Después de casi cinco años de lucha, un juez negó el amparo solicitado por el sacerdote Istival V. O, acusado por el presunto delito de abuso sexual en contra de una niña de 10 años en hechos ocurridos durante el 2020.
La decisión judicial de este martes 3 de junio permite que la carpeta de investigación continúe abierta, por lo que la defensa de la víctima se prepara para presentar nuevas pruebas y exigir que se judicialice el caso, declaró Jorge Ordóñez Burgos, padre de la niña.
Cabe resaltar que la noticia llega días después de que se realizará una protesta frente a la iglesia San Lorenzo, donde integrantes de la Agrupación Amazonas acusaron a la Diócesis de Ciudad Juárez de encubrir a sacerdotes abusadores.
Denuncian activistas de colectivo feminista Agrupación Amazonas a la @diocesisCDJ por encubrimiento sistemático de sacerdotes por abuso sexual en #CiudadJuarez pic.twitter.com/R2nCphC6jK
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) June 2, 2025
Durante la manifestación, realizada el pasado sábado 31 de mayo, las activistas señalaron al obispo José Guadalupe Torres Campos como pieza clave en un sistema de protección interna hacia clérigos denunciados por delitos sexuales.
A través de un pliego petitorio, leído frente al templo y con una manta colocada en la fachada denunciando al sacerdote en cuestión, las manifestantes exigieron justicia para las víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes.
Durante su intervención, el colectivo manifestó su respeto al principio constitucional de presunción de inocencia y a la libertad de creencias religiosas, aclarando que su denuncia no busca generalizar ni atacar a toda la Iglesia ni a todos los sacerdotes.
No obstante, señalaron directamente al obispo José Guadalupe Torres Campos como responsable de encubrir a clérigos acusados de delitos sexuales desde al menos 2016.
Tal es el caso del sacerdote Aristeo Baca, quien actualmente se encuentra procesado, y otros como Leopoldo Nevárez, Istibal Valenzuela, Luis Maldonado, Juan Carlos López y Eliseo Ramírez Soto.
Las manifestantes acusaron que el obispo funge como juez en el fuero eclesiástico, lo que le permite designar fiscales y defensores dentro de ese sistema paralelo.
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Además denunciaron que las decisiones de dicho fuero han sido filtradas a medios locales con el fin de influir en procesos penales o minimizar la gravedad de los hechos.
Asimismo, responsabilizaron a varios sacerdotes de formar parte del mecanismo de encubrimiento, entre ellos Julián Badillo Lucero, Gustavo Balderas Soto, Salvador Magallanes Torres y Juan Carlos López.
Integrantes del colectivo feminista Agrupación Amazonas denunciaron a la @DiocesisCDJ por encubrimiento de sacerdotes ante denuncias por abuso sexual, donde niños y niñas son las principales víctimas. 🧵 pic.twitter.com/sdBiDTaedi
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) June 3, 2025
Durante el pronunciamiento también se incluyó una crítica directa a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a la que acusaron de omisión y revictimización en el manejo de las quejas relacionadas con estos casos.
Entre los señalados se encuentran funcionarios de la oficina de Ciudad Juárez y de la sede en Chihuahua, incluyendo al presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera.
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Como parte de las exigencias, el colectivo solicitó que la Diócesis de Ciudad Juárez deje de intervenir en procesos judiciales, que se apliquen medidas cautelares a los sacerdotes imputados y que se investigue a los encubridores.
También solicitaron que se frene la revictimización institucional y, además, responsabilizaron públicamente a los funcionarios y clérigos señalados de cualquier represalia que puedan enfrentar por esta denuncia.
No solo en la iglesia
Sin embargo, los casos de abuso sexual infantil en Ciudad Juárez no se limitan únicamente al ámbito eclesiástico.
Cabe recordar que durante este año, en esta frontera se documentaron al menos 72 carpetas de investigación por abuso sexual infantil, maltrato infantil y violencia familiar ocurridos en cinco guarderías de la ciudad.
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El caso más grave ocurrió en la guardería Mi Mundo a Colores, en donde se reportaron 32 casos de abuso sexual, uno por maltrato infantil y uno más por violencia familiar, según dio a conocer la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, Wendy Chávez Villanueva.
Durante la protesta, una de las manifestantes indicó que padres y madres de familia recibieron una de las noticias más difíciles de procesar: sus hijas e hijos, de entre 2 y 4 años, habían sido violentados sexualmente en un espacio que se suponía seguro.
“Estos depredadores no se deben esconder entre sectores como la iglesia o la escuela, donde encuentran presas fáciles, aprovechándose de la necesidad de los padres de familia para realizar sus fechorías”, señaló.
También que los testimonios recogidos indican que hubo señales ignoradas y que, pese a las alertas tempranas, las autoridades no actuaron de forma inmediata, lo que permitió que los abusos se repitieran durante meses.
Además recordó que un niño no sólo debe ser escuchado sino que tiene el derecho de ser defendido por las autoridades, pero también por toda la sociedad juarense, por lo que el grito de una madre debe ser el grito de todos.
