Luego de que se diera a conocer que este fin de semana se registró un operativo en la Sierra de Chihuahua donde fueron localizados seis laboratorios clandestinos y murieron dos oficiales estadounidenses vinculados a labores, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, declaró que la presencia de agentes extranjeros en México depende de la autorización federal.
El funcionario refirió que la ley permite la coordinación, comunicación e intercambio de información con autoridades extranjeras, como es el caso de las mesas de seguridad entre ambos países, pero cualquier intervención en territorio nacional requiere aval del Gobierno de México.
Indicó que incluso en casos de capacitación o uso de instalaciones públicas, la participación de personal extranjero debe contar con autorización previa, lo que mantiene el control de estas decisiones en el ámbito federal.
Límites legales
El domingo, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que durante el despliegue, cuatro personas murieron en un accidente carretero, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, además de personal del titular de la Agencia Estatal de Investigación y otro agente de la misma corporación.
La versión oficial indicó que los agentes estaban vinculados a labores de capacitación en manejo de drones en el poblado de El Pinal. Sin embargo, el lunes por la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que desconocía la presencia de los agentes en territorio mexicano.
Las autoridades estatales señalaron que los extranjeros se encontraban en actividades técnicas, por lo que el Gobierno Federal dio a conocer que inició una investigación para determinar si su presencia cumplía con los protocolos establecidos.
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Aunque medios extranjeros como el New York Times publicaron que los agentes estadounidenses que se encontraban en la Sierra de Chihuahua realmente se trataban de integrantes de la CIA operando en México.
Al respecto, el Gobierno Mexicano declaró que la investigación en curso definirá los límites entre cooperación e intervención en materia de seguridad, un punto que impacta en la relación entre ambos gobiernos y en la forma en que se permite la presencia extranjera en el país.
