A casi cuatro meses del hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar en el Crematorio Plenitud, familias afectadas decidieron llevar sus exigencias a la Ciudad de México, luego de que consideraron insuficientes los avances obtenidos en Chihuahua para esclarecer el caso.
Dora Elena Delgado, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, explicó que el viaje buscó abrir nuevas rutas de atención con autoridades federales, tras las manifestaciones realizadas en puentes internacionales y frente a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez.
La visita representó un cambio en la estrategia del colectivo, que dejó de concentrar sus acciones únicamente en el ámbito estatal para solicitar la intervención de instituciones nacionales capaces de dar seguimiento a las investigaciones y a la atención de las víctimas.
Ruta federal
La jornada del 30 de septiembre comenzó en Palacio Nacional, donde integrantes del colectivo se manifestaron antes de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para visibilizar el caso y exigir justicia para las personas afectadas.
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Después acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para entregar escritos con sus principales peticiones, donde recibieron el compromiso de revisar sus planteamientos y mantener comunicación sobre el caso.
El recorrido continuó en la Fiscalía General de la República y posteriormente en la Secretaría de Gobernación, donde también participaron representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el propósito de establecer mesas de trabajo.
Lo pendiente
«Nos vincularon para posteriormente iniciar mesas de trabajo con las instituciones nacionales y coordinadas por Gobernación (…) Creo que nos ha dado fruto el esfuerzo que hicimos al venir a la Ciudad de México», dijo Dora Elena Delgado.
Hasta ese momento, la Fiscalía General del Estado informó la identificación de 105 cuerpos, de los cuales 98 ya habían sido entregados a sus familiares, mientras el proceso de identificación del resto continuaba bajo seguimiento de las autoridades.
Acudir a instancias federales reflejó la intención de las familias de ampliar las vías institucionales para buscar respuestas, ante la expectativa de que las mesas de trabajo deriven en avances concretos.
