En Chihuahua, el 61 por ciento de los candidatos a ocupar un cargo público prefirieron no decir cuánto perciben en ingresos mensuales al Instituto Estatal Electoral (IEE), pese a que actualmente se trata de un requisito para incluir en la plataforma «Conóceles».
La plataforma se trata de un proyecto con la intención de que la ciudadanía pueda consultar quiénes son los candidatos para el presente proceso electoral, cuáles son sus propuestas, además de brindar información sobre los aspirantes a un cargo público en este 2024.
El micrositio web ofrece información sobre el registro curricular de los candidatos, su grado académico, rangos de edad, sexo, así como su nivel de ingresos, entre otros.
Sin embargo, es en el rubro de nivel de ingresos donde del total de aspirantes por un cargo público en la entidad, el 61.84 por ciento dijo preferir no contestar cuánto era su ingreso mensual.
El 11 por ciento dijo ganar menos de 11 mil pesos; un 10.7 por ciento dijo ganar entre 11 y 25 mil pesos mensuales; el 6.64 por ciento dijo ganar entre 25 y 50 mil pesos mensuales.
Mientras que un 3.3 por ciento declaró percibir ingresos de entre 50 y 75 mil pesos mensuales; un 3 por ciento entre 75 y 112 mil pesos y el 2.7 por ciento más de 112 mil pesos mensuales.
Sin embargo, la plataforma no ofrece la información especifica por rubro de cada candidato, aunque sí se tiene la opción de conocer sus propuestas.
Este es el tipo de contenido que se puede encontrar en la plataforma, pero también se pueden conocer las propuestas de los candidatos, su edad y sus preparación académica y profesional, explicó Edgar Iván Arce Saucedo, secretario de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez.
«Esta es una plataforma que se acaba de abrir y cuyo objetivo, pues es precisamente eso, que los votantes potenciales conozcan, un poco más acerca de las personas candidatas de las candidaturas. Ahí van a encontrar datos curriculares, si pertenecen a un grupo de discriminación atención prioritaria, etcétera», dijo.
Comentó que además es una obligación para los candidatos y candidatas que están postulando para alcaldías y para diputaciones cumplir con información a esta plataforma y tenerla bien requisitada.
En otro tema, Arce Saucedo mencionó que aún está abierta la segunda convocatoria para personas supervisoras electorales locales y para capacitadoras asistentes electorales locales para la Asamblea.
Dijo que se requieren al menos unas 700 personas para que participen en el proceso electoral, actividad por la que se otorga una remuneración económica de 15 mil y 12 mil pesos, respectivamente.
El 22 de enero del año en curso se firma un convenio de colaboración entre el Municipio de Juárez, Chihuahua, representado por Cruz Pérez Cuellar y la asociación civil «Fundación Juan Gabriel», representada por Felipe Rojas Portillo como director del Museo Casa Juan Gabriel.
Dentro de dicho convenio, en sus cláusulas se establece que la colaboración consistirá en la apertura y operación al público en general del espacio, ubicado en la avenida 16 de septiembre entre las calles Perú, Zaragoza y Colombia, para lo cual el Gobierno Municipal otorgará un donativo en una segunda etapa por la cantidad de hasta 70 millones 241 mil 367 pesos.
El convenio SA/JUR/50/2024 establece como compromiso de dicho museo el «permitir el acceso regular a sus instalaciones al público en general, favoreciendo el acceso preferente y mediante visitas informadas de estudiantes, internos, pacientes y profesores de escuelas, hospicios, hospitales, etc.
Personas con discapacidades y en general, a cualquier persona en condición de vulnerabilidad: lo anterior, sujeto a las restricciones políticas y lineamientos que «EL MUSEO» determine, así como en cumplimiento de las regulaciones y demás disposiciones que resulten aplicables a su operación y administración».
Además, el museo tendrá que elaborar informes trimestrales, así como un informe final a más tardar el 9 de septiembre de 2024, lo cual es un tanto contradictorio ya que el mismo documento establece puntualmente que dicho museo «se compromete a sumar esfuerzos y abrir canales de sinergia» con dependencias como la Dirección de Educación, el Ipacult, SIPINNA y la Coordinación de Resiliencia «con la finalidad de incidir directamente en el Plan Municipal de Desarrollo de Juarez 2021-2024 en los ejes de Cultura para el Fomento de la Paz y Educación para el Desarrollo Humano.
Y es que siendo más precisos, en primera instancia, de acuerdo a la programación establecida para la entrega del donativo económico, se plantea que el último recurso se entregará en el mes de julio (9 millones 990 mil pesos) y se ha anunciado ampliamente que la apertura de dicho espacio se realizará en el mes de agosto.
En ese sentido ¿Cómo se incidirá en las metas señaladas en el PMD para la administración que culmina precisamente el 9 de septiembre?
Otra contradicción importante, ya la he señalado ampliamente y está relacionada con el hecho de que el Reglamento Interno del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en el artículo 10 se señala que “las y los integrantes del Consejo de Gobierno electos entre la ciudadanía desempeñarán sus funciones de manera honorífica”, lo cual presenta un posible conflicto de interés, pues el arquitecto Felipe Rojas Portillo tomó protesta como Consejero de Gobierno del Ipacult el pasado 6 de febrero.
FOTO: TOMADA DE FACEBOOK
Y es que precisamente al día siguiente de tomar protesta como Consejero de Gobierno, el 7 de febrero del año en curso, Rojas Portillo recibe el cheque 343187 por la cantidad de 5 millones 254 mil 800 pesos.
Posteriormente mediante el cheque 343187 recibe 24 millones 838 mil 900 pesos por concepto de la ministración de febrero. Es preciso mencionar que el 27 de noviembre de 2023 ya había recibido el cheque 162096 por un importe de 9 millones 340 mil 320 pesos (convenio SA/JUR/037/2023)
De tal suerte que Felipe Rojas Portillo, quien funge como director del Museo Juan Gabriel, director de la Fundación Juan Gabriel A.C., y también Consejero de Gobierno del Ipacult, recibirá en total del erario municipal 79 millones 581 mil 687 pesos, mientras que en respuesta a la solicitud 080155924000550 de la Plataforma Nacional de Transparencia, como fundamento del jugoso donativo, se establece lo referido en el Acta de la Sesión de Cabildo 31 Ordinaria realizada el 21 de diciembre de 2022, la cual a la letra señala que:
«Este Honorable Ayuntamiento autoriza destinar la cantidad de $3, 500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos, m.n. 00/100) para impulsar y fortalecer la actividad turística de ciudad Juárez, a través del “Museo Casa Juan Gabriel”, a través de un Convenio de Coordinación y Participación con la Fundación Juan Gabriel A.C.»
Cabe destacar que la asociación civil «Juan Gabriel» se constituyó el 4 de enero de 2023 ante el licenciado Alejandro Álvarez Hernández, Notario Público 18 en el Distrito Judicial Bravos, bajo la escritura pública número 16,736 del volumen 273, la cual obra registrada en el número 90 del Libro 187, de la Sección Cuarta del Registro Público de la Propiedad.
En resumen en diciembre de 2022 el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar solicitó un donativo para la Fundación Juan Gabriel A.C., la cual se constituye legalmente en enero de 2023 y que de noviembre de 2023 y hasta julio de 2024 recibirá 79 millones 581 mil 687 pesos del erario municipal para la apertura en agosto del año en curso del Museo Juan Gabriel.
El cual de acuerdo a la difusión en redes sociales realizará cobros para el acceso a dicho espacio, en beneficio únicamente de dicha fundación, con el compromiso de incidir en las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Juarez de la administración que culmina en septiembre de 2024.
Una vez expuesto lo anterior, creo que hay claridad en la insistencia de Pérez Cuéllar en imponer a Felipe Rojas Portillo como integrante del Consejo de Gobierno del Ipacult, descentralizada que lamentablemente solo tuvo la asignación de 30 millones 671 mil 123 pesos para atender las necesidades culturales del millón 512 mil 450 habitantes del Municipio de Juárez.
Parece que de esta manera puede favorecerse la imagen del aspirante a reelección que el pasado 28 de abril realizó una publicación en su página de Facebook haciendo alusión a la apertura del Museo Juan Gabriel.
Esto cuando el 22 de abril el Cabildo aprobó su licencia como presidente municipal y es que pese a que el convenio SA/JUR/50/2024 señala que el museo «se compromete a que los recursos motivo de este convenio (financieros, físicos y humanos) no serán utilizados para actividades políticas, partidistas».
Sin duda ha sido sumamente conveniente aprovechar la publicidad en medios masivos de comunicación para presumir esta sociedad cuya buena obra está sujeta a conflictos de interés y apunta hacia la presunción de corrupción, pero paradójicamente también resulta inconveniente, pues beneficiar a un privado con recursos públicos, mientras el presupuesto asignado para la implementación de políticas culturales es por demás insuficiente, pues prácticamente hablamos de que por habitante del municipio de Juárez para este 2024 nuestro gobierno ha asignado un presupuesto anual de 20.27 pesos.
Desde el año pasado, el reforzamiento de la frontera norte de México con elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido una constante por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en una clara medida de acuerdo con las políticas de Estados Unidos para contener el flujo de migrantes hacia ese país.
Así lo han venido denunciando diversos activistas y defensores de derechos humanos en la fronteriza Tijuana, quienes alertaron que esta militarización que está llevando a cabo el gobierno mexicano no solo contraviene a los derechos de los migrantes, sino que también los está exponiendo a mayores riesgos al orillarlos a cruzar por zonas de mayor peligro.
Militares y Guardia Nacional resguardando frontera con EEUU. – Foto: Joebeth Terríquez
La presencia del Ejército, la GN y el INM se percibe desde la zona de Playas de Tijuana, donde el muro fronterizo desemboca en el océano Pacífico, pasando por el área conocida como “El bordo”, la garita de San Ysidro y hasta el Ejido Jacumé, en el municipio de Tecate, donde desde principios del año montaron un campamento para la detención de personas que intentan cruzar el muro.
El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, es uno de los que ha alzado la voz ante esta situación, cuestionando que este tipo de acciones estén solamente enfocadas en la detección de migrantes y no en acciones “que lleven a la detención de los traficantes de personas que se están aprovechando de esta situación”.
El muro mexicano
A finales del 2023, entre noviembre y diciembre, los intentos de cruce masivos de migrantes hacia Estados Unidos incrementaron de forma considerable, principalmente por la zona de “El bordo”, aledaña a la garita de San Ysidro, y era común ver que por las noches o madrugadas grupos de hasta 400 personas buscaban internarse al país vecino.
Esto propició que la GN y el INM montaran vigilancia permanente en la zona, además de que instalaran malla metálica con alambre de púas en la base del piso como en la parte alta de la misma, para bloquear el paso de los migrantes por este lugar, lo cual asumieron como una medida precautoria, pero que activistas condenaron al considerar que se trataba de un muro mexicano al estilo del de los estadunidenses.
Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección de Atención al Migrante (DMAM), declaró en ese momento que: “Esto no significa que se les obstruya el derecho de los migrantes a solicitar asilo, pues este punto no es un puerto de entrada legal”.
Activistas como Judith Cabrera, co-directora de Border Line Crisis Center, fue de las que cuestionaron esta medida, pues “aunque hayan justificado que era para proteger las obras del Viaducto Elevado, cumple justamente el cometido de Estados Unidos de no querer que pasen por ahí los migrantes justo cuando se estaban dando estos intentos de cruce”.
Campamento instalado en el Ejido Jacumé por el INM, GN y el Ejército. – Foto: Joebeth Terríquez
Operativo fronterizo en Jacumé
El Ejido Jacumé, ubicado a una hora y media de Tijuana, es una zona rural por donde se habían estado presentando también cruces masivos de migrantes hacia EEUU, trasladados por “coyotes” (traficantes de personas), razón por la que, de acuerdo con David Pérez Tejada, delegado del INM en Baja California, se instaló un campamento en conjunto con elementos del Ejército y la GN.
En entrevista, refirió que este reforzamiento que instrumentaron en esta zona “ha tenido resultados”, porque “en el año pasado que tuvimos picos de hasta 800 cruces diarios irregulares, los logramos bajar hasta 500 a principios de enero y, a partir de estos campamentos que se instalaron hemos visto cifras recientes de 74 cruces en un día”.
En un recorrido que Nómadas realizó por Jacumé, se constató la presencia permanente que mantienen los elementos del INM, la Guardia Nacional y el Ejército y, de acuerdo con información que fue compartida en el lugar, estos se relevan en dos turnos durante el día para cubrir las 24 horas y de forma permanente.
La presencia y el patrullaje lo realizan en un radar de extensión de 17 kilómetros por toda la frontera hacia el rumbo del municipio de Mexicali, en donde han ubicado al menos ocho puntos que habían estado utilizando para el cruce de personas, en áreas donde el muro presenta huecos o donde por las características del terreno les facilitaba instalar una escalera hechiza para brincar el cerco.
Pertenencias como vestigios del paso de migrantes por el Ejido Jacumé – Foto: Janna Muñoz
Durante el recorrido se observó una cantidad de materiales y deshechos de comida y botellas de agua, en donde durante meses fueron también campamentos entre los muros para los migrantes que cruzaron y se mantuvieron a la espera de que los recogiera la Patrulla Fronteriza, siendo ahora lugares donde por la presencia militar y de migración han quedado vacíos.
El delegado de migración destacó que este panorama es un reflejo de lo drásticas que han sido sus acciones, pues “los grupos criminales que están traficando con personas y llevándolos a estos puntos alejados, ya han tenido que buscar otros puntos a lo largo del muro fronterizo para poder llevar a las personas para cruzarlos”.
Pérez Tejada argumentó que esto llevará también a que los “coyotes” busquen nuevamente cruzar a las personas por sitios que eran “los de los orígenes”, como lo son la canalización del río Tijuana y la zona norte de la ciudad, ambas aledañas al puerto internacional de San Ysidro, además de cruzar por el mar en la zona de Playas.
Ante estas circunstancias, las labores de contención y de detención de migrantes, que ellos justifican como “rescates humanitarios”, planea intensificarlas incluso con la presencia de elementos de la Marina, lo cual ha sido todavía más cuestionado por ello.
“Solicitamos una presencia permanente de elementos de seguridad en estas zonas también, sobre todo con Guardia Nacional, fuerza estatal y del Instituto Nacional de Migración. Ahora también estamos pidiendo que la Marina esté presente en Playas de Tijuana y si puede sumarse la Policía Municipal de Tijuana también se los agradeceríamos”, dijo.
Padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana. – Foto: Joebeth Terríquez
“El problema es con el crimen organizado”
El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, condenó en entrevista que se esté utilizando a la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad para el tema de los migrantes, pues refiere que “no tienen ningún poder para tocar migrantes en ningún momento, pero así lo están haciendo” y sugirió que esos esfuerzos mejor se utilicen para combatir al crimen organizado.
“Mejor que vayan a buscar a los que están matando a la gente en Tijuana, hace una semana tuvimos tres homicidios frente a la Casa del Migrante y no vino nadie para ayudar a la gente. Yo sé que se necesita hacer algo, pero el problema es con el crimen organizado que está organizando todos estos cruces y pobre gente ya está viendo las repercusiones”, sentenció.
Para el activista, toda esta situación “está conectado con las elecciones de los Estados Unidos, porque (Joe) Biden está manejando todo mandando dinero para que puedan detener la intención de migrantes de este lado para que no crucen. Es un caos en este momento en todas partes y no veo en dónde se puede encontrar esperanza para las personas”.
Murphy reiteró que el problema con estos operativos es que orillan a los migrantes a cruzar “por otros lugares más peligrosos, más lejos y más afuera de la civilización y va a tener más muertos y más problemas”.
“Yo creo que esa no es la solución, lo que se tiene que hacer es buscar soluciones con dignidad para la gente, no para arrestarlos como criminales, no son criminales, los criminales se quedan libres, el crimen organizado está ganando dinero de todo esto y nadie los está molestando a ellos”, dijo.
FOTO: CORTESÍA
Señalamientos de corrupción en el INM
Justo en medio de toda esta controversia por la militarización de la frontera y en un momento en el que se venían justificando estas acciones, el INM en Tijuana se vio envuelto en un caso de corrupción, luego de que se diera a conocer que el pasado 29 de febrero fueron detenidos dos funcionarios de dicha institución por el delito de tráfico de personas.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de los funcionarios María Elizabeth Paredes Sánchez y Marte Antonio Camacho Solano, este último quien desde hace 15 años trabaja en esta institución y quien tuvo a su cargo la estación migratoria del INM en Tijuana, y quien desempeñó también funciones de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali.
La FGR también confirmó que el pasado 29 de febrero dicha institución realizó un cateo con orden emitida por un juez de Distrito, en un domicilio ubicado en una zona residencial al sur de la fronteriza Tijuana, privada Veneto número 3663 de la Colonia Villas de Santa Fe 5ta Sección, debido a labores de inteligencia que indicaban que ahí se realizaban actividades relacionadas con extorsión y secuestros.
En el domicilio los agentes de la FGR encontraron a las dos personas antes mencionadas, además que encontraron también “15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva, 1 millón 90 pesos y 27.000 dólares”, así como cuadernos con anotaciones de los cobros que hacían a los migrantes que ingresaban al estado con la intención de cruzar a Estados Unidos.
Por este motivo, la FGR abrió la carpeta de Investigación: FED/BC/TIJ/0000550/2024 y puso a ambos funcionarios del INM a disposición de la autoridad, sin embargo, en la audiencia inicial “el juez Oscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención” y ordenó su libertad inmediata; informaron que la carpeta de investigación sigue abierta.
Después de que se diera a conocer este caso, activistas en Tijuana acusaron al delegado de dicha institución, David Pérez Tejada, de minimizar lo que consideran un “acto de corrupción muy grave”.
Judith Cabrera de la Rocha, co-directora de la organización Border Line Crisi Center, cuestionó la tibieza con la que el delegado tomó el caso, exigiendo que se realice una investigación interna a profundidad, para desestimar que haya otras posibles personas implicadas en estos delitos.
“Me parece que es una obligación que tiene, desde los mecanismos internos del Instituto Nacional de Migración, llevar a cabo esa investigación; si bien este no es un crimen que él haya cometido, sí es su responsabilidad como titular del instituto que se encuentren a las personas involucradas y que haya sanciones”, dijo en entrevista con Nómadas.
David Pérez Tejada, delegado del INM en Baja California – Foto: Joebeth Terríquez
Delegado reconoce casos de corrupción
En atención a medios, el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, David Pérez Tejada, reconoció que, así como sucede en otras instituciones del gobierno federal, en la que encabeza también hay casos de corrupción.
“Yo no lo niego, y puedo decir que en muchísimas dependencias de nuestro país hay casos de corrupción, se ha hablado y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país”, dijo.
Convocados los medios de manera informal, el funcionario dijo en esa atención realizada el viernes 22 de marzo, que la intención de la convocatoria había sido “para esclarecer algunas versiones distorsionadas” del tema, aclarando que él no tenía que ver en el caso, como se manejó en algunos medios.
Aunado a ello, reconoció también que a los funcionarios que han detectado cometiendo actos ilícitos las han cesado: “la gente que nosotros hemos detectado dentro del instituto se le ha cesado, se le ha abierto carpeta ante el Órgano Interno de Control”.
Agregó que “en promedio estamos cesando de sus funciones a dos (funcionarios) por mes por temas de corrupción o porque no pasan el examen de control, porque están asignados a algún punto donde haya algún tipo de denuncia ciudadana”.
Cuando se le cuestionó el por qué este caso no se había dado a conocer hasta que se publicó en la prensa, señaló que “son cuestiones que nosotros no las damos a conocer en muchas de las ocasiones a la opinión pública porque son cuestiones internas, no las podemos dar a conocer por el tema de la privacidad, el acceso a la información y demás”.
También refirió que él personalmente no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo que no sabía si los funcionarios investigados estaban implicados o por cuáles delitos en sí estaban acusados.
Cuando se le cuestionó si dudaba sobre estas acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República, el delegado manifestó que “yo solo me guío por lo que sé y realmente, pues lo que todos saben es lo que se ha manejado en los medios”.
Sobre los cargos que desempeñaban los funcionarios, dijo que María Elizabeth Paredes era Oficial de Protección a la Infancia, aunque también realizaba labores administrativas “y me ayudaba a temas de contestación de oficios y de llamadas, llevar las bitácoras”
En el caso de Marte Antonio Camacho, dijo que él desempeñaba funciones de encargado del turno vespertino de la garita de El Chaparral y también “llegó a estar en el pasado como encargado de la estación migratoria”.
También manifestó que no le preocupaba el tema en sí porque “las investigaciones se realizan cuando hay algún acto, alguna denuncia, alguna sospecha y los que han estado investigados ya no están” y sobre un interés personal sobre indagar si hay más personas involucradas, expresó que “hasta que la fiscalía no determine ni nos pida más información, pues no sabemos a qué obedece”.
Judith Cabrera de la Rocha, co-directora de Border Line Crisis Center. – Foto: Joebeth Terríquez
Preocupante que se minimice el caso
Para la activista Judith Cabrera el caso que se investiga “es algo muy vergonzoso y escandaloso para una institución federal que está a cargo precisamente de cuidar a la población migrante y por otro lado es un secreto a voces que con esto se confirma”.
“Lo más preocupante del caso, si bien, se está destapando un caso de corrupción muy profunda, es una persona que tenía 15 años en el cargo, pero que el titular en este momento esté de hecho minimizando las cosas, encubriendo a las personas que cometieron estos delitos”, dijo.
Agregó que, “al decir que tienen estos puestos menores, nos habla también de una indolencia total, una falta de sensibilidad ante lo que está pasando, parece como si no se tomara en serio la gravedad de que sea el gobierno federal cometiendo crímenes contra la población migrante”.
La activista destacó que “siendo un caso tan grave, me parece una burla que diga que no se tiene por qué informar, por supuesto que los medios deben de estar enterados, la población en general; creo que muchos mecanismos se deberían haber movido para impedir que estas cosas sigan sucediendo”.
“Estamos hablando sí de corrupción, pero el hecho de que encuentres armas, cartuchos, te hace preguntarte hasta dónde llega esto, qué tan involucrados estarán también en el tráfico de personas y en los secuestros, entonces, queda clara esta intención y creo que nos deben a la sociedad civil no nada más una mejor ejecución de sus funciones y transparencia, también la libertad para por lo menos hacer nuestro trabajo”, puntualizó.
FOTO: CORTESÍA
Frontera controlada por el crimen organizado
El padre Patricio Murphy resaltó que este caso de corrupción no se debe desestimar de ninguna manera, puesto que, pese a la militarización de la zona fronteriza, los cruces irregulares hacia Estados Unidos han ido en incremento asegurando que el crimen organizado tiene realmente el control total de la frontera y en ello podría haber colusión con las autoridades, como fue el caso de los dos funcionarios del INM.
“La verdad es que quien está controlando la frontera es el crimen organizado, la gente sigue cruzando irregularmente con números espantosos y nadie habla de este tema, (las autoridades) han perdido el control y ojalá que, más allá del tema de las elecciones, puedan controlar la frontera por el bienestar de la gente que está cruzando”, resaltó.
El también activista señaló que este control e involucramiento del crimen también tiene que ver con las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, que les abren las puertas a los traficantes de personas, pues “se están aprovechando de la vulnerabilidad y desesperación de las personas que buscan refugio”.
Al respecto, el director municipal de atención al migrante, Enrique Lucero Vázquez, aseguró que el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos “se ha convertido en un negocio altamente lucrativo para el crimen organizado, tan lucrativo como lo es el tráfico de drogas, que ya ha tomado control de la frontera”.
El funcionario reveló en entrevista que los migrantes pueden llegar a desembolsar hasta 40 mil dólares por un cruce. Tan solo en 2023 las autoridades migratorias tuvieron un registro de 2.3 millones de cruces irregulares, alcanzando diciembre de ese año un pico histórico de 300 mil cruces, 50 mil de ellos a través de Baja California.
Migrantes intentando cruzar por la frontera entre Tijuana y San Diego. – Foto: Joebeth Terríquez
San Diego, la nueva puerta de la inmigración a EE.UU
El aumento de cruces irregulares en los últimos meses de 2024 ha posicionado a San Diego como la nueva puerta de la inmigración hacia Estados Unidos, pues tan solo en la última semana de abril, la Patrulla Fronteriza registró más de 9 mil 513 detenciones de personas que intentaron cruzar por esta ciudad californiana, mientras que, en Tucson, Arizona, reportaron 7 mil 600.
De acuerdo con estos datos, son alrededor de mil 250 cruces diarios los que se dan por esta zona fronteriza, que del lado mexicano comprende desde Playas de Tijuana hasta el Ejido Jacumé, municipio de Tecate.
Al respecto, el gobernador de Texas, Greg Abbot, indicó en su cuenta de X que gracias a sus medidas de seguridad en la frontera con México es que han reducido los cruces por esta zona en un 72%, mientras que en otros estados fronterizos como California han tenido aumentos de hasta un 24%.
Enrique Lucero Vázquez señaló que otro de los factores que ha derivado en mayores cruces irregulares hacía Estados Unidos, es que México ha dejado de expedir y renovar tarjeta de visitante por razones humanitarias, además que los mexicanos son los que siguen liderando la estadística de cruces.
Agregó que la demora de hasta seis meses en las citas mediante la aplicación CBP-One, aunado a la desesperación e incertidumbre que ello genera entre la población migrante, también son factores que han generado ese incremento de cruces por esta región, lo cual ha desencadenado en otra situación alarmante, las muertes y accidentes de migrantes tratando de cruzar el muro y a través del mar.
Con base en los casos que han sido públicos y los datos del Consulado de México en San Diego, en lo que va de 2024 son siete personas migrantes las que han perdido la vida en esos intentos de cruce; cuatro mexicanos por caída del muro, un mexicano por ahogamiento en Playas de Tijuana, un extranjero por ahogamiento (se desconoce la nacionalidad) en la canalización del río a la altura de los outlets de las Américas y un jamaiquino por hipotermia en Jacumé, Tecate.
Finalmente los activistas coincidieron en que es necesario hacer una revisión a fondo de todo esto que está sucediendo en Tijuana en materia migratoria y con el proceder del Instituto Nacional de Migración, pues la vida y la seguridad de las personas migrantes está en riesgo y en juego, sobre todo considerando el proceso de elecciones que se vienen tanto en México como en Estados Unidos, lo cual va a ser significativo para su futuro en cuanto a los acuerdos que se tomen entre ambos países sobre la situación migratoria.
Desde nuestra Comunidad de Medios, compartimos con esta publicación de Nómadas Press que puedes consultar completa aquí
El informe “Votar Entre Balas”, realizado por la organización Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, reveló que en el país se han registrado mil 825 incidentes en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos.
De este total, en el estado de Chihuahua se han registrado 44 incidentes, lo que representa al 2.52 por ciento de las víctimas totales de violencia político-criminal en el país.
Mientras que en Ciudad Juárez se han registrado 11 incidentes del total reportadas en la entidad, en un periodo del 1 de enero del 2018 al 29 de abril de 2024, es decir, cuatro días después de que iniciaron las campañas de este proceso electoral.
Captura de pantalla «Votar Entre Balas»
De acuerdo con el informe, los incidentes que se documentaron son: amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Los hechos se registraron antes, durante y después de procesos electorales, así como a este tipo de violencia se le ha denominado político-criminal, la cual se ha convertido en una herramienta del crimen organizado en México para influir en la vida pública de estados y municipios.
Según con información de «Votar Entre Balas», a nivel nacional, el 2023 fue el año en el que se registraron más víctimas de violencia político-criminal, con 575 personas e instalaciones afectadas, un incremento del 15 por ciento en comparación del 2022, en que se reportaron 486 incidentes.
El informe reveló también que la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal, así como un 76.5 por ciento de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel.
Así como, en lo que va de 2024, al menos 20 personas precandidatas y candidatas en la República Mexicana fueron asesinadas.
En tanto que de las personas precandidatas y candidatas han sufrido otros tipos de ataques: 13 recibieron amenazas; cuatro víctimas de ataques armados; ocho sufrieron atentados y 10 fueron secuestrados.
Captura de pantalla «Votar Entre Balas»
Cabe recordar que apenas este lunes el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que durante este proceso electoral, al menos 15 candidatos en la entidad solicitaron protección, debido a los posibles riesgos asociados con su participación en la actual jornada.
Lo anterior, luego de la reunión de la Mesa de Seguridad celebrada este lunes en Ciudad Juárez.
El funcionario indicó que la cantidad de solicitudes se duplicó recientemente, pasando de 7 a 15 en el transcurso de una semana.
En el lado de Coahuila, el informe revela que entre el 2012 y 2022 fueron documentadas por la fiscalía 78 fosas clandestinas en Coahuila, pero sólo 16 fueron reportadas en medios de comunicación.
La crisis forense y de desapariciones en México está presente en la opinión pública por lo difundido en estados del centro, occidente y sur del país, sin embargo, en el norte también existen dinámicas de violencia, pero se ocultan los hechos o no se reportan.
“No es que las dinámicas de violencia hayan disminuido en los estados del norte, pero sí la cantidad de reportes en medios de comunicación”, dijo Andrea Horcasitas Martínez, asociada de investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Destacó que de acuerdo al Informe “Buscar entre el dolor y la esperanza”, elaborado por la propia universidad, actualmente Sonora es el único caso en el norte donde se reportan de manera constante fosas clandestinas y es el segundo a nivel nacional por debajo de Guanajuato.
“Esto responde a diferentes dinámicas y una tiene que ver con un claro gasto por parte de la administraciones públicas en publicidad, otra es desconocimiento de los medios de comunicación entre un hallazgo de fosa clandestina, un campo de exterminio, o lo que sucede en la Sierra de Chihuahua que es hallazgo de restos que no necesariamente están enterrados, sino esparcidos en los bosques”.
El primero de los escenarios que plantea Horcasitas Martínez aplica a entidades como Chihuahua y Coahuila donde los reportes de prensa sobre los hallazgos de fosas clandestinas son pocos en comparación a los registros de las fiscalías.
En Chihuahua, durante los últimos dos años han sido geolocalizadas 46 fosas clandestinas, de las cuales apenas 15 dieron cuenta los medios de comunicación de la entidad. El mayor número de fosas fueron ubicadas en Ciudad Juárez con un total de 16.
En el lado de Coahuila, el informe revela que entre el 2012 y 2022 fueron documentadas por la fiscalía 78 fosas clandestinas en Coahuila, pero sólo 16 fueron reportadas en medios de comunicación.
Cabe la precisión también de que el hallazgo de estos espacios ha sido posible en gran parte por la labor de las y los buscadores que desde 2015 decidieron salir a buscar restos humanos en diversos municipios de La Laguna.
Otra coincidencia en ambas entidades es que el gasto en publicidad oficial es considerable.
En el caso de Chihuahua, medios de comunicación documentaron que en los dos primeros años de la gestión de Maru Campos van más de 500 millones de pesos.
Dicha cifra supera al presupuesto que durante un año tuvieron todas las comisiones locales de búsqueda durante el 2022.
VIOLENCIA EN EL NORTE
Andrea Horcasitas Martínez considera que en el norte, a diferencia de otros estados del país, existen diferencias muy marcadas en cuanto al hallazgo de fosas clandestinas, pues lo documentado con el apoyo de colectivos de búsqueda es que en estos espacios existió un mayor énfasis en la violencia y la necesidad de eliminar evidencia de las personas que fueron asesinadas.
“Debería haber una diferenciación cuando hablamos de campo de exterminio, pues no sólo es la inhumación de cuerpos sino también fueron sitios donde se calcinaron restos humanos”.
Indicó que en estados como Jalisco las fosas están más a la vista y pareciera que incluso los grupos criminales buscaran enviar mensajes a la autoridad u otras células criminales.
Mientras que en estados como Sonora se encuentran con carros robados, cartuchos quemados y muchos otros elementos que las fiscalías no toman en cuenta.
¿CUÁNTAS FOSAS HAN SIDO DOCUMENTADAS EN EL PAÍS?
El Informe “Buscar entre el dolor y la esperanza” da cuenta que entre 2020 y 2022 fueron ubicadas en México mil 134 fosas clandestinas, lo cual evidencia que incluso durante la pandemia estas señales de violencia no cedieron.
“El 2022 fue el año en que más fosas se registraron con 402. Esto es importante decirlo, pues con el covid-19 se pararon las búsquedas y llama la atención que sea el año con más fosas porque habla de un nivel de violencia fuerte”, dijo Andrea Horcasitas, asociada de investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Precisó que de las mil 134 fosas derivó información de 2 mil 314 cuerpos de personas y 2 mil 242 restos de personas.
En México, la practica de alguna religión es libre y, aunque el catolicismo hasta el momento es el que «reina» en la fe de los juarenses, el culto a la Santa Muerte se ha popularizado en la última década.
La problemática, sin embargo, no es la creencia hacia esta Santa sino que en el último año, algunos de los homicidios se han visto relacionados con un tipo de adoración a ella, así lo dio a conocer el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas.
El hallazgo se realizó en la vivienda marcada con el numeral 72 de la calle Leonardo Bernal, a donde acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para resguardar la escena y trasladar el cuerpo a Servicios Médicos Forenses.
De manera extraoficial se supo que la víctima respondía al nombre de Javier de Jesús RS, de 22 años, así como la presunta responsable se trata de su esposa.
Ese día, cinco personas fueron detenidas, entre ellas, la esposa de la víctima.
Carlos Manuel Salas, fiscal en la Zona Norte
El fiscal en la Zona Norte señaló que en fechas recientes se han observado un aumento en detenciones relacionadas con ejecuciones o inhumaciones clandestinas en viviendas, donde muchos de los detenidos tenían en su posesión esculturas, templos y tatuajes asociados a la Santa Muerte.
El funcionario indicó que hasta el momento, la Fiscalía está investigando si estos casos están ligados a alguna secta que opera en la ciudad o si se trata de alguna célula criminal que adopta esta modalidad.
No es un caso aislado
Lo anterior, luego de que la inhumación de la semana pasada no se trata de un caso aislado, pues también otro hecho llamó la atención de la comunidad: el cuerpo de una mujer fue encontrado enterrado también en una vivienda, pero en la colonia Cerradas de Oriente II.
En ese lugar, el cuerpo de Leidy Elena M. A, de 23 años, se encontró en el patio de la casa, ubicada en el cruce de las calles Provincia de Aranda y Provincia de Asturias.
La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 6 de abril, pero la familia acudió a realizar un reporte de audiencia el domingo 7, en donde le indicó a las autoridades que tenían indicios de que podría estar en un domicilio en Cerradas de Oriente II, ya que conocidos suyos les habían referido haberla visto en ese lugar.
Tras una revisión de la vivienda, el cuerpo de Leydi se localizó las 6:45 del lunes 8 de abril, en el patio de la casa señalada, el cual presentaba huellas de calcinamiento en un poco más del 70 por ciento de la superficie corporal.
Se supo que vecinos del lugar informaron que la casa era de la ex pareja sentimental de Leidy, el cual era consumidor de droga y donde, aparentemente, en esa vivienda se realizaban venta de sustancias ilícitas.
Asimismo que en la casa localizaron objetos relacionados con la Santa Muerte, brujería y santería, por lo que se presume que el homicidio podría estar relacionado con el culto.
Esta mujer fue vinculada a proceso bajo la causa penal 6841-2023, luego de que se estableció que “La Chely”, en compañía de Jorge G. M., Joana Michelle A. G. y otras personas, sometieron a una mujer y la privaron de la vida mediante asfixia por estrangulamiento.
En la audiencia se indicó que la víctima, identificada como Alejandra y quien era amiga de “La Chely” luego de conocerse en el reclusorio de Ciudad Juárez, visitó a Michelle Angélica acompañada de un hombre identificado como Armando, quien era su Uber.
El comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General del Estado indicó que tras asesinar a la mujer, también privaron de la vida a un hombre, identificado como Armando R. M., cuya causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico y estrangulamiento.
“En dos de ellos (asesinatos) habían desmembrado a las personas, les habían sacado los corazones. Habían hecho, pues salvaje el tema, con mucha crueldad y se fueron deteniendo algunas personas y siempre se le señaló a ella como la líder de ese grupo”, comentó.
Detención de Michelle Angélica en El Paso / Foto: NoticiasYa 48
Michelle Angélica fue detenida en El Paso, Texas por elementos de cuatro corporaciones policiacas estadounidenses.
El arresto se realizó en la habitación de un motel de la vecina ciudad, el 15 de febrero de 2024, luego de que recibieron una pista de que “La Chely” había ingresado ilegalmente Estados Unidos y estaba operando un grupo de tráfico de drogas de la pandilla “Artistas Asesinos”.
