La administración municipal anunció esta semana que uno de los objetivos principales trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 es la adquisición de tecnologías de videovigalncia, además de drones e inteligencia artificial.
El uso de estas tecnologías sin contar con un marco regulatorio y sin implementar protocolos en materia de derechos humanos, puede generar riesgos de vulneraciones al derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, y al libre tránsito.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en el artículo 12, que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Además, el artículo 16 constitucional establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Los sistemas de videovigilancia pueden eventualmente implicar una injerencia arbitraria en la vida y el domicilio de las personas. Sobre todo si se instalan en zonas con vistas a zonas residenciales.
Respecto a la protección de datos personales, debe haber mecanismos adecuados que garanticen la seguridad y prevengan el mal uso o filtración de la información personal de la ciudadanía.
Esto no sucede, pues actualmente no existen avisos de privacidad, documentos de seguridad, ni garantías de que la información personal de los ciudadanos captados por las cámaras se encuentren bajo buen resguardo.
La permanencia en los archivos de las grabaciones que no contengan ningún interés en prevención del delito o atención de posibles hechos delictivos, si atendemos a las prácticas estandarizadas en países con legislaciones más avanzadas en materia de videovigilancia y protección de datos personales, deben contar con algún protocolo de borrado o eliminación de archivos, físicos y/o digitales cada cierto periodo de tiempo.
La videovigilancia y la inteligencia artificial también eleva los riesgos de discriminación, pues pueden realizar videoseguimiento a personas que para los operadores tengan “perfiles sospechosos” con base en prejuicios como tono de piel, vestimenta, o apariencia física.
Esto es algo que suele tener alguna incidencia en la vigilancia a través del patrullaje. La captura de los datos genera condiciones de vulneración para ciudadanos.
Por la falta de entrenamiento, capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales, existen elevados riesgos de mal uso de la información privada que llega a ellos.
No se están atendiendo correctamente los marcos normativos que rigen el tratamiento de los datos personables y sensibles de los ciudadanos, lo que repercute en aumentar las condiciones de vulnerabilidad de los mismos, y en que puedan ser objeto de posibles abusos de poder.
No hay condiciones para que el servicio público municipal, a cargo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, use de manera responsable y profesional estas tecnologías, ya que socavan las libertades de la ciudadanía y empoderan todavía más a las funciones públicas.
Éstas que, por otra parte, se han caracterizado por su opacidad y su resistencia a transparentar la información pública, la que por cierto, se trata de un bien que pertenece a la sociedad, tal como establece el Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
Me parece muy riesgoso que mientras se reforman leyes que en la práctica implican el posible deterioro del derecho humano al acceso a la información y los sujetos obligados en los últimos años hayan incrementado las estadísticas relacionadas con los recursos de revisión, según ha informado el Instituto Nacional para la Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).
Y que a la vez se endurezcan las políticas de vigilancia a través de estos mecanismos que son todavía algo de avanzada y que aún no deberían ser utilizados por los cuerpos de seguridad preventiva, a quienes deberían mejorar sus condiciones salariales, de seguridad social y patrimonial, entrenamiento y profesionalización, antes de tener acceso a estas tecnologías.
Un problema adicional es de carácter sociológico. La conciencia de saberse vigilados, puede generar distorsiones y alteraciones del comportamiento y la interacción de las y los ciudadanos, lo que representa una acción invasiva por parte del poder.
Esto puede ser algo que un gobierno autoritario y represor llegue a celebrar, características de mentalidades conservadores.
Se supone que la administración municipal es de ideología de izquierda, por lo que la adquisición y uso de estas tecnologías representan una contradicción ideológica.
La inteligencia artificial representa una posible herramienta de control que genera discriminación racial, manipulación política e invasiones a la intimidad de los ciudadanos.
Los movimientos sociales, las manifestaciones y protestas son también ahora posibles blancos de vulnerabilidad.
Somos pocos los que hemos reflexionado profundamente sobre los riesgos de que el poder pueda acceder con facilidad a la información personal de los ciudadanos, pues hay una evidente desproporción entre un individuo y el aparato gubernamental que cuenta con el monopolio legal de la violencia, algo advertido por autores tan clásicos como Max Weber.
Fuentes:
https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view/432/346
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2020-06/CPEUM-016.pdf
