturada.

Niegan informar estatus de créditos y a quiénes se entregaron 

Las reglas de operación del Programa establecen que las dependencias que participarían en la implementación del programa serían las secretarías de Economía (SE), del Bienestar (Sebien), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos (UADEM) de la Secretaría de Economía, esta última como unidad facultada para hacerse cargo de la operación del Programa.

Según datos del Gobierno federal, el objetivo del programa era entregar sin intermediarios 2 millones de créditos a nivel nacional, a microempresarios; es decir, bajo este criterio, el 23 de abril de 2020, el Gobierno federal informó que esperaba destinar 25 mil millones de pesos en recursos, repartidos en un millón de créditos, “para fortalecer el consumo y la economía popular durante la contingencia de la pandemia de Covid-19”.

Graciela Márquez Colin, titular de la Secretaría de Economía, explicó el 3 de mayo de 2020 que los recursos serían repartidos mediante depósitos directos, es decir, sin intermediarios, de la Tesorería de la Federación a las cuentas de los beneficiarios, mismas que fueron abiertas en los bancos únicos bancos autorizados para este propósito, que fueron: Banco Azteca, Banorte, Santander y Banco del Bienestar.

Uno de los criterios para convertirse en beneficiario de este programa, era el siguiente: “Contar con un local, establecimiento o instrumento de trabajo”, tal como se establece en el DOF. Para ello, un requisito era que el solicitante presentara una fotografía del local o la herramienta, para comprobar que era propietario o representante del negocio.

A través de solicitudes de transparencia, se pidió a las dependencias involucradas esta información, con el objeto de verificar que efectivamente se trataba de negocios reales a los que se les otorgó el crédito, pero las autoridades se negaron a compartir información bajo el argumento de la protección de datos personales.

“Se considera información confidencial aquella que contenga datos concernientes a una persona identificada o identificable”, explicó la SE en la respuesta a una solicitud de transparencia.

Mediante solicitudes de transparencia también fue solicitado a la SE y Sebien la relación de documentos que sirvieron a los beneficiarios para ser elegidos para recibir los apoyos, pero ambas dependencias negaron contar con esa información.

“Esta Unidad de Transparencia le comunica que la información solicitada no es generada, procesada, almacenada o custodiada por esta dependencia», respondió la Secretaría del Bienestar a la Solicitud de Acceso a la Información (SAI) con folio 330025823000806.

Por su parte, la SE, en respuesta a la SAI con folio 330025922001634 respondió lo siguiente:

«Correspondió a las Secretarías del Bienestar e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la implementación de los procesos que estimaron idóneos para la selección de la población beneficiaria».

Actualmente, es la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, la responsable de la operación de este programa, así como de la gestión de los reembolsos, algo que fue oficializado el 21 de octubre de 2022 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y el 20 de enero, la SE hizo la transferencia oficial de los materiales y documentación correspondientes al programa.

Pese a ello, estas dependencias no informaron sobre el estado de los créditos y los reembolsos. La SE y la Sebien señalaron que, debido a que el programa ya no es de su competencia, no son las responsables de informar sobre ello.

Mientras que la Finabien, antes Telecomm, dijo en una respuesta a una solicitud de información que los “apoyos fueron entregados a través de la Secretaría de Economía en los ejercicios 2020 y 2021”.

Además, al solicitarle la información respectiva a Nuevo León, la SE respondió que no hubo una cantidad específica por cada entidad federativa, sino que se entregaron los apoyos según se aprobaron los perfiles.

En tanto, la Sebien y la Secretaría de Hacienda, adjudicaron las responsabilidades de operación del programa a la SE y ésta, a su vez, a la Finabien, antes Telecomm.

Es decir, las dependencias involucradas en el otorgamiento de los créditos negaron informar el estatus de estos, el avance en la recuperación del crédito y la información que permitiera verificar que el dinero se entregó a beneficiarios reales, argumentando que era información reservada o que no les correspondía tener esos datos y transfiriendo la responsabilidad entre estas.

El Banco del Bienestar ya no recibe ningún tipo de pago correspondiente a los créditos por los Apoyos a Microempresas Familiares. Crédito: Daniel Anguiano.

Beneficiarios de los créditos no tenían negocios registrados

Para este reportaje, el reportero extrajo una muestra de 96 personas de entre los 93 mil 97 beneficiarios de este programa en Nuevo León, de acuerdo con el padrón oficial, mismos que después cotejó con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en éste se registran todos los negocios (personas físicas o morales), instituciones u organismos que tienen alguna actividad económica.

En Netquest, una plataforma dedicada a la investigación de datos on line y levantamiento de encuestas, el autor del reportaje ingresó el total de beneficiarios en Nuevo León, 93 mil 97 personas, para calcular el tamaño de la muestra del total, dando como resultado los 96 elementos.

Cabe mencionar que según la información de Netquest, la plataforma tiene una efectividad del 95 por ciento para calcular el tamaño de una muestra, con una heterogeneidad del 50 por ciento y un margen de error de 10 por ciento.

Estos 96 registros se buscaron en el DENUE, que tiene registrados 62 mil 583 comercios en el estado, pero sólo uno coincidió con los nombres que aparecen en el padrón de beneficiarios.

El objetivo fue comprobar mediante el cotejo si al menos algunos de estos beneficiarios se encuentran registrados en el Directorio, lo que mostraría que cumplen con el requisito del programa, al ser propietarios de negocios o comerciantes.

Catalina Domínguez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Nuevo León, explicó que estos registros del DENUE corresponden a comercios formales de todo el estado, al preguntarle sobre si estos registros coinciden con un negocio que esté dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo que implica que el resto de los micronegocios que no coincidieron, es porque están en la informalidad o podrían no ser negocios; pues el DENUE es el directorio en el que se encuentran las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, según  la descripción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

El no contar con este registro formal no fue un impedimento para recibir el recurso, según los testimonios de beneficiarios y de los funcionarios de estas dependencias.

De acuerdo a una beneficiaria, quien pidió no ser identificada, el crédito lo obtuvo debido a que una persona allegada a la familia trabaja como Servidora de la Nación para la Secretaría del Bienestar.

La Servidora de la Nación le ofreció el crédito a siete personas de su familia de las cuales sólo una de ellas cuenta con un micronegocio. De estas siete personas, cuatro recibieron el crédito por 25 mil pesos, los otros tres desconocen por qué no lo recibieron.

En su caso -dijo- “Pasaron como cinco meses, cinco o seis meses. Yo hasta ya me había olvidado, dije se me hace que ya no me lo autorizaron o algo pasó (…) Recibí una llamada por medio del celular, porque también me pidieron el número de celular y me dijeron que ya estaba autorizado el crédito y que tenía que ir a una sucursal del centro, que es Banco Azteca”, añadió.

“Yo lo usé para las necesidades de la casa; en esas fechas se me descompuso uno de los climas (aire acondicionado) y compré uno, también arreglé mi camioneta”, dijo.

Añadió que aunque su intención es reembolsar el dinero, no ha podido hacerlo debido a que desconoce el mecanismo por el cual puede realizar los pagos.

“Para no hacerte así como que el cuento tan largo, el de ahí de la casa nos lo hizo (la servidora de la nación que realizó el trámite del crédito) como a siete personas, pero nada más no lo prestaron como a tres. O sea, yo no sé en qué se basaron como para (decir): ‘este sí, este no, este sí, este no’”, explicó.

Por otro lado, Marta González (nombre ficticio para referirse a una persona que pidió no revelar su identidad), narró que tanto su padre como su madre, el primero empleado de una lavandería y la segunda ama de casa, se inscribieron al Censo del Bienestar con el fin de obtener el crédito destinado a las Microempresas Familiares.

“Ella sí fue acreedora a este préstamo, en el caso de mí padre, no. Mi madre hizo su respectivo uso, pero al momento del seguimiento ya no estaba claro el proceso de cómo realizar los pagos de dicho préstamo, se había establecido que iba a ser en periodos y como que meses después, pero ya nunca se le comunicaron las vías para realizar el pago”, dijo.

Actualmente, la Sebien ya no participa en la gestión de los reembolsos ni nada relacionado con el programa, en Nuevo León tuvo su sede principal en las oficinas del Condominio Acero, en el centro de la ciudad y tuvo una extensión de oficinas en el Palacio Federal, en Guadalupe; donde incluso hubo módulos de la SE que hoy ya no están.

En el Banco de Bienestar los beneficiarios reciben la indicación de acudir a la Finabien a realizar sus pagos. Crédito: Daniel Anguiano.

Pagos atrasados y falta de seguimiento

El programa ha sido señalado  por la ASF, debido a que no contó con una dinámica de seguimiento que permitiera supervisar la implementación efectiva de los recursos.

A través de solicitudes de transparencia, el reportero pidió a las dependencias información que probara el seguimiento a la ejecución del recurso entregado a los emprendimientos, pero las dependencias federales respondieron que no cuentan con ella.

«Corresponde a la Financiera para el Bienestar la captación y seguimiento de los reembolsos efectuados por los beneficiarios del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; por tanto, esta dependencia no cuenta con la información requerida», detalló la SE en la SAI con folio 330025923000820.

Tampoco se estableció desde el inicio un mecanismo para los reembolsos de los créditos, es decir, los pagos con los que se cubriría el crédito, de hecho, en los lineamientos se adjudicó a la SE la responsabilidad de establecer el procedimiento, pero no se determinó plazo ni mecanismo para hacerlo. 

Además, la SE dijo que se trata de un recurso entregado en calidad de subsidio. Mientras que el reglamento, en el artículo octavo,  dice que “el Apoyo financiero está asociado al compromiso solidario de las Personas Beneficiarias para reembolsarlo”.

Según la respuesta de la SE, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria especifica que, al tratarse de un subsidio, los usuarios no cuentan con obligaciones crediticias, y, en consecuencia, no se constituye una cartera de crédito, adeudo o incumplimiento.

Según los testimonios, al momento de tramitar el préstamo no recibieron información sobre el procedimiento para realizar el reembolso, ni se les asignó un método para pagar las parcialidades, tal como se indica en los lineamientos del programa.

Mecanismo de pago

Actualmente, sólo existe un método para realizar el pago del crédito: que es acudir directamente a las unidades de Telecomm, presentar el CURP y el monto a pagar, de acuerdo con una ficha informativa de Finabien, antes Telecomm.

Para realizar los reembolsos, según las indicaciones que hay en las oficinas de la Sebien en el Palacio Federal, las personas se pueden comunicar a un número de teléfono que corresponde a las oficinas centrales de la SE en la Ciudad de México.

El reportero llamó en varias ocasiones a este número 5557299100 a la extensión 111402; sin embargo, no obtuvo respuesta.

En las oficinas de la Sebien en Nuevo León, ubicadas en el Condominio Acero, en el centro de Monterrey, disponen de anuncios y folletos con las instrucciones para realizar el pago de los créditos.

Mientras que el otro supuesto método para que los beneficiarios obtengan información que les facilite el pago es enviar un correo electrónico a la cuenta reporte.apoyos@economia.gob.mx, presuntamente los usuarios reciben datos como saldo y número de cuenta para hacer el depósito correspondiente.

Cabe mencionar que esta cuenta de correo electrónico está bajo un dominio de la Secretaría de Economía, y según la respuesta a la solicitud de transparencia 330025922001634 que se hizo para este reportaje, esta dependencia no administra más la gestión de los pagos, ahora lo hace la Financiera del Bienestar (Finabien), antes Telecomm; por lo tanto, esta dirección de correo electrónica tendría que estar dirigida a la Finabien.

Por su parte, la Finabien le adjudica a la SE la responsabilidad, tal como lo declara en una respuesta a la solicitud de transparencia 330029323000069.

“Por lo anterior, se precisa que el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, que para su promoción y difusión se hace referencia a éste como ‘Programa Crédito a la Palabra’, los apoyos fueron entregados a través de la Secretaría de Economía en los ejercicios 2020 y 2021”, respondió la Finabien.

En las oficinas de la Sebien en Nuevo León hay un cartel que indica el procedimiento para realizar los pagos a los créditos a la palabra.Crédito: Daniel Anguiano.

Con el fin de obtener mayor información sobre los mecanismos de reembolso, el reportero acudió a una sucursal del Banco del Bienestar, ubicado también en el Centro de la Ciudad. De ahí lo redirigieron a las oficinas de la Finabien en Nuevo León, ubicadas en el Palacio Federal, en el municipio de Guadalupe, pero la indicación que recibió fue que los interesados en pagar el crédito deben comunicarse primero al teléfono de las oficinas centrales (en la Ciudad de México) de la SE o acudir a las sucursales de Telecomm.

Otra posibilidad de obtener información sobre la realización de los reembolsos, es visitar el sitio web de la Finabien, en el portal hay un un apartado para realizar la búsqueda de la información relacionada con los créditos, a ella las personas que recibieron un crédito, acceden mediante un formulario en el cual solo se solicita el CURP de las personas.

Además, a partir del 1 de junio, la Finabien habilitó a las sucursales de la institución para que proporcionen la información correspondiente al saldo y pagos de los créditos, y señaló que no serán recibidos los pagos en la Tesorería de la Federación.

“Te informamos que los pagos en ventanilla bancaria con la Hoja de Ayuda (formato e5cinco) de la Tesorería de la Federación, ya no serán aceptados a partir del 1°de junio de 2023”, señala en un comunicado.

Los testimonios de las personas entrevistadas para el reportaje señalaron que los servidores de la nación -el personal dispuesto por la Sebien para la selección de los candidatos y el procesamiento de los trámites-, les recomendaron no realizar los pagos del crédito, bajo el argumento de que “nadie” se los iba a cobrar.

“Dijo no paguen, no les va a cobrar, nadie les va a cobrar. Es que yo tengo entendido que si tú pagas y si eres correcto al pagar, ahora te van a prestar 50. Yo soy enemiga, enemiga de deber, a mí nunca me ha gustado (…) Entonces yo le decía a ella, le decía, pues es que, por ejemplo, yo podría dar 500 o mil pesos a la semana porque me interesaba que lo va a empezar en los 50 (un préstamo de 50 mil pesos). Porque según esto eran intereses todavía muchísimo más bajos que los que yo pago, por ejemplo, en la caja popular. Ella eso fue lo que me dijo, dijo, no, pues no pague, nadie va a pagar”, explicó una beneficiaria entrevistada.

Desde el 21 de octubre de 2022, la Financiera del Bienestar, antes Telecomm, se encarga de la gestión de los reembolsos. Crédito: Daniel Anguiano.

Hallan anomalías

Como ya se mencionó la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en las reglas de operación del programa, en el mecanismo de reembolso, en las estrategias para supervisar la entrega de los créditos y el seguimiento a los beneficiarios e inició procedimientos de sanciones administrativas a cinco funcionarios de la Secretaría de Economía.

De la cual se desprendieron cinco acciones de responsabilidad administrativa debido a que, según la ASF, no se establecieron mecanismos de control que aseguren la adecuada integración de expedientes, no contaron con la información que acredite que cumplieron con todos los criterios en todos los perfiles.

Así como tampoco establecieron mecanismos de supervisión para asegurar que los perfiles cumplieran con los requisitos de elegibilidad, tampoco establecieron controles para identificar a las personas que realizaron reembolsos por la cantidad de 111 mil 410 pesos.

Además, porque no se realizó el reintegro de 563 mil 657 pesos correspondientes a los reembolsos recibidos en la cuenta específica de la SE; y porque no hubo un método para evaluar las metas del programa ni seguimiento para medir el impacto social de los apoyos.

En tanto, el Órgano Interno de Control de la SE se declaró incompetente para informar sobre las acciones de responsabilidad administrativa ni si los funcionarios involucrados continúan en sus funciones o en algún otro cargo público y aseguró la corresponde a la Secretaría de la Función Pública la información pertinente a esos casos.

Aunque el programa tenía como objetivo impulsar la economía, a la fecha se desconoce cuál fue el impacto social que tuvo, como señala la auditoría de la ASF, debido a que no hubo un mecanismo de seguimiento. 

Además, las dependencias no logran ponerse de acuerdo para proveer de información, pues luego de varias consultas y solicitudes de transparencia, las respuestas, en resumen, indican que es la Finabien quien debería responder, sin embargo, ésta le adjudica la SE la implementación del Programa.

Y, en consecuencia, se desconoce si el avance en los reembolso de los créditos ha avanzado luego del rezago que se hizo de conocimiento público, si ha habido respuesta por parte de los beneficiarios y cuánto del total ejercido ha sido devuelto a las arcas públicas o si se considerará como fondo perdido.

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Créditos

Daniel Anguiano

Carlos Mendoza | Ilustración

Ángeles Mariscal | Edición

Borde Cultural

De Maru para Juárez, dos deudas y un golpeteo: Opinión

El tráfico es horrible y más en tiempo de calor. La gente se pone de tan mal humor que insulta a otras personas y hasta le surge el deseo de dañar, de lastimar al prójimo.

Sí, es el pinche calor, pero podría haber alternativas.

De hecho, las alternativas han recibido grandes recursos públicos. Sí, hablo del sistema de transporte público. Pero no como el que teníamos hace diez años, uno que sirva de verdad.

Maru Campos recibió obras que Javier Corral no terminó y, de manera increíble, en lugar de mejorar el transporte lo empeoró. Despareció la línea uno del BRT, reapareció la Ruta Tierra Nueva, aumentó la tarifa y pasan menos rutas que hace diez años.

Cuando tener auto se convierte en una necesidad y no en una alternativa, entonces no es una opción, es un condicionamiento.

El transporte público es una gran deuda de Maru para Juárez.

Otra deuda para Juárez es la corrupción que hay en el CERESO. Después del «jueves negro», la fuga del primero de enero y el último cateo donde encontraron desde consolas de videojuegos hasta módems… la corrupción es más que evidente, más que evidente.

¿Qué ha hecho Maru? Sólo proceder contra cinco custodios… la corrupción está presente… y Maru hace nada, eso le importamos los juarenses.

Por último, más que una deuda para Juárez es un golpeteo constante, sal en la herida.

A veces pienso que es consciente y lo hace por joder. Sus postes de la Plataforma Centinela, violando toda norma y reglamentación sobre desarrollo urbano.

A mitad de la banqueta, priorizando su enfermo afán voyerista de mantenernos vigilados, afectando el derecho de la población a caminar por una banqueta. Su Plataforma Centinela no es un Derecho, la movilidad sí.

Un gobierno que no gobierna, nos sale muy caro a los juarenses.

Pregúntame

¿Cómo renovar el pasaporte mexicano 2023?

¿Necesitas renovar tu pasaporte mexicano y no sabes cómo? Aquí te explicamos. El pasaporte es un documento oficial de viaje, prueba de nacionalidad e identidad, brinda asistencia y protección en el exterior.

Para realizar la renovación de este documento deberás agendar una cita, la cual, actualmente se hace únicamente por vía telefónica en el siguiente número número 55 893 24827 (55 893 CITAS), sin importar en que parte de la República estés.

En este número te pueden atender de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en un horario de lunes a viernes. Aquí, una persona te pedirá tus datos personales, por lo que deberás presentar tu CURP y un correo electrónico a donde te enviarán detalles sobre tu cita y tu ficha para pago de derechos.

¿Qué requisitos necesito?

Es necesario que cuentes con una credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o con algún otro documento oficial como podría ser una licencia de conducir, una cédula profesional o tu propio pasaporte vigente en caso de tratarse de una renovación.

Otros documentos que te pudieran ayudar para identificarte son Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional Liberada, una carta pasante o un título profesional, entre otros, como sería la tarjeta de INAPAM; la recomendación es qué, de no contar con ninguno de estos documentos, te comuniques a la Secretaria de Relaciones Exteriores para una orientación más adecuada.

También debes de contar con un acta de nacimiento certificada, es decir, expedida por el Registro Civil (no copia, original), tu CURP (la puedes descargar tú mismo en este enlace https://www.gob.mx/curp/ ) y tu comprobante de pago de derechos (el pago que haces una vez que tienes agendada la cita).

Debido a que se trata de la renovación del pasaporte, deberás presentar el pasaporte anterior, excepto en los casos en que exista variación de algún dato personal o cuando los rasgos físicos hayan cambiado, de tal forma que no correspondan con los de la fotografía del pasaporte. En estos casos, la SRE podra solicitar una identificación oficial adicional.

Si quieres realizar el pago de tu pasaporte en línea, toma en cuenta que solo se puede en los bancos autorizados por la SRE. Aquí las instrucciones del pago por Internet.

Acreditar la nacionalidad mexicana e identidad en estos casos

a) Si su pasaporte fue expedido antes de 1995

b) En caso de robo, pérdida o destrucción

c) En caso de mutilación o por un deterioro notorio. El pasaporte deberá ser presentado en la Delegación de la SRE u Oficina de Enlace Estatal o Municipal con la SRE y llenar la forma correspondiente que se le proporcionará gratuitamente;

d) Si su pasaporte fue expedido en alguna Oficina Consular de México, en este caso únicamente deberá acreditar nacionalidad mexicana. debido a que su pasaporte podrá ser su medio de identificación.

¿No cuentas con tu pasaporte anterior?

En caso de robo, pérdida, mutilación o deterioro del pasaporte deberás presentar también lo siguiente:

Robo o pérdida

a) Cuando el hecho ocurra en el territorio nacional, deberá levantar un acta ante el Ministerio Público o autoridad competente (Fiscalía General del Estado en el caso del estado de Chihuahua) y entregarla en original a la SRE. Comunicándole a la vez y bajo protesta de decir verdad, el hecho y las circunstancias en que hubiera ocurrido a través del formato que le será proporcionada de manera gratuita.

b) Si el hecho ocurrió en el extranjero, entregará el acta levantada ante la Oficina Consular o autoridad competente del país. La SRE podrá requerirle que el acta esté legalizada o apostillada y traducida al español.

Mutilación o deterioro

a) Deberá presentar el pasaporte.

b) La Delegación u Oficina de Enlace le entregará un formulario para su llenado y firma conteniendo una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifestará los hechos.

Información que debes tomar en cuenta

• Todos los documentos que se entreguen para el trámite de pasaporte, deberán ser legibles y encontrarse en buen estado sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza jurídica de su validez.

• Cuando existan inconsistencias o irregularidades en la documentación o información presentadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores está facultada para verificar su autenticidad ante la autoridad emisora y podrá requerirle pruebas adicionales que demuestren fehacientemente su nacionalidad e identidad.

• La verificación ante la autoridad emisora está supeditada al tiempo de respuesta de cada autoridad, por lo que la expedición del pasaporte quedará sujeta al tiempo que ocupe este proceso.

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Migración

INM 139 días después: Reporta avances en el caso

Han transcurrido exactamente 139 días desde el fatídico evento que dejó una huella imborrable en la vida de miles de personas, en particular en la comunidad venezolana de Ciudad Juárez, donde 40 personas migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas en un incendio dentro de del Instituto Nacional de Migración (INM).

Este domingo, 4 meses y 12 días después, las autoridades federales dieron a conocer a través de un comunicado que los cuerpos de las 40 víctimas mortales fueron repatriados a su lugar de origen.

En el documento se especifica que el INM reconoce el fallecimiento de 40 migrantes extranjeros y las heridas sufridas por 27 más, como resultado de un incendio que se propagó en tan solo 3 minutos, así como fue provocado por dos personas de origen venezolano.

También lamentaron la pérdida de las llaves del área de alojamiento para hombres en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, razón por la que no pudieron salir antes de la tragedia.

«Es un hecho doloroso y lamentable, pero también representa un momento crucial para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de las personas en contexto de movilidad. Y la no repetición», señaló el documento.

A las 23:20 horas aproximadamente, del 27 de marzo, personal del instituto procedió a recorridos hospitalarios para identificar y ubicar a los lesionados en los diferentes hospitales, con la finalidad de generar información confiable.

Los traslados de los heridos graves que requerían atención especializada fueron canalizados en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a hospitales de alta especialidad de la Ciudad de México.

El Comisionado y personal del INM llevaron a cabo reunión con autoridades del Servicio Médico Forense, donde se ofreció el auxilio a los peritos para la identificación de cadáveres, proporcionando un censo de fallecidos con fotografías, nacionalidad, nombre, sexo y edad, a fin de coadyuvar en su identificación.

Con la colaboración y apoyo de distintas instancias gubernamentales, instituciones de salud y representaciones consulares, en el periodo del 5 al 16 de abril pasado, esta autoridad migratoria procedió a la repatriación de los cuerpos de las personas extranjeras fallecidas a sus países de origen.

El 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva.

Se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y de ello se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que certificara las condiciones éstas y determine cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.

Cabe mencionar que de las 54 sedes que tiene el INM en México, continúan abiertas 17 estaciones migratorias con una capacidad de 3 mil 791 espacios, que constituyen el 73 por ciento de la capacidad total instalada (además que hay 3 centros integradores con una capacidad de 3 mil 700 espacios de puertas abiertas).

Se continuará con las visitas de supervisión a las estaciones migratorias y estancias provisionales, con la finalidad de verificar que su operación y funcionamiento se efectúe en apego a lo establecido en la Ley de Migración y su reglamento.

El 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos; la SHCP validó este monto al INM para el pago respectivo.

El INM continúa en el procedimiento para la indemnización a los beneficiarios.

En tanto, se sigue el proceso de acompañamiento a las víctimas lesionadas en su atención médica.

En Ciudad Juárez, el INM sufragó los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como, los correspondientes al pago de boletos de avión.

En el caso de los migrantes lesionados que fueron trasladados a la Ciudad de México, para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente de los mismos -las 24 horas del día- para gestionar los servicios que requieren.

Se precisa que durante su estancia en Ciudad Juárez, como en la Ciudad de México, a petición de la CEAV, los lesionados como sus familias han recibido productos de higiene personal, medicamentos especializados de alto costo para todos los pacientes, celulares, tarjetas de tiempo aire, ropa, calzado, lavandería, suplementos alimenticios y peluquería; así como, pañales, toallas húmedas, leche y otros.

El INM entregó en donación al Hospital General en el estado de Chihuahua equipo de VATHINSET que contenía paquete de broncoscopía, monitor y 10 broncoscopios flexibles, que se utilizaron para el tratamiento y atención a los lesionados.

Se precisa que derivado de la petición de los familiares, fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, plazas comerciales y sitios de recreación.

CONDICIONES INM

Respecto a las acciones para cumplir con el mejoramiento de las condiciones de estancia de las personas migrantes en las sedes del INM en el país, se informa:

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó pericialmente daños en el inmueble de la Estación Provisional por un monto de un millón 893 mil 915.38 pesos. Resolución que el INM puso en conocimiento Agroasemex, aseguradora del Gobierno de México, para lo procedente.

El INM notificó a la empresa de seguridad CAMSA S.A. de C.V. las causales de recisión de contrato de prestación de servicios.

Con carácter de urgente, el INM solicitó a los titulares y encargados de las oficinas de representación acelerar los procesos de operación y capacitación en materia de Protección Civil.

Para garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes y después de concluido el proceso de supervisión directa de la totalidad de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de Protección Civil.

Estas consisten en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas.

Así como la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas, con base en las recomendaciones que determine la CNDH, las instancias de Protección Civil y el Órgano Interno de Control (OIC) del INM.

Se inició la validación de los proyectos de protocolo de actuación y códigos de emergencia, a fin de favorecer la operación segura de las estaciones migratorias y estancias provisionales.

Asimismo, se ordenó formalmente a todas las autoridades del INM acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros.

De igual forma, se instruyó el retiro inmediato de las rejas de protección metálica colocadas en el medallón, los costados, por dentro y por fuera, de las camionetas tipo van, que se utilizan en las acciones de movilidad de los migrantes, como acción de protección civil.

RECOMENDACIÓN CNDH

Con fecha 2 de julio se recibió la recomendación 111VG/2023 de la CNDH “sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno a la vida y a la integridad y seguridad personal, por actos y omisiones del personal del INM”, misma que se aceptó parcialmente.

VINCULACIONES A PROCESO

Por estos hechos del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, fueron vinculados a proceso los servidores públicos del INM:

Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García. El OIC del INM da seguimiento al proceso de investigación del siniestro.

Además de dos personas migrantes: Jaison N., y Carlos Eduardo C., ambos de nacionalidad venezolana.

Historias

MAC y la macabra campaña basada en las “Muertas de Juárez”

Ciudad Juárez ha sido un “laboratorio” natural para diversos fenómenos que la han ubicado como una de las principales, más importantes y sobretodo, más mencionadas del país.

No obstante, una de las razones por las que más se ha conocido a esta ciudad es por las llamadas «Muertas de Juárez». Expresión que hace referencia a una serie de homicidios de mujeres; muchas de ellas menores de edad que se dieron en la década de los noventas.

La historia sobre estas adolescentes asesinadas, casi en su totalidad provenientes de la clase obrera, desaparecidas mientras iban a trabajar o regresaban a sus hogares se hizo internacionalmente famosa.

En diversos lugares del mundo la gente compartía con los juarenses la indignación por lo ocurrido, pero a su vez, en algunas ocasiones, el tema adquirió tintes de morbosidad irrespetuosos con los deudos para las víctimas.

Tal es el caso de aquella vez, en el 2010, cuando una empresa extranjera de maquillaje decidió inspirarse en estos crímenes para lanzar una línea de cosméticos.

Sin ninguna justificación más allá de la estética y con fotografías de modelos que simulaban ser cadáveres, la marca estadounidense MAC en conjunto con la compañía Rodarte, realizaron una campaña que incluía esmaltes, sombras para ojos, labiales y rubores.

Los colores emulaban lo que la campaña “asumía” era la estética de los escenarios donde estos crímenes se realizaron, con colores oscuros y otros muy pálidos, algunos incluso con mezclas que parecían sangre con arena.

Cada uno de los artículos poseían nombres que hacían referencias directas al tema: “Juárez”, “Factory”, “Quinceañera”, «Ghost Town», «Sleepless», entre otros.

Los medios de comunicación de todo el mundo colocaron sus ojos en esta frontera y en las declaraciones de las co-creadoras de la línea de maquillaje, en las que aseguraban que creían que la idea de mujeres que desaparecían en el paisaje era algo muy romántico.

Activistas, sobrevivientes, familiares de víctimas, así como feministas de diferentes círculos sociales y hasta políticos, se escandalizaron en cuanto el tema se filtró, impidiendo que la campaña fuera oficialmente lanzada.

Campaña publicitaria MAC sobre maquillaje inspirado en «Muertas de Juárez» / Tomada de Internet

Pero la historia no terminó de ese modo, pues el tema escandalizó al punto de que organismos gubernamentales como fue la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) e incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores se involucraron.

Ambas empresas creadoras tuvieron que pedir disculpas públicas, pues la idea de algo tan superfluo como un maquillaje haciendo una alusión estética sobre una situación tan delicada como el asesinato de mujeres, terminó ofendiendo mucho a la comunidad entera.

A finales de julio del 2010, directivos de la marca MAC en México, perteneciente a Estée Lauder, presentaron disculpas al gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Juan Alanis, director de Estée Lauder México, declaró que se trataba de un error «y nos avergüenza. Nosotros reaccionamos inmediatamente cuando se hizo el lanzamiento en Nueva York y notamos nuestra falta de sensibilidad. Fue un error estúpido. El día de hoy queremos construir junto con ustedes (Conavim)» .

A través de un comunicado, se informó que los líderes empresariales como la titular de Conavim en ese entonces, Laura Carrera, formalizaron un acuerdo de rectificación, en una reunión que tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También que, entre las medidas pactadas para reparar la situación, MAC emitiría unas disculpas públicas, dirigidas no solo a todas las mujeres, sino especialmente a aquellas en México y Ciudad Juárez.

Además, la firma cosmética se sumó a la causa de la Conavim en su lucha contra la violencia de género, por lo que se acordó llevar a cabo una campaña de alcance internacional, centrada en la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Los cosméticos jamás se vendieron en México. Las empresas prometieron que darían una compensación monetaria a las familias que aún estaban en búsqueda de justicia. Aunque, esto nunca ocurrió.

Algunos productos de la línea de maquillaje de esa campaña / Foto: Tomada de Internet

En entrevista con Circuito Frontera, la activista Victoria Caraveo, representante del grupo «Madres en Busca de Justicia», dijo que en aquella ocasión, la compañía de maquillaje tuvo un acercamiento con ellas y se comprometió a entregar la cantidad de 15 mil dólares para apoyar a las madres de mujeres desaparecidas.

Sin embargo, debido a que son un grupo y no están conformadas como una asociación civil como tal, el dinero no se les pudo entregar, como muchas personas piensan.

También conocida como Vicky Caraveo comentó que esta campaña que intentó lanzar MAC era en sobremanera irrespetuosa, pues el feminicidio se trata de un delito grave que, pese a que han tran más de 13 años desde aquella ocasión, sigue ocurriendo y le sigue doliendo a las madres de familia.

Cabe resaltar que los asesinatos de mujeres se registran no solo en esta frontera sino en toda la República Mexicana; en algunos sitios, incluso, con mayor frecuencia que en Ciudad Juárez.

¿Qué pasó después?

Sobre «Madres en Busca de Justicia», Caraveo dijo que son muchas las problemáticas que enfrentan las madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en la actualidad, pues en el caso en particular de este grupo, los integrantes han lidiado con falta de apoyo y cambios en la administración gubernamental. 

Durante la gestión del ex gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, se presentaron solicitudes para reunirse con las madres y discutir políticas de seguimiento, pero nunca fueron recibidas, agregó.

«Javier Corral como gobernador del estado se le hicieron varias solicitudes para que platicarán con las mamás y todo y nunca en la vida platicó con nosotros», expresó Caraveo.

El aspecto legal y financiero también ha sido un desafío. La dificultad de recibir apoyo económico se ha agravado debido a la falta de una estructura adecuada para donaciones. 

También que, actualmente, algunas de las madres del grupo reciben una pensión de apenas 900 pesos quincenales. Esta cantidad resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de estas mujeres, muchas de las cuales enfrentan dificultades económicas y de salud.

La pensión, si bien puede ser vista como un intento de apoyo por parte del gobierno, se convierte en un recordatorio constante de las limitaciones y la falta de reconocimiento adecuado hacia las madres que han perdido a sus hijas de manera trágica.

Aunque, la obtención de esta pensión no está exenta de desafíos burocráticos y complicaciones. Caraveo reveló cómo estas madres deben someterse a un proceso engorroso y llenar numerosos requisitos para poder acceder a la ayuda económica. Situación que se repite con la actual administración estatal de María Eugenia Campos Galván.


CON INFORMACIÓN DE ANGÉLICA VILLEGAS

ACTUALIZACIÓN 17 AGOSTO 2023


Fuentes:

AMECOPRESS

El Economista

Fashion Network

Marca 2.0

Entrevista Circuito Frontera Vicky Caraveo

Comunidad de medios