La despenalización del aborto en Chihuahua representa un avance en la protección de los derechos de las mujeres y en la reducción de muertes por procedimientos clandestinos.
Lo anterior, luego de que el pasado 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentara una resolución para resolución que la interrupción legal del embarazo en instituciones de salud pública deja de ser un delito.
Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, destacó la importancia de que el aborto ya no sea tratado desde el ámbito penal, sino como un tema de salud pública.
“Lo vemos como una muy buena acción que la Corte haya pugnado para favorecer el acceso a los derechos de las mujeres, que se vea como un derecho que tenemos ante la toma de decisión”, afirmó.
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La activista explicó que, hasta antes de la resolución, muchas mujeres recurrían a métodos clandestinos que ponían en riesgo su vida y salud, mientras que algunas eran criminalizadas y enfrentaban procesos legales bajo otros delitos.
Señaló que la SCJN establece que las instituciones de salud pública tienen la obligación de brindar este servicio a quienes lo soliciten, garantizando acceso seguro y libre de persecución legal.
Cortés también alertó sobre los desafíos que aún persisten en la implementación de la despenalización, como la negativa de algunos médicos a realizar el procedimiento bajo objeción de conciencia, lo que puede generar trabas en la atención.
Sin embargo, confió en que la resolución contribuirá a erradicar la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo.
“Este hecho que hoy la Corte coloca de esta manera nos va a permitir que eso no suceda, que no haya mujeres que estén en prisión por tomar esta decisión”, concluyó.
Chihuahua despenaliza aborto voluntario
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Chihuahua que tipificaban el delito de aborto voluntario.
Con esta resolución, ninguna persona podrá ser investigada, procesada o sancionada por interrumpir su embarazo en el estado.
El Pleno de la Corte determinó que dichas disposiciones violaban los derechos a la igualdad, no discriminación y salud de las mujeres y personas gestantes, al obligarlas a continuar con un embarazo en contra de su voluntad.
Además, señaló que la penalización del aborto ponía en riesgo la salud de quienes recurrían a procedimientos clandestinos, al no contar con atención médica adecuada.
La sentencia se deriva de un amparo resuelto en octubre de 2023, en el que la Primera Sala de la SCJN estableció que criminalizar el aborto es contrario a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
Esta resolución también protege a los profesionales de la salud que realicen interrupciones del embarazo con el consentimiento de la persona gestante.
Además, su aplicación será retroactiva, beneficiando a quienes hayan sido procesadas o condenadas por este delito en el pasado.
