El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón aprobó la suspensión condicional del proceso penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quien enfrenta señalamientos por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
El incendio se registró el 27 de marzo del 2023 dejó un saldo de 40 personas migrantes fallecidas y 27 más lesionadas de gravedad, lo cual marcó uno de los episodios más oscuros en la historia de las políticas migratorias en México.
Como parte de la suspensión de la causa penal 237/2023, Garduño Yáñez deberá cumplir varias medidas, entre las que se encuentran ofrecer disculpas públicas adicionales a las víctimas, residir en su domicilio habitual, asistir a cursos en materia de derechos humanos y protección civil, así como vigilar el cumplimiento de un fideicomiso destinado a la reparación del daño.
El fideicomiso fue creado para indemnizar a las víctimas y sus familias, aunque hasta la fecha, cinco núcleos familiares no han aceptado el pago correspondiente.
El juez indicó que el plazo para cumplir con estas medidas es de un mes, mientras que el proceso estará suspendido por un año y seis meses.
Esta decisión judicial fue considerada como una muestra de que se han realizado esfuerzos significativos para reparar el daño, según señaló la defensa del funcionario federal.
Sin embargo, organizaciones civiles y familiares de las víctimas consideran que esta resolución es un claro ejemplo de la impunidad que impera en casos que involucran a altos funcionarios públicos.
¿Qué dice la defensa de las víctimas?
La aprobación de esta suspensión condicional generó indignación entre las familias de las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pues fue considerado como un acto más de impunidad en el país.
Yesenia Valdés, coordinadora de la Fundación para la Justicia y quien representa a nueve núcleos familiares de las víctimas mortales y a ocho sobrevivientes, calificó la resolución como un “terrible precedente” para la justicia en México.
La abogada también indicó que el juez otorgó esta suspensión a pesar de que Garduño Yáñez, en su calidad de comisionado del INM, reconoció públicamente que se cometieron delitos en el manejo de la estación migratoria.
Mientras que el Estado ha absorbido la responsabilidad económica, dejando a las víctimas sin justicia real.
“Esto es un terrible precedente porque entonces significa que cualquier funcionario público que comete un delito de este grado y que además pues no es cualquier funcionario, si no estamos hablando del titular de una institución, pueda cometer un delito que pague el Estado y que entonces un juez diga ‘Ah, bueno, como ya pagó el Estado no pasa nada, no tienes que hacer ninguna reparación del daño’. Obviamente vamos a interponer los recursos procedentes”, señaló.
La activista además lamentó que la mayoría de las reparaciones se hayan concretado con recursos provenientes del erario público, es decir, del dinero de los contribuyentes.
“Es un mensaje negativo que se envía pues en contra de la justicia de este país, pero sobre todo de las personas más vulnerables en este país. Las personas vulnerables, no solamente a los migrantes cualquier persona de a pie que no tenga el poder, que no tenga detrás todo el apoyo político no puede aspirar a a tener justicia”, recalcó.
Agregó que esta resolución también envía un mensaje de impunidad a las instituciones, lo cual podría convertirse en un patrón en el que las violaciones graves a los derechos humanos quedan sin castigo, alimentando una “maquinaria de injusticia”.
La protesta
Cabe resaltar que, antes de que iniciara la audiencia, un grupo de manifestantes se congregó frente al edificio en señal de protesta por las acciones del comisionado, al considerar que estaría eludiendo su responsabilidad al solicitar la suspensión del caso.
Esta manifestación surge luego de que 103 organizaciones y activistas en defensa de los derechos humanos difundieran una carta dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que exigieron justicia efectiva para las víctimas.
Lo anterior, luego de que en por lo menos tres ocasiones, el comisionado del INM solicitó la suspensión de su caso, además de que ofreció el pago por los daños al inmueble afectado por el incendio, sin contemplar una reparación integral para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.
¿Qué dice la defensa de Francisco Garduño?
Mientras que, Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño Yáñez, defendió la resolución como un acto que garantiza la reparación del daño a las víctimas y cumple con los requisitos legales.
Según declaró, el 90 por ciento de las víctimas ya han sido indemnizadas, así como los recursos para las que aún no han aceptado el pago están asegurados mediante el fideicomiso.
“Se acreditó la reparación del daño a todas las víctimas(…) prácticamente se resarció el 90 por ciento del tema y se garantizó el otro 10 por ciento de la reparación del daño”, dijo.
Pérez Velázquez también refirió que las medidas impuestas por el juez incluyen instrucciones claras para garantizar la reparación de las víctimas restantes, incluyendo el acercamiento a familias de diversas nacionalidades y un seguimiento detallado por parte del comisionado.
El abogado reiteró que Garduño Yáñez cuenta con una suspensión condicional y solamente está el pendiente el cumplimiento diferido, así como se espera que se realice una audiencia, de manera anticipada o dentro de un año y medio, en la cual ya se solicitará que se dé por cumplido, con efectos de sobreseimiento de la causa penal.
Aunque aclaró que el sobreseimiento sería únicamente de la causa penal del comisionado, ya que toda la investigación el Ministerio Público y las demás causas penales continuán abiertas.
Asimismo rechazó las críticas de las organizaciones civiles y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) desempeñó un papel activo en garantizar la reparación del daño.
“Él ha cumplido con todas sus responsabilidades y la ley le otorga este derecho de suspender el proceso mediante la reparación de daño, lo cual ya se hizo”, comentó.
También explicó que las discrepancias con algunas víctimas no se deben a la falta de voluntad de Garduño, sino a problemas técnicos relacionados con la legitimación y representación de estas familias.
Con esta suspensión, el proceso contra Francisco Garduño quedará en pausa durante 18 meses. Si cumple con todas las condiciones, el caso podría ser cerrado definitivamente.
No obstante, para las familias de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos, esta resolución simboliza la falta de justicia y el privilegio de impunidad que persiste en los niveles más altos del poder público.
