Es importante hacer referencia a que actualmente el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instauró un programa integral que se enfoca a la atención de las diversas causas que generan la violencia en razón de género.
Esto con la finalidad de reducirlas y contribuir al incremento de los niveles de bienestar de las mujeres y niñas en México; para la acción se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se comunicó el 30 de diciembre del 2021, todo esto con el objetivo de fortalecer las acciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación, a través del conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la CONAVI.
El artículo 35 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de las entidades federativas para coordinarse para la sanción, integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. De igual forma podríamos referir diversos tratados internacionales, pero es nada más alejado de la realidad que sobresalen la República Mexicana.
Es totalmente contraria a lo que establece dicha normativa, pues basta visualizar los diversos medios impresos en los cuales diariamente se informa la desaparición de mujeres. Uno de los casos más recientes, y que han trastocado los rincones de la nación, es el caso de Debanhi Escobar.
Esta situación que nos traslada, inevitablemente a Ciudad Juárez y sus conocidas “Muertas de Juárez”. Entonces reclamo de la sociedad debe ser escuchado.
¿Qué sucede? ¿Acaso a la ola de feminicidios de los noventas siguieron y se están presentando en todo el Estado Mexicano?
Y vienen interrogantes, de igual forma ¿Qué sucede con las autoridades? ¿Verdaderamente estamos ante una investigación objetiva, imparcial y exhaustiva?
Nuevamente nos habremos de argumentar a los feminicidios del Campo Algodonero, con todo y sus prácticas forenses, donde tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado Mexicano.
Entonces, refiriendo a dicha interrogante ¿Qué hace falta para que los padres de las mujeres desaparecidas tengan respuesta? ¿Por qué no se conduce debidamente el proceso penal acorde a los principios del sistema mismo o decibel penal?
Entonces, como ciudadanos estaremos esperando una respuesta a dichos cuestionamientos.
César Juárez, doctor en Derecho y analista político. Actualmente labora como abogado de la asociación civil «Sin Violencia A. C». Se desempeñó como procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado.
