Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En los últimos 14 años la Conagua tiene registro de sólo tres inspecciones a empresas con concesiones para extraer materiales pétreos en el arroyo de Las Palmas en Tecate, Baja California, pese a que esta actividad ha ocasionado afecciones al medio ambiente y a los pobladores de la comunidad desde hace décadas y a que la Ley de Aguas Nacionales establece que las revisiones deben ser periódicas.
Desde hace 30 años, los habitantes del Valle de las Palmas, una comunidad ubicada en el municipio de Tecate, Baja California, han atestiguado cómo decenas de empresas han extraído de manera sistemática los materiales pétreos de su tierra con concesiones federales, pero sin inspecciones suficientes.
En ese panorama han aparecido enfermedades respiratorias por la emisión de polvos en zonas de extracción, así como inundaciones por la intervención al cauce del arroyo de Las Palmas y otras afecciones al medio ambiente. Aunque sólo tres empresas han sido sancionadas en los últimos 14 años.
Fernando Lozano ha vivido por 64 años en esta comunidad, donde más de la mitad de su vida ha visto cómo la excavación de piedra y arena ha ocasionado grandes pozos en el arroyo sin que las autoridades detengan la devastación en esta localidad de aproximadamente mil 500 habitantes.
“Tenemos más de 30 años que nos están explotando el arroyo, el saqueo de la arena, un saqueo criminal, cosa terrible que hasta la fecha hemos puesto denuncia y todo, y hacen caso omiso a las autoridades correspondientes”, recrimina Lozano luego de dar un recorrido por la zona.
Hasta diciembre de 2022 el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contaba con sólo dos inspectores-visitadores para siete concesiones que extraen al año más de un millón 126 mil metros cúbicos de arena, grava o piedra, un volumen que alcanzaría para llenar 450 albercas olímpicas de 2 mil 500 metros cúbicos. Los mismos inspectores están a cargo de la atención de las denuncias ciudadanas.
Lo anterior de acuerdo con 15 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como búsquedas en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Habitantes del Valle de las Palmas, así como investigadoras de la Universidad Autónoma de Baja California, atestiguan la extracción que a lo largo de los años ha formado parte de la vida cotidiana de los pobladores de esta zona.
El Arroyo de las Palmas
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado de otorgar las concesiones para la extracción de materiales pétreos, además de vigilar y revisar periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones entregadas a personas físicas y morales.
Junto con la Conagua, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tienen las funciones de vigilar las extracciones, asegurar las remediaciones en la zona y emitir sanciones a concesionarias.
El Valle de las Palmas es un microcosmos de las concesiones que se han otorgado a nivel nacional. En 2023 hay licencia para extraer más de 319 millones de metros cúbicos de materiales pétreos en más de mil ríos, cauces, arroyos, corrientes o vasos del país. Hasta diciembre de 2022 se contabilizaron 45 concesiones vigentes para la extracción de materiales pétreos en Baja California.
El arroyo de Las Palmas está ubicado en el norponiente de la península de Baja California con una superficie de 2 mil 298 kilómetros cuadrados, región en donde hasta el 2011 se extraía cerca del 50 por ciento de la materia prima utilizada en la construcción a nivel nacional, esto, conforme lo presentado en un punto de acuerdo ante el Congreso de Baja California.
Además, es una de las cuatro subcuencas que alimentan al acuífero de Tijuana y aporta agua a la presa Abelardo L. Rodríguez.
En 14 años sólo multaron a tres concesionarias
El artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales indica que: “La Autoridad del Agua, en este caso la Conagua, vigilará la explotación de dichos materiales y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado”.
Sin embargo, del año 2006 a 2020 la Conagua tiene registro de sólo tres inspecciones a empresas extractivas y de ellas tres expedientes en los cuales al final del procedimiento administrativo se les impusieron sanciones económicas por haber realizado extracción de materiales pétreos en el Arroyo las Palmas, según la respuesta a la solicitud con folio 330009422003358.
De las tres multas registradas, todas fueron impuestas en 2018, con una sanción económica de 120 mil 900 pesos a cada una.
En el acta de inspección número 005/2018 contenida en la respuesta a la solicitud 330009422003358 a la Conagua, se expone que el encargado en una zona de extracción, de quien omitieron su nombre, así como de la empresa inspeccionada, declaró que desconocía el total de metros cúbicos extraídos al año en el periodo sujeto a revisión de la visita, así como la utilización de bitácoras sobre extracción y las declaraciones que indican los volúmenes extraídos.
También, dijo ignorar la fecha en la que se presentó el último reporte de extracción de materiales pétreos ante la Conagua. Dicha información del acta 005/2018 anexo de la solicitud 330009422003359 proporcionada por Transparencia reveló que el inspector de la Conagua reportó que en la zona designada para la extracción se observó un desnivel de profundidad de tres a cuatro metros con relación al terreno natural.
Destacó que no se exhibió documentación o permiso para llevar a cabo la extracción de material pétreo al momento de la visita de inspección y no se contaba con una bitácora de registro de volúmenes de material extraído.
Otra de las sanciones está en el acta de inspección número 005/2018 fue impuesta por no contar con el título de extracción respectivo.
“Se les ha llamado, se les ha denunciado y hasta la fecha han hecho caso omiso, no sé qué está pasando, qué hay detrás de todo esto, quién está detrás de todo esto, pero hasta ahorita nos han ignorado”, insiste Fernando con hartazgo.
De acuerdo con respuestas a solicitudes de información, la Profepa no cuenta con inspecciones en el Arroyo Las Palmas, se dijo incompetente en la materia, por ello ha dejado de lado la inspección de bancos de materiales pétreos, lo que, en papel, son sus atribuciones, de acuerdo con la el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Al contactar a la representación de la Profepa en Baja California para obtener una postura, personal del organismo solicitó enviar un oficio para otorgar la entrevista, se les entregó el pasado 1 de diciembre de 2022 y hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Diversos artículos en la Ley de Aguas Nacionales, así como la Ley General de Protección al Ambiente señalan las responsabilidades y sanciones a las empresas concesionarias para la extracción de materiales pétreos.
La solicitud 330024622003459 a la Fiscalía General de la Republica refiere que hay cero averiguaciones iniciadas en contra de infractores por violar el artículo 113 BIS de la Ley de Aguas Nacionales por la disposición y/o extracción de materiales pétreos en volúmenes mayores que los autorizados en el Arroyo Las Palmas.
Las concesiones vigentes
En los últimos 16 años, nueve empresas o personas físicas obtuvieron una concesión para extraer materiales pétreos en el Arroyo Las Palmas, de esas, 7 se mantienen activas de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).
Para diciembre de 2022 en el listado oficial de la Conagua, aparecen vigentes las concesiones a nombre de Ana Rosas Calderón Fabián, Juan Jesús Santana Acosta y Rancho Rodeo Viejo S.P.R. DE R.L., quienes no están ubicados en las fuentes de datos abiertos, como Siger o Compranet. Además de que no son localizables, cuentan con concesiones añejas, pues algunas datan de 2001.
Las concesiones registradas a nombre de José Luis Cervantes Fenner, Víctor Ismael Llamas Galván, Luis Hernando Cervantes Limón y Alejandro Torres Villanueva, fueron ubicadas en la plataforma de transparencia.
En el caso de la concesión registrada a nombre de Víctor Ismael Llamas Galván tiene una medida autorizada de extracción de arena, grava y piedra de 38 mil 200 metros cúbicos.
Es de llamar la atención pues, de acuerdo con la Gaceta del Senado de la República, en 2017 se emitió un exhorto al Congreso del Estado de Baja California para que, a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado se realizará una auditoría a los contratos otorgados a la empresa Constructora Makro, en virtud de una probable asignación irregular de obras.
En aquel entonces, diversos medios de comunicación dieron a conocer que, durante la administración del ex gobernador Francisco Vega, se entregaron contratos para obras públicas por más de 800 millones de pesos a la Constructora Makro, a pesar de que esta no cumplió con los tiempos establecidos y en algunos casos, sus trabajos presentaron fallas estructurales.
Constructora Makro forma parte de Administradora de Obras y Concesiones, encabezada por Víctor Ismael Llamas Galván y Alberto Barrutia Calderón.
Adicionalmente, Llamas y Barrutia son socios de otra empresa llamada Urbaca, que fue una de las más beneficiadas por la administración de Francisco Vega.
Actualmente el costo para realizar el trámite y obtener una concesión para la extracción de materiales pétreos es de 2 mil 127 pesos y de acuerdo con el listado del Repda, seis de las siete concesiones vigentes tienen el fin de ofrecer el servicio de extracción, material usado por empresas constructoras de la entidad.
La Ley Federal de Derechos obliga a las personas físicas y morales que extraigan materiales pétreos de los cauces, vasos y zonas de corrientes, así como de los depósitos de propiedad nacional, a pagar por cada metro cúbico extraído en la zona 1, donde se ubica Baja California, conforme a las siguientes cuotas: grava 29.62 pesos, arena 29.62 pesos, arcillas y limos 23.26 pesos, materiales en greña 23.26 pesos, piedra 25.40 pesos y otros, 10.6 pesos.
Extracción y exportación
El artículo de Harold Magistrale, titulado “Minería de arena en alta y Baja California”, precisa que cerca del 40 por ciento de arena extraída en Baja California se exporta hacia Estados Unidos, material que una vez sacado del río y procesado, se utiliza para la construcción de edificaciones, desarrollos costeros, terraplenes de carreteras, usos industriales, así como rellenos de playas afectadas por el cambio climático.
El lucrativo mercado de exportación en México se generó a partir de las restricciones para la explotación de arena en el estado de California, Estados Unidos, en los años ochenta, cuando el gobierno federal cerró las explotaciones de bancos de arena en la costa del estado de California, explica la investigación “Edificación sustentable y emisiones de CO2: análisis del transporte de arena en Tijuana y Tecate”.
Esta práctica se encuentra regulada en los Estados Unidos por la Ley Federal de Contaminación del Agua Ley de Control, lo que ha provocado la negación de permisos y la clausura de minas de arena.
A medida que ha disminuido la extracción de arena en el condado de San Diego, la demanda ha crecido con la importación cada vez mayor de arena de Riverside, el condado de San Bernardino en California y de Baja California, específicamente de comunidades como el arroyo Las Palmas en Tecate y Ensenada.
Es destacable que incluso en países como Italia o Polonia es una actividad restringida por su proceso tosco y sin conocimiento científico, además de los muchos efectos adversos morfológicos, ecológicos y ambientales; pero que en México todavía continúan vigentes.
Daños ambientales
Alicia Ravelo, profesora de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, explicó que el cauce del Arroyo Las Palmas es un escurrimiento fluvial que contiene flora y fauna riparia (que crece o vive en las márgenes de los ríos), por lo que, derivado de la explotación de materiales pétreos, toda la zona se encuentra impactada.
“En primer lugar, los mantos acuíferos los han dañado bastante, lo que es la fauna, lo que es la flora, los álamos, todos los tumbaron. No sé Profepa qué es lo que ha estado haciendo, no sé Conagua qué es lo que está pasando con Conagua. Se ve a leguas que hay una corrupción tremendísima por parte de estas autoridades”, afirma Fernando, uno de los principales defensores del arroyo de Las Palmas.
La extracción de arena surgió desde que la humanidad comenzó a construir edificaciones, refiere la académica; sin embargo, desde que esta actividad alcanzó volúmenes mayores ha generado preocupación.
“Ya no hay vegetación, hay profundidades que miden más de 5 metros”, detalla Alicia Ravelo, quien – junto con Adriana Álvarez, también profesora de la UABC– ha publicado a lo largo de ocho años distintas investigaciones sobre la situación del lugar y su postura ante la extracción desmedida de arena.
Las arenas sirven como esponja en los cauces de los ríos y tienen un papel fundamental porque forman una capa en donde el agua se filtra, permanece más tiempo y va absorbiendo más lentamente hacia los mantos acuíferos.
Las especialistas aseguran que cuando se quita o adelgaza esa capa, no se puede completar el ciclo de recarga de estas corrientes subterráneas convirtiéndose en un problema a largo plazo.
“Valle de las Palmas actualmente está sobreexplotado y la recarga del acuífero no alcanza para regenerarlo y entonces la extracción de arena, pues todavía viene a generar condiciones para que no se recargue”, indica Adriana Álvarez.
El artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental indica que la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base a los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.
Un panorama nada alentador
Al recorrer el área se visualizan los grandes hoyos que la extracción de materiales pétreos ha dejado a su paso en el arroyo que alguna vez tuvo agua y que como Fernando Lozano recuerda, hace tres décadas, en los días que de joven iba a disfrutar las tardes de verano, podía pisar la arena blanca y fina.
Algunas empresas se fueron y dejaron grandes hoyos, relata Fernando, otras continúan extrayendo el material sin que las autoridades hagan cumplir la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece la obligación de restablecer zonas dañadas.
Adriana Álvarez indica que, si bien no hay datos para decir que hay colusión o no por parte de las autoridades, refiere que hace unos años la ex secretaria de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado, Thelma Castañeda, revisó algunas de las concesiones y encontró que varias ya habían caducado y la autoridad federal no había hecho las revisiones correspondientes, lo cual fue publicado en medios de comunicación.
“Entonces es omisión. También la otra es que efectivamente no hay suficiente personal que esté haciendo la vigilancia”, dice Álvarez.
La exportación a EU: otra problemática
En 2002, cada semana llegaba a Tecate un tren con varios furgones y se llevaba la arena con mucha facilidad, no necesitaban sacar guías ni permisos porque la gasa donde cargaban la arena estaba justamente pegada a la línea divisoria de México con Estados Unidos, cuenta Cosme Cázares, ex regidor del XVII ayuntamiento de Tecate.
Recuerda que en 2003 él y un funcionario estatal impidieron que un tren cargado de arena de exportación cruzara la frontera y el cargamento duró alrededor de 10 meses parado en los límites de Tecate y Estados Unidos. El lema de aquel entonces fue, “ni un grano de arena a los norteamericanos”.
El ex regidor por el PRD, menciona que los asuntos pétreos no estaban contemplados en el entonces Tratado de Libre Comercio, por lo que la arena era llevada a Estados Unidos totalmente regalada.
“Empezaron a hacer negocio y tenían concesión para extraer la arena, el problema es que no llevaron reglas para extraerlas, sino que dejaron muy libre el manto acuífero a tal grado de que ya se estaba afectando la zona”, agrega.
El periódico El Universal, en el año 2002, refiere que la Procuraduría General de la República, la Profepa y la Conagua investigaron el saqueo de millones de toneladas de arena mexicana que fueron adquiridas para mejorar la calidad de las playas de Hawái.
En 2006 y 2011 el senador Gerardo Higuera y la diputada local Claudia Agatón, respectivamente, hicieron exhortos a las autoridades federales para poner fin a la extracción y realizar investigaciones con miras a sancionar a posibles responsables de daño ecológico, pero ninguno de los dos llamados prosperó por falta de seguimiento.
Vivir entre excavaciones
A menos de 20 metros de la propiedad de los familiares de Fernando Lozano, hay un tajo abandonado, de esos que ya son comunes en la zona de extracción.
No se sabe la extensión exacta ni la cantidad de arena que fue extraída, sólo recuerdan que las grandes maquinarias llegaron y se llevaron todo lo que pudieron, y ahora se ve un enorme hueco y unos cuantos álamos, que se resisten a morir a pesar de tener expuestas las raíces.
“Era un árbol tan bonito y frondoso y lo mataron”, denunció uno de los habitantes de la pequeña granja con tristeza.
“Querían sacar para acá”, señala hacia su propiedad y agrega “pero yo les dije que ya no sacaran”.
En uno de los manifiestos de impacto ambiental de una concesión que ya no está vigente, con número de oficio DFBC/SGPA/UGA/DIRA/2585/07, el resolutivo emitido por la Semarnat y basado en el programa de reordenamiento ecológico de Baja California, refiere que se prohíbe la explotación de bancos de materiales pétreos dentro de la mancha urbana, de centros de población y en predios colindantes o cercanos a los asentamientos humanos, en por lo menos 500 metros, mientras que a escasos metros de la casa de los familiares de Fernando es visible el hoyo que las grandes maquinarias dejaron a su paso.
Lozano agrega que la extracción ha afectado al desarrollo de la comunidad, “antes se miraba que la gente, el ranchero sembraba para sus ganados, ya ni ganado se ve. Se ve que ya nadie siembra, todas esas parcelas que están colindantes al arroyo las están saqueando también, están haciendo un escarbadero. Hay muchos hoyos y no está nada regulado el saqueo de materiales”.
Salen más de cien camiones al día
Alicia Ravelo y Adriana Álvarez describen que, ante la constante salida de camiones de volteo del lugar, en 2014 empezaron a hacer el estudio de las extracciones de arena y grava en el Arroyo Las Palmas, en su investigación llevaron a cabo un conteo vehicular para determinar el número de camiones que salían de la zona en determinados periodos.
En 2020 publicaron un estudio “Edificación sustentable y emisiones de CO2: análisis del transporte de arena en Tijuana y Tecate”,en donde concluyeron que en promedio salían 94 automotores de carga diariamente. El valor máximo por día fue de 116 automotores. Calcularon la salida de 2 mil 338 automotores al mes y hasta 28 mil camiones cargados de arena al año.
“Nosotros sabemos que una buena parte de la arena que se extrae ahí en Valle de Las Palmas va a parar a una estación de transferencia en el Alamar donde la procesan y luego ya se exportan”, explica Adriana Ravelo y agrega que lo que más se extrae de la zona es la arena, el boleo o grava.
Una comunidad bajo nubes de polvo
En las disposiciones del Programa de Ordenamiento ecológico del Estado de Baja California se especifica que el transporte de materiales de construcción, pétreos y de residuos de obras y actividades se realizará evitando la emisión de polvos, así como daños a la salud pública, calles, caminos, servicios públicos construcciones existentes cultivos y cualquier tipo de bien público o privado.
“Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a trabajar a Valle de Las Palmas y que yo veía, pues desde la universidad se ve el poblado, es que Valle de Las Palmas siempre estaba bajo una nube de polvo”, afirma Adriana Álvarez.
Durante una visita a la zona se comprobó la salida de varios camiones conocidos como “góndolas” cargados de arena y grava, que, sumado a la trituración de piedra que se hace de forma adyacente a las zonas de extracción, provoca grandes cantidades de polvo.
Las investigadoras calcularon que los camiones de volteo emiten un aproximado de casi 78 kilos de dióxido de carbono por trayecto, lo cual repercute de manera significativa en la calidad del aire en el lugar.
Una escuela primaria, una extensión de la UABC, el centro comunitario, así como el centro de salud y cientos de casas se ubican en la avenida principal que conecta al poblado con la carretera federal y por la que, a diario, y desde muy temprana hora salen los camiones cargados de arena.
De acuerdo con la solicitud 1283-2022 realizada a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, enfermedades como asma, conjuntivitis e infecciones en las vías respiratorias son las que comúnmente se atienden en el centro de salud de ese poblado.
Adriana Álvarez, investigadora de la UABC, explica que uno de los principales contaminantes atmosféricos son las partículas suspendidas y aunque el grano de arena es bastante grueso, de todas maneras, hay otras partículas más pequeñas que se mantienen flotando durante más tiempo y es más fácil que las aspiremos.
“En verano es cuando se nota más, aunque pasan por el arroyo los camiones, de todas maneras el polvo se levanta y es el polvo que respiramos. Anteriormente lo hacían por la calle principal a un lado de la escuela y era una contaminación tremenda para los niños ahí. Ahora que pavimentaron no queremos que pasen, pero a veces siguen transportando por ahí”, añade Fernando.
Se fueron y no remediaron la zona
De acuerdo con el artículo 28 de la LGEEPA, las empresas que solicitan una concesión para la extracción de materiales pétreos tienen que entregar un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) a la Semarnat y una vez autorizados los proyectos de obras o actividades, la Profepa debe verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos.
Como respuesta a la solicitud 330026722004536 realizada a la Semarnat en donde se requirieron los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) de las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el arroyo Las Palmas, se proporcionaron MIAS de concesiones que ya no están vigentes y otras que recientemente fueron otorgadas, sin embargo, estas no se encuentran actualizadas en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda).
Solo aparecen los manifiestos de dos de las siete concesiones vigentes hasta 2022 en la base de datos de la Conagua.
Los MIA a nombre de Alejandro Torres Villanueva y de Ana Rosa Calderón Fabián, además de que ambos son una copia casi exacta, plantean como únicas medidas restaurativas en la zona paralelamente a la extracción, la estabilización de taludes a lo largo de la superficie de explotación, en función del avance de obra, lo cual no sucedió.
Tras consultar el MIA y el resolutivo de la Semanat, de Alejandro Torres Villanueva el volumen de extracción autorizado es de 252 mil 958.594 metros cúbicos, mientras que en el Repda el volumen de extracción asignado es de 134 mil 734.05 metros cúbicos anuales, cantidades que no coinciden.
Según el Repdala concesión fue otorgada en 2006, pero el MIA es por un periodo de cinco años desde 2012. Actualmente esta concesión se encuentra vigente en la plataforma de Conagua, sin embargo, se desconoce si volvió a solicitar otro permiso, si el que tenía ya se venció o si opera sin tener uno.
En distintos Manifiestos de Impacto Ambiental obtenidos a través de transparencia se especifica que la profundidad de excavación no deberá rebasar los 1.50 metros, otros indican que, hasta los 3 metros, no obstante, en algunos casos se aprecia que la extracción llegó hasta el límite del manto freático, sobrepasando los 4 metros de profundidad.
“Una vez que se haya terminado el tiempo de concesión, dentro de la MIA debe de estar especificado que el concesionario deba de rehabilitar el lugar y no solamente dejarlo así (después) de que ya extrajo lo que se tenía que extraer, si no que tiene que dar una rehabilitación a la zona”, advierte Alicia Ravelo.
La clausura realizada en 2018 a tres concesionarios corrió a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable estatal, por lo que se solicitó una entrevista a su titular, Mónica Vega Aguirre, a través del Departamento de Comunicación Social, sin embargo, se negó a hablar sobre el tema bajo el argumento de que es de competencia federal.
En el caso del arroyo Las Palmas, Alicia Ravelo afirma los MIA que ha podido observar deben ser más explícitos, en donde se justifique en qué áreas son las que se pueden extraer y cuántos metros cúbicos, además de la rehabilitación de la zona para minimizar el impacto ocasionado.
La fracción IV del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) refiere que, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique.
Los pobladores
En septiembre del 2022, 30 minutos de lluvias inesperadas bastaron para inundar las comunidades del Polvorín y Valle de las Palmas, lo que ocasionó que 22 familias quedaran damnificadas.
“Aparte de toda pérdida de biodiversidad en la zona, también hay implicaciones en cuanto a las lluvias, por ejemplo, que el agua que debería filtrarse, no se filtra a los acuíferos, sino que escurre e inunda todas esas zonas, entonces en esa zona del poblado, las inundaciones son recurrentes cada año”, explica Alicia Ravelo.
Señala que cuando se modifica completamente el cauce de un río por la sobreexplotación de arenas y gravas, el agua toma otros caminos y termina perjudicando la infraestructura, en este caso, las casas de los habitantes del poblado.
Dentro de las medidas preventivas para la mitigación del impacto ambiental en la zona plasmadas en el MIA de la empresa concesionaria en el Arroyo Las Palmas, denominada Rancho Rodeo Viejo, S.P.R. DE R.L., es que no se modificará el cauce del río.
En la concesión otorgada a Alejandro Torres Villanueva también se destaca que no se modificará el cauce del río, describe además que el material sobrante se enviará a un lugar autorizado por la autoridad y se utilizará la grava para canalizar el río.
De igual forma, indica que después de terminada la explotación se colocará la piedra de menor tamaño sobre el lecho del río para ayudar a la buena recuperación de la arena, y en caso de que se requiera se le dará la pendiente necesaria al río para permitir el buen escurrimiento de agua en épocas de lluvia.
Tras el paso de la tormenta registrada en septiembre de 2022, el Polvorín fue declarado como zona de desastre debido a los daños ocasionados.
Una ley que regule puede ser la solución
A principios de 2022 un acercamiento de Alicia Ravelo con el diputado local, Román Cota, representante de Morena, abrió la posibilidad de que una de sus investigaciones respaldara una propuesta de ley, pues Baja California no cuenta con un instrumento de regulación en esta materia.
“De entrada tuvimos que adecuar el marco normativo para que tuviera carácter de ley, una ley que regule la explotación de los recursos pétreos en nuestra entidad, dado que no somos una entidad minera, con una actividad minera preponderante y esto ha derivado en la omisión del cuidado y control de esta actividad por parte de la autoridad”, explica Román Cota.
Por su parte el alcalde del XXIV ayuntamiento de Tecate, Darío Benítez, describió este daño ecológico como una “depredación abusiva del medio ambiente”.
¨Estamos pendientes del seguimiento de esta iniciativa en el Congreso. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido alguna respuesta por parte de autoridades federales, lo cual es preocupante porque no es la primera vez que hacen oídos sordos”, externó.
Alicia Ravelo enfatizó que además de regular la extracción a través de una ley estatal, sería de vital importancia un Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico para conservación de las zonas que todavía no están impactadas, así como la identificación de las áreas en las que se puedan hacer cambios de uso de suelo.
Durante el transcurso de esta investigación se contactó al equipo de trabajo del delegado de la península de Baja California de la Conagua, Francisco Alberto Bernal Rodríguez, sin embargo, rechazó dar una entrevista y se limitó a decir que se encontraba en reuniones o en comisión.
Por años, distintos legisladores tanto federales como estatales presentaron iniciativas sin resultados, muchos de ellos no le dieron el seguimiento a este tema que no sólo es propio del arroyo de las Palmas, en Tecate, sino que ha sido por muchos años la constante en el municipio de Ensenada.
Justicia es lo que pide Fernando y la mayoría de los habitantes del poblado. Parar el “saqueo” y regular la extracción pueden ser las soluciones, sin embargo, a pesar de que se lleven a cabo estas acciones, las investigadoras coinciden que tomará muchos años recuperar el Arroyo de las Palmas.
“Todo el desastre que se provoca, como en el caso de Valle de Las Palmas, con el tiempo se puede recuperar, pero siempre y cuando se le permita al río recuperarse”, sentencia Adriana Álvarez.
Mientras tanto el Arroyo Las Palmas continuará como un estudio de caso para la comunidad académica de Baja California, como una mina de oro gris para los concesionarios y como una problemática añeja y sin solución para los habitantes de esta comunidad.
