El proceso de revocación de mandato ya está en marcha. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado todos los trabajos necesarios para que el día 10 de abril se lleve a cabo este inédito ejercicio de democracia directa, pero ¿Cuáles serían las consecuencias? Aquí algunas consideraciones.
En primer lugar, para que este ejercicio resulte vinculante, hará falta que tenga una participación del 40 por ciento y solo procederá por mayoría absoluta. En efecto, será necesario que acudan a votar poco más de 37 millones de mexicanos y mexicanas y que cerca de 19 millones de votantes tachen la casilla indicando que quieren que al presidente “se le revoque el mandato, por perdida de confianza”.
Teniendo en cuenta la participación de las últimas elecciones intermedias y la de la consulta popular del año 2021, “pecará” de optimista quien piense que se alcanzará la participación necesaria.
Por otro lado, no todo el mundo tiene claro que pasaría una vez que fuera destituido López Obrador. Suponiendo que el número de votantes superara el umbral requerido para ser vinculatorio, quien designaría al nuevo presidente sería el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, la ruta sería la siguiente: el cargo de presidente de la República sería ocupado hasta por treinta días por quien ostente la presidencia del Congreso, mientras se designa a la persona que concluirá el período constitucional.
Considerando que la figura de presidente del Congreso no existe (en nuestro país hay presidentes de cada una de las Cámaras, no del Congreso), parece que la presidencia de la República sería ocupada hasta por treinta días por el presidente de la Cámara de Diputados.
Esto es así porque la Ley Orgánica del Congreso señala que cuando el Congreso sesione de manera conjunta, el presidente del Congreso será quien ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.
De esta forma, el morenista Sergio Gutiérrez Luna sería presidente de la República mientras el Congreso decide quién asumiría el cargo de presidente de México.
Esto es, un presidente elegido por más de 30 millones de ciudadanos sería destituido para que en su lugar estuviera algún otro escogido por una mayoría simple del Congreso.
En otras palabras, el presidente de la República surgiría del Poder Legislativo y no del voto directo de la ciudadanía.
¿A quién elegiría la mayoría morenista en el Congreso como presidente de México? Sin lugar a duda a alguien con mucho menos respaldo y con menos legitimidad que el actual presidente.
Esto, sin mencionar que en las elecciones de 2018 se eligió a un presidente por seis años y no a uno que estuviera condicionado a conservar la “confianza” de la ciudadanía.
Por otra parte, una vez que la verificación del apoyo ciudadano se llevó a cabo, (perros, muertos y presos incluidos) desde el oficialismo ha habido mucha polémica por la veda electoral y la posibilidad de hacer propaganda gubernamental.
En ese sentido, vale la pena mencionar que, tanto las reformas constitucionales, así como la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato fueron aprobadas en legislaturas donde Morena cuenta (y contaba) con una amplia mayoría.
Es decir, Morena votó a favor todas esas disposiciones legales por las que hoy se queja y por las que es sancionado, pues el INE y el Tribunal ya determinaron que el presidente sí ha hecho propaganda durante un periodo prohibido.
En un país con tantas carencias y deficiencias, parece que desde el gobierno decidieron llevar a cabo una consulta para la revocación de mandato que nos costará mil 692 millones de pesos, nada más para intentar demostrar la enorme popularidad del presidente.
