El Laboratorio de Contra/Narrativas entrevistó a Jael Jacobo Lugo, fundadora y coordinadora del colectivo Buscadoras del Sur de Morelos, a propósito de su labor y presencia en la última exhumación realizada en la fosa común clandestina de Jojutla, Morelos
Situarnos en la desaparición
“Mi nombre es Jael Jacobo Lugo. Yo fundé y actualmente coordino el colectivo Buscadoras del Sur de Morelos. Realizamos búsqueda de personas desaparecidas, de nuestros familiares y de todos los que logremos encontrar y regresar a casa.
Nuestras actividades las empezamos en la zona sur de Morelos, unificando a las familias de la zona porque vimos que las autoridades no nos iban a apoyar. Agarramos entonces nuestras palas, picos, varillas y salimos a los cerros a buscarlos. En ese entonces éramos seis familias, hace poco más de dos años y medio. Actualmente somos alrededor de 100 familias”.
El colectivo Buscadoras del Sur de Morelos es una organización de familias de personas desaparecidas que realiza labores de búsqueda, acompañamiento y visibilización en dicho estado. Fundado y coordinado por Jael Jacobo Lugo, quien busca a su hermano desaparecido desde 2022, el colectivo acompaña a decenas de familias ante el problema de desapariciones en el estado y el país.
Un aspecto central para comprender y transformar las condiciones que posibilitan las violencias abigarradas de México es escuchar las múltiples experiencias, –especialmente en casos singulares como el de Morelos– y la violencia institucional y burocrática que hace padecer a familiares que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas. En este texto veremos, de primera mano, desde la voz de Jacobo Lugo, lo que significa buscar en una de las entidades que han sido foco rojo en desapariciones.
“Antes de ser buscadora, yo era una mujer común. Soy licenciada en enfermería quirúrgica, estudié una maestría en quirúrgica y un doctorado en geriatría mientras trabajaba en Estados Unidos en un hospital de adultos mayores. Cuando desaparecen a mi hermano, yo pensé, como cualquiera lo haría, que mi hermano iba a aparecer pronto.
Quizás aparecería sin vida, pero que iba a ser pronto. Al principio, por teléfono yo le decía a mi madre que fuera a las autoridades, que insistieran para buscarlo. A la vez, empecé a leer que aquí en México existía una Ley General de Víctimas y un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas.
Allí me enteré de que, por ley, todos los ciudadanos desaparecidos tienen derecho a una búsqueda inmediata. Pero, después de veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas, una semana, dos semanas, tres semanas, entendí que esa ley no se estaba aplicando, que las autoridades no saldrían a buscar a mi hermano.”
Ante el panorama, Jael decidió regresar de Estados Unidos para presionar a las autoridades, aunque pronto se dio cuenta, “con mucho coraje”, de que los especialistas no tenían idea de cómo salir a buscar a los nuestros.
“La búsqueda ‘inmediata’ de mi hermano llegó dos meses después, una búsqueda donde las autoridades jamás bajaron de sus vehículos, todo el tiempo circularon por el camino donde mi hermano se contactó por última vez, y ya, fue todo lo que hicieron. Ese día decidí trabajar por mis propios medios, empezando a buscar colectivos, escribiendo en las redes sociales a todos los que trabajaban en el estado, hasta que alguien me contestara.”
Jael se sumó a otros colectivos, viajó a la Ciudad de México, a Querétaro, empezó a aprender de identificación de restos óseos, a capacitarse. Ya con todo el expertis, contactó a las familias del sur de Morelos y fundaron el colectivo el 1 de noviembre del 2023.
C/N: Se han hecho expertas en la búsqueda en términos técnicos, pero también en buscar con dignidad. ¿Qué es para ustedes eso? ¿Qué es buscar con dignidad?
Buscadoras: Conocemos de experiencia, incluso hay videos, donde las autoridades que localizan las fosas las exhiben, remueven los restos, los manipulan, los están aventando, y eso no es buscarlos y encontrarlos con dignidad; porque esa persona, esos restos, ese cuerpo que está ahí tiene familia, y yo creo que a ellos les dolería mucho esa manera de tratar los restos de sus hijos. Entonces, nosotras jamás vamos a exhibir a los que localizamos de esa manera.
E igual también lo exigimos a las autoridades. Sabemos que muchas veces llegan a los medios de comunicación fotografías de los cuerpos que se localizan. ¿Quién lo hace? Las propias autoridades. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de que esa búsqueda y localización se trate con dignidad de parte de todos los que estamos colaborando. Que los cuerpos se traten con respeto, con amor, con compasión.
Como para muchas organizaciones, la idea de colectivo es una forma de organización vital que les ha permitido a las personas buscadoras posicionarse ante las violencias institucionales y derroteros impuestos por autoridades y demás fuerzas públicas o clandestinas que intentan impedir su labor.
Pese a las diferencias naturales que implica siempre la organización, la colectivización no solo ha sido del dolor, sino también del trabajo: “Seguimos trabajando (…). Sinceramente, estos dos años y medio nos ha caracterizado el trabajo. Yo no puedo parar porque sé que en algún lugar mi hermano me está esperando; parar significa dejarlo un día más en donde él está”. Así como para ella, la esperanza de encontrar a los desaparecidos no se ha alojado en las opciones ofrecidas por el Estado, sino por los grupos autoorganizados que han defendido sus derechos.
De Tetelcingo a Jojutla: la fosa común clandestina
Desde que se descubrió que las autoridades forenses habían tratado los cuerpos como “basura” (como en su momento lo denunciaron colectivos, organizaciones y la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos) al inhumarlos en la fosa común del cementerio de Tetelcingo, Morelos, en 2016, se inauguró una discusión que se ha condensado en el sintagma de crisis forense.
Esta situación ha sido determinada por la incapacidad e incompetencia de las autoridades para manejar eficaz y empáticamente la relación entre una larga lista de personas desaparecidas, y la también larga lista de cuerpos encontrados y señalados como desconocidos, situación a la que se suman las malas prácticas de contención, tratamiento, inhumación o incluso incineración de los mismos.
A partir de Tetelcingo, podemos nombrar esas inhumaciones estatales como “fosas comunes clandestinas”: fosas que el Estado regula, pero con claras señales de clandestinidad, muy parecidas a las producidas por el llamado crimen organizado.
En 2017, se repite la historia en Jojutla, un municipio también de Morelos, donde las exhumaciones han demostrado que las fosas comunes clandestinas pueden ser una constante en todo el territorio nacional. Hoy en día se han realizado cinco trabajos de exhumación (2017, 2022, 2024, 2025 y 2026) que han concluido con la recuperación de más cuerpos y la certeza de que el gobierno morelense ha cometido crímenes en su labor de institución forense.
C/N: Justo en el sur de Morelos termina la quinta sesión de intervención en el panteón Pedro Amaro en Jojutla, en las fosas comunes, también llamadas fosas comunes clandestinas. Ustedes estuvieron ahí. ¿Cuál es tu balance?
Buscadoras: Fosas comunes clandestinas que el gobierno niega que sean así, pero claro que sí son fosas comunes clandestinas del gobierno, un gobierno que no tiene información de absolutamente nada de lo que hay ahí, y si la tienen, nos la ocultan. Todo lo que se oculta en esta vida es clandestino, porque no está regulado. Lo van a negar, obviamente, porque al gobierno no le conviene decir que en algún momento se hicieron fosas comunes clandestinas, donde escondieron ya casi 500 cuerpos. Vamos más de 300 en Jojutla y los más de 100 de Tetelcingo, y los que faltan aún.
Fue en 2017 cuando se encontraron las fosas en Tetelcingo; gracias a la lucha de las familias de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, de su madre y su tía, por ellas se descubrió esa fosa primera, la original. Debido a esa exhumación, los colectivos se enteraron de que en Jojutla existía otra fosa; según las autoridades, dijeron que había treinta y tantos cuerpos, pero la Fiscalía no contaba con que las mamás no iban a convencerse fácilmente, sino que iban a escarbar más. Revisan más profundo y se dan cuenta de que hay más de 100 cuerpos en esa diligencia del 2017.
Después toca toda una lucha para continuar, porque la Fiscalía insistía en que ya no había. Siete años después, en el 2022, se nos autoriza regresar y se localizaron más cuerpos; después, en el 2024, nuevamente se vuelven a encontrar restos; así consecutivamente en el 2025 y 2026, porque ahí sigue habiendo más. Concluimos este año con muchas dudas de que no solo sea ese espacio, sino que hay que buscar en muchos panteones de Morelos.
C/N: ¿Por qué de 30 cuerpos enterrados oficialmente pasamos a más de 300?
Buscadoras: Porque vivimos siendo víctimas, todos los morelenses y todos los mexicanos, por el mal gobierno que tenemos. No tenemos gente buena que nos gobierne. Yo siempre he pensado que nos gobierna gente sin escrúpulos, sin amor, sin ganas de trabajar.
Llegan los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y no les hacen sus necropsias de ley ni sus estudios periciales pertinentes. Así como llegaban, los aventaban. Entonces nadie sabe si los cuerpos desechados eran buscados por alguien. Si una mamá llegaba a preguntar, pues le decían: “no, aquí no hay nadie”, porque no había un registro ni un intento serio de identificación.
Para Jael y su colectivo, las autoridades estatales siguen resistiéndose a colaborar completamente: “Para empezar, siguen resistiéndose a decirnos la verdad, a nombrarla una fosa común clandestina”.
Con el evidente riesgo y desgaste que implica centrarse en las exhumaciones en cementerios, la coordinadora denuncia el poco apoyo, las estrategias de intimidación y las mentiras del gobierno estatal en torno a las actividades forenses, evidenciando que más que una crisis, una serie de errores o una situación desbordada, nos enfrentamos a lo que parece una política pública respecto a las muertas y muertos.
“No creemos que sean errores —señala Jacobo Lugo—, porque un error en el 2014 y otro error en el 2015, que es cuando se supone que se hacen estas fosas, no es posible. Aún más, tenemos versiones de que en 2016 nuevamente la abrieron y volvieron a depositar más cuerpos; eso lo estamos investigando ahora. Si fuesen errores, pues se enfrenta, lo aceptas: ‘sí, fue un error, estábamos rebasados’.
En ese caso se trata de enfrentar las cosas y decirnos la verdad, eso lo podríamos haber considerado un error, pero aquí han tratado de ocultar la verdad. Ahí ya no se puede considerar un error, esto es algo que hicieron premeditadamente, con alevosía, pensando que jamás los íbamos a encontrar”.
La violencia institucional y la desaparición burocrática
Terminadas las últimas exhumaciones en abril del 2026, y con miras a una sexta visita a las fosas comunes clandestinas de Jojutla, resulta fundamental para entender lo que pasa en la entidad, no solamente las inhumaciones ilegales –incorrectas según manuales oficiales y señaladas como indignas por los colectivos de búsqueda–, sino también los casos de desaparición burocrática llevados a cabo por las lógicas y prácticas en las morgues oficiales del país y que le tocaron documentar a este colectivo.
C/N: En el marco de esas diligencias en el panteón Pedro Amaro, hubo dos casos de madres que encontraron a sus hijos, no en las fosas, sino en las morgues institucionales, casos de desaparecidos que llevaban varios años de búsqueda.
Buscadoras: Sí, eso que la señora presidenta dice que no existe: la desaparición institucional. Pues ahí nos dimos cuenta de que sí existe. Nosotras somos un colectivo operativo que realiza una visita a los forenses al menos cuatro veces al año. Estamos pendientes de todos los que llegan en calidad de desconocidos. Entonces sabemos perfectamente lo que hay en los álbumes forenses que se ocupan para registrar y mostrar ese tipo de casos.
En el álbum de la zona sur del estado de Morelos casi no hay imágenes gráficas, o no las había porque ya empezaron a cambiarlos, todo era en blanco y únicamente en las fotos decía “no viable”, y de información solo ponían “se localiza cuerpo masculino de aproximadamente veinticinco años, en el municipio tal” y más información circunstancial.
¿Quién va a identificar así, sin imágenes, sin mostrar los detalles en los cuerpos que puedan ayudar al reconocimiento? Pero precisamente en esa ocasión, en el marco de los trabajos de Jojutla, empezaron a mostrarles el álbum forense actualizado, abriendo las fotografías que antes estaban censuradas de alguna manera.
Ahí estaba la señora Elu, la primera que pasó; ella buscaba a Pablo desde hace siete años, con una denuncia colectivizada y muy activa en campo. Ella ya había revisado el álbum forense al menos tres veces anteriormente.
Resulta que en esa ocasión reconoció, muy de reojo, una seña particular. Sin embargo, le quitaron las imágenes inmediatamente; pero insistió y dijo: “no, regrésenme el álbum, quiero ver bien una imagen”. Le argumentaron que estaban muy sucias, refiriéndose a que tenían bastantes manchas hemáticas. Pero ella es terca, así que insistió por segunda vez: “no, ese es el tatuaje de mi hijo”. Al devolverle el álbum, le quitan unas fotos y le dejan únicamente la del tatuaje. Entonces la señora Elu lo confirma: “Es el tatuaje de mi hijo”.
La psicóloga, un poco brusca, le pidió que se asegurara, que a lo mejor estaba equivocada. Elu, entonces, fue por una servilleta que estaba trabajando, regresa y les enseña: “Mire, yo estoy tejiendo esa misma imagen, la estoy bordando, es un tatuaje que tiene los nombres de los hijos de mi hijo, de mis nietos”.
La dejaron esperando todavía tres horas para acceder a la imagen de la muestra de los dientes, y luego a las prendas. Ya con todo eso, se convenció y decidió hacer la confronta, que salió positiva; efectivamente era Pablo.
¿Cuándo llegó Pablo al servicio médico forense? Según el registro, llegó en febrero del 2020 a la morgue, cuando acababa de fallecer, con la misma ropa con la que desapareció en febrero del 2019. Pero la indignación es mayor: hace cuatro años entregaron el cuerpo de un chico que iba con Pablo; juntos los desaparecieron en febrero de 2019, y localizaron a ambos en febrero del 2020. Entregan al otro chico, pero a Pablo no. Es un caso muy raro porque, ¿dónde estuvo un año? ¿Por qué retuvieron el cuerpo del hijo de Elu?
C/N: El caso es sumamente extraño, a la vez que indignante. Parecen prácticas destinadas a desgastar sus actividades de búsqueda o entorpecer las identificaciones.
Buscadoras: Claro. Elu es una señora mayor, ella iba con nosotras a campo: buscaba y buscaba a su hijo, lastimándose los pies, asoleándose, sufriendo de sed, de hambre en el cerro y sin ninguna necesidad, porque Pablo todo el tiempo estuvo en la SEMEFO. Y es indignante, pero también preocupante.
La pregunta que nos hacemos, lo que se tiene que explicar a su mamá, es dónde tuvieron a Pablo un año con las mismas prendas. Es lo que hay que averiguar. Vamos a preguntar qué han hecho, qué investigación, dónde lo tuvieron y por qué no le informaron a su mamá, por qué lo mantuvieron como desconocido cuando había una denuncia activa desde siempre.
Elu declaró, desde el primer momento, sobre las prendas, los tatuajes, entregó sus muestras genéticas, todo. ¿Y cuál es el resultado? Que siempre nos engañan diciéndoles que están haciendo una base de datos actualizada y que va a circular por todo el país, cuando eso no existe.
Ese es el pan de todos los días. Cuando recogen las pruebas genéticas, las pierden, las avientan a la basura. El familiar va y da su muestra de sangre para que saquen su ADN, y las muestras las aventaban a la basura.
C/N: Además de este caso de desaparición burocrática, ¿hay otro del que nos puedas hablar?
Buscadoras: Hay otro, efectivamente. Después de cuatro semanas en el panteón, le tocó el turno a Eli para revisar el álbum forense y también ahí encontró a su hermano Rogelio. Ella ya lo había intentado reconocer en la SEMEFO de Temixco, pero anteriormente le pasaban las fotos muy rápido, lo que imposibilitaba verlas detenidamente.
Aquella vez salió muy enojada de las instalaciones gubernamentales. Recuerdo que le comentó al perito: “Ese es el pie de mi hermano”. Y él le dijo: “¿Cómo lo va a conocer por el pie?” y siguió con la exposición de las fotos. Ella insistió y pidió ver el pie.
“No, no, porque tenemos el tiempo contado”, le contestó el perito. Entonces, en Jojutla volvió a ver el pie, y además los dientes y las prendas, concluyó que era su hermano. Pidió la confronta y también salió positiva.
También tuvieron a Rogelio dos años en la SEMEFO, porque él sí estuvo ahí siempre. Según reportes, llegó a los cinco días de haber sido desaparecido. Él estuvo ahí dos años, y le negaron el reconocimiento aun cuando ella manifestó que había indicios de que pudieran tener el cuerpo allí. Esas malas prácticas las exhibimos y las seguiremos exhibiendo.
El panorama descrito por el colectivo es sumamente alarmante, pues confirma que, pese a las exigencias y las propuestas para solucionar lo que el Estado llamó en su momento una crisis de identificación, el problema se agudiza día a día, incluso documentando situaciones que enrarecen la comprensión de lo que pasa con los desaparecidos, sin poder distinguir entre estrategias del crimen organizado de reclutamiento forzado –como asegura Jacobo Lugo–, de las malas prácticas forenses.
Apuestas por el reconocimiento
La experiencia que aporta el caso de Morelos, y la de los colectivos de búsqueda que aquí laboran, no se sitúa necesariamente en la narrativa de la guerra contra el narco o de las violencias desbordadas del crimen organizado, sino que evidencia una serie de violencias estatales que pueden rastrearse históricamente a las estrategias antisubversivas y represivas de las dictaduras latinoamericanas, las cuales ya habían utilizado fosas comunes clandestinas y desapariciones burocráticas en sus contextos.
Las fosas comunes clandestinas y el desconocimiento de los cuerpos en las morgues se sitúan hoy como un grave problema de violencia que, tal vez, se hace pasar por una crisis logística y por fallas individuales.
La resistencia para Jael Jacobo Lugo y su colectivo está concentrada en un trabajo arduo de enfrentamiento a las prácticas que permiten, acompañan o enfatizan la desaparición. “Quiero dejar un mensaje a la sociedad en general, y es que pierdan el miedo”, dice la coordinadora de Buscadoras del Sur de Morelos.
Para ellas, frente a la cifra oficial y la cifra negra de desapariciones, el poner una denuncia es iniciar un primer paso para visibilizar, pero también para conformar una red de reconocimientos para todos los muertos y muertas anónimas.
“Tal vez nunca va a llegar, pero lo que nos importa a las mamás o a las que estamos luchando por buscarlos, por encontrarles y por regresarlos a casa, es que se visibilice, pero que también se tome una muestra genética.
Nosotras luchamos para que por lo menos haya una muestra genética de ADN de todas esas personas que se están buscando. A nosotras, las mamás buscadoras, a las que ya no hacemos otra cosa más que buscar, nos ayudaría mucho a seguir nuestra labor”.
*El Laboratorio de Contra/Narrativas es un espacio de documentación e investigación sobre problemas de exclusión, memoria y violencia, adscrito al Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Participaron en la investigación y realización de la entrevista Roberto Monroy Álvarez, Sofia Lisette García Guillén, Abdi Yadah Loranca García, Blanca Pedroza Hernández, Kassandra Sánchez, Sebastián Eduardo Pineda Ramírez, Jazmin Núñez García, Ana Paula Miranda García, Paloma Stacy Rojas Pacheco y Jazmin Aguilar.
http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
