Tras más de 10 horas de resolución, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, fue sometido a la audiencia donde se le vinculó a proceso judicial por el delito de ejercicio ilícito de un cargo del cargo público en la calidad de omisión.
Bajo la causa penal 237/2023, el funcionario fue sometido al proceso, debido a la falta de su deber de supervisar y garantizar la seguridad de las personas al interior de las unidades administrativas del Instituto Nacional de Migración.
Dicha falta desembocó en un terrible accidente registrado el 27 de marzo, en el cual 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron con lesiones.
#INM El comisionado del @INAMI_mx Francisco Garduño Yáñez, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito de su cargo, tras el incendio registrado en la estación migratoria en #ciudadjuarez donde 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas. 🧵 pic.twitter.com/EpqxskLdP3
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) May 1, 2023
Durante la audiencia inicial, el juez concedió un receso debido a que la carpeta de investigación fue entregada momentos previos al inicio de la misma y era imposible realizar una defensa concreta sin análisis previo de la evidencia.
En la segunda parte de la audiencia, celebrada el 25 de abril, la Fiscalía General de la República vacío los datos recabados durante la investigación del Ministerio Público, la cual consta de 13 tomos y 5 anexos de evidencia.
En este proceso resaltó la evidencia de las entrevistas realizadas a las víctimas sobrevivientes de la tragedia, las cuales coinciden básicamente en dos puntos: falta de comida, de agua y que durante el inicio del incendio, los guardias desconocían el paradero de las llaves.
Ante el volumen de la carpeta, la defensa solicitó la duplicidad de término de 144 horas.
Este domingo se cumplió el término y a las 11:01 de la mañana dio inicio el proceso para determinar la vinculación o no a proceso del comisionado.
La defensa se encargó de establecer 29 puntos ejes para demostrar la inocencia del imputado, sin embargo coma el Ministerio Público rechazó 19 de los puntos, para quedar únicamente con 10, mismos que fueron aceptados también por el juez de control.
Los testimonios de tres personas, en cuyas entrevistas se violentaron sus derechos de víctima, la entrevista a un médico que no se encontraba en el sitio y un video de la cámara de circuito cerrado fueron las pruebas desechadas por falta de pertinencia y utilidad.
Entre los ejes de la defensa se resaltó el dictamen del contrato con la empresa Ignis Protection Sa. De CV., la cual reportó el mantenimiento y presencia de 18 extintores de 4.5 kilogramos., 4 extintores de 9.5 kilogramos y 6 de 2 kilogramos.
Ante esta presentación de prueba, la Fiscalía General de la República logró comprobar que en la estancia provisional tipo B de Ciudad Juárez, solo había presencia de cuatro extintores, de los cuales dos no funcionaban y dos más tenían bloqueado el acceso.
Mientras que la defensa aseguró que los aparatos para combatir el fuego habían sido aprobados para su uso el 25 de octubre del 2022. Sin embargo, las pruebas periciales demostraron que estos no tenían las condiciones para su propósito.
Otro de los puntos cumbres utilizados por los abogados defensores consistió en el oficio en el cual el funcionario había recibido un acta que constaba la ampliación de las instalaciones de la estancia provisional, aunque ésta “funcionó” como prueba que apoyó la teoría de la Fiscalía para corroborar la sobrepoblación el día del incidente.
Y es que con la ampliación, había capacidad para albergar a 80 personas, mas la recomendación por parte de expertos era el no llenarla a más del 80 por ciento. Cabe recordar que el 27 de marzo se encontraban 68 personas recluidas y en los testimoniales se mencionó que durante varias horas hubo más de 100 personas ingresadas en la celda.
“Hay material suficiente para determinar que participó en la comisión por omisión en hechos del Instituto Nacional de Migración”, dictaminó el juez antes de revelar su resolución final.
En la omisión de su deber de garante que derivó en muertes y lesiones de personas así como daños a la infraestructura, el juez consideró que Francisco garduño falló en su deber de proteger a personas migrantes al omitir verificar la estancia migratoria para que estuviera preparada en hacer frente a un incendio.
Ante esto se dictaminó la vinculación a proceso bajo el delito de Omisión Dolosa por Ejercicio Ilícito del Servicio Público.
La FGR solicitó cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias por lo que el jueves 24 de agosto comienza el juicio en contra del señalado, quien durante todo el proceso conservó su derecho a guardar silencio ante las acusaciones.
La medida cautelar se mantiene: Garduño tendrá que acudir cada 15 días para la firma periódica.
Pese al auto de vinculación a proceso, el Comisionado del INM continuará en labores.
Ante esta decisión, el abogado defensor del funcionario Rodolfo Pérez Velázquez, declaró que presentarán un amparo ante la decisión del juez de este domingo, así como el juició continúa.
Aquí la declaración del abogado defensor
La defensa del comisionado, el abogado Rodolfo Pérez Velázquez, declaró que presentrán un amparo en contra de la decisión del juez de este domingo. pic.twitter.com/TIZInBPw45
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