Este jueves, un juez de control eliminó la prisión preventiva del coordinador del Grupo Beta, Juan Carlos Meza Cumplido, por su supuesta vinculación al incendio del 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez. Sin embargo, se le impuso una fianza de 20 millones de pesos.
El incendio en la Estancia Provisional B del INM en esta frontera fue un hecho que conmocionó a la comunidad en general, pues en este hecho 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas, todos de origen migrante.
Sobre el caso del coordinador del Grupo Beta, Leonardo Lara Ferreiro, abogado defensor de Legal Estudio Jurídico, platicó a Circuito Frontera que este jueves se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de su cliente.
Mencionó que la audiencia deriva de un amparo promovido para la revisión de las medidas cautelares de Juan Carlos Meza y, aunque la defensa consiguió eliminar la prisión preventiva, el juez estableció una fianza de 20 millones de pesos, una suma que se consideró desproporcionada.
“El juez de amparo le ordena al juez de control que omita o quite la prision preventiva oficiosa y abra debate para que la Fiscalía justifique la prisión preventiva (…) fuimos a audiencia, después de escuchar las partes, ni la Fiscalía General de la República ni el asesor jurídico privado ni el asesor jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas pudieron justificar la prisión preventiva de Juan Carlos”, expuso.
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Señaló que además se impusieron otras medidas cautelares como la entrega de su pasaporte mexicano y su visa para ingresar a Estados Unidos, aun cuando el acusado demostró tener arraigo en esta localidad, así como no podía tener ningún acercamiento con las víctimas.
“Como el juez no tuvo de donde ‘agarrarse’ porque la Fiscalía no pudo justificar, dijo ‘reconozco que la persona tiene arraigo en la ciudad, reconozco que él no va a poner en riesgo el proceso y reconozco que no va a poner en peligro a las víctimas, sin embargo considero que hay un riesgo muy elevado de que se sustraiga de la acción de la justicia por ese motivo voy a imponerle la cantidad de 20 millones de pesos’. Pero se extralimitó”,
Se le preguntó si había justificación por parte del juez y mencionó que el juez no resolvió de buena manera, ya que debía dar voz a la Fiscalía General de la República para que fueran ellos quienes fijaran qué medida cautelar se le debía dar a Juan Carlos Meza.
El abogado explicó que la ley únicamente maneja una garantía económica, pero no especifica un monto, aunque señaló que la fianza debe ser proporcional.
Durante la entrevista, Lara Ferreiro destacó el hecho de que la Fiscalía no pudo respaldar su decisión de mantener a Juan Carlos tras las rejas, una victoria para la defensa que subraya la falta de fundamentos sólidos en su contra.
Las investigaciones continúan
Cabe recordar que Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador de Grupo Beta, fue vinculado a la investigación del incendio, luego de que la Fiscalía General de la República presenta un documento en donde lo señalan como encargado de la Unidad de Protección Interna, sin embargo, el documento carece de todas las firmas de los intervinientes.
Además de que él se encontraba adscrito a la zona de Tornillo, a 60 kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente.
#INM | La defensa de Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta, implicado en el caso del @INAMI_mx , donde el pasado 27 de marzo, 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas, utilizará más de 16 horas de grabación de las #camaras de #seguridad. pic.twitter.com/DYwq2iBKqt
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) April 21, 2023
Lara Ferreiro indicó que ahora la defensa se centrará en demostrar que Juan Carlos Meza Cumplido no firmó el documento que lo señala como responsable y en la investigación complementaria sigue su curso.
El abogado agregó que, a pesar de que jurídicamente consideran la eliminación de la prisión como un logro, la magnitud de la fianza plantea nuevos retos para la defensa.
Refirió que, aunque la investigación complementaria tiene un plazo máximo de seis meses, el asesor jurídico de la FGR logró suspender este límite mediante amparo, una estrategia que les brinda más tiempo para recopilar pruebas y presentar un caso sólido.
