Reconocer que un estudiante podría enfrentar grooming, ciberbullying u otra forma de violencia digital resuelve apenas una parte del problema, pues después de una alerta las escuelas necesitan saber quién interviene, cómo proteger al menor y hacia dónde canalizarlo.
Nasli Borrero Vázquez, doctora en seguridad informática y gobernanza digital, explicó durante un foro en Ciudad Juárez que capacitar a docentes para identificar riesgos debe acompañarse de protocolos que establezcan cómo responder ante una posible agresión digital.
Esas rutas, señaló la especialista, deberían definir la intervención del personal escolar y la vinculación posterior con las familias, servicios de salud, atención psicológica y las instancias correspondientes, según las necesidades que presente cada niño o adolescente.
Después de detectar
La violencia digital puede aparecer en conversaciones, redes sociales, videojuegos y otras plataformas utilizadas por menores, mediante conductas como suplantación de identidad, discursos de odio, ciberbullying, mobbing, grooming, sexting, agresiones o humillaciones durante sus interacciones en línea.
Conocer estas manifestaciones permite reconocer posibles señales de riesgo, pero Borrero Vázquez planteó que el siguiente paso consiste en establecer procedimientos para determinar qué debe hacer un docente cuando identifica una situación o un estudiante solicita ayuda.
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Martha Patricia Mendoza, integrante de la Comisión de la Mujer e Identidad de Género, explicó que el foro busca prevenir la violencia digital mediante información que permita reconocer estas agresiones, las cuales pueden afectar a mujeres, hombres, niñas y niños.
El reto para las escuelas comienza entonces después de la detección: definir quién recibe una alerta, cómo se atiende inicialmente al estudiante, cuándo deben intervenir otras intancias y hacia qué servicios puede canalizarse al menor para recibir acompañamiento.
También en casa
Las familias también forman parte de esa respuesta, pues Borrero Vázquez recomendó acompañar y supervisar el uso de internet, conocer los contenidos que consumen niños y adolescentes, las actividades que realizan y las personas con quienes mantienen contacto en plataformas digitales.
Esa supervisión enfrenta cambios constantes ante la aparición de nuevas plataformas, videojuegos y formas de interacción, además de que niños y adolescentes pueden encontrar mecanismos para acceder a servicios digitales que establecen restricciones de edad para sus usuarios.
Más que impedir completamente el acceso a internet, Borrero Vázquez planteó acompañar su utilización y mantener comunicación sobre las actividades digitales de los menores, particularmente respecto de contactos con desconocidos, contenidos virales y comunidades con las que interactúan en línea.
Ruta pendiente
La capacitación docente puede ayudar a reconocer conceptos y posibles situaciones de riesgo, pero la respuesta requiere un paso adicional: convertir ese conocimiento en procedimientos que permitan actuar cuando la violencia digital deja de ser una posibilidad y aparece una alerta concreta.
El planteamiento de Borrero Vázquez involucra a docentes, familias y servicios especializados, aunque la información disponible no permite establecer cuántas escuelas de Ciudad Juárez cuentan actualmente con protocolos específicos ni cuáles carecen de mecanismos para atender estos casos.
Documentar esa situación permitiría conocer el tamaño del pendiente: qué protocolos existen actualmente en las escuelas de Juárez, quién responde cuando aparece un posible caso y si estudiantes, docentes y familias saben a dónde acudir después de detectar una agresión digital.
