Por segunda ocasión, el juez federal de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, declaró improcedente la solicitud de suspensión condicional del proceso penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 personas migrantes y 27 más lesionadas, el 27 de marzo del 2023 en Ciudad Juárez.
El funcionario federal acudió este lunes 12 de agosto a una audiencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde intentó solicitar este recurso que concluyó con el rechazo de la solicitud, considerada por el juez como improcedente.
Cabe recordar que esta misma solicitud, Garduño Yáñez intentó interponerla en septiembre del 2023, pero el mismo juez había negado la suspensión condicional del proceso, argumentando que la propuesta presentada por el comisionado sólo contemplaba la reparación de los daños materiales al edificio afectado por el incendio, omitiendo la reparación integral del daño a las familias de las víctimas.
Posteriormente, la defensa del comisionado presentó una apelación ante un Tribunal Colegiado bajo el proceso 227/223 que, sin embargo, fue considerada extemporánea. Ante esta negativa se interpuso un recurso que fue negado en enero del 2024.
El proceso se complicó aún más y el 5 marzo de este año, un Tribunal Colegiado de Apelaciones aceptó revisar la negativa del amparo.
Debido a que este recurso de revisión aún no ha sido resuelto, el juez Hernández Calderón consideró que la audiencia de este lunes no podía llevarse a cabo para analizar nuevamente la solicitud de suspensión condicional del proceso.
Por lo anterior, el juez declaró la audiencia improcedente, ya que el procedimiento no podía avanzar hasta que se resolviera el recurso pendiente en el Tribunal de Apelaciones.
Garduño intenta “eludir” responsabilidad penal: ONG
Marco Edgar Zavala, abogado representante de la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, criticó el reciente intento de Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional del INM, de suspender el proceso penal en su contra por segunda ocasión.
Expuso que Garduño Yáñez está vinculado al trágico incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 heridos.
Dijo que durante la audiencia, la solicitud presentada por la defensa de Garduño buscaba terminar con el proceso penal si se cumplían ciertas condiciones, entre ellas, la reparación del daño a las víctimas.
Zavala expresó que desde su perspectiva, la solicitud del comisionado era completamente improcedente, argumentando que ya en una audiencia anterior se había negado el mismo beneficio.
“En la ocasión pasada, ni siquiera se había tomado en consideración a las víctimas”, señaló Zavala, subrayando la falta de consulta a las personas afectadas.
El abogado destacó que la improcedencia de la solicitud no sólo se debió a los amparos promovidos por las organizaciones de derechos humanos que él representa, sino también a los propios amparos interpuestos por la defensa de Garduño Yáñez.
Consideró que estos amparos fueron utilizados para intentar “eximir de responsabilidad” al comisionado, señalando que incluso los funcionarios públicos deben responder por indemnizaciones en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Agregó que la defensa del funcionario federal había intentado, a través de la suspensión del proceso, obtener una resolución con efectos absolutos que lo liberara de cualquier responsabilidad penal.
Sin embargo, el abogado enfatizó que la reparación del daño, como lo exige la recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no exime a Garduño de su responsabilidad penal como titular del Instituto Nacional de Migración.
“Porque una cuestión es que se repare el daño por grave violación a los derechos humanos en términos de la recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra muy diferente por haber cometido un delito en ejercicio del servicio público”, explicó Zavala.
El abogado insistió en que, además de cumplir con la reparación del daño, Garduño debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones en el ámbito penal.
Antecedentes
En tan sólo cuatro minutos un incendio se propagó en la estancia provisional B del Instituto Nacional de Migración (INM). Reportado pasadas las 9:30 de la noche del lunes 27 de marzo del 2023, dentro del inmueble federal, ubicado entre la calle Lerdo y General Rivas Guillén, a un costado del Puente Internacional “Lerdo” mejor conocido como “Santa Fe”.
Testigos de lo ocurrido relataron que el fuego fue iniciado por parte de migrantes que se encontraban recluidos en el lugar, los cuales buscaban la manera de salir por la fuerza, ya que durante el día habían sido retirados de las calles mediante redadas encabezadas por personal del INM y apoyadas por la Guardia Nacional.
Al día siguiente aún se sentía el ambiente caliente afuera de la estación migratoria y el olor a cenizas era penetrante, pero más aún el dolor de los amigos y algunos familiares de las víctimas.
Ha pasado más de un año desde el trágico incidente y, de acuerdo con la documentación presentada en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pese a que el incendio se esparció rápidamente, a las personas que se encontraban en la estancia provisional no se les permitió evacuar y colocarse en un lugar seguro, así como de las necropsias practicadas a los fallecidos, la causa principal de muerte fue “asfixia por inhalación”.
