La paraestatal Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) concesionó en la pasada administración casi la mitad de los recintos portuarios de La Paz, cobrando cuotas iniciales que reportaron ganancias por más de 250 millones de pesos que están siendo auditados por el actual gobierno.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
“No la vamos perder. Si un político la entregó fue malamente, no estaba sola la playa». Jorge Osuna Tamez, prestador de servicios turísticos de El Manglito quien se opone a la concesión del único embarcadero público que pequeños empresarios como él y pescadores locales tienen para acceder al mar en la capital política de este estado del noroeste mexicano.
Antes de entrar al embarcadero de El Manglito, usado libremente por toda la comunidad desde hace más de 20 años, hay letreros con sellos del gobierno del estado donde se anuncia: “APIBCS cuenta con una superficie de 11,189 metros cuadrados concesionados en esta zona”.
“Dicha superficie fue materia de un contrato de cesión parcial de derecho celebrado por APIBCS con un particular el día 21 de marzo de 2021. Por lo anterior procede a restringir el acceso y únicamente se permitirá la salida de bienes muebles a partir del 7 de junio de 2022”, se puede leer de manera textual en el documento.
El embarcadero público de El Manglito es utilizado por alrededor de 150 prestadores de servicios turísticos como Jorge Osuna, pescadores y propietarios de embarcaciones privadas de La Paz, estos últimos quienes usan sus botes y lanchas para paseos familiares.
“No existe ningún lugar para acceder al mar, la única manera es pagando los precios que imponen los dueños de las Marinas que cobran hasta 500 pesos por ese servicio por cada vez que se utilizan”, expresó Jorge Osuna, al convocar a otros afectados como él a resistir de manera pacífica al intento de privatizar el único embarcadero público de La Paz.
APIBCS es una empresa paraestatal del Gobierno de Baja California Sur conformada por decreto oficial en 1997. Sus acciones son determinadas por un consejo encabezado por el gobernador en turno. Administra un conjunto de recintos portuarios en el estado, entre ellos el pequeño embarcadero de El Manglito, pero sin duda el más importante es Puerto Pichilingue, centro de abastecimiento de prácticamente todos los productos y mercancías que llegan al extremo sur de la península de BCS.
Además de la concesión (o cesión parcial de derechos) de El Manglito, en 2021 en los últimos años del gobierno encabezado por el panista Carlos Mendoza Davis, quien tuvo como administrador de la API a José López Soto, se pactaron tres concesiones con particulares que incluían el pago de “cuotas iniciales” a cambio de contraprestaciones mensuales más bajas y que, a decir del actual director de la APIBSC, Narciso Agúndez Gómez, fueron “lesivas” y “arbitrarias”.
Entre 2018 y 2021, José López Soto al frente de APIBCS firmó contratos de cesión de derechos por 46% (135 mil 325 metros cuadrados) de área terrestre concesionada en el litoral de la bahía de La Paz, la mayoría para compañías con intereses turísticos y generado manifestaciones ciudadanas por el alto costo social o ecológico para las zonas donde se han intentado implementar.
Resistencia pacífica
Un centenar de pescadores de El Manglito decidieron reunirse la tarde del 9 de junio del 2022 en el lugar donde, diariamente, se hacen al mar para revisar sus opciones ante la inminente desaparición del único sitio público que les queda para realizar estas faenas en La Paz.
Los afectados por esta concesión afirman que buscarán hasta el último recurso legal para mantener el sitio abierto a la comunidad y así evitar que avance lo que consideran un “despojo” para las familias paceñas.
La firma del contrato de concesión de El Manglito se aseguró mediante el pago de una “cuota inicial” de 4 millones de pesos. Dinero que la APIBCS recibió en marzo del 2021 a cambio de ceder el uso de los más de 11 mil metros por una contraprestación de tan solo 55 mil 945 pesos mensuales aún sin recibir el visto bueno de las autoridades del medio ambiente federales.
La cesión parcial de derechos fue otorgada a la empresa Desarrollos Gran Visión bajo el compromiso de construir una marina, locales comerciales y restaurantes que administrará por una década luego de la cual puede renegociar su ampliación (APIBCS01-83-21).
Una búsqueda en el Registro Público del Comercio vincula a Ana Karina Angulo Esquer como propietaria; es esposa del empresario inmobiliario Luis Cano Hernández; ambos se encuentran relacionados con la compra de El Mogote y otros proyectos de especulación inmobiliaria durante los gobiernos de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, padre Narciso Agúndez Gómez, actual titular de la APIBCS.
El pasado 11 de julio los prestadores de servicios turísticos afectados presentaron un oficio al Gobierno del Estado invocando el decreto del 2020 en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador adiciona disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, garantizando libre acceso y tránsito en las playas.
Los manifestantes sostienen que el espacio es de público, por lo que piden la revocación de la concesión por su uso consuetudinario. Agregan que, de concretarse se violaría la Ley General de Puertos al no consultarles sobre la concesión.
“Nuestro interés no es politizar, no es hablar de si hay corrupción, no es hablar tampoco si fueron las autoridades de la administración pasada o de esta administración, nuestro único interés es pedirle a la autoridad, específicamente al gobernador Víctor Castro Cosío que se nos respete el área que por mucho tiempo hemos empleado para trabajar y botar las embarcaciones”, dijo Nezahualpilli Tovar, uno de los manifestantes que entregó el documento.
Las otras concesiones
Además de la cesión parcial de derechos del pequeño embarcadero de El Manglito, durante el 2021 se firmaron otros tres contratos concesión donde se pide “cuotas iniciales” a las empresas y se asignan contraprestaciones mensuales “lesivas”, a decir del actual titular de la APIBCS, Narciso Agúndez Gómez, entrevistado para este reportaje.
Dos de estos contratos fueron con la empresa New Fortress Energy y sus filiales (APIBCS01-068-18 cedida para NFE Pacífico y APIBCS01-080-21 Gas Natural del Noroeste). La empresa de capital norteamericano del giro de los hidrocarburos inició en 2021 una operación para hacer llegar gas natural al estado.
El 13 de mayo, esta planta en BCS fue clausurada de manera temporal por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), debido a una supuesta falta de documentación necesaria para su operación.
Leer: Violenta Ley…New Fortress Energy oculta sellos de clausura de la CRE
La otra empresa favorecida con una concesión de este tipo fue Aquamayan Adventures del empresario quintanarroense Mauricio Hamui, cuyas empresas construyen las obras portuarias para cruceros turísticos en el caribe mexicano.
Consiguió una concesión para dragar, construir y operar una terminal para cruceros -tipo OASIS, los más grandes del mundo- en Puerto Pichilingue junto con área para amenidades como restaurantes, bares, locales comerciales, parques acuáticos y otros servicios para sus pasajeros.
Aquamayan Adventures (APIBCS01-086-21) entregó una cuota inicial de 40 millones al firmar su concesión con José López Soto aún al frente de la APIBCS.
En medio de manifestaciones y sin dar mayores explicaciones, en abril del 2022, la empresa retiró su solicitud de impacto ambiental, en tanto las autoridades ambientales mexicanas emitieron días después la negativa de los permisos en materia de impacto ambiental.
El empresario Mauricio Hamui, representante legal de la empresa fue contactado para este reportaje, pero se negó a ofrecer una posición respecto a las razones de la dimisión.
Prestaciones “arbitrarias”
Las “cuotas iniciales” establecidas en los contratos celebrados con APIBCS durante la administración de Mendoza Davis son una práctica común en las concesiones de bienes nacionales, pero las empresas arriba mencionadas pagaron “de manera arbitraria”, calificó el titular de la APIBCS, Narciso Agúndez Gómez.
“No sabemos de dónde sacaron esos precios… Vamos a procurar regularizar con un pago de contraprestación justo. Ni un peso más pero ni un peso menos, sobre lo que marque el avalúo de los bienes nacionales y ahora sí tendrán que poner a consideración si sirve en su modelo de negocio. Nosotros no podemos otorgar ese tipo de concesiones lesivas para la nación”, aseguró el funcionario en entrevista.
Como se dijo por el embarcadero de El Manglito; la empresa Desarrollos Visión pagó solo 5.5 pesos por metro cuadrado en una zona turística de alta plusvalía en La Paz.
Por su parte, New Fortress Energy paga 25 pesos por metro cuadrado; y Aquamayan Adventures, 26 pesos por metro cuadrado, cuotas fijas que son bajas para el ámbito portuario nacional.
A decir de Agúndez Gómez, su administración comenzó un proceso con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) buscando tasar estas concesiones con contraprestaciones más justas.
A ello habría que sumar que el uso del recursos emanado de dichas concesiones es poco claro. En la segunda y última entrega de este reportaje se mostrará como parte de dicho recurso fue utilizado para fines diferentes a los objetivos de la APIBCS.
“Encontramos las finanzas muy desgastadas, prácticamente pudimos salir para la nómina”, dijo Agúndez Gómez.
Se solicitó una postura de José López Soto, ex director de APIBCS, sobre el manejo que se dio a los recursos durante su administración, pero hasta el cierre del reportaje el ex funcionario no ofreció respuesta.
