Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez se manifestaron desde la madrugada de este miércoles afuera del inmueble, en contra de la Reforma Judicial propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, luego de que consideran que estas modificaciones a la ley son una “amenaza directa” al Estado de Derecho en México.
Carlos Rascón, secretario instructor del Tribunal Laboral, expresó su preocupación por esta situación, ya que la mofidicación a la ley podría darse a partir del próximo periodo parlamentario el 1 de septiembre.
En un pronunciamiento contundente, Rascón señaló la necesidad de abrir espacios para el diálogo, por lo que los trabajadores del Poder Judicial se vieron obligados a expresar sus preocupaciones de manera explícita ante la sociedad.
“Estamos ante una situación crítica para el Estado de Derecho en México. Existe una esperanza de que esto se solucione, pero no hemos visto una acción concreta por parte del Gobierno Federal. Queremos que nuestras demandas tengan repercusiones y que la sociedad pueda escucharnos. Necesitamos espacios para el diálogo, para ser escuchados”, expresó.
El secretario del tribunal también criticó “la prisa” con la que se están llevando a cabo algunas decisiones legislativas, comparándolas con procesos anteriores que permitían un análisis más exhaustivo.
“Definitivamente, el dictamen se está haciendo de manera apresurada. No se está llevando a cabo como si fuese un proceso regular. Nos corresponde a nosotros salir y hacernos escuchar, asegurándonos de que nuestras voces no sean ignoradas”, afirmó.
Rascón subrayó la importancia de ser escuchados por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pues incluso el deterioro de la independencia judicial podría tener repercusiones negativas en la inversión extranjera y en la forma en que se resuelven los conflictos legales en el país.
“Si hay una esperanza, está en que podamos llegar a los oídos de la presidenta electa y ser escuchados. Continuaremos en esta lucha hasta que nuestras voces sean atendidas”, dijo.
¿En qué consiste la Reforma Judicial?
El pasado 12 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer un paquete de 20 modificaciones constitucionales, con las que se pretende cambiar la estructura y funcionamiento de diversas instituciones en México.
Entre estas se encuentra la Reforma al Poder Judicial, la cual plantea cuatro objetivos: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales.
Entre las propuestas se encuentra la modificación del artículo 95 constitucional, para que los jueces y magistrados sean elegidos por voto directo y secreto, además de reducirlo de 15 a 12 años por un periodo.
De tal manera en que sí la reforma es aprobada, el próximo año se llevarían a cabo elecciones extraordinarias para renovar a ministros, magistrados y jueces.
Otra modificación sería reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de la eliminación de las dos salas, por lo que sólo sesionará en el Pleno y las sesiones deberán ser públicas.
Asimismo, la reforma plantea la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, además de un ajuste a sus remuneraciones, con un tope máximo establecido con el salario del presidente de la República.
En el ambito de las nuevas reglas procesales se encuentra la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes de efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Además, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales.
En el ámbito local, la reforma también contempla que los Poderes Judiciales de las entidades federativas implementen reglas para la elección directa de magistrados y jueces, así como la creación de órganos de administración y disciplina independientes.
Finalmente, la reforma propone que, una vez concluidos los juicios pendientes, los fideicomisos del Poder Judicial se reintegren al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
