Luego del retiro de migrantes que se asentaron en la zona del Río Bravo, autoridades municipales dieron a conocer que vigilarán los ingresos de personas en movilidad desde que se detecta que ingresan al estado, para evitar que se formen nuevos campamentos.
Lo anterior fue comentado por Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos de Municipio, tras brindar información sobre la caravana migrante que llegó a esta frontera este fin de semana y que, en su mayoría, estaba integrada por nicaragüenses.
«El objetivo es estar monitoreando desde que entran al Estado, están coordinados con la policía estatal desde que llegan para que no nos tomen por sorpresa y evitar asentamientos (…) la diferencia es que fueron llegando de apoco, todos pensamos que despejarían el espacio pasando las elecciones pero cada país tiene su forma de migrar», dijo.
Migrantes venezolanos en el Río Bravo, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso / Fotografía: Raúl Lodoza
Esta sería la primera caravana como tal que registra llegada a Ciudad Juárez, explicó González Reyes, pues, anteriormente, se dispersaron antes de cruzar hacia Estados Unidos por esta localidad, o desviaron su camino.
Se trató de un grupo de alrededor de mil 200 personas y, aunque en su mayoría fueron de Nicaragua, a la caravana también se unieron de personas de otras nacionalidades como Cuba, Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras.
La caravana ingresó distribuidas en 19 camiones, que a su vez, fueron escoltados por 20 unidades de la Policía Estatal.
Poco más de 700 personas fueron alojadas en el albergue municipal Kiki Romero y el resto en el Leona Vicario, sin embargo, la mayoría no permaneció en estos sitios.
El funcionario añadió que al menos en el caso de los nicaragüenses, estos tienen una excepción al Título 42, por lo que puede ingresar a los Estados Unidos de forma inmediata y llevar su proceso de aquel lado.
El campamento de venezolanos se conformó debido a que ellos llegaron poco a poco, consideró González Reyes / Karen Cano
«Decidieron descansar unos momentos y luego irse, realmente no tenían nada que hacer aquí, al contrario, para ellos era mejor irse antes de que hubiera una modificación en las políticas migratorias, que fue lo que sucedió con los venezolanos«, explicó.
Este lunes, de nueva cuenta, unos 2 mil migrantes más llegaron en caravana a la ciudad, con ellos, serían al menos unos 3 mil los que en esta ocasión estarían cruzando al vecino país por esta frontera.
Respecto a esto María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado, dijo que su administración habría invertido más de un millón de pesos para el traslado de los migrantes desde la ciudad Jiménez, donde fueron acogidos, hasta esta ciudad.
Hace muchos años me llamó la atención un libro del Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyns, el título era “Carta abierta a los dirigentes de la Unión Soviética”. Años más tarde pude encontrar otro de sus libros, narra su experiencia en la vida de uno de los presos políticos que estaban en Siberia, la región más congelada de la antigua URSS. Eran tiempos difíciles, la vida de Iván Denísovich, era la vida de cualquiera de los miles de presos políticos que habían llegado a Siberia simplemente por no estar de acuerdo con el régimen político de la República Soviética.
Hoy parece ser que la novela “Un día de la vida de Iván Denísovich” toma de nuevo vida en la trágica comedia política del gobierno de la república mexicana. Tal pareciera que los regímenes autoritarios quieren regresar e imponerse sobre las democracias, donde los hombres y mujeres somos libres. Esa libertad que nos permite decir no estamos de acuerdo, esa libertad de poder pensar de forma diferente, la posibilidad de ser divergente, la libertad de opinar, pensar y del disenso son las libertades que nos quieren quitar como mexicanos.
A los dirigentes de esta nación, les podemos escribir una carta abierta, salir a las plazas públicas no sólo en una ciudad que ha centralizado la vida nacional, sino en las más de 100 ciudades importantes del país para decirles que en el discurso oficial hay divergencias con la historia, con las promesas de campaña no cumplidas, con la visión de país que queremos los mexicanos y con la visión que quieren imponernos como régimen autoritario.
La primera premisa es señores dirigentes, la democracia está por encima de los deseos y voluntades del propio gobierno, que se engolosina con el poder y que tratarán de mantener por medios fraudulentos. Para permanecer en el poder quieren el control del Instituto Nacional Electoral (INE). Las marchas que se hicieron en todo el país mandaron un mensaje muy claro, el INE no se toca. Por si no lo leyeron bien, ese fue el mensaje.
Las reformas que se han dado en el país permitieron construir una democracia mexicana, un estilo propio donde podemos afirmar que, sin lugar a dudas, en un proceso electoral se desconfía de todo, empezando por el bolígrafo, la pluma, la crayola o el lápiz con el que se marca una boleta electoral. Ese es el tamaño de la desconfianza en los procesos electorales en México.
Las boletas electorales son prácticamente infalibles, la credencial de electoral con más medidas de protección que el mismo pasaporte mexicano o uno de corte internacional. Existe un listado nominal que contribuye a darle certeza y legalidad a cada proceso electoral, que por cierto hace que ningún proceso electoral de la era moderna y democrática mexicana sea igual.
El número de observadores electorales, la representación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, la representación de los partidos políticos y la cobertura mediática de los medios de comunicación es tan vasta y llena de capacitación profesional que hacen de la democracia un ejemplo internacional en la organización de las elecciones.
Por si fuera poco, los mecanismos de protección de los derechos político – electorales de los ciudadanos, la posibilidad de revisar casilla por casilla el resultado de cada voto es un fenómeno que no se aplica en otros países que se jactan de ser democráticos.
Las reglas del juego siempre han sido impulsadas por la oposición, sin embargo, hoy son impulsadas por el gobierno para ser simples y vulgares delincuentes electorales: “quieren que en el campo de juego la portería de la oposición sea más grande y la portería del partido en el poder achicarla para que no les metan gol”. En conclusión, señores dirigentes, con el INE no se juega y menos con la democracia mexicana.
De 2016 al 2021, en Coahuila fueron exhibidas, al menos, 333 personas detenidas por la Fiscalía General del Estado. Estos casos se documentaron a través de comunicados y boletines de prensa proporcionados por la autoridad ministerial. En ellos, se lanzaron hipótesis, dieron a conocer evidencias y se presumió la culpabilidad.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers*
Saltillo, Coahuila.- Las personas investigadas por haber cometido un delito no deben de ser expuestas a los medios de comunicación, ni presentadas ante la comunidad como culpables, así lo establece el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se solicitó -vía transparencia- los boletines de prensa de la Fiscalía General del estado (FGE) del 16 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2021, periodo en el que ha estado vigente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y se detectó que de manera sistemática exhibieron a 333 personas acusadas de delincuencia.
En casos de impacto social la Fiscalía presenta “avances de investigación” ante medios de comunicación.
Estos se realizan en el exterior de un Centro de Reinserción Social o en instalaciones ministeriales. En los documentos obtenidos vía transparencia se evidencian que se realizaron 14 eventos.
Este medio solicitó entrevista con el Fiscal General del estado, Gerardo Márquez Guevara, para conocer el motivo de las exhibiciones, y designó al Fiscal Ministerial Jorge Humberto Rodríguez López, quien aseguró que se protege la identidad de las personas y realizan capacitaciones para salvaguardar los derechos establecidos en la legislación vigente, así como tratados internacionales.
“La política de la Fiscalía es esa, de alguna forma ser muy, muy cuidadosos en cuanto a informar a la sociedad…se dan datos totalmente superficiales”, dijo el Fiscal Ministerial.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEC) respondió en solicitud de información que dentro de sus expedientes no hay recomendaciones emitidas en contra de la Fiscalía relacionadas con personas cuya imagen o datos personales hayan sido difundidos.
El abogado litigante Carlos Jaime Castro indicó que en casos que ha trabajado se enfrenta con “exhibiciones mediáticas”. Al cuestionar los motivos por los que no se denunció está irregularidad dentro del proceso judicial, respondió “por miedo”.
“Imagínate que de un día para el otro tú ya no estás en tu casa, estás en prisión y cuando sales te sientes tan agradecido que ya no quieres moverle al problema. Porque sabes lo que es estar en prisión y sabes lo que es enfrentarse al poder del Estado”, explicó Carlos Jaime. Las personas, al estar libres, lo menos que desean es pelear con el gobierno, dice.
La mediatización de casos penales no es exclusiva de Coahuila. En México existen precedentes. En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura en el amparo directo 517/2011 promovido por Florence Marie Louise Cassez Crepin.
«Esta Corte considera que claramente se observa un efecto corruptor en el caso, como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los miembros de la AFI al exponer a Florence ante los medios de comunicación como responsable. Lo anterior, sin que mediara un juicio que esclareciera su situación jurídica, además de una supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron pero que, sin duda, pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso», se indica.
En 2012, la Comisión de Derechos Humanos, del entonces Distrito Federal, emitió la recomendación 03/2012 en contra de la Procuraduría General de Justicia capitalina por violentar en 24 casos los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la intimidad, a la honra, reputación y violentar el derecho de las personas víctimas y ofendidas del delito al ser presentadas ante medios de comunicación cuando al haberse cumplido la orden de aprehensión.
A diez años de esta recomendación, Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, y quien se desempeñaba como primer visitador de la CDHDF, aseguró que esta práctica se traduce en “un manejo político por parte del gobierno”.
“En ese sentido, resumo, se trata de la politización de la justicia y de una estrategia de posicionamiento social que viola los derechos humanos de las personas”, reflexiona.
El periodista en temas de delito, violencia y derechos, Marco Lara Klahr, resalta en la Guía de Periodismo sobre Presunción de Inocencia y Reforma del Sistema de Justicia Penal que “no se trata de defender a ultranza a una persona que según la policía cometió un delito, sino de asegurarnos como periodistas de que la víctima sea tratada con dignidad y respeto, y reciba justicia, y los derechos del imputado sean respetados”.
«Ha de decirse con todas sus letras, esos derechos y libertades (constitucionales del debido proceso) son del ciudadano y no del delincuente, como la cultura de la información popular a veces lo quiere hacer ver; tampoco el proceso existe para condenar, como parecieran creer los que profesan que una detención o una acusación bastan para mandar a alguien preventivamente primero y definitivamente después a una cárcel. El proceso existe para investigar y averiguar una verdad, dentro de la legalidad y con requisitos y procedimientos preestablecidos y rigurosos», se indica en la página 29 del documento Retos de la Reforma Penal: Equilibrando la Presunción de Inocencia y la Seguridad Pública.
De víctima a imputada
La tarde del 18 de febrero del 2020 el reporte del rapto de una niña de cinco meses de edad movilizó a todas las corporaciones policiales de la región Sureste de Coahuila. Se giró la alerta Amber y la atención pública se centró en Ana María, la madre.
De acuerdo con su versión, un hombre y una mujer a bordo de un taxi amarillo sin placas le arrebataron a la niña cuando salían de una miscelánea en una colonia ubicada al sur de Saltillo.
En un lapso de 26 horas, el cuerpo de la bebé fue localizado sin vida en un lote baldío cerca de su casa.
El fiscal, Gerardo Márquez Guevara, citó a rueda de prensa donde dio a conocer que Ana María hizo declaraciones falsas, lo que dio un vuelco a la investigación. La preocupación de la autoridad se centró en la percepción de inseguridad, que consideraron generó la madre.
“Lo más relevante es la generación de psicosis, en el sentido de que pudiera haber una banda de robo de menores y que, además, se aprovecharán de órganos vitales”, dijo el fiscal, quien señaló un manejo irresponsable de las redes sociales.
“Creo que sí es importante que se sienten precedentes, por lo menos, en torno a estas redes y que se determine con prisión que esta falsedad genera mayor percepción de inseguridad”, opinó.
En otro evento, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en entrevista con medios de comunicación, compartió hipótesis personales sobre el caso en etapa de investigación.
Dijo que la señora pudo ser aconsejada por algún familiar pues, en su opinión, “no es algo que quisiera” sino que “se escapó de sus manos”, y que era muy probable que “en su interior decidió hacer”.
Sin embargo, emitió un juicio en torno a Ana María, conforme a las declaraciones brindadas a la prensa.
“Estuvo muy mal hecho: a todos nos metió en un dilema, pero bueno, dentro de ello existen también procesos judiciales que atender por el caso. Tampoco es algo que se vea con ojos lucrativos, sino simplemente con un juicio dentro de lo que ocurrió y dentro de lo que se quiso hacer”, afirmó.
Tras respaldar el trabajo de la Fiscalía, el gobernador aseveró que “Coahuila es un estado tranquilo”. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 no situaron a Coahuila entras las entidades más tranquilas y seguras.
En ese evento el Gobernador reveló información de la carpeta de investigación.
“Mucha gente que también salió a decir: ‘Oye no, de regreso la señora no veía el bebé”, contó.
A su juicio, el mandatario estatal habló sobre las “características” que debe mostrar una madre al estar en una situación de este tipo.
“No se le veía tampoco desesperada, tampoco mortificada. Daba respuestas muy contundentes, pero nada claras. Todo esto nos llevó a la versión que ya todos conocen”, dijo.
Al final, agentes de la fiscalía informaron que la bebé estaba enferma y murió por broncoaspiración. Ana María pasó de víctima a acusada.
Al día siguiente su imagen apareció en medios de comunicación. En la fotografía Ana María aparecía delante de una mampara con los logotipos de la Agencia de Investigación Criminal. Portaba un documento con sello oficial.
El área de los ojos de la madre fue difuminada para evitar su identificación, y cuidar la presunción de inocencia.
De acuerdo al artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en todo proceso penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, y se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales.
En el caso de Ana María, los detalles de la investigación fueron dados a conocer en ruedas de prensa organizadas por la Fiscalía.
Otras autoridades, como el gobierno de Coahuila, la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, también dieron detalles de su vida privada como número de hijos, sus identidades, entorno familiar y líneas de investigación.
Ana María fue vinculada a proceso por emitir declaraciones falsas, así lo muestra la sentencia, obtenida por este equipo. La omisión de cuidados se descartó porque se comprobó que la niña estaba enferma y sí recibió atención médica. Tuvo la denominada muerte de cuna.
La Fiscalía solicitó en audiencia a la autoridad judicial imponer a Ana María la pena de tres años de prisión y un pago por concepto de “reparación del daño a la sociedad”.
El conflicto legal registrado en el expediente 338/2020 fue resuelto a través de un procedimiento abreviado, es decir, un tipo de juicio para delitos menos graves castigados con pena de prisión menor a nueve años, de acuerdo a un documento obtenido por este equipo vía Transparencia del Poder Judicial del Estado.
En este documento, un juez de control impuso a Ana María la pena solicitada por la Fiscalía, con el beneficio de la condena condicional en libertad vigilada. También fue condenada a pagar al Estado 45 mil 572 pesos como reparación del daño y una multa autónoma de 868.80 pesos, cuyo concepto no especifica el documento público.
EL JUICIO MEDIÁTICO COMO POLÍTICA DE COMBATE AL CRIMEN
La Fiscalía informa a la comunidad, a través de comunicados de prensa, cuando se realizan detenciones. Aunque no todos los casos tienen la misma relevancia, ni cobertura, se documentaron 333 detenciones de personas que iniciaban procesos legales.
Para Mario Patrón, ex primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta exhibición se traduce en un manejo político por parte del gobierno.
“(Es) una estrategia de política de comunicación social (…) en donde pareciera que hay una política de combate al crimen exitosa, pero eso está muy lejos de alguna manera de los actos efectivos en términos de casos consignados o puestos a disposición por parte de las fiscalías a los poderes judiciales y casos condenados propiamente y ganados”, dijo.
De junio del 2016 a diciembre de 2021, la Fiscalía de Coahuila inició 312 mil 857 carpetas de investigación y en ese mismo periodo de tiempo logró concluir el 56 por ciento.
El abogado litigante Carlos Jaime coincidió con Mario Patrón al indicar que esta sobreexposición de personas detenidas se realiza como una “política pública”.
“Son meras estadísticas. Cuando hablábamos de que la Fiscalía se independizara del Poder Ejecutivo pensamos que iba a dejar de ser un instrumento de política pública”, dijo Carlos Jaime.
Contrario a eso, el abogado litigante consideró que las fiscalías en México buscan crear una imagen de trabajo eficaz ante la población y que “la forma más fácil para posicionarse fue declarar la guerra a los malos”.
“Gente que por haber cometido un delito ya dejó de ser persona, aunque ese delito sea irrelevante o sea fácil de arreglar. Y lo que dicen es: todos los días estoy deteniendo gente mala. Porque la solución al problema de la delincuencia es: encerrar a la gente. Entonces, eso lo compruebo ¿cómo?, pues diciéndote: aquí llevo otro a encerrar. De tal forma que pareciera que solo nos vamos a quedar los buenos. Y no es así”, opinó.
Un juicio indefinido
Ana María, a través de su abogado Ricardo Pérez, accedió a responder un cuestionario de cinco preguntas, en el que reiteró su necesidad de apoyo psicológico y “el perdón de la sociedad”.
Las respuestas de la mujer, a un año de los hechos, muestran que durante el proceso legal deseaba que las autoridades fueran “más comprensivas”, que “no la trataran como criminal”, y que la ayudaran a llevar terapias psicológicas.
“Porque me afectó mucho este proceso en mi contra. Aunque mi familia me apoyó, mis amigas y vecinos no lo hicieron. Me señalaban de mala madre”, según respondió.
Pese a que el juicio concluyó, el tribunal social continúa. Para la activista de la Red de Mujeres de La Laguna, Ariadne Lamont, cuando la imputada es una mujer la justicia tiene un sesgo.
“Si trascendieron datos de ella tan fuerte que después del tiempo que pasó ella no recupera su vida, significa que está siendo juzgada todos los días (por la sociedad)”, dijo.
Lamont ve una sobreexposición del caso y considera que la difusión de datos de la vida íntima de Ana María atentó contra ella.
“Creo que quienes le jugaron en contra son quienes tienen rasgos de machismo muy marcados. No tendría la sociedad por qué saber su vida sentimental”, dijo la activista.
Agregó que ella (Ana María) “no tiene por qué pedir perdón. La sociedad también falló en no dar apoyo. La crianza es obligación de la comunidad”.
EL DERECHO A LA DIGNIDAD
Ana María no es la única que ha enfrentado un juicio paralelo: el legal y el social. En los últimos cinco años, de 2016 al 2021, se detectó una práctica sistemática por parte de la Fiscalía del estado de sobreexponer a personas acusadas de cometer un delito.
El artículo 20 de la Constitución Política mexicana habla en el apartado B de los derechos de las personas imputadas. La fracción primera señala que tienen derecho “a que se presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
De los 333 casos documentados para esta investigación, en 266 la narrativa de la fiscalía coahuilense comienza presumiendo la inocencia de la persona imputada, pero la criminaliza conforme avanza el texto.
En los comunicados de prensa revisados para este reportaje, solo se incluyeron las personas que no han sido sentenciadas.
En 230 de los registros, los boletines donde se dan a conocer detenciones, se señalan frases que exaltan el trabajo de la fiscalía para combatir la delincuencia.
Estas frases afirman que las detenciones son parte de “una acción de seguridad a favor de la población” y con “estas acciones el gobierno de Coahuila refrenda su compromiso con la población para combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones”.
El abogado litigante, Carlos Jaime, explicó que la única ocasión en que se permite la exhibición es cuando se genera una orden de búsqueda y se autoriza mostrar la cara completa, porque se está buscando.
“Esa protección se debe de dar a las personas investigadas, porque una orden de aprehensión no significa que está todo en contra de la persona, sino que apenas decidiste que la vas a investigar formalmente”, dijo.
El caso de Ana María no ha sido el único abordado en ruedas de prensa: se documentaron 14 más en Saltillo y Torreón.
Se citó a reporteros para proporcionar avances de investigación. Un claro ejemplo es el sucedido el 29 de noviembre de 2021. El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, encabezó una rueda de prensa para dar a conocer la detención de un hombre a quien se le investigó por el asalto bancario registrado dos días antes en Saltillo.
“Este día fue cumplimentada una orden de captura al detener a Erick Alonso NN, por su probable responsabilidad en hechos sucedidos el pasado 26 de noviembre, quien al ingresar a una institución bancaria Santander del bulevar Venustiano Carranza con una aparente arma de fuego, apuntó a los funcionarios del Banco para exigirles que le entregaran el dinero de las cajas, al tiempo que amenazó a los presentes diciéndoles que se tiraran al piso”, se lee en el comunicado.
Continúa: “Después de cometer el asalto, Erick Alonso NN salió de la institución bancaria y huyó a bordo de una camioneta Voyager color gris.”
En el comunicado se señala como “presunto responsable” a la persona detenida. A partir del segundo párrafo en la redacción se asegura que la persona cometió el asalto y describen los hechos con frases afirmativas.
Mientras se realizaba la rueda de prensa, se ingresó a la persona detenida. En el boletín se destacó que “(corporaciones de seguridad lograron) obtener información relevante para solicitar a la autoridad judicial la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada hace unos momentos”.
En el comunicado se agregan 16 fotografías. En la primera, se puede ver a la persona detenida caminar acompañada de un hombre vestido de civil, que lo sujeta por la nuca. Y detrás de ellos, otro hombre armado y vestido de civil.
En la segunda fotografía aparece el delegado Everardo Lazo detrás de un atril, acompañado de un funcionario y ocho agentes.
La tercera fotografía es el mismo escenario, pero con un panorama amplio en donde aparecen reporteros, fotógrafos y camarógrafos. En el resto de las fotografías son los mismos ángulos además del ingreso de la persona investigada a las instalaciones del penal.
Pero no sólo las personas detenidas quedaron expuestas con lo que se violó su derecho a la presunción de inocencia. En 24 boletines de prensa hubo revictimización, al describirse la forma en que se realizaron homicidios y violaciones.
Sentencia acusatoria derrota presunción de inocencia
La Constitución Mexicana y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas indican que el derecho a la presunción de inocencia exige que los jueces, tribunales y jurados se abstengan de prejuzgar sobre el caso, lo cual incluye al agente del Ministerio Público.
Reiteró que todas las autoridades, especialmente las encargadas de seguridad pública y procuración de justicia, no deben hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado antes de que concluya el juicio.
En la legislación actual, la investigación inicial se realiza tras la presentación de una denuncia en el Ministerio Público. Al recabar las pruebas, solicita al juez la imputación, es decir, que se le vincule a proceso para que se investigue, pero en esa etapa no se muestran pruebas.
Si el juez decide vincular a proceso es porque existe probabilidad de que el hecho se cometió y que hay probabilidad de que la persona acusada participó.
Pero en todo el juicio debe prevalecer la presunción de inocencia. Es hasta que se emite una sentencia condenatoria que se vence esta presunción.
Para el abogado litigante Carlos Jaime es violatorio que se exponga a una persona cuando entra al penal. “(Entra) y están todos y preguntan ‘¿por qué lo hiciste?’ Y están las cámaras sobre él”.
Incluso argumenta como acto innecesario someter a la persona: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública indica que si esta coopera, no tiene que ser llevada con la cabeza hacia abajo y apretando el cuello.
“De hecho, no es la Fiscalía el único ente que hace esta sobreexposición. Si ustedes se fijan, en ella participan policías municipales, la Policía Civil de Coahuila, y también instancias del Poder Ejecutivo. A veces andan secretarios, cuando este órgano es autónomo. ¿Por qué necesita la validación de un poder al que no pertenece?”, cuestiona.
Otro factor que destaca en contra de la presunción de inocencia es la difusión de fotografías, en donde aparecen con objetos que la Fiscalía informa le fueron asegurados.
Carlos Jaime indicó que en los años 2020 y 2021 los juzgados penales estatales emitieron 2 mil 572 órdenes de aprehensión, pero el 20 por ciento de los casos no había suficiente investigación para mantenerlos detenidos.
Considera la difuminación parcial del rostro en las personas detenidas como insuficiente, frente a una serie de rasgos biométricos que permiten la identificación.
“La verdad es que es bastante absurdo. Aun tapando los ojos se puede reconocer (a la persona)”, dice el abogado litigante y agregó que “sobre todo porque le añaden el nombre y una letra -N- que ya te genera identificarlo”.
Las invitaciones a los avances de información son transmitidas por medios de comunicación cuyas plataformas digitales lo hacen en tiempo real. Al término de ellas, las personas detenidas son presentadas frente a las cámaras con dirección al penal.
La Fiscalía Ministerial a cargo de Jorge Humberto Rodríguez López argumentó que “en la cuestión mediática que a veces nos piden información al respecto, nosotros tenemos siempre, siempre, el cuidado que a la persona no se le identifique con su nombre y apellidos completos. Inclusive también tapándole él área de los ojos”.
El ex primer visitador de la CDHDF (hoy CDMX), Mario Patrón Sánchez, explica que la exhibición mediática vulnera el derecho a la independencia e imparcialidad de los juzgadores porque señala que los prejuicia y predispone a un caso ya divulgado frente a los medios de comunicación de una manera tendenciosa, no imparcial.
Considera que esta práctica de la Fiscalía estatal violenta el derecho a la honra, a la debida reputación y a la imagen de las personas frente a la sociedad.
“Las consecuencias son devastadoras porque estamos hablando de personas que ya se les condenó en un juicio de orden o de corte mediático, y que generan toda una estela informativa y en redes sociales, hoy con el mundo digital”, dijo Mario Patrón.
En la experiencia del ex primer visitador, las personas exhibidas pierden sus empleos, son discriminadas y si tienen hijos, estos también son discriminados en entornos sociales y escolares.
En la mayoría de los casos, a pesar de contar con una carta de no antecedentes penales, sus necesidades o aspiraciones se ven truncadas.
“Y aquí los gobiernos han sido muy irresponsables porque son quienes tendrían que pedir a las empresas que administran buscadores universales (de internet) que bajaran todos esos tipos de noticias, y no lo hacen. Entonces me parece que es una violación a su imagen propia de carácter permanentemente y continua”, aseveró Mario Patrón.
URGEN PARAR JUICIOS MEDIÁTICOS
La recomendación 03/2012 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue llevada a una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se le requirió al Estado Mexicano parar totalmente esta política de exhibición ante los medios de comunicación.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó que la exhibición mediática de personas detenidas es una práctica violatoria de los derechos humanos.
“En la medida que una fiscalía exhibe de esta manera a las personas, pues también está violentando el carácter colectivo del derecho a la verdad de la sociedad, que es conocer información veraz y de alguna manera está manipulando los resultados de una política criminal de estado”, explicó Mario Patrón.
La Constitución Mexicana favorece a la presunción de inocencia, pero el abogado Carlos Jaime cree que probar la inocencia es cada vez más difícil. Considera que lejos de exigir más profesionalización a la Fiscalía se le perdona errores, para evitar que una persona que cometió el delito esté en libertad. La sociedad pide medidas de sanción inmediatas, cuando existe otros mecanismos para la impartición de justicia y reparación del daño.
“El problema es que nosotros como sociedad exigimos: si hizo esto, que pague. Que se le dicte una sentencia, y que quede en prisión. Y esperamos que sea muy sencillo. El problema va a ser cuando seamos nosotros lo que bien o mal estemos señalados de haber cometido un delito, porque con esa premura que queríamos que una persona fuera investigada y esté en prisión, con esa premura vamos a estar nosotros en prisión”.
Se acaba el tiempo y seguramente te sientes preocupado, pero tal vez no recuerdas porqué. Resulta que diciembre se acaba y el tiempo para que saques tus placas se agota.
Las placas de metal es un requisito necesario para dar cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua.
Anteriormente, las autoridades han dicho que la intención es tener identificados a todos los automóviles que conforman el parque vehicular de la localidad y de este modo tener la certeza de que las unidades no se utilizan para delinquir.
Así que, por el bien de todos, lo mejor es que saques tus placas. El trámite es sencillo aquí te decimos cómo.
¿Qué necesito para sacar mis placas?
Si vives en el estado de Chihuahua, primero que nada y antes de irte a los módulos, asegúrate de tener todos los documentos que te van a pedir en original y copia.
El más importante es la factura de compra de tu auto o el documento que acredite la propiedad; en caso de ser vehículo importado necesitas el pedimento o documentos que acrediten la legal estancia del vehículo en el país.
Y en caso de que sea un vehículo comprado con crédito o financiado, podrán presentar la carta factura vigente emitida por la institución que otorgó el crédito o financiamiento, acompañada con copia de la factura del vehículo o la copia de la factura del vehículo con la leyenda: «copia sin valor valida únicamente para trámite de placas».
También presentar el documento que indique que el vehículo se encuentra en financiamiento o cualquier que refiera dicha circunstancia, siempre y cuando cuente con firma y sello de la institución o ente que otorgó el financiamiento, acompañado con copia de la factura del vehículo.
En el caso de ser el vehículo nacional, requieres una factura o documento que acredite la propiedad.
De manera adicional deberás llevar un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, tu licencia de conducir vigente, tu identificación oficial vigente, el juego de placas metálicas o permiso provisional.
Si eres una persona con discapacidad deberás llevar también una constancia de discapacidad permanente o temporal expedida por el servicio médico oficial. En su defecto, certificado médico a nombre del interesado expedido por una Instituciónde salud pública como ICHISAL, Hospital Regional, IMSS, con nombre, firma y cédula profesional de quien lo expide.
En caso de ser una persona moral deberás llevar un documento que acredite la representación legal.
Si eres de las personas que regularizaron su vehículo de origen extranjero a través del decreto federal por REPUVE, además deberás presentar una constancia de inscripción al momento de hacer el trámite.
¿Dónde puedo hacer el canje de placas en Ciudad Juárez?
En Ciudad Juárez existen tres módulos en donde puedes realizar el trámite, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
La unidad Mezquital se encuentra en calle Almendro #10150, entre Calles Mezquital y Mezquite Blanco; el módulo el Paseo, se encuentra en la avenida López Mateos, el local 10 y 11, #2050; y finalmente, en las oficinas del Pueblito, ubicadas en Lincoln #1320 entre Calles Zempoala y Rio Nilo.
Actualmente, el Ayuntamiento no cuenta con la certeza de cuantos árboles existen en Ciudad Juárez, por lo que ejecutará un plan para contabilizar los ejemplares vía aérea, a través de fotografías.
Lo anterior se dio a conocer por Daniel Zamarrón Saldaña, director de Parques y Jardines del Municipio.
“Sería una foto satelital por medio de un software de especialistas (…) Hay un estimado de que en un sector central de la ciudad, a partir de las (avenidas) Paseo Triunfo y la Ejército Nacional, y de la López Mateos hasta la Tecnológico, hay 40 mil árboles. Ese estimado se hizo con esa máquina”, declaró.
Abundó que en Estados Unidos se ha realizado de este mismo modo el conteo de la masa forestal.
El funcionario expuso lo anterior durante el inicio del actual operativo de forestación de áreas públicas de la localidad, misma que se vio retrasada debido a las lluvias atípicas de la región.
“Estamos viendo la paleta desértica porque Ciudad Juárez está en crecimiento. El abastecimiento de agua de consumo humano como industrial, la gran mayoría se obtiene de mantos freáticos que no se recarga de manera rápida. Tenemos que hacer uso racional del recurso hídrico y, en ese sentido, plantar árboles que tengan la capacidad de captar agua del medio ambiente, no sólo del subsuelo”, explicó.
Mencionó que los espacios que han estado interviniendo son camellones, en calles como la Montes Urales, en donde estuvieron plantando algunos huizaches, los cuales, tienen la capacidad de resistir la falta de agua.
Parques públicos cuentan con al menos 20 especies de vegetación / Cortesía Municipio.
Anteriormente,Jorge Bejarano, ingeniero y miembro de la Casa del Agrónomo de Ciudad Juárez, denunció que la falta de planeación urbana y el acto de privilegiar intereses económicos y territoriales por encima del bienestar social han creado un déficit de árboles en Ciudad Juárez.
Esto, señaló entonces el especialista, ha contribuido en gran parte al registro de un estrés hídrico.
“Creemos que hay un desconocimiento. Es cierto, llueve poco y estamos en una zona desértica pero no es lo que se nos presenta. No tenemos capacidad de tener plantas del desierto por la calidad de construcción las casas que son muy calientes o muy frías”, refirió.
De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales dados a conocer en el 2018, en esta frontera había 91 mil 519 árboles.
Esto, no representaría ni la quinta parte de los 500 mil ejemplares que según estándares de la Organización de las Naciones Unidad requeriría la ciudad, basándose en la cantidad de habitantes (un arboles por cada 3 habitantes).
Daniel Zamarrón Saldaña impartiendo una una charla de forestación urbana el verano pasado / Cortesía Municipio
Zamarrón Saldaña agregó que, con la finalidad de contrarrestar el estrés hídrico, para los ejemplares que se encuentran plantando actualmente están utilizando un material que se llama Lluvia Sólida, el cual comparó con la grenetina.
“Ese polvo evita que el agua se filtre al subsuelo, tiene una duración de 3 años, y va a permitir que, si hay u temporal de lluvia, en vez de que se filtre o evapore, sea capturada y es una reserva que el árbol va a tener por días e incluso hasta por semanas”, explicó.
Aunque es de dominio público, pocas personas saben que la Ciudad Juárezno siempre se llamó así, es decir, que en diferentes ocasiones, a lo largo de sus cientos de años de historia ha pasado por cuatro cambios de nombre.
Justo este pasado 8 de diciembre, esta frontera conmemoró el 363 aniversario de su fundación.
En al atrio de la catedral, específicamente frente a la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, el pequeño templo que se encuentra a un lado, se hizo la representación de la llegada de Fray García de San Francisco que, al ubicar asentamientos humanos en la región, fue el primero en delimitar y poner un título.
Misión de Guadalupe ubicada en la zona Centro /Fotografía: José Orozco
Hoy la ciudad lleva por nombre uno que hace honor a la relevancia históricaque esta tierra tuvo en el país, pues incluso, durante un momento fungió como cabecera de la presidencia de la República Mexicana y hospedó a un personaje de quien adoptó el nombre.
¿Cuántos nombres ha tenido Juárez?
En el año de 1659 Fray García de San Francisco fundó la ciudad, la cual, entonces abarcaba tanto al municipio de Ciudad Juárez como a El Paso, Texas. Este hombre decidió llamar a este nuevo territorio como «Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte«.
En símbolo de la fundación de esta nueva tierra, adicionalmente se construye de el templo de la Misión de Guadalupe, ubicada a un costado de Catedral en la zona Centro.
Pero este nombre larguísimo sería cambiado por primera vez unos cientos de años después, pues el 9 de diciembre de 1826 se cambia a simplemente Paso del Norte, con la promulgación de la Constitución del estado de Chihuahua.
Por mucho tiempo ese fue el nombre, además, meses después de esto se convirtió en la cabecera de uno de los 11 partidos en los que estaba dividida la entidad. No obstante, llegaría al poder como presidente de la República Porfirio Díaz, quien por alguna razón decidió que cambiar de nueva cuenta el nombre.
El mandatario quiso que la ciudad homenajeara a uno de los forjadores de México más importantes de la historia: Benito Juárez.
Monumento a Benito Juárez ubicado en la avenida Vicente Guerrero / Fotografía: José Orozco
Por eso, en el año de 1885 se decretó que desde ese entonces la Villa del Paso del Norte se llamase Ciudad Juárez, decretado así el 24 de julio de 1888 por el Congreso del Estado de Chihuahua.
Este es y será el nombre más representativo, sin embargo, pocas veces se hace alusión al cambio más reciente, hecho apenas hace 12 años.
El último cambio de nombre de esta ciudad fronteriza se realiza por el ahora ex gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
Cabeza de Benito Juárez en memorial dentro del parque El Chamizal / Fotografía: José Orozco
Lo anterior, en el marco de la celebración del Centenario de la Batalla de Ciudad Juárez, considerado el momento decisivo en laRevolución Mexicana, se presenta una noción para cambiar el nombre de este municipio por el nombre actual: Heroica Ciudad Juárez.
Todo lo anterior es mencionado en el marco del Aniversario 363 de la fundación de esta ciudad, misma cuyo sólo nombre evoca una historia de resistencia y defensa, tanto en los tiempos de antaño como en tiempos recientes.
