De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona Norte, los internos del penal que fueron reaprehendidas sin vida son: Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, el 5 de enero e Iván Daniel Acosta Flores el 7 de enero.
Mientras que dos hombres más quienes fueron identificados mediante huellas como personas que se encontraban prófugas tras el motín en el penitenciario, aunque hasta el momennto los familiares no han acudido a identificar y/o reclamar el cuerpo.
Además se informó Isaac Jesús R. R., el 5 de enero y Ever Armando V. G., alias “El Chavelo”, el 7 de enero fueron rehaprendidos, así como este viernes dos hombres que fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), cuyas identidades aún no han sido reveladas.
A través de un comunicado se informó que las dos personas que fueron identificadas por huellas dactilares están registradas en el Sistema Afis, sin embargo, debido a que sus familiares no han acudido ante el Ministerio Público para realizar el protocolo de identificación, en cumplimiento a la Ley General de Víctimas, se reservan los nombres.
También que en los operativos de búsqueda están participando elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
Al respecto, la durante la mañana de este viernes, el fiscal en la zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, dio a conocer que debido a la peligrosidad de estas personas que aún continúan prófugas, en la ciudad se mantiene en alerta máxima, debido a la posibilidad de que se registren enfrentamientos en la vía pública.
Estas son las personas privadas de la libertad que aún continúan prófugas desde la fuga en el Cereso 3, hecho donde 17 personas perdieron la vida, entre ellos 10 custodios y 7 internos del penal, así como 15 personas resultaron lesionadas.
Vendedores ambulantes que se reinstalaron en la zona de la avenida Juárez y 16 de Septiembre fueron desalojados, de nueva cuenta, por elementos de la Policía Municipal este viernes.
Al respecto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que existen sitios designados para hacer este comercio, por lo que se retirarán a los ambulantes que busquen colocarse en este espacio nuevamente.
El funcionario comentó que mantendrán vigilancia e inspecciones en el sector de manera permanente, así como continuarán con labores de limpieza.
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers*
De julio 2017 a 2022, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió más de mil denuncias por algún acto de corrupción, pero solo 56 fueron judicializadas y existen apenas cinco sentencias condenatorias. Esto ocurre al mismo tiempo que el organismo obtuvo un presupuesto de más de 20 millones de pesos para su nómina y el Congreso pide la destitución de su Fiscal por no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
En julio de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, su principal lema en su primer informe fue: “En Tamaulipas la corrupción no se negocia, se denuncia y se castiga, ¡nadie por encima de la ley!”, pero un análisis de sus resultados en estos cinco años muestra que de las más de mil denuncias que llegaron ante el organismo en este periodo, solo lograron judicializar un 5%, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Esta dependencia, que cuenta con 72 servidores públicos y un presupuesto, en 2022, de 27 millones 120 mil 552 pesos tan solo para el gasto de nómina, según lo reportado en una solicitud de transparencia, solo ha obtenido cinco sentencias condenatorias en toda su historia, es decir, una por año, tres por abuso de autoridad ejercido por dos policías estatales y un tránsito municipal y dos más por cohecho por parte de dos funcionarios de la Dirección de Pagos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En sus carpetas resueltas no figuran casos de alto rango como el del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, detenido en 2017, y acusado por esta misma Fiscalía por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los pocos resultados son claros: de 2017 a julio 2022 llegaron a sus oficinas 1,062 denuncias, en 71 la dependencia aseguró que no era de su competencia y fueron devueltas desde el inicio. El resto, es decir 991, llegaron hasta una carpeta de investigación, y de estas, solo 56 han sido judicializadas, según los datos que se obtuvieron en solicitudes de información.
La falta de sentencias no es la única bandera roja con la que cuenta esta Fiscalía, en el reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2021, ubican a este organismo en un nivel de cumplimiento regular en el marco jurídico debido a que no contaba con reglamento interno, manual de procedimientos, protocolo de investigación ni de audiencia y tampoco de protección a testigos. Y en el eje de resultados su calificación simplemente fue catalogada como deficiente.
El estudio realizado por IMCO y TOJIL ubican a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas como una de las pocas que tuvo un aumento de presupuesto entre 2021 y 2022, el cual fue del 14%, pero al mismo tiempo que lograron este incremento, el número de Ministerios Públicos pasó de 13 en 2020 a tan solo ocho en 2022.
Además, Tamaulipas se encuentra entre los diez estados que menos carpetas judicializaron en 2022 con apenas el 2% de carpetas judicializadas por investigaciones iniciadas el año pasado, de acuerdo con el documento publicado por IMCO.
A esto se le suma el escándalo en el que está envuelto su hoy titular, Raúl Ramírez Castañeda, debido a que no aprobó los exámenes de control y confianza a los que está obligado a cumplir por su posición de “alto mando”. Incluso el Centro Nacional de Inteligencia emitió una recomendación de no mantenerlo en el cargo.
Este hecho no es una cuestión trivial. “La figura del titular de una dependencia encargada de perseguir y castigar los delitos de corrupción debe representar la confianza, tecnicismo y especialidad en la materia y esto no ocurre al momento de que existe alguna duda sobre su persona”, comenta Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Cuando se trata de un titular, suele surgir la falta de imparcialidad y autonomía durante las investigaciones, por lo que es muy complicado realizar una investigación contra Ramírez Castañeda. “Qué difícil es realizar una investigación contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción cuando hay algún riesgo de tener represalias en materia de la investigación, o ¿cómo asegurar que las investigación se puede realizar, cuando es el mismo fiscal del que se tiene algunas dudas de su capacidad para cumplir eficientemente el cargo?”, cuestionó Avendaño.
Hasta la publicación de este reportaje se estuvo buscando al titular de la Fiscalía Anticorrupción o algún funcionario de la dependencia para conocer su opinión respecto al desempeño del organismo a su cargo, pero no se logró concentrar ninguna reunión.
Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas, tramitó un amparo para no ser destituido/Foto: Perla Reséndez
Costos altos, resultados pobres
La baja calificación del organismo tamaulipeco no está acorde con sus presupuestos ni con el personal que está en su nómina; en 2017 la Fiscalía contaba con 44 empleados y en 2022 esta lista creció a 72, este incremento también se reflejó en el gasto en los sueldos, el cual llegó hasta los 27.1 millones de pesos tan solo para el año 2022, de acuerdo con los informes presupuestales entregados por transparencia.
Además, por primera vez esta dependencia obtuvo fondos del Proyecto de Inversión del programa “Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública”, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FASP), con lo que sumó 2.7 millones de pesos más a su presupuesto.
Algunas de las compras para las que se destinó este monto fueron: 10 computadoras de escritorio, un router, una cámara de video de 91 mil 176 pesos y un vehículo pick up de seis cilindros con un costo de 950 mil pesos, entre otros, según los datos publicados en el primer informe de Raúl Ramírez Castañeda como nuevo fiscal Anticorrupción en septiembre de 2022.
La capacitación es otro ámbito que se ha dejado en el abandono en el organismo tamaulipeco; en 2021 reportaron alrededor de 46 capacitaciones y en 2022 esta cifra llegó apenas a 16. “Cuando se habla de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la clave está en “especializada”, ya que es importante que se lleve a cabo el proceso investigativo […] se necesita el personal más capacitado y que al mismo tiempo se mantenga en constante capacitación y aprendizaje. Hay un montón de cosas especializadas que cuando una fiscalía anticorrupción o un titular de una fiscalía anticorrupción carece, sí se ve limitado y afectado el trabajo que puedan realizar”, aseguró Fernanda Avendaño.
La historia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha sido lenta desde sus inicios. En su primer año, 2017, se iniciaron 69 carpetas de investigación, pero tardaron todo un año, es decir hasta 2018, en judicializar apenas seis casos; y de 2019 a agosto de 2022 llegaron ante un juez, en promedio, cada año, alrededor de 12 expedientes con indicios suficientes para comprobar el delito de corrupción, pero todas estas cifras se traducen únicamente en cinco sentencias condenatorias, de acuerdo con los datos entregados por la dependencia. Los únicos delitos que sí han logrado comprobar son abuso de autoridad, lesiones y cohecho.
En el último año, del 08 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, la Fiscalía a cargo de Raúl Ramírez Castañeda integró 488 carpetas de investigación y 27 averiguaciones previas, pero solo 14 casos han llegado ante un juez de control con la evidencia inicial suficiente para proceder contra los probables responsables.
Desde su creación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, apenas ha logrado cinco sentencias contra funcionarios menores/Foto: Perla Reséndez
El reto de estas instituciones, que son prácticamente nuevas, es lograr trabajar en la institucionalización de procesos, el recurso humano y la capacitación de los mismos para tener resultados eficientes, de lo contrario, estas capacidades limitadas se ven reflejadas en menos investigaciones judicializadas y en la falta de elementos concretos para llevar una investigación ante un juez y lograr alguna sanción como una sentencia condenatoria, explicó la Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
Auditoría atada de manos
En 2017, año de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estableció que su objetivo sería trabajar en conjunto con dependencias como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Contraloría Gubernamental Estatal y la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero esta última ha sido testigo de cómo muchas de las denuncias que han interpuesto simplemente se quedan en un archivo.
A pesar de que la ASE es la principal encargada de analizar las cuentas públicas y corroborar si existen inconsistencias que deban ser subsanadas por los funcionarios o ex funcionarios, su poder es limitado. Una de las denuncias más relevantes en la que estuvieron envueltos fue la del quebranto del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado en el Instituto de la Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), el cual llegó a los mil 200 millones de pesos, este caso lo llevaron ante la Fiscalía Especializada, pero no llegó a nada. “Tengo entendido que el gobierno anterior (del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca) terminó por hacer un convenio con los trabajadores y haciendo un plan de pagos”, explicó Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado.
De acuerdo con el funcionario, es difícil que las denuncias que se hacen, después de las auditorías que ellos realizan, avancen con la rapidez que quisieran, además de que muchos funcionarios o ex funcionarios utilizan métodos como el amparo para alargar el término constitucional que se tiene para aclarar las inconsistencias señaladas en las cuentas públicas. “Eso ya sale de nuestro control, tenemos que esperar que los términos concluyan o que haya una resolución judicial federal para nosotros poder continuar”, aseguró Espino Ascanio.
Además, el Auditor recalcó que a ellos como organismo únicamente pueden señalar una presunción y es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que tiene que determinar el tipo de delito e identificar a los presuntos responsables.
Muchos ex funcionarios que son señalados por la Auditoría Superior del Estado se amparan, complicando con ello la revisión de las cuentas, afirma Jorge Espino Ascanio, titular de la dependencia/Foto: Perla Reséndez
El fiscal sin credenciales
El 26 de octubre de 2022 llegó hasta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022, documento en el que Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, informó que Raúl Ramírez Castañeda, el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Con esta nueva “anomalía”, la posibilidad de una renuncia o destitución de Ramírez Castañeda por parte del Congreso parecía inminente, pero nada de esto ocurrió. Ocho días después de este anuncio, el Fiscal tramitó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Fiscal General de Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia.
En su demanda, el Fiscal Anticorrupción refiere que está siendo objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental y acoso laboral por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
Aunque no niega el hecho de que no aprobó las evaluaciones de control y confianza y simplemente pide que se siga el debido proceso y se le dé la oportunidad de defenderse. Ante todo esto, el Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, otorgó la suspensión provisional al amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, por lo que seguirá en sus funciones y continuará recibiendo sus percepciones económicas y de seguridad social que por ley recibe actualmente, además de que su servicio de escolta no será removido.
Además, el Juez Alvarado López decretó que “cesen de inmediato los actos consistentes en cualquier modo que desacredite, deshonre, afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida, de la parte quejosa”.
Este escándalo por el que está pasando el dirigente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pone en evidencia dos de los grandes retos de las fiscalías en el país, de acuerdo con especialistas. “El primero tiene que ver con la razón por la que este Fiscal tiene un amparo y al mismo tiempo una investigación en su contra, además de analizar las capacidades del equipo que una fiscalía anticorrupción necesita”, explicó Fernanda Avendaño, Coordinadora Anticorrupción del IMCO.
La clave de una fiscalía así es la especialización de quienes se encargan de investigar y castigar los delitos de corrupción, “importa que la gente al frente sea la más capacitada y se mantenga en constante aprendizaje”, dijo Avendaño, y al momento de darse a conocer que el Fiscal no acreditó los exámenes de control y confianza “sí se ve limitado y afectado el trabajo que pueda realizar”.
Oficio remitido al Congreso del Estado donde se informa que el titular de la Fiscalía Anticorrupción no aprobó los exámenes de control y confianza/Perla Reséndez
Casos de corrupción trascienden sexenios
Este 2023, la dependencia encargada de investigar y castigar los actos de corrupción inicia con una carga importante de trabajo, ya que a mediados de diciembre de 2022, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que al concluir el proceso de entrega-recepción se identificó un daño al erario mayor a los 500 millones de pesos.
“Hemos presentado 18 denuncias en total; 35 ex servidores públicos han sido denunciados y detectamos un daño al erario, estimado en más de 500 millones de pesos”, declaró en rueda de prensa efectuada el 12 de diciembre del 2022.
Hasta el momento ya presentaron 16 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Irving Barrios Mojica, quien explicó que del análisis que se lleva a cabo se determinó que se trataría de posibles delitos de corrupción, por lo que estarían en las oficinas de la Fiscalía en las primeras semanas de enero 2023.
Al concluir el proceso de entrega-recepción, el gobernador Américo Villarreal anunció que van a denunciar un posible desfalco de más de 500 millones de pesos/Foto: Perla Reséndez
De acuerdo con la revisión que se hizo a la documentación entregada por la anterior administración, el mayor faltante se detectó en la Secretaría de Bienestar Social, “falta la comprobación de la entrega y destino de más de 480 mil despensas con un importe de más de 124 millones de pesos”, señaló el mandatario tamaulipeco que se convirtió en gobernador de Tamaulipas el 01 de octubre de 2022.
Las irregularidades que hasta ahora han encontrado se podrían configurar en los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Además, también se detectó que en la Secretaría de Obras Públicas se adjudicaron obras de manera indebida y hubo simulación de contratos.
Mientras que en la Secretaría de Salud hay faltante en medios electrónicos; 242 tablets, 94 laptops y otros equipos de cómputo e impresión; en el DIF estatal, se detectó la contratación de arrendamiento con personas con un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y en la Secretaría General de Gobierno la entrega de fíats notariales sin cumplir con los requisitos para ello.
** Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
Terrenos municipales destinados para una función social enCiudad Juárez, prestados por el Ayuntamiento local a través de comodatos, ahora son “elefantes blancos” en distintos puntos de esta frontera. Algunas asociaciones que los recibieron ya no existen, mientras que hay lugares que están abandonados desde hace más de ocho años.
De acuerdo con el artículo 2497 del Código Civil Federal, el comodato se trata de un contrato donde uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, la cual tiene la obligación de restituirla individualmente.
Dicho lo anterior, los espacios revisados en este reportaje fueron cedidos en comodato desde 1993 hasta el 2022 por diversas administraciones municipales para la construcción de centros comunitarios, consultorios médicos y oficinas diversas para el bien de la ciudadanía.
Tras una revisión física de algunos puntos se documentó que hay inmuebles abandonados, vandalizados y, en algunos casos, usados para el resguardo de indigentes y otros representan zonas de riesgo para los pobladores de las colonias, según los propios vecinos.
Todo esto refleja la falta de rendición de cuentas y omisión de funciones por parte de las autoridades a los ciudadanos, consideraron abogados, activistas y académicos en esta localidad.
“Todos los comunitarios (asociaciones civiles) deberían ir a auditoría. Nada más que es muy costoso, pero todos deberían de ser auditados”, refirió Erick Salaís, abogado, activista e integrante del colectivo “Árboles en Resistencia”.
Consideró que el Municipio no tiene la capacidad de estar vigilando estos espacios, sin embargo, al estar abandonados es obligación de la autoridad presentar un recurso de revocación, indicó.
“El Cabildo está obligado a resolver en la materia y a rescindir el contrato de comodato”, añadió Salaís.
De acuerdo a una solicitud de transparencia hecha por Circuito Frontera con el folio 080155921000465 realizada el 17 de noviembre del 2021 y con una lista entregada por Enrique Torres Valadez, uno de los regidores de la comisión de revisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales de la administración 2021-2024, hay 148 espacios municipales en comodato, sin contar las concesiones para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Estas áreas suman un total de 962 mil 508.7 m2, es decir, 96.25087 hectáreas, lo que sería la superficie de 89 campos de fútbol, con las medidas reglamentarias (90m2x120m2).
Sin embargo, algunos espacios tienen hasta ocho años abandonados; otros están en manos de organizaciones civiles inexistentes, así como varios no se utilizan para el fin que fueron entregados.
La mayoría de los espacios fueron otorgados por tiempo indefinido, indeterminado o sin vigencia, según con una lista que el propio Ayuntamiento entregó a través de transparencia. En este documento, incluso se cuenta con anotaciones como “sin contrato”, “sin expediente”, “sin firmas”, entre otras especificaciones.
Este medio solicitó una copia de 58 de los 148 contratos en comodato, de los cuales sólo se recibieron 27, de acuerdo con las solicitudes de información con los folios 080155922001363, 080155922001364, 080155922001365, 080155922001366, 080155922001367, 080155922001368, realizadas el 30 de septiembre del 2022.
El primer espacio que aparece en la lista le fue entregado a la asociación “Mejores nuestro futuro enseñando a prevenir A.C”, que equivalía a una superficie de 61.09 m2. Sin embargo, el sitio quedó abandonado y luego fue destruido, tras ser donado al Gobierno del Estado, como parte de la construcción del centro de mando “Torre Centinela”, donde habrá elementos de los tres niveles de gobierno para hacer labores de seguridad.
Construcción de Torre Centinela por parte de Gobierno del Estado/ Foto: Gustavo Cabullo
El contrato del comodato, sin embargo, nunca se canceló. A pesar de que se hizo una solicitud, tanto física como digital, de una copia, no fue entregado por el Ayuntamiento.
De acuerdo con la lista entregada por la autoridad municipal, el espacio fue puesto en comodato por tiempo indefinido desde 1999.
Al respecto, Francisco Rodríguez, encargado de Enajenaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, refirió que no existía ningún contrato en este espacio vigente. Descartó también que se contara con algún tipo de gravamen que impidiera su desincorporación de los terrenos municipales.
“Si hubiéramos tenido esa situación, obviamente lo hubiéramos quitado de la superficie solicitada porque no podemos vender o donar nada que no esté a nombre del Municipio”, dijo.
Al preguntarle si compartían información con la Dirección de Jurídica respecto a algún contrato de la zona del edificio, el funcionario refirió que no, ya que al momento en que Gobierno del Estado hizo la solicitud de donación, el edificio ya estaba desocupado.
Asociaciones Civiles No Registradas
Una situación que se ha presentado en estos contratos es que se entregaron a asociaciones que no están constituidas, lo que representa una omisión por parte de las autoridades municipales, según indicó el abogado Víctor Manuel Reyes Gloria.
Expuso que debe denunciarse y hacerse público porque también se puede considerar corrupción.
“Primero habría que denunciarlo ante el propio Municipio y pues hacerlo público porque estaremos hablando de tráfico de influencias, de desviación de recursos públicos. Ahí hay una irregularidad muy grande”, dijo Reyes Gloria.
Lo anterior como ocurre en el caso en el comodato para el Centro de Desarrollo para el Niño Down de Ciudad Juárez A.C, ubicado en el Parque Industrial Río Bravo. En ese caso fue una superficie de 3 mil m2 otorgada por tiempo indefinido desde 1996, de acuerdo con el documento entregado por el Ayuntamiento de manera física por Verónica Aracely González Antuna, apoderada general para Pleitos y Cobranzas del Municipio. Aunque, físicamente no existe tal lugar en la ubicación señalada.
Espacio donde debería estar Centro de Desarrollo para el Niño Down de Ciudad Juárez A.C / Foto: Google maps
Del 16 al 22 de noviembre del 2022, Circuito Frontera realizó una búsqueda en la página oficial de Buscador de Organizaciones de la Sociedad Civil y de manera física en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Juárez, donde se da cuenta que la organización no está constituida legalmente o por lo menos no aparece su inscripción.Tampoco se encuentra en el Directorio Municipal de Asociaciones Civiles.
La asociación no aparece en el Buscador OSC Federal / Captura de pantalla
La asociación no aparece en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua / Captura de pantalla
Asociación inexistente en Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua / Captura de pantalla
La misma irregularidad está presente también en por lo menos otras nueve asociaciones civiles y religiosas que recibieron contratos de comodato de parte de las autoridades municipales.
También es el caso del Centro de Estudios para Invidentes AC., a quien se le otorgaron 248.43 m2 en febrero del 2011; Club deportivo “El Retiro” AC., a quien se le entregaron 16 mil 339.64m2 y que en su contrato por un periodo de 10 años, firmado el 01 de febrero de 1996. (Contrato solicitud #8). Comité de Vecinos Bosque Bonito, celebrado el 13 de junio de 1995, a quien se le entregaron 2 mil 154.89 m2.
En mayo del 2001 se otorgó un contrato en comodato por mil 007.853 m2 para la Congregación Divina Redención del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y para la Asociación Religiosa Evangélica Pentecostés Independiente Gethsemani, el 16 de julio del 2002 se entregaron 3 mil 172 m2. Ninguna de estas asociaciones religiosas se encuentra en el Registro Público de la Propiedad ni en el Directorio de Asociaciones Religiosas Público Federal con dirección en Ciudad Juárez, Chihuahua.
También se entregó a la Escuela de Fútbol Astros un espacio de 35 mil 517.02 m2 desde el 21 de febrero del 2002 y quien mantiene pendiente un procedimiento de rescisión del contrato de comodato con fecha del 8 de mayo del 2018, de acuerdo con la página de transparencia del Municipio.
Mientras que la Asociación Civil Nacional de Comerciantes y Colonos Unidos Paso del Norte, S.C, recibió 3 mil 492.63 m2, el 9 de septiembre del 2010, para la operación de un mercado.
A la Fundación Profesora María Dolorez Álvarez A.C, se le entregaron 2 mil m2 el 18 de abril de 1995 y para el Patronato Pro-Construcción y Operación del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez A.C., se entregaron 28 mil 584.3070 m2 el 12 de agosto del 2005. Cabe señalar que el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez se encuentra ubicado en la avenida Vicente Guerrero esquina con Arizona, del fraccionamiento Los Parques. De este último referido, tampoco se entregó el contrato solicitado.
Al respecto, el abogado Erick Salaís, indicó que los predios se asignaron para construcciones o para un uso en específico, pero los sujetos a quienes se les prestó el terreno ya no existen.
“Se supone que se asignaron recursos para esas construcciones ¿Dónde están? Porque entonces lo que te hacen pensar es que los contratos son puro ‘parapeto’ para ejercer recursos. Ejercerlos, pero no ejercerlos en lo que se supone que se iban a ejercer. Hay algunas que se crearon para ese fin específico, pero a lo mejor la AC nunca se constituyó o a lo mejor en el proceso del contrato la AC se liquidó y ya desapareció y no informó que ya no existe, pero lo mismo, nadie está revisando los contratos”, recalcó.
Terrenos abandonados
Otras irregularidades encontradas en esta investigación corresponden a inmuebles o terrenos abandonados que mantienen contratos de comodatos vigentes.
La información conseguida mediante transparencia revela que la asociación Salud Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez (SADEC) A.C accedió a dos acuerdos en diferentes fechas: uno el 10 de marzo de 1999 y otro el 21 de junio del 2004.
El primero de ellos por una superficie de 1008.76 m2 para un dispensario médico, ubicado en la calle perimetral Carlos Amaya, entre Cartagena y Pedro Baranda, el cual se encuentra en seguida de un parque público.
Este lugar, a pesar de que sí está construido, se encuentra abandonado desde hace ocho años, según mencionaron vecinos del sector.
“Sí es un problema porque hay mucho vandalismo. Ya está todo vandalizado. Ya le han quitado cosas que había ahí, por ejemplo, los ductos, todo lo que se pueden robar para vender se lo han quitado (…) Es como escondite ahí de los chiquillos que vienen a fumar marihuana, andar ahí drogándose. Una vez hasta quemaron la palma que está ahí”, dijo Silvia Salinas, quien es habitante de esa zona desde hace más de 15 años.
Dispensario médico abandonado en terreno abandonado entregado a SADEC/Foto: Gustavo Cabullo
Comentó que incluso han manifestado estas problemáticas en el comité del parque, sin embargo, desde la pandemia las autoridades dejaron de acudir.
Mencionó que desconocen a quién pertenece el dispensario o el terreno, sin embargo, que varios vecinos tenían la intención de solicitarlo prestado para utilizarlo como salón de actividades o para talleres.
El terreno se encuentra abandonado desde hace 8 años, de acuerdo con vecinos del sector/Foto: Gustavo Cabullo
Todo eso estaría muy bien porque se rentan aquí los salones de la Iglesia y pues es ayuda para la comunidad, pero estaría bien, porque si hay gente que busca locales para actividades”, agregó.
El segundo predio prestado para esta asociación fue para atención médica de población de escasos recursos, contrato en el que se cedieron 11 mil 499.932 m2, ubicado en la avenida De los Cedros a 403.70 metros de la avenida Santiago Blancas del Parque Industrial Intermex. Este lugar tampoco se pudo ubicar en una revisión por Google Maps.
Otro terreno prestado a SADEC para consultas médicas tampoco se localizó en una búsqueda en Google Maps/Captura de pantalla
En condiciones similares se encuentra otro terreno entregado a la Barra de Colegios de Abogados en Ciudad Juárez, el 25 de febrero del 2010, ubicado en las calles Profesora María Luisa Montoya Huerta, Profesora Luz Sid de Orozco y Profesora Guadalupe Chaboya de Yáñez, donde, de acuerdo con el contrato, se estipula que se otorga el uso de un inmueble de 250m2 para la instalación de la Casa del Abogado, en el que se impartiría asesoría gratuita.
El espacio prestado para realizar asesoría jurídica gratuita es actualmente un parque donde no se encuentra ninguna construcción/Foto: Angélica Villegas
Sin embargo, tras una revisión en el mapa y física del espacio, se trata de un parque público donde no se encuentra construido ningún inmueble.
Otro terreno municipal fue entregado a esta organización se encuentra en la avenida Hermanos Escobar, entre las calles Plutarco Elías Calles y López Mateos, por mil 765.10 m2, el 12 de noviembre del 2010 por tiempo indefinido. Éste cuenta con una anotación donde se indica que cuenta con un convenio modificatorio con fecha del 7 de octubre del 2014, para sustituir este predio por otro con el número de contrato CM/2014, aunque no se especifica cuál y tampoco se entregó entre los documentos requeridos por transparencia.
El Punto
La asociación USMC Strategic Alliance mantiene dos comodatos en este lugar, uno por parte del Ayuntamiento de Juárez y otro más por parte de la Federación.
En el entregado por el Municipio, según el acta SA/GOB/334/2019, con fecha del 7 de marzo del 2019, se cedió un terreno de 9 mil 612 m2 para la construcción de un centro comunitario, en la zona conocida como “El Punto”, donde el Papa Francisco celebró una misa binacional el 17 de febrero del 2016.
Mientras el comodato entregado por la Federación con el número CC-03/2018 tiene fecha del 4 de octubre del 2018, por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y que cede a esta organización una superficie de 50 mil 551.97m2, también para la construcción de un centro comunitario para albergar programas de alto contenido social y humano, a favor de grupos vulnerables, de acuerdo con la solicitud del folio 33001632100011 presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, presentada el 06 de octubre del 2021.
Contrato de comodato entregado por INDAABIN a USCM Strategic Alliance
Esta asociación cuenta con dos contratos en la misma zona de El Chamizal, donde ambos suman una superficie total de 60 mil 163.97m2 para la construcción de un centro comunitario, uno en el 2018 y otro en el 2019. Sin embargo, hasta la fecha este espacio no ha sido construido, pues actualmente es utilizado por REPUVE para la regularización de vehículos a través del decreto federal en estados fronterizos.
Zona de “El Punto” donde se debió construir un centro comunitario por parte de USMC Strategic Alliance en el 2021, según el contrato/Foto: Gustavo Cabullo
Canchas inexistentes
También existe un contrato entregado en comodato a la desaparecida oficina de Fomento Social de Gobierno del Estado, para la construcción de canchas de basquetbol en un predio ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, cruce con avenida 5 de Mayo, calle David Herrera Jordán y calle Costa Rica.
Este predio se otorgó el 16 de julio del 2002, de acuerdo con el contrato de comodato identificado con el número 174, entregado de manera física a este medio. Sin embargo, en el documento no se especifica cuántos metros cuadrados se están prestando en comodato. Aunque se tuvo acceso a un documento entregado por José Mario Sánchez Soledad, quien fue regidor del Ayuntamiento en el periodo del 2007 al 2010, donde se señala que la superficie prestada era de 8 mil 678.820 m2. Actualmente, este lugar es usado como canchas de fútbol.
Canchas de fútbol en el terreno entregado a Fomento Social de Gobierno del Estado
Mientras que en esa misma zona se otorgó también un espacio en comodato de una superficie de 16 mil 602.77 m2 el 1 de febrero de 1996 para Club de Futbol Indios de Ciudad Juárez, según como está especificado en la lista entregada.
Cabe señalar que no se encontró acta constitutiva como asociación civil en el Registro Público de la Propiedad ni en el buscador de OSC federal de esta organización.
En el caso de los comodatos entregados en la zona de El Chamizal, el pasado 2 de septiembre de este año, la coordinadora de Administración y Control de Proyectos del Ayuntamiento en la presente administración, Adriana Fuentes Téllez, dio a conocer que en el parque público se encuentran 19 terrenos en comodato.
La funcionaria declaró que un comodato se regresó por parte de la Liga Latinode Fútbol AC., mientras que estaba rescindido el de la Escuela de Fútbol Astros, sin embargo, no mencionó a los anteriores documentados por este medio. Para esta investigación se buscó a la funcionaria en su oficina en dos ocasiones, sin embargo, no respondió a la solicitud de entrevista.
Las omisiones jurídicas
En el entendido que el comodato es un préstamo a título gratuito, en la página oficial del Municipio de Ciudad Juárez se indica que “se otorga el comodato de un inmueble propiedad del Municipio para contar con un espacio físico para desarrollar el objeto social de las asociaciones civiles solicitantes, y en caso de personas físicas, con el objetivo expuesto ante la autoridad administrativa, mismo que sea en beneficio de la comunidad”. https://www.juarez.gob.mx/tramites/1001/11540/
Abogados entrevistados señalaron que la manera en que el Ayuntamiento, en diferentes administraciones, ha obrado en la entrega de comodatos ha sido irregular, ya que a pesar de que no existe una ley específica que regule la figura jurídica del comodato, sí existe un Código Municipal en el cual deben basarse.
Erick Salaís, abogado y activista e integrante del colectivo “Árboles en Resistencia”, indicó que existen una serie de irregularidades en muchos de los contratos en comodato, pues basados en la ley, incumplen con requisitos que son necesarios.
Mencionó que una de estas irregularidades es que la información de quienes cuentan con un contrato en comodato no es pública, así como tampoco se encuentran registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, pese a que son sujetos obligados.
Lo anterior, de acuerdo con Ley de Transparencia del Estado de Chihuahua, pues en el título tercero “De los sujetos obligados” en el artículo 32 se indica que “son Sujetos Obligados “los Sindicatos y las personas físicas y morales de derecho privado constituidas conforme a la ley correspondiente que reciban recursos públicos”.
“En el catálogo de transparencia, ellos designaron un correo electrónico, designaron un responsable de transparencia y ellos publican periódicamente sus obligaciones de transparencia en la plataforma. Si un sujeto obligado de carácter privado no cumple con sus obligaciones de transparencia, eso es una causal para retirarle el comodato porque quiere decir que los ciudadanos no sabemos qué está haciendo con los recursos públicos”, dijo.
Comentó que este tipo de omisiones son graves, las cuales incluso podrían entrar dentro de los delitos del capítulo de corrupción del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a que podría haber enriquecimiento ilícito o son actividades susceptibles de lavado de dinero.
Otra de las irregularidades es que la mayoría de los contratos en comodato entregados por el Ayuntamiento se han realizado por tiempo indefinido, pese a que, en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en sus artículos 182 y 183 se encuentra especificado que las concesiones se entregarán por un tiempo determinado que no exceda los 15 años, como se menciona anteriormente.
En este sentido, las autoridades entrevistadas no concordaron en qué ley o código están tomando en cuenta para la revisión y la entrega de comodatos, pues mientras algunos indicaron que se pueden entregar por tiempo indefinido, otros mencionaron que hasta por 50 años.
Mientras que, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel y el regidor Enrique Torres Valadez, señalaron que no existe un tiempo específico para el préstamo en comodato.
Sin embargo, en las cláusulas de los mismos contratos de comodatos con los que cuenta este medio de comunicación y los que se encuentran de manera pública en la página de transparencia del Municipio, se indica que los préstamos de los terrenos se realizaron basados en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, tanto en los anteriores como en los de nuevos.
Contrato de comodato para Río Bravo Softball Sport Park Asociación Civil entregado en el 2021
Contrato de comodato Fomento Social de Gobierno del Estado entregado el 16 de julio del 2002
El artículo 182 de este Código señala que: Los contratos administrativos que celebre la persona titular de la Presidencia, cuyo régimen jurídico no esté regulado expresamente, se sujetarán en lo conducente para su adjudicación, ejecución, terminación y efectos, a lo previsto para las concesiones.
Esto también fue señalado por el abogado Luis Benítez, quien indicó que cada entidad federativa tiene sus leyes, donde se indica la manera en que se realizan este tipo de convenios.
“Una de las cosas que son aquí en México es que deben durar, cuando más, 20 años. Los comodatos tienen que devolverlos a los 20 años y aquí es improrrogable”, recalcó.
Comentó que los terrenos no pueden prestarse por tiempo indefinido, de acuerdo con lo que establece este Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
“Es que eso no pueden prestarlos como lo hacen allí en El Chamizal que le pusieron de 99 años o en otras pusieron indefinidos, no se puede hacer eso. Están mal”, añadió.
Los contratos
Respecto a las irregularidades que este medio encontró en los contratos en comodato se entrevistó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien dijo que desconocía cuántos son los contratos que tiene el Municipio de Juárez actualmente, aunque trabajaban en una actualización de esta información.
“Ya ahorita, todo lo que nosotros hemos detectado hemos estado revirtiendo el comodato ¿Qué quiere decir esto? Si ya no se tiene por ejemplo el objeto para el que se les otorgó el comodato a tal persona o asociación que se hubiera dado, nosotros ya estamos revirtiendo hacia el Municipio para tener el control de esos predios”, declaró.
Cuestionado sobre si el Ayuntamiento continúa con la entrega de comodatos, respondió que sí y hay un control en la presente administración, aunque reconoció que desconoce el número.
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez/ Foto: Angélica Villegas
En cuanto a los criterios que aplican, refirió que primero se consulta ante un Comité de Patrimonio, el cual está conformado por la dirección patrimonial de Oficial Mayor, la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal, la jefatura de Enajenaciones del Municipio, la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil.
Una vez que los representantes de estas dependencias estudian el tema se turnan a la Comisión de Enajenaciones de regidores, para que realicen un dictamen y se presente ante el Cabildo para votarlo.
Sobre este tema también se buscó en varias ocasiones a la regidora Ana Carmen Estrada García, coordinadora de la Comisión de Enajenaciones, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
En tanto que el regidor Enrique Torres Valadez, vocal de la Comisión de Enajenaciones del Municipio, indicó que en esta administración han recibido solicitudes de asociaciones civiles para ampliarles la autorización por parte de Cabildo y poder cumplir con su objeto social con el tema de la construcción que tienen que llevar a cabo en los terrenos que se les prestaron.
Sin embargo, comentó que ya han revertido algunos y en otros casos se ampliaron plazos para que entreguen de manera trimestral o semestral avances.
En el caso del comodato de USMC Strategic Alliance, ubicado en la zona de El Punto en El Chamizal, refirió que la Sindicatura hizo una revisión de este comodato y está pidiendo que se analice.
Sobre este predio en específico, la ahora diputada local y ex síndica del Ayuntamiento en la administración 2018-2021, Leticia Ortega Máynez, comentó que cuando estuvo como síndica se solicitó una revisión de este predio, ya que había incumplido con el contrato para los fines que se prestó.
“Se supone que iba a ser para una asociación civil que iban a construir y es hasta el momento de que no se construye absolutamente nada. Un centro comunitario, pero hasta la fecha no hay nada”, expuso.
Torres Valadez entregó a este medio una lista de los comodatos que se han cedido en la presente administración, donde se incluyen empresas privadas, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales.
La actual Sindicatura del Ayuntamiento dio a conocer que han realizado varias revisiones sobre comodatos entregados, así como hasta la fecha se ha logrado revocar seis, según indicó Pedro de Santiago, director jurídico de la dependencia.
“Estamos analizando, otra vez, varios comodatos y hemos solicitado al Cabildo la reincorporación de por lo menos de seis predios que habíamos detectado que no cumplían o que se había pasado el término que la ley establece y que no se habían utilizado para el fin convenido. Es una labor titánica, la síndica dijo que no tenemos personal, nos falta personal. Tenemos personal capacitado, pero no es suficiente, entonces estamos trabajando con esas cuestiones”, comentó.
Expresó que, si existen irregularidades en la entrega de comodatos, “seguramente” fue en administraciones anteriores, por lo que habría que preguntarles a ellos por qué se entregaron sin cumplir con la ley.
Mientras que la síndica, Esther Mejía, dijo “yo creo que tenemos que mandar un oficio, así como mandamos un oficio de seis predios, para que se reincorporen esos comodatos de nuevo al Municipio, porque no han respetado el fin para el que se otorgaron. Podemos también hacer esta misma gestión porque no han respetado”, manifestó.
Aunque, al igual que el secretario del Ayuntamiento, ambos funcionarios indicaron desconocer cuántos comodatos tiene vigentes el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
Hacia una solución
Activistas, académicos, funcionarios públicos y abogados coincidieron en que se requiere una regularización de la tenencia de la tierra, así como la transparencia de la información, de tal manera que se dé certeza jurídica a la ciudadanía sobre lo que se está haciendo con los terrenos prestados.
Carlos Murillo González, sociólogo y maestro en Ciencias Sociales además de activista, indicó que el tema de los comodatos es de interés público, por lo que la ciudadanía debería estar informada respecto sobre qué se hace con ellos, a quiénes se les entregan, en qué condiciones y por cuánto tiempo.
“Obviamente allí, uno puede detallar si son realmente de interés público o no. Si se da por alguna especie de ‘tranza’ o de acuerdo entre particulares disfrazados de asociaciones civiles o instituciones y la opacidad a la que tienden los gobiernos al hacer este tipo de tratos, que no dejan espacio más que para estar dudando si realmente es de buena fe o es algo más de interés político, personal o económico”, consideró.
En tanto que Hernán Ortiz Quintana, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), comentó que los gobiernos municipales, estatales y federales son los encargados de hacer que se cumpla la ley, lo cual no está ocurriendo en este caso.
“Cuando uno de estos gobiernos no está haciendo su trabajo de cumplir la ley, es un verdadero riesgo de que nuestros recursos porque no se están utilizando para lo que son y aquí es donde deberíamos de ver quién es el responsable de hacer que el gobierno municipal actúe conforme derecho”, externó.
Refirió también que se le tiene que dar certeza jurídica al ciudadano sobre qué es lo que se está haciendo con los terrenos o predios municipales que se entregan en comodato.
La misma situación fue planteada por la diputada Ortega Máynez, quien señaló que la problemática reside en la falta de un seguimiento por parte de las autoridades municipales.
“La cuestión es que no hay un seguimiento. Los dan para años (los comodatos) y no le dan seguimiento de que realmente se utilizan para los fines para los que fueron cedidos. Cedidos, no donados, sino prestados. En cualquier momento el Municipio tiene la facultad de tener el terreno de vuelta”, recalcó.
Mientras que Denisse Ortega, de Análisis Urbano y Territorial de la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez y maestra en Desarrollo Urbano, indicó que estas problemáticas se han presentado desde hace décadas, sin embargo, no se ha regularizado la situación de la tenencia de la tierra en esta frontera.
“Yo lo veo desde varias aristas, porque desde la problemática de la normativa, siento que el Municipio no tiene las capacidades y no tiene muchas ideas sobre los predios municipales. Tienen una cartografía que no está actualizada y después salen otros predios que nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a esa información y ellos no están dispuestos a ponerla pública”, dijo.
Comentó incluso que, en muchas ocasiones, se ve atentado el derecho al espacio público de la ciudadanía, debido a las “malas prácticas” que se realizan por parte de las autoridades en la entrega de comodatos.
“Y el problema es la legislación y los aspectos de la tendencia. Si el Municipio quisiera aterrizar, bien valdría la pena poner mucho énfasis en la capacidad de recursos humanos, intelectuales y sobre todo económicos que aboguen por hacer primero un catálogo de cuál es el aspecto de los predios, cuándo se vencen los comodatos, porque si no va a ser un ‘abusadero’ del derecho a la ciudad”, sentenció.
Luego de este regreso a clases, alumos del nivel básico escolar presentaron conductas agresivas y de aislamiento, dieron a conocer autoridades de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, durante conferencia de prensa.
Esto se atribuyó a que tras casi dos años de tomar clases virtuales en el aislamiento por el Covid-19, los alumnos vieron mermada su salud mental, lo cual es de vital importancia atender, informó Andrea Ceniceros, encargada del departamento de Asistencia Educativa.
Andrea Ceniceros, encargada del departamento de Asistencia Educativa
La funcionaria indicó que las conductas de agresividad se manifiestan a través de diferentes emociones como la ansiedad, la frustración y el enojo.
Asimismo, señaló que es de suma importancia atender la salud emocional de los alumnos para no “echar en saco roto” el mejoramiento académico.
Al respecto, comentó que se dará continuidad y reforzamiento de programas y actividades en conjunto con los más de 32 Aliados Significativos, con el objetivo de brindar atención a diferentes figuras educativas, desde alumnos, docentes, directivos, jefes de sector y coordinadores, hasta Asesores Técnico Pedagógicos (ATP´s).
Andrea Ceniceros, encargada del departamento de Asistencia Educativa
Luis Alfonso Harris, quien se desempeñaba como titular del Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua, fue cesado de su cargo de manera definitiva, de acuerdo con información de de Gobierno del Estado.
También se informó que, además de la destitución, se abrió una carpeta de investigación en su contra tras lo ocurrido, con el fin de deslindar alguna posible responsabilidad de Harris en los citados eventos.
Harris sería el segundo funcionario que se retira de su cargo por el motín del Cereso 3, ya que el director del penal en esta frontera, Alejandro Alvarado Téllez, también fue destituido.
