En el transcurso de tres días, un caso de maltrato animal en Ciudad Juárez escaló hasta convertirse en un doble hecho violento que concluyó en la muerte de dos hombres, el cual además evidenció las limitaciones del marco legal frente a personas con adicciones, problemas de salud mental y conductas agresivas.
Lo anterior, luego de que un hombre que primero mató a un perro y al día siguiente asesinó a golpes al pastor de una iglesia cristiana, finalmente falleciera cuando se llevaba a cabo su audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio.
Sobre este hecho, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que es necesario revisar el marco legal para que las autoridades cuenten con mayores herramientas al enfrentar situaciones similares, ya que se enfrentan también a problemas de salud mental y adicciones.
Los hechos
El jueves 6 de noviembre, vecinos de la colonia Nuevo Hipódromo denunciaron la agresión de un hombre contra un perro, a quien golpeó hasta causarle la muerte, cuyo cuerpo fue rescatado por el activista Oswaldo Robledo y por lo que el responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
Al respecto, Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación policiaca, informó a Circuito Frontera que el hombre fue consignado tras reportarse que estaba alterando el órden público y que se encontraba desnudo en la vía pública.
Sin embargo, tras permanecer algunas horas en la estación se le buscó un espacio a dónde remitirlo, ya que la persona padecía de sus facultades mentales y se encontraba en estado de intoxicación.
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Explicó que, ante la ley, si una persona padece de sus facultades mentales no puede ser consignada por la comisión de un delito, razón por la que no se turnó por el homicidio del perro ante las autoridades estatales.
Indicó que se buscó trasladarlo a un hospital psiquiátrico y no fue admitido por falta de espacio y finalmente fue internado en un albergue cristiano, debido a que fue el único lugar en dónde se admitió.
Homicidio del pastor
Sin embargo, un día después, el viernes 7 de noviembre, el mismo hombre, identificado por testigos como Edeer Issel Ávila Moradel, quien fue detenido nuevamente, pero esta vez por el homicidio del pastor que dirigía el albergue cristiano en la colonia Kilómetro 29.
De acuerdo con el reporte oficial, agentes del Distrito Sur atendieron un reporte de un sujeto agresivo que atacaba a otra persona en el techo de una vivienda. Al llegar, los oficiales encontraron al agresor golpeando con un bat metálico a la víctima, mientras vecinos intentaban detenerlo lanzándole piedras.
Tras un forcejeo, los policías lograron someterlo y aseguraron el objeto con el que cometió el crimen. De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Mauro Cabañas, quien ya no presentaba signos vitales.
Por este hecho, el vocero de la corporación policiaca, indicó que Edeer Issel fue consignado ante la autoridad correspondiente y se le formuló imputación por el delito de homicidio, por lo que permanecía de manera precautoria en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.
Sin embargo, este lunes 10 de noviembre, durante la audiencia de vinculación a proceso, el hombre fue hallado sin vida en el área de celdas procesales de Ciudad Judicial, luego de un receso ordenado por el juez, donde personal médico confirmó su fallecimiento.
Sobre el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la causa de muerte fue por tromboembolia pulmonar, esto significa que la persona tenía coagulos de sangre en los pulmones.
Vacío legal
Sobre este caso, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que los agentes no pueden retener a una persona si no existe un motivo legal, aunque sea evidente su peligrosidad, y que este tipo de limitaciones legislativas deben ser revisadas por el Congreso.
«Más que los protocolos es la ley. Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley. Entonces, este es un tema que los legisladores tienen que revisar para darle más herramientas a la autoridad. Es decir, son, al final de cuentas, las leyes las que en todo caso tienen que adecuarse.
Señaló que un policía municipal o estatal (incluso la Guardia Nacional) no puede hacer algo o no debe hacer algo que esté fuera del marco legal, por ello la necesidad de revisar la ley y ajustarla para que este tipo de cosas no sucedan.
«Si la persona es adicta y no está en posesión de droga que permita su consignación, pues se le tiene que remitir a un centro de rehabilitación. Tiene que haber algo en la ley que nos permitiera consignarlo, que por cierto, es una cantidad impresionante de personas que se han consignado y de órdenes de aprehensión que la que nosotros hemos detectado», dijo.
Comentó que al inicio de su administración, el promedio mensual de órdenes de aprehensión detectadas por la Policía Municipal era de 14 ó 15 al mes, cifra que se fue incrementando desde el trienio anterior, ya que se llegó a un promedio de entre 130 y 135 mensuales.
Agregó que para el primer año de esta segunda administración como alcalde, el promedio fue de 160 órdenes de aprehensión detectadas. Sin embargo, en los casos de seguridad hay cosas que no pueden evitarse.
«¿Qué se evitó al lograr detectar 160 órdenes de aprehensión por mes? Seguramente son muchas cosas que se evitaron», añadió el edil.
Este caso ha generado un debate en Ciudad Juárez sobre la falta de respuesta institucional ante conductas violentas y los vacíos legales que impiden actuar de manera preventiva, por lo que es necesario hacer cambios en la legislación.
