La policía estatal fue utilizada para intimidar y disolver protestas ciudadanas. Entre los casos más destacados está el desalojo del plantón de profesores en la Plaza de Armas de Saltillo.
La falta de un plan ejecutivo en materia derechos humanos que garantizara el acceso a la justicia y combate a la impunidad, además de simulación en la atención a las familias víctimas, fue lo que caracterizó el sexenio del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que está por concluir.
Familias de colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM) señalaron que no hubo avances para encontrar a sus seres queridos y menos sanciones para los responsables.
Así también el equipamiento a los cuerpos de seguridad no mejoró el trato hacia la ciudadanía o inhibió las quejas por violaciones a las garantías individuales. Cifras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila revelan que en el último año se presentaron 103 reportes contra elementos de las policías estatales por diversos motivos, entre ellos ejercicio indebido de la función pública, detenciones arbitrarias, lesiones y allanamiento de morada.
Aunado a esto, la policía estatal fue utilizada para intimidar y disolver protestas ciudadanas. Entre los casos más destacados está el desalojo del plantón de profesores en la Plaza de Armas de Saltillo.
La madrugada del 14 de septiembre de 2021 elementos de la corporación retiraron a los maestros que durante 135 días habían protestado por las irregularidades en su sistema de pensiones y servicio médico. Desde entonces el paseo público fue cercado con vallas metálicas para evitar la toma de la plaza de nuevo, cuya medida permanece hasta hoy en las inmediaciones del Palacio Gobierno.
La atención a migrantes también fue uno de los puntos que le fueron señalados al gobernador Riquelme Solís, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por vulnerar acuerdos internacionales para la atención a los viajeros.
El diálogo simulado
“El modelo de diálogo e interlocución ya se agotó”, aseguró Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris quien se encuentra desaparecido desde hace 16 años.
La buscadora e integrante de FUUNDEC-FUNDEM expresó lo anterior el 7 de septiembre de 2022 durante la actividad conmemorativa por los 10 años de que inició un modelo de comunicación entre las autoridades coahuilenses y las familias de desaparecidos.
“Aún no logramos lo que queremos, que es encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y regresarles a casa. Eso se ve aún difícil pues aunque hemos construido muchas instituciones leyes y políticas éstas no se han puesto a disposición de la vida de nuestros familiares y de nosotras como buscadoras.
La voluntad política que dicen tener no se ve reflejada en el presupuesto ni en el combate a la corrupción y a la impunidad. Los funcionarios que han incurrido en faltas al debido proceso han sido premiados con cargos en el Poder Judicial, otros ni siquiera tienen investigaciones abiertas ni han sido removidos de sus cargos”, reiteró la activista al mandatario estatal.
La también fundadora del colectivo consideró que para dialogar se requiere confianza entre los actores, pero el gobierno de Riquelme Solís no dio señales de esto y por ello Iris García pidió acabar con la simulación.
Iris García afirmó que desde el 2010 la Fiscalía de Coahuila no tiene líneas de investigación de muchos de sus casos y no hay sentenciados en los relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Entre los casos que han evidenciado la falta de responsabilidad de las autoridades de Coahuila en el manejo de los restos encontrados y que debieron ser puestos de inmediato a disposición de las familias, está el de los hermanos Diego Alonso y David Basilio, cuyos cuerpos fueron localizados al interior de su vehículo tras su desaparición en el 2014.
Aunque había indicios de que eran sus restos, las autoridades rechazaron que fuera posible la identificación y por ello los restos fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. En diciembre del 2021 los hermanos fueron sepultados finalmente.
Otro es el caso de Cosme Humberto Alarcón Balderas, un adolescente desaparecido en tres ocasiones: una cuando fue asesinado, otra cuando su cuerpo fue presuntamente enviado al panteón en la ciudad de Torreón y finalmente cuando en éste lugar no fue localizado durante las exhumaciones que el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) realizó.
Cabe precisar que el CRIH fue presumido por Riquelme Solís como un gran logro en materia de identificación de restos, pero la inversión superior a los 100 millones fue en su mayoría federal y eso incluso fue señalado por FUUNDEC-FUNDEM el pasado 30 de agosto.
“En Coahuila la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís se va, además de la deuda económica, con la gran deuda de no encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos. La implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, la creación del Centro de Identificación Humana (CRIH) y el trabajo y desarrollo de la Comisión de Búsqueda fue, en su mayoría, con aporte federal”, expusieron mediante un comunicado.
Además de eso, los resultados arrojados por el centro han sido pocos. En un ejercicio de transparencia realizado a principios del año se informó que en dicho organismo se habían identificado a 54 personas la mayor parte en el 2022 con 33 casos.
Así también apenas siete de los 54 casos identificados corresponden a alguno de los colectivos como el Grupo Vida, Voz que Clama Justicia y Búscame.
Hay que mencionar que en junio del año pasado concluyó la exhumación con enfoque masivo en diversos panteones del estado y fueron recuperados mil 117 individuos que habían sido enviados a las fosas comunes.
En total fueron identificados 62 cuerpos, cinco de los cuales se localizaron en fosas clandestinas. En estos lugares se ubicaron a personas originarias de Chihuahua y Durango, además de que la mayoría son de Coahuila.
Las desapariciones continuaron
El pasado 7 de octubre durante su último encuentro con colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que en su administración sólo habían ocurrido 500 casos de desaparición, pero mintió.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) establece con corte al pasado cuatro de noviembre que en Coahuila hubo mil 39 casos de desaparición desde el primero de diciembre de 2017, cuando Riquelme Solís asumió la gubernatura.
De dicha cifra, 569 personas fueron localizadas, lo que significa que 570 permanecen desaparecidas o no localizadas y lo cual representa el 50.04 por ciento del total de casos.
Riquelme Solís informó en repetidas ocasiones del despliegue de patrullas y elementos estatales en la frontera norte para blindar los municipios, pero esto no se tradujo en la reducción de desapariciones en esa zona. Piedras Negras ocupa el primer lugar en desapariciones durante su sexenio con 211 hombres y 34 mujeres.
Le sigue la capital del estado con 174 casos de desaparición de hombres y ninguna mujer, mientras que Torreón en el tercer sitio con 122 casos de personas del sexo masculino y 41 del femenino.
Acuña está en el cuarto lugar con 64 hombres y 11 mujeres desaparecidas, después Sabinas con 44 casos de hombres, 13 mujeres y ocho con sexo indeterminado.
Sin embargo, al precisar como variables en la plataforma nacional los casos exclusivamente de personas desaparecidas y no localizadas, la estadística arroja que de las 570 personas 456 son hombres y 106 mujeres, además de los ocho casos de género indeterminado.
Piedras Negras sigue en el primer lugar con 136 hombres desaparecidos y 17 mujeres, seguido con Torreón con 13 mujeres y 69 hombres, posteriormente la ciudad de Saltillo donde se encuentran desaparecidos en este sexenio 53 hombres y 30 mujeres mientras que en Ciudad Acuña la estadística arroja 51 hombres y seis mujeres y en Sabinas hay 38 hombres y 10 mujeres.
Violaciones a derechos humanos de los migrantes
El paso de migrantes por Coahuila generó diversas reacciones de la autoridad estatal. Hubo un momento en que el gobernador Miguel Riquelme Solís declaró que ya no eran bienvenidos y que llevarían a cabo acciones para evitar su paso.
En abril de 2023 el mandatario firmó un acuerdo de entendimiento con su homólogo de Texas, Greg Abbot, para frenar el flujo migratorio. Esto evidenció graves violaciones de derechos humanos a esta población y para muestra la recomendación 69/2023 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Riquelme Solís presumió el acuerdo que ordenó establecer filtros a cargo de la policía estatal y el apoyo de las policías municipales de Ciudad Acuña y Piedras Negras. Todo ello con la finalidad de que se eliminaran las dobles revisiones que se realizaban al transporte de carga y que generaban demora en la entrega de mercancías.
La recomendación precisa la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Nacional de Migración por llevar a cabo actividades que impedían el paso de los migrantes y los obligaron a retornar indebidamente hacia el estado de Nuevo León, además de negar el uso de autobuses para trasladarse hacia la frontera.
Cabe mencionar que los testimonios de lo ocurrido en Coahuila se recabaron por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, mientras que el ombudsman local jamás hizo un pronunciamiento sobre las evidentes violaciones a los derechos de los migrantes.
“Tenemos información que sobre todo en la frontera norte, los migrantes son robados por los mismos policías estatales”, expresó el defensor y director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco.
Sin embargo, las desapariciones también alcanzaron a este sector de la población en Coahuila. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas da cuenta de que existe el reporte de 10 casos de migrantes desaparecidos en lo que va de este sexenio.
Policías al acecho
Aunque el gobernador Miguel Riquelme Solís mantuvo su discurso de que las policías estatales habían recibido importantes inversiones no solamente en equipo sino en capacitación, lo cierto es que durante su gobierno hubo denuncias públicas sobre el comportamiento de los elementos.
El desalojo del plantón de maestros en la Plaza de Armas de Saltillo es sólo uno de los casos que se conocieron y que llamaron la atención de diversos grupos defensores de derechos humanos.
Los profesores jubilados que señalaron irregularidades en su servicio médico y pensiones hasta hoy denuncian actos intimidatorios de los agentes de la policía de Coahuila.
El reportaje Sólo 3 % de las quejas ante Derechos Humanos de Coahuila llega a recomendación, realizado por Plaza Pública y el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, da cuenta que incluso activistas fueron blanco de actos de allanamiento de morada y agresiones por parte de las corporaciones estatales.
Cabe destacar también que recientemente una publicación de la revista Proceso dio a conocer la relación matrimonial que existe entre la actual secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez y Jorge Miguel Barajas Hernández, impidió sanciones ante las denuncias de abusos cometidos por elementos de la corporación estatal.
Otro de los puntos que llamaron la atención durante esta administración fueron los señalamientos hacia policías municipales, pues estos eran coordinados por el Mando Único, esquema de seguridad nombrado directamente por el gobierno de Coahuila y el gobernador Miguel Riquelme Solís.
En agosto pasado trascendió la muerte de Martin Alexis, un joven de 27 años en San Pedro de las Colonias y quien fue antes detenido por elementos de la Policía Municipal de San Pedro.
Tras las manifestaciones e inconformidad ciudadana en torno al caso fue removida de su cargo la directora de la corporación, Cynthia Villa Espericueta y quien fue señalada en medios de comunicación por tener historial de abusos de autoridad, además de que formó parte del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).
Violaciones también en el tema minero
Si bien la actividad minera es regulada por el gobierno federal, el estado también tiene responsabilidad.
La recomendación 62/2018 de la CNDH precisa que la autoridad estatal ha sido omisa en supervisión, por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, respecto al estado que guarda el fideicomiso desarrollo de Villa de Cloete, además de la inobservancia en las disposiciones del decreto publicado en el periódico oficial del 20 de octubre del 98 respecto al área de protección de los recursos naturales del río Sabinas.
También se hace la observación que con los contratos que operaba la desaparecida Promotora de Desarrollo Minero (PRODEMI), el gobierno del estado violó el principio rector que sobre las empresas y los Derechos Humanos establece la organización de Naciones Unidas a fin de que la contratación de servicios no tenga un impacto negativo en el medio ambiente y la población.
A 21 días de que termine su gestión, el saldo de Miguel Ángel Riquelme Solís es el de una megadeuda más allá de lo económico, sino también del respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas.
Publicación original de Heridas Abiertas que puedes encontrar aquí
