Un total de 29 organizaciones de la sociedad civil y 99 ciudadanos rechazaron los recientes cambios en la Ley de Participación Ciudadana, aprobados por el Congreso del Estado de Chihuahua, para aumentar el número de firmas necesarias para solicitar la revocación de mandato.
A través de un comunicado, las organizaciones y ciudadanos firmantes señalaron que este hecho representa un grave retroceso en el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana.
“Nos preocupa que el dictamen aprobado contempla un aumento del porcentaje de solicitud, incrementando el número de firmas necesarias para solicitar una revocación de mandato del 5% al 10% de la lista nominal de electores. Esto significaría que ahora se requerirían 300 mil firmas, el doble de lo exigido actualmente”, señala el documento.
Abelamar Chacón Rodríguez, encargado de Contraloría de la asociación civil “Plan Estratégico”, declaró a Circuito Frontera que la semana pasada, la Comisión de Gobernación aprobó una iniciativa promovida por los diputados Alfredo Chávez y Saúl Mireles, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), que propone modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.
Explicó que actualmente, la ley establece un mínimo del 5 por ciento de las firmas de las personas en la lista nominal del estado (lo que equivale aproximadamente a 150 mil firmas), para solicitar el recurso de revocación de mandato.
Así como con la nueva propuesta, este porcentaje se duplicaría al 10 por ciento, lo que elevaría el número de firmas necesarias a más de 300 mil.
Además, se introduce una restricción geográfica que exige que las firmas provengan de al menos el 50 por ciento más uno de los municipios del estado.
Chacón Rodríguez indicó que la iniciativa (reafirmada esta semana al aprobarse el dictamen correspondiente) introduce cambios significativos en la Ley de Participación Ciudadana con el objetivo, según los legisladores del PAN, de “fortalecer la democracia”.
Sin embargo, los diputados presentaron esta iniciativa sin consultar a la ciudadanía, lo cual es “ilógico e incongruente”, además de que resulta “aberrante” que se plantee una reforma en materia de participación ciudadana sin involucrar a la propia ciudadanía en su análisis o discusión.
Comentó que durante la sesión en la Comisión de Gobernación, varios representantes ciudadanos solicitaron acceso para estar presentes, escuchar y participar en la discusión de la iniciativa.
También que su solicitud fue denegada por la mayoría de los diputados, lo que Abelamar Chacón describió como un “cierre de puertas” al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, un órgano que emana de la misma ley que se está reformando.
Otro punto de controversia es que la Ley de Participación Ciudadana establece que cualquier modificación a los instrumentos de participación política, como la revocación de mandato, debe ir precedida de una consulta pública.
No obstante, en este caso no se realizó ninguna consulta, incumpliendo así con lo estipulado en la ley.
“Nos negaron el acceso a los consejeros en el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana y al público en general”, subrayó Chacón Rodríguez.
El activista adviertió que estas modificaciones son “totalmente regresivas” y van en contra del derecho humano a la participación ciudadana.
Además que estas acciones violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo primero, que obliga a las autoridades a velar por los principios de progresividad en los derechos humanos.
Dijo que, ante esta situación, existen opciones para la ciudadanía, como la activación del mecanismo de referéndum, que permite cuestionar actos de modificación o aprobación de leyes o instrumentos normativos.
“Nos están orillando a activar un mecanismo de referéndum y poner a consideración de la gente si está de acuerdo con estas modificaciones que solo están dificultando el acceso a la participación ciudadana”, comentó.
Asimismo que se está considerando la presentación de un amparo en contra de la iniciativa, dado que, según él, es claramente inconstitucional.
“La misma Ley de Participación Ciudadana nos da algunas opciones para enfrentar esta situación, y estamos contemplando todas las vías posibles para asegurar que se respeten los derechos de la ciudadanía”, señaló.
