A pesar de obtener resoluciones favorables por parte del Poder Judicial, personas migrantes continúan siendo detenidas y trasladadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que incumple con las medidas dictadas por jueces federales. La Clínica Jurídica para Personas Migrantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha documentado varios casos en los que, aun con protección judicial, no se respeta el debido proceso.
Thania García, responsable de la clínica, explicó que estas acciones por parte del INM vulneran los derechos de personas extranjeras, principalmente en aeropuertos, donde han ocurrido múltiples detenciones arbitrarias. Incluso con tarjeta de residente permanente o suspensión judicial, las autoridades migratorias han regresado a los usuarios al sur del país.
Durante el último semestre del año pasado, la Clínica Jurídica acompañó cuatro casos en los que las personas fueron detenidas en aeropuertos y trasladadas a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco; lo que no constituye una deportación formal, pero sí representa una amenaza directa a su integridad física. Algunas de ellas contaban con tarjetas de visitante por razones humanitarias.
“Durante el último semestre del año pasado estuvimos acompañando cuatro procesos de atenciones arbitrarias principalmente en el aeropuerto, incluso tratándose de personas con la tarjeta de residente permanente”, comentó.
También se identificaron casos de personas que tenían citas activas bajo el programa CBP One. Aunque ya contaban con suspensiones otorgadas por un juez, fueron detenidas de todas formas. A algunas se les liberó después de su horario asignado, impidiéndoles asistir a su cita; a otras se les regresó a ciudades como Villahermosa, lejos de la frontera.
“Habíamos tenido éxito en el sentido que nos habían otorgado una suspensión, significaba que tenían que detener a las personas, pero las liberaban después de sus horas de cita.”
La abogada explicó que el seguimiento legal requiere autorización directa de los afectados. Sin ese permiso, la Clínica no puede avanzar en la exigencia de sanciones a la entidad federal. García señaló que muchas personas no autorizan continuar por miedo a represalias de la autoridad migratoria.
Reiteró que cuando el INM no cumple una resolución judicial cae en incumplimiento, pero no existen mecanismos efectivos que obliguen al Estado mexicano a asumir su responsabilidad ante estos hechos. La Clínica ha documentado retrasos intencionales, pérdida de citas y traslados que violan derechos reconocidos.
“El Estado en general no genera un proceso de reparación de daños ni mucho menos, pero tampoco reconoce la obligación que tiene de garantizar el acceso a derechos de las personas independientemente de su proyecto migratorio”, concluyó.
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